Manuel Urbano Morales Vega

Expediente 958/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
958/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
21/05/2018

Partes del expediente

  • Manuel Urbano Morales Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, como las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares, y Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar del Distrito Judicial de Tabares, ambos residentes en esta ciudad, remitieron con su informe justificado copias certificadas de la carpeta judicial C-76/2017 y carpeta de investigación 12030270100368220317, con las cuales se formaron por separado dos tomos de prueba; y como el presente juicio se encuentra concluido, devuélvanse los citados tomos de los expedientes de mérito a las autoridades responsables aludidas, dado que resulta innecesario que continúen integrados en este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; dos de mayo de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta signada por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado Federal, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte tercera interesada la sentencia de veinticuatro de abril del año en curso, y tomando en consideración que en la audiencia constitucional no se proveyó sobre el domicilio de la tercera interesada María Teresa García Bustamante, se procede a proveer al respecto. En ese sentido, como de las actuaciones recibidas mediante proveído de tres de enero de dos mil dieciocho, respecto del exhorto 1613/2017, se advierte que dicha parte procesal no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y que ha transcurrido el término de tres días otorgado para ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete; y por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena a la Actuaria adscrita a este juzgado federal realice dicha notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal por lista, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. Notifíquese.

  3. Principal

    RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMA QUE DICE... VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 958/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Manuel Urbano Morales Vega, por derecho propio, mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades (en su denominación correcta) y por los actos que a continuación se precisan:AUTORIDADES RESPONSABLES a).- Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, con domicilio en esta ciudad. b).- Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común especializado en delitos sexuales y violencia intrafamiliar del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad.ACTOS RECLAMADOS "a).- Resolución de fecha 05 cinco de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, en la cual se dicta auto de vinculación a proceso (.) por el delito de abuso sexual; b).- La negativa de la jueza responsable de proporcionar al suscrito copia simple de la pieza escritural, consistente en el auto de vinculación a proceso a costa del suscrito; c).- La formulación de imputación, realizada por el Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, del Distrito Judicial de Tabares en Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero, en fecha 05 de octubre del año 2017 dos mil diecisiete." SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, misma que quedó registrada bajo el número 958/2017; solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención legal que le compete; además se proveyó sobre el emplazamiento de la parte tercera interesada; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden su ámbito competencial. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama por esta instancia, lo siguiente: a).- Del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero: 1).- El auto de vinculación a proceso dictado el cinco de octubre de dos mil diecisiete dentro de la carpeta judicial C-76/2017 del índice del Juzgado de Control y de Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares; por el delito de abuso sexual cometido en agravio de la entonces menor de edad de identidad reservada (identificada con iniciales L.J.H.G); previsto en el artículo 180 del Código Penal del Estado de Guerrero. 2).- La determinación dictada en la propia audiencia de cinco de octubre de dos mil diecisiete, en la que se negó a la parte quejosa la expedición de copias simples de la versión escrita del auto de vinculación a proceso. b).- Del Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común especializado en delitos sexuales y violencia intrafamiliar del Distrito Judicial de Tabares: 3).- La formulación de la imputación que se efectuó en la audiencia de cinco de octubre del año próximo pasado. TERCERO. Oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. Si se considera que el quejoso fue notificado personalmente del acto reclamado el cinco de octubre de dos mil diecisiete, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del nueve al treinta de octubre del año próximo pasado, descontándose los días doce, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve por ser inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el veintiséis de octubre pasado, su presentación se califica oportuna pues fue realizada dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17, párrafo primero de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares y la Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común especializado en delitos sexuales y violencia intrafamiliar del Distrito Judicial de Tabares, residentes en esta ciudad, al rendir sus informes con justificación aceptaron el acto que a cada uno se les reclama, los cuales quedaron precisados en el considerando que antecede; lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su ordinal 2º. