Manuel Uriarte Quintero

Expediente 1153/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 1 actuación registrada, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1153/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Manuel Uriarte Quintero

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el registrado y anexos de cuenta, mediante el cual Juzgado Tercero de Distrito en Materia penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, remite el juicio de amparo 720/2023-I de su índice, promovido por ***, por propio derecho, contra actos del Director Federal "COS-14 Durango" y otras autoridades, lo anterior, en virtud de considerarse incompetente por territorio y ordenó su envío a este Juzgado de Distrito. l. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Director Federal "CPS-14 Durango" y otras autoridades. lI. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1153/2023. III. Decisión sobre la instancia. 1. Incompetencia. Ahora, de la revisión de la demanda de cuenta, se advierte que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la misma, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por las razones que enseguida se expondrán. Tiene aplicación en la especie la jurisprudencia que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA". La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución es de mayor importancia, dado que la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes, en razón de que no solamente es declarativa, sino también constitutiva, habida cuenta que define cuál juzgador es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución; así, de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un juzgador tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio. Ésta se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y se encuentra relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Tales criterios se encuentran en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también por acuerdos generales, el número de tribunales colegiados, unitarios de circuito y juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Se debe tener presente, además, el contenido del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará a los informes de las autoridades señaladas como responsables; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Las formas del orden jurídico a que se refiere el artículo 107, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran previstas en el artículo 37 de la Ley de amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Ahora, del análisis del precepto invocado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que son: a) La primera se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, se tiene que la primera parte del artículo en mención hace referencia a los actos que traen aparejada una ejecución material. Un criterio que interpreta el citado precepto es el realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO". La anterior tesis interpreta que el motivo para establecer como competente al Juez de Distrito en donde materialmente se realice, trate de realizarse o se haya ejecutado el acto reclamado, es porque redunda en beneficio de una impartición pronta y expedita de la justicia, dado que si conoce del presente asunto el juez que radica en el lugar donde tendrá ejecución o haya tenido ejecución el acto reclamado, contará con más facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas, sino especialmente en lo relativo al cumplimiento de los fallos que se dicten en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar este juzgado. Es por ello que es juez competente para conocer de un asunto, aquél que ejerza jurisdicción en el ámbito espacial donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que resulta evidente que es ahí, donde se encuentran los elementos necesarios para establecer la litis entre las autoridades y el promovente, y en aras de respetar los derechos de defensa de éste y otorgarle las mayores facilidades para llevarla al cabo. Establecido lo anterior, conviene señalar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la inadecuada atención médica. De lo expuesto se aprecia que se reclama un acto que tuvo ejecución en un territorio en el que este juzgado no ejerce jurisdicción. Se afirma lo anterior, en atención a que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que, en lo que interesa, dispuso lo siguiente: "PRIMERO.- ... SEGUNDO.- ...; TERCERO.- ...; CUARTO.- .... En consecuencia, con fundamento en las citadas disposiciones constitucionales y legales, este Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente: ACUERDO PRIMERO.- El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: [.] .VIII.- OCTAVO CIRCUITO: Estado de Coahuila de Zaragoza y los municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo del Estado de Durango. [.] ...XXV.- VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO: Estado de Durango, con excepción de los municipios de General Simón Bolivar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luís del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo. SEGUNDO.- Cada uno de los circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito que a continuación se precisan: [.] VIII.- OCTAVO CIRCUITO: 1.- Cinco Tribunales Colegiados Especializados: uno en Materia Civil y del Trabajo y dos en materias Penal y Administrativa, con residencia en Torreón; un Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo y uno en Materias Administrativa y Civil con sede en Saltillo. 2.- Tres Tribunales Unitarios dos con sede en Torreón y uno con sede en Saltillo, Coahuila. 3.- Nueve Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza: dos con residencia en Saltillo, uno con sede en Piedras Negras, dos con residencia en Monclova y cuatro en La Laguna, con sede en Torreón. [.] ...XXV.- VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO: 1.- Dos Tribunales Colegiados con residencia en Durango. 2.- Un Tribunal Unitario con sede en Durango. 3.-Tres Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre." De lo anterior se desprende que los Tribunales que tienen jurisdicción territorial en el Municipio de Gómez Palacio, Durango, son los del Octavo Circuito, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza. Entonces, al existir la certeza de que los efectos del acto reclamado tuvieron ejecución en el municipio de Gómez Palacio, Durango; por ende, es competente el juez de Distrito que ejerce jurisdicción en aquella localidad. Bajo esa perspectiva, es de considerarse que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda recibida, por lo que, quien pudiera conocer de la presente demanda, es el Juez de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, en turno, lugar donde tiene ejecución el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo expuesto por analogía la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 178232 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 48/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Junio de 2005, página 5 Tipo: Jurisprudencia "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN" Consecuentemente, este juzgado no acepta la competencia planteada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, por ello, previo cuaderno de antecedentes, devuélvase de inmediato la presente demanda al juzgado de origen. IV. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. En términos del artículo 263, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. Notifíquese.

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