Manuel Valencia García
Expediente 1410/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1410/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Manuel Valencia García
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Manuel Valencia García, hubiera recurrido la sentencia dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1410/2022-9, promovido por *********, contra los actos que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otra autoridad, ambas con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, a través de la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veinticinco posterior, Manuel Valencia García, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "[.] 1.- La omisión de dictar cierre de instrucción y de emitir el laudo en el juicio laboral número 750/2020, contraviniendo con ello lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 24 de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 763 y 764 de la Ley Federal Del Trabajo, ya que viola el derecho humano de tutela judicial efectiva, en virtud de que desde el día 07 DE DICIEMBRE DE 2021, no quedo ninguna prueba pendiente por desahogar. Y por lo tanto la responsable tiene 10 días para formular el proyecto de laudo, según lo dispone el artículo 885 párrafo segundo de la ley federal del trabajo. 2.- El desacato por parte de la responsable a lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 8 de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS y lo previsto por los artículos 885, 886, 887, 888, 889, 890 y 891 de la Ley Federal del Trabajo, al no emitir el laudo ni llevar acabo las diligencias necesarias para su dictado en los plazos y términos previstos por la ley reglamentaria en los artículos 17, 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley federal del trabajo), provocando con ello dilación en el juicio laboral. Ya que el artículo 885 párrafo segundo de la ley federal del trabajo establece que declarada cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, por lo anterior es evidente que la responsable incurre en desacato al no emitir el laudo dentro del juicio laboral correspondiente. 3.- El incumplimiento de la responsable de dictar el laudo trasgrediendo con ello mi derecho humano de tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 17 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y 8.1 de la CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ya que la responsable ha incumplido con la emisión del laudo, debido que desde el día 06 DEDICIEMBRE DE 2021, así mismo la parte actora formulo sus alegatos, por no quedar pruebas pendientes por desahogar y desde ese día han trascurrido más de 150 DIAS, sin que la responsable haya emitido el laudo correspondiente, máxime que el artículo 885 párrafo segundo de la ley obrera señala que una vez declarada cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, por lo tanto no existe ningún impedimento para emitir el laudo. Por lo tanto, existe violación a mi derecho humano.[.]" (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el expediente 1410/2022-9; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; dada la naturaleza del acto reclamado no se reconoció tercero interesado alguno; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de dictar el cierre de instrucción y emitir el laudo en el expediente laboral 750/2020. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidenta sustituta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, al señalar que no se ha dictado el laudo respectivo, lo cierto es que, del mismo se desprenden argumentos que conllevan a la inexistencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe con justificación, inherentes al expediente laboral 750/2020, de su índice. Documentos que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedido por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Al respecto, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, manifestó que en auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 750/2020, de su índice, certificó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, por lo que le concedió a las partes el término de tres días para que expresen su conformidad con la certificación, apercibiendo a las partes que de no hacerlo y hubieran pruebas pendientes por desahogar se les tendrá por desistidos de las mismas; y una vez hecho lo anterior se acordará conforme a derecho corresponda. De lo antes expuesto, se evidencia que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no estaba en condiciones de dictar el cierre de instrucción y turnar el expediente para el proyecto de resolución en forma de laudo en el expediente laboral 750/2020, de su índice. Ahora, el segundo párrafo del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, instituye que una vez desahogadas las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que no quedan pruebas pendientes por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiesen pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas; de oficio, se declarará cerrada la instrucción; y, dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de laudo. Como se puede apreciar, el presupuesto procesal indispensable para que surja la obligación de otorgar a las partes el término para que formulen sus alegatos y en vía de consecuencia declarar el cierre de instrucción y formular el proyecto en forma de laudo, por parte de la responsable, es que se hayan desahogado todas las pruebas, previa certificación del secretario, se haya dado vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiesen pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas, lo cual a la fecha de la presentación de la demanda aún no acontecía. Por el contrario, de la copia certificada remitida por la autoridad de mérito, se obtiene que en dicho expediente el dos de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 750/2020, de su índice, certificó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, por lo que le concedió a las partes el término de tres días para que expresen su conformidad con la certificación, apercibiendo a las partes que de no hacerlo y hubieran pruebas pendientes por desahogar se les tendrá por desistidos de las mismas; y una vez hecho lo anterior se acordará conforme a derecho corresponda; lo cual consiste en la última actuación en el referido expediente laboral, fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de agosto de dos mil veintidós). Por ende, se considera que a la fecha de presentación de la demanda de amparo en cuestión, la autoridad responsable no se encontraba en aptitud legal de ordenar el cierre de instrucción y formular el proyecto en forma de laudo. Es de tomar en cuenta la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 926, cuy rubro y texto es: "ACTOS OMISIVOS. CUANTO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." También es de tomar en cuenta la jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". Así como la tesis IV.3o.72 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 254, Tomo XIII, Enero de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." En ese sentido, lo procedente es sobreseer en el juicio en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dada la inexistencia del acto génesis de la presente controversia constitucional. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la apoderada legal de la parte quejosa, porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, por las razones y motivos expuestos en el considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado legal del Ayuntamiento Constitucional de Ncajuca, Tabasco, a través del cual solicita prórroga para efectos de informar los trámites que se han realizado para impulsar y verificar el cumplimiento del fallo protector. Al respecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho fundamental de la justicia pronta, mismo que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos legales. Por su parte, el numeral 192 de la Ley de Amparo dispone: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga" Del numeral transcrito se desprende que la autoridad responsable debe cumplir con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días; salvo que este órgano jurisdiccional amplíe ese término previa solicitud de aquella, atendiendo a la complejidad del caso. Por las anteriores consideraciones y fundamentos, con apoyo en el citado artículo 192, se concede a la autoridad vinculada, prórroga por el término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo solicitado, en los términos establecidos en el proveído de veintinueve de agosto pasado, quedando subsistente el requerimiento decretado en el mismo. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, mediante el cual interpone recurso de queja y expresa agravios en contra del proveído de veintinueve de agosto del año en curso. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de queja, a quienes se les otorga el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, para que señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al Tribunal que corresponde resolver la queja que se promueve, y hágase saber que transcurrido el plazo que se les concede se remitirá el recurso de que se trata, copia del proveído recurrido, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas y las demás que se estimen pertinentes, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar en relación con la queja de mérito, adjuntándose el original del escrito de queja. Asimismo, se le tiene señalando las constancias que deberán remitirse al Tribunal colegiado, a fin de substanciar el recurso de queja interpuesto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes; por lo que una vez que se encuentre integrado el presente juicio, remítanse las constancias de referencia al Tribunal de Alzada. Notifíquese.
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