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la juez responsable consistentes en copia certificada de la carpeta judicial C-76/2017 (que constituye el tomo I de prueba), así como dos discos ópticos en formato de videograbación DVD, y la carpeta de investigación 12030270100368220317 (que constituye el tomo II de prueba), las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cabe precisar que los discos ópticos en formato de videograbación DVD de las audiencias orales y públicas celebradas en causas penales de corte acusatorio, acompañados por las autoridades judiciales responsables como anexos a su informe justificado, adquieren el carácter de documentales públicas lato sensu, para efectos de su valoración en el juicio de amparo y se tienen por desahogadas sin audiencia especial. QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia. Una vez verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia; en ese sentido, se advierte oficiosamente que respecto al acto precisado en el número 3), del considerando segundo que antecede, que se reclama del Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común especializado en delitos sexuales y violencia intrafamiliar del Distrito Judicial de Tabares, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio de garantías en contra de la formulación de la imputación que se le formuló en la diligencia de cinco de octubre de dos mil diecisiete. Para arribar a tal determinación, debe tenerse presente el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5º, de su Ley Reglamentaria, que en su orden, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". Las citadas disposiciones conforman el llamado interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causal de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Dicho precepto en lo que interesa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" Así, el interés jurídico reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular. Luego, para que proceda el juicio de garantías es necesario que la afectación del interés jurídico se concrete de manera cierta, directa y actual, pues se presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que se transgrede por una ley o acto de autoridad, de modo que, una persona tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional cuando el acto que reclame le causa un agravio personal y directo, que se entiende como todo menoscabo u ofensa a la persona, ya sea física o moral, el cual puede o no ser patrimonial, pero siempre apreciable objetivamente, es decir, real y no de carácter subjetivo o incierto. De igual modo, es importante destacar que el interés jurídico del quejoso es aquel con el que acredita la titularidad de los derechos que se ven afectados con motivo del acto reclamado; de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona diversa. Por consiguiente, cuando un acto autoritario no afecte los intereses jurídicos del quejoso, el amparo que contra éste se promueva será improcedente, según lo previene la fracción XII del numeral 61 de la ley aplicable en estudio. Ahora bien, se sostiene que el quejoso no acredita que el acto reclamado le causa agravio en virtud de que para acreditar la afectación al interés jurídico, se deben colmar ciertos requisitos, siendo éstos los siguientes: a) una persona determinada, b) un derecho legítimo de ésta, c) un acto de autoridad, y d) la afectación del citado derecho a través del acto autoritario. Precisado lo anterior, resulta que respecto del acto atribuido a la autoridad ministerial la parte quejosa no demostró tener un derecho legítimamente tutelado que haya sido lesionado, entendiéndose por lo primero como la existencia de una prerrogativa protegida por el ordenamiento legal objetivo. En efecto, la existencia de tal facultad en casos concretos como el que se analiza, no se deduce de la sola manifestación que en ese sentido haga quien se dice titular de él, sino que requiere de elementos objetivos aptos para acreditar tal extremo, los cuales deberán ser reconocidos por el propio sistema jurídico. Luego, en el caso, no puede soslayarse que la formulación de la imputación sólo constituye una petición que efectúa la autoridad ministerial dentro del sistema penal acusatorio, pero corresponde al juez de la causa resolver sobre las consecuencias jurídicas que pueda traer el ejercicio de la acción penal, pues la autoridad judicial determinará si se vincula a proceso al imputado y en su caso, la medida cautelar que corresponda; por lo que no se afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, máxime que ese proceder se encuentra previsto como una facultad que se le confiere al Ministerio Público por disposición del artículo 21 Constitucional. Es aplicable la tesis aislada II.2o.P.50 P (10a.) que integró el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 2497, del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. La representación social puede solicitar la orden de aprehensión o citación, pero contra tal acto, el amparo es improcedente, porque si bien el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o, en su caso, una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde la Octava