Manuel Uriel Vargas y Otros.
Expediente 713/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 713/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Manuel Uriel Vargas y Otros.
- Manuel Uriel Vargas
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta que signa electrónicamente el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, mediante el cual hace del conocimiento que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León y este órgano judicial; de lo que se toma conocimiento, en espera de la resolución que tome el superior jerárquico. Cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Alma Karina González Carrillo, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, encargada del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular de este órgano jurisdiccional, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, mediante oficio CCJ/ST/3501/2023, de esa misma data; asistida del licenciado Elfego Bencomo Siller, secretario que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.AKGC/EBS/dcmm
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, once de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese para que obre como legalmente corresponda, el oficio de la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, mediante el cual refiere que fue debidamente diligenciado el exhorto 133/2023, deducido del expediente en que se actúa, enviado a fin de notificar al quejoso ********************el proveído de veintiséis de julio del año en curso, e informa que las constancias respectivas obran vinculadas electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; lo que se corroboró al ingresar al mismo. Sin que resulte necesario acusar recibo, toda vez que la comunicación oficial fue recibida mediante el mencionado sistema. Cúmplase.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado por el Encargado del despacho, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, con el cual comunica que dicho órgano insiste en la competencia planteada en la determinación emitida el trece de julio del año en curso, respecto de la demanda de amparo promovida por Manuel Uriel Vargas y/o Manuel Vargas y/o Manuel Vargas Carbajal, contra actos del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, ordenando remitir el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en turno, conforme a lo dispuesto por el numeral 48 de la ley de la materia, a fin de que resuelva lo conducente respecto al conflicto competencial suscitado; situación de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, y el secretario adscrito a dicho órgano, mediante el cual remiten las constancias relativas al juicio de amparo promovido por ******************** contra actos reclamados al Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, y otras autoridades, dado que el citado órgano federal se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para resolver el juicio de derechos fundamentales promovido por el amparista, declinando la competencia a este juzgado. Fórmese expediente electrónico e impreso, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo indirecto con el número 713/2023-V. Dado que el citado órgano federal, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para resolver el juicio de derechos fundamentales promovido por el amparista, declinando la competencia a este juzgado, lo procedente es analizar el contenido de la demanda, a fin de determinar lo conducente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como lo establecido en la jurisprudencia P./J.40/2000 y en la tesis P. VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DE LA SENTENCIA DE AMPARO.", así como del análisis de tales documentos, y de la causa de pedir de la parte impetrante, de los cuales al ponderarlos, se advierte que los actos reclamados destacados en esta vía constitucional, consisten en: - La omisión llevada a cabo en el proceso penal seguido contra el ahora quejoso, respecto de realizar comunicación con el consulado norteamericano, dado que esa es su nacionalidad; así como también la falta de presencia de un traductor o asistente consular que lo asesorara en su defensa por tratarse de un tribunal en un país distinto al suyo, y las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, desde que inició el proceso y derivó en el dictado de un fallo condenatorio en su contra. Ahora bien, debe señalarse que la competencia legal es de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, por tanto, no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera carecer de competencia por razón de territorio, para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se expondrán: En principio, debe señalarse que las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como los artículos 42 a 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos constitucionales y legales antes citados, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro : "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Como se precisó previamente, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Así, para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se establece que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materias; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio, se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el primero de los cuales dispone: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse" (Lo destacado es propio). El precepto constitucional transcrito, establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Lo destacado es propio). Del análisis de este artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: a) La primera radica en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; lo que necesariamente presupone que el acto reclamado después de su emisión requiere de ejecución material; b) La segunda, constituye una variante de la anterior, pues parte también del supuesto que el acto reclamado tenga ejecución material, y señala que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) La tercera, establece que cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se aprecia, las reglas de competencia por razón de territorio contenidas en el trascrito artículo 37 de la Ley de Amparo tienen como eje rector la ejecución material del acto reclamado. Precisado lo anterior, para determinar con claridad lo relativo a la incompetencia de este órgano jurisdiccional, se destaca que la parte quejosa medularmente reclama actos de carácter negativo y omisivo, que acontecieron a partir del treinta y uno de octubre del año próximo pasado y que les atribuye al Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, los cuales no conllevan ejecución material alguna. De manera que, no obstante que no se haya señalado autoridades ordenadoras o ejecutoras con residencia en Nuevo León y, por ello, no existe posibilidad de que se ejecuten en ese Distrito, sino que todos sus efectos tienen o tendrán ejecución en Ciudad Juárez, como lo afirma el declinante, ya que los actos reclamados no tendrán ejecución material alguna y, sus efectos, tampoco tendrán ejecución en esta ciudad, sino que en todo caso, derivado de la sentencia condenatoria, respecto de la cual el amparista, también promueve juicio de garantías, sus efectos se actualizan en el lugar en que se encuentra recluido, compurgando la sanción privativa de libertad que le fue impuesta; de tal suerte que si la demanda de amparo fue presentada ante el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey y los efectos de los actos reclamados a excepción de la sentencia condenatoria, no requieren de ejecución material, el suscrito juzgador carece de competencia legal por razón de territorio, correspondiéndole el conocimiento y resolución del presente juicio de amparo, al juez que previno en el mismo. Por tales motivos y con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48 de la Ley de Amparo; así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgador no acepta la competencia planteada. Hágase lo anterior del conocimiento del Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, a quien se considera competente para conocer del asunto, atendiendo a los motivos y los fundamentos antes expuestos; solicitándole, tenga a bien remitir el acuse de recibo de estilo, en el que precise si insiste o no en declinar su competencia, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, se señala que no pasa desapercibido que en la demanda de amparo, en el apartado titulado "plazo para presentación" el quejoso refirió que promueve el amparo dentro del plazo de ocho años, de conformidad con el numeral 17, fracción II, de la ley de la materia, contra la sentencia condenatoria de dos de febrero de dos mil veintidós; y ante ese caso, se estaría ante una acción de amparo directo, al ser la resolución que puso fin al proceso penal incoado en su contra. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones su lugar de reclusión, es decir el Centro Federal de Readaptación Social Dieciocho "CPS-Coahuila", ubicado en Ramos Arizpe, es decir, fuera del territorio en que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y 138, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto de manera electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, en turno, con residencia en Saltillo, a efecto de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene al funcionario que corresponda de su adscripción, notifique el presente acuerdo a ********************. Con el fin de asegurar el éxito de la diligencia solicitada, se pide al juzgador a quien corresponda conocer del exhorto que se envía, adopte las medidas necesarias, seguro de la reciprocidad que se observará en casos análogos. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que se presenten, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con el expediente se deberá ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los Actuarios deberán digitalizar todos aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la Secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese; y personalmente vía exhorto al quejoso.
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