Época, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no acontece al tratarse de solicitudes ante el órgano judicial respectivo. Por tanto, resulta igualmente improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación previa o carpeta de investigación, y ejercita la acción penal, pues es al Juez del proceso a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, y consiste en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, como la consignación en sí y solicitar la orden de aprehensión o petición correspondiente; todo lo cual no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectar el interés jurídico del quejoso, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a una investigación judicializada, máxime que en este último caso, conforme al sistema acusatorio, el Ministerio Público, en cuanto a dicha solicitud, pierde, incluso, el carácter de autoridad, el juicio de amparo es improcedente." De ese modo, se concluye que los actos realizados por el Ministerio Público relativos a su actuación dentro de la audiencia de formulación de la imputación en una carpeta judicial no pueden producir agravio personal y directo en contra de la parte quejosa, ni lesiona su interés jurídico, porque los particulares carecen de facultades legales para evitar la investigación de un delito, se reitera, por ser una facultad constitucional del Ministerio Público, lo que lleva implícito que dicha institución estadual acuda ante la autoridad judicial a formular la imputación al imputado. Por otro lado, en lo que corresponde al acto reclamado a la autoridad judicial responsable consistente en la determinación dictada en la propia audiencia de cinco de octubre de dos mil diecisiete, por la que se le negó a la parte quejosa la expedición de copias simples de la versión escrita del auto de vinculación a proceso, oficiosamente se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente. Para arribar a tal conclusión, se tiene que la porción normativa invocada dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El dispositivo apuntado contempla el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. En efecto, el principio de definitividad consiste en la obligación del particular de agotar los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. La falta de cumplimiento de esa obligación trae como consecuencia su improcedencia. Asimismo, es de precisar que tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado, y sea el idóneo para producir los efectos ya mencionados. No obstante, dicho principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral 63, en su fracción XVIII, describe: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Luego, la determinación de referencia atinente a la negativa de expedición de copias simples del auto de vinculación a proceso en su versión escrita, habida cuenta que se autorizó la expedición del audio y video del registro de la audiencia en que se dictó el auto de plazo constitucional, constituye una determinación de mero trámite. Ahora bien, para estar en aptitud de verificar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene tener presente el contenido del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra señala: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." De la redacción del precepto legal invocado, se obtiene precisamente que el recurso de revocación previsto en la legislación adjetiva en cita tiene por objeto que la autoridad que dicte una determinación de mero trámite, la examine nuevamente y resuelva lo que corresponda. Por tanto, el citado numeral concede la posibilidad de que la determinación reclamada en la presente instancia constitucional, sea impugnada mediante recurso de revocación, porque expresamente la legislación en cita prevé su procedencia contra determinaciones de mero trámite; consecuentemente, la determinación adoptada en la audiencia de cinco de octubre pasado relativa a la negativa de expedir copias simples de la pieza escritural del auto de vinculación es susceptible de impugnarse mediante el recurso en comento. Por tanto, el quejoso previamente a promover el juicio de garantías debió observar el medio de impugnación aludido ante el mismo juez responsable, y al no hacerlo incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo, máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, en primera porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, dado el carácter de imputado que le asiste en la instancia de donde deriva el acto reclamado, aunado a que la determinación reclamada no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal derivado de un procedimiento penal. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el ahora agraviado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Mayo de 2002, página 902, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Bajo ese contexto, dado que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, se decreta el sobreseimiento en el juicio por lo que ve al acto descrito en el punto 2), del considerando segundo que antecede, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. Las partes legitimadas en el presente juicio de garantías no alegan causas de improcedencia, ni oficiosamente se advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación, los cuales de ser procedente, serán suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para estar en aptitud de dilucidar sobre el particular, es conveniente enfatizar que el acto que por esta vía se reclama, fue emitido bajo el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral; de ahí que su análisis constitucional se emprenderá al tenor de los artículos 19 y 20, de la Constitución Federal, resulta necesario hacer una breve exposición de las características y fundamentos del sistema procesal penal acusatorio y oral que establece el artículo 20, de la Constitución Federal, a partir de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho, en cuyo primer párrafo establece: "Artículo 20 El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.". En principio se tiene que la oralidad es una característica que constituye el gran cambio en el procedimiento, que permite actualizar y dar eficacia a los principios de contradicción, inmediación y publicidad. La publicidad se traduce en el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. De acuerdo a lo establecido en la fracción V, del apartado B, del citado precepto constitucional, ésta sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Los principios de inmediación y contradicción, consagran en favor de las partes procesales el derecho a tener desde el inicio de la investigación, acceso directo a todos las datos que obran en el legajo o carpeta relativos a la investigación que lleva el Ministerio Público (exceptuándose los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública -la que se desarrollará en presencia del juez de control o juez de garantía- en la que se incorporen y desahoguen los mismos, presentando en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; controvertirlos o bien hacer las aclaraciones que estimen pertinentes. En este aspecto, la oralidad se constituye en instrumento de relevancia primordial que obliga a todas las partes procesales a estar presentes en las audiencias, pues el juzgador debe escuchar en forma directa; es decir, el juez tendrá conocimiento simultáneamente y con igual fuerza, de teorías del caso, que podrán ser completamente contradictorias, cuyo debate permitirá el acceso directo a los medios de convicción. En ningún caso el juez de control podrá delegar su función en persona alguna. La concentración tiene como finalidad lograr que se desarrollen las audiencias en un mismo día o bien de forma consecutiva, de ser el caso, a fin de que el mayor número de cuestiones se resuelvan en un menor número de actuaciones. La continuidad se refiere a limitar las interrupciones del proceso, en una audiencia que será continua, sucesiva y secuencial. De lo anterior se advierte que uno de los principales objetivos de la citada reforma, consiste en lograr que la decisión de un procedimiento penal sea imparcial y completamente informada, partiendo en principio de que el encargado de tomar tales decisiones sea neutral y pasivo, al tener solamente la responsabilidad de considerar los argumentos en que se sustente la hipótesis a demostrar y los datos de investigación aportados por el Ministerio Público o los datos que ofrezca el imputado y su defensor, con los que pretendan hacerlo; y con base en ello, resolver el caso; dejando a las partes contendientes en el proceso el desarrollo de un papel más activo, al ser éstos los encargados de explicar y emitir las conclusiones de sus posturas, apoyados en los elementos en los que se va a basar la teoría del caso; ello a través de un procedimiento concentrado, ininterrumpido y diseñado para poner énfasis en los argumentos y en el choque de pruebas contrarias presentados por las partes en la audiencia respectiva, por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos y exista la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión. De tal guisa, para efectos de la presente resolución se considera necesario destacar que la adopción de un modelo de corte acusatorio adversarial, implicó necesariamente la extinción y modificación de reglas procesales de peso en virtud de la diferenciación entre función requirente y decisoria; exige entonces, un acusador que realice su actividad de persecución penal guiado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación (orientaciones de política criminal concretizadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales). Esta actividad, además, la efectuará en un escenario procesal que opera bajo reglas diferentes, con distintos órganos (juez de control, juez de juicio oral y juez de ejecución de penas) y en diferentes etapas, a saber: I. Etapa de investigación; es un período preparatorio en el que el fiscal recaba datos de prueba a fin de esclarecer los hechos y conocer si existe fundamento para iniciar un juicio contra una persona, misma que a su vez se divide en: Investigación inicial, inicia con la noticia criminal a través de la presentación de la denuncia, querella o requisito equivalente y se encuentra a cargo del Ministerio Público y de los cuerpos policiacos a su cargo; y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule la imputación, pues es en esta etapa en donde se realiza el control de la detención. En ese escenario, es en esta etapa de investigación, en la que, si se da el supuesto de encontrarse una persona detenida, el Juez de control debe resolver: a) La legalidad de la detención, b) La formulación de la imputación, c) La solicitud de auto de vinculación a proceso y, en su caso, d) La solicitud de medida cautelar. Investigación complementaria, comprende desde la formulación de imputación y se agota hasta el cierre de investigación, misma que tiene por objeto reunir todos los datos de prueba para que el fiscal se encuentre en aptitud de determinar si formula acusación contra el imputado o no. II. Etapa Intermedia o preparación del juicio, que comprende dos fases: una escrita y una oral. El objeto de esta etapa se centra en la depuración de los hechos por medio de los acuerdos probatorios y la admisión de los medios de prueba, que también serán depurados por las partes a través de la exclusión de las pruebas. La primera fase iniciará con la presentación del escrito de acusación que formule el Ministerio Público y la segunda con la celebración de la audiencia intermedia y finalizará con el auto de apertura a juicio oral. III. Etapa de juicio oral será presidida por tres jueces de juicio oral, que serán diversos a los jueces de control que intervinieron en las etapas de investigación e intermedia. Ellos, una vez escuchados los alegatos, expuestas las respectivas teorías del caso y el desahogo de todo el caudal probatorio, determinarán el fondo al emitir un fallo de culpabilidad o inocencia y determinar la sanción penal o medida de seguridad a aplicar. En ese tenor, en la etapa que aquí interesa, que atiende a la decisión de la vinculación al proceso del inculpado, el Juez de control lleva a cabo el ejercicio de ponderación, por ser quien tiene contacto directo con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación. En la misma línea explicativa, es importante decir que el auto de vinculación a proceso, se encuentra regulado en el artículo 19, de la Constitución Federal, que revela no sólo la modificación en la denominación del auto de formal prisión, sino un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. Dicho numeral, señala: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. De la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Luego, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantías a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [artículo 20 Constitucional]). Así, en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos de prueba; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control debe analizar y resolver, únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Al respecto, cabe señalar que los requisitos que deben colmarse para el dictado del auto de vinculación, de acuerdo a los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales son los siguientes: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Aunado a lo anterior, debe agregarse que como todo acto de autoridad, además de ajustarse a las premisas legales anteriores, el auto de vinculación a proceso debe cumplir además con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." En esa tesitura, de las disposiciones constitucionales y legales previamente explicadas, se tiene que para dictar un auto de vinculación a proceso deben cumplirse requisitos, tanto de forma como de fondo. Dichas exigencias consisten en: A. Requisitos formales: Debe ser emitido por autoridad judicial competente. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede ampliar a petición del imputado. Que se haya formulado imputación. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el hecho con apariencia de delito que se le imputa, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo; y, B. Requisitos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; Así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. En conclusión, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, el juez sólo debe constatar que a) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; b) la ley señale como delito a ese hecho; y, c) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, pues atendiendo a la nueva redacción del artículo 19 Constitucional, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal; es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos, la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión, y los datos de prueba que los establezcan. Para ello, el Juez de Garantías debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 35/2017, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de seis de abril de dos mil diecisiete, cuyo rubro y texto exponen lo siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí - como sucede en el sistema mixto -, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En esa premisa, se estima que la técnica correcta para analizar en el juicio de amparo, la constitucionalidad de un auto de vinculación a proceso emitido bajo las reglas del Sistema Penal Acusatorio vigente, se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad de ese acto emitido oralmente durante la audiencia; sin que sea dable sustituir al juez de la causa en el ejercicio de ponderación de pruebas, so pena de trastocar el principio de inmediación; menos aún analizar oficiosamente todo lo acontecido en la audiencia inicial, como la competencia, la calificación de la detención, las medidas cautelares o el cierre del plazo de la investigación complementaria, si éstas no se reclamaron de manera destacada, porque su estudio oficioso contravendría los principios de contradicción e inmediación. Apoya la postura que antecede, la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 986, Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro: 2014769 que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino basta con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; luego, si "la oralidad" constituye el instrumento que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, es incuestionable que los juzgadores deben dirimir verbalmente los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en la audiencia respectiva, fundada y motivadamente, el sentido de sus resoluciones, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la videograbación en la que se registra el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto aludido; de ahí que si éste se reclama en el juicio de amparo indirecto, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; por consiguiente, el ejercicio de ponderación corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación; no así al órgano de control constitucional, toda vez que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado." También, la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2620, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2013913, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI ÉSTE SÓLO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, NO DEBE ANALIZARSE DE OFICIO TODO LO ACONTECIDO EN LA AUDIENCIA INICIAL, COMO LA COMPETENCIA, LA CALIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN, LAS MEDIDAS CAUTELARES O EL CIERRE DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA, AL TENER FINALIDADES DISTINTAS, A MENOS QUE SE SEÑALEN COMO ACTOS DESTACADOS. El auto de vinculación a proceso es la judicialización y continuación del proceso con el imputado formalmente sujetado o sometido a éste, al existir datos de prueba que permiten presumir la existencia de un hecho delictuoso, así como su probable intervención. Es decir, es el procedimiento que realiza el órgano jurisdiccional a fin de resolver, en audiencia, la situación jurídica del imputado, en función a los datos de prueba existentes, y para dictarlo deben atenderse los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en que: i) se haya formulado imputación; ii) se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar; iii) se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, iv) no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por tanto, cuando únicamente se reclama en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso, no debe analizarse de oficio todo lo acontecido en la audiencia inicial, como lo pronunciado en cuanto a la competencia, la calificación de la detención, las medidas cautelares o el cierre del plazo de la investigación complementaria, al ser actos que tienen finalidades distintas, a menos que se señalen como actos destacados." Establecido lo anterior, procede analizar la resolución dictada el cinco de octubre de dos mil diecisiete, por la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal adscrita al Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, dentro de la carpeta judicial C-76/2017, en la que dictó contra el aquí quejoso Manuel Urbano Morales Vega, auto de vinculación a proceso por los hechos que la ley señala como delito. Así, de las constancias y videograbación remitidas por la responsable, se advierte que, en primer término, el acto reclamado fue emitido por una autoridad judicial que en el caso, lo es el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal adscrita al Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco; con lo que se satisface el primer requisito. Por lo que al segundo aspecto formal, consistente en que el auto de plazo constitucional se pronuncie dentro del plazo de setenta y dos horas, o dentro de ese plazo duplicado y en audiencia pública, éste se encuentra satisfecho, ya que, una vez que el juez de control responsable preguntó al imputado en qué plazo quería que se resolviera su situación jurídica, esto es, en ese momento, o bien dentro de las setenta y dos horas o de las ciento cuarenta y cuatro que marca la ley como plazo duplicado, el imputado solicitó que en esa misma audiencia se emitiera el auto de plazo constitucional, lo que además manifestó previa consulta con su defensa. Respecto al tercer, cuarto, quinto y sexto de los requisitos mencionados, éstos se encuentra inmerso en la propia audiencia de formulación de imputación de cinco de octubre de dos mil diecisiete, en la que en uso de la palabra y, de conformidad con el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público, en presencia del juez de control, comunicó al imputado que se le seguía una investigación en su contra, por su probable intervención en el hecho delictuoso de ABUSO SEXUAL, cometido en agravio de la menor de identidad reservada con iniciales L.J.H.G; hecho previsto y sancionado por el artículo 180 del Código Penal vigente en el Estado de Guerrero; relato en el que la representación social ponderó el lugar, tiempo y circunstancias de la ejecución del evento delictuoso, esto es, el auto de vinculación a proceso se dictó por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación y el Juez de Control expresó los hechos delictuosos que se le imputaron al aquí quejoso y las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo, como se verá a continuación. Además, en la aludida audiencia se preguntó al imputado si era su deseo declarar en torno a la formulación de la imputación, a lo que asintió previa consulta con su defensa; momento en el que incluso la juez responsable le informó los alcances y mecánica de dicho pronunciamiento, sobre lo cual optó por declarar a preguntas expresas de su defensor particular, lo que pone de relieve el cumplimiento del cuarto requisito formal. Explicado lo anterior, se procede a examinar el asunto a la luz de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, los cuales se analizaran conjuntamente con la constatación de los requisitos de fondo por encontrarse estrechamente relacionados con los mismos, sin que haya obligación de realizar una cita literal de los mismos, toda vez que no existe en la Ley de Amparo precepto alguno que lo exija. En ese sentido, el quejoso Manuel Urbano Morales Vega, esencialmente sostiene que el auto de vinculación a proceso reclamado transgrede en su perjuicio sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque: 1. El quejoso no tuvo oportunidad de comparecer ante la autoridad ministerial a efecto de se le hiciera saber el contenido de la denuncia efectuada en su contra; y en su caso, ofrecer pruebas, pues inclusive las diligencias ministeriales se realizaron en una entidad federativa distinta a la en que tiene su domicilio; a partir de lo cual no tuvo el tiempo necesario para ofrecer pruebas y desvirtuar los hechos que se le imputan, habida cuenta que se le corrió traslado con la carpeta de investigación antes de que tuviera verificativo la audiencia inicial; no obstante que se le había citado en tres ocasiones anteriores para la celebración de la audiencia de referencia, pero sin tener acceso a la carpeta de mérito. 2. Que la autoridad ministerial realizó diversas diligencias aun y cuando ello fue en atención a lo peticionado por la denunciante no así por la víctima que en ese momento ya había adquirido la mayoría de edad, aunado a que ya se había señalado fecha para que tuviera lugar la audiencia inicial. 3. La autoridad judicial responsable dejó de valorar la totalidad de las pruebas que obran en la carpeta de investigación, con las cuales no se acredita la materialidad de la conducta que la ley señala como delito de abuso sexual ni la probabilidad de su participación, pues para ello le bastó el dicho aislado de la víctima. 4. Aunado a lo anterior, la juez responsable no se pronunció objetivamente si el resultado de las pruebas allegadas eran aptas para dictar el auto de vinculación a proceso, pues a la denunciante no le constan los hechos sujetos a debate, porque de la propia narración se obtiene que supo de los hechos por conocimiento de una tercera persona; las versiones que se allegaron relativas a las entrevistas de la denunciante y la menor de edad son inverosímiles, ambiguas y tampoco se tomó en consideración el modo de vida disfuncional que han llevado en su contexto familiar; la inspección ocular del lugar señalado como en el que se verificaron los hechos, se soslayó que el personal actuante no ingresó al domicilio porque el personal de seguridad no se lo permitieron, por lo que ese medio de prueba no logró su objetivo; no se analizó el resultado de la primera prueba pericial en materia de psicología que se le realizó a la víctima. Ahora bien, para dilucidar sobre lo fundado o no de los motivos de disenso, debe tenerse en consideración en primer término, que ninguno de los preceptos constitucionales invocados con antelación, se advierte que el legislador hubiera estipulado en favor del imputado, la obligación de la autoridad ministerial de hacerlo comparecer a efecto de que "éste en posibilidad de aportar pruebas y formular alegatos", durante la integración de la averiguación previa en su etapa inicial o desformalizada, como una formalidad esencial del procedimiento, habida cuenta que si bien todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; no puede soslayarse que cuando el acto de autoridad es un auto de vinculación a proceso no se exige la verificación de tal extremo; lo que pone de relieve que el motivo de disenso reseñado en primer término resulta infundado. En esa mismo orden de ideas, como lo expuso la juez responsable, la investigación de los delitos constituye una facultad de la autoridad ministerial de modo que no es jurídicamente factible estimar como una violación procesal, la circunstancia de que aquel órgano del Estado continuara recabando datos de prueba con miras a introducirlos en la audiencia de formulación de la imputación, aun y cuando dicha diligencia ya se hubiere programado, ni tampoco que ello obedeciera a la petición de la denunciante y no de la propia víctima que ya había adquirido la mayoría de edad. Lo anterior, partiendo del hecho de que en la audiencia de formulación de la imputación quedó acreditado que a la defensa del imputado se le corrió traslado con la carpeta de investigación, y en ningún momento de la diligencia solicitó hacer un receso o que se difiriera a efecto de que pudiera imponer de su contenido con motivo de datos de prueba novedosos, máxime que tampoco argumentó tener impedimento alguno para imponerse de la misma con antelación a la citada diligencia. Ese extremo fue explicado además por la juez de la causa como una consideración previa a la emisión del auto de vinculación a proceso, sin que se haya expuesto motivo de disenso alguno sobre lo explicado en la audiencia de cinco de octubre de dos mil diecisiete, pues incluso la juez responsable le hizo ver que había tenido acceso a la carpeta de investigación dado lo que al efecto señaló el quejoso al haber acudido ante la autoridad ministerial a rendir su respectiva declaración. Lo expuesto con anterioridad da cuenta de que el segundo concepto de violación resulta infundado. Por otro lado, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, debe atenderse a lo previsto en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual, el Juez de Control debe analizar y resolver, únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en la propia audiencia. Además, es menester para el juez primario atender al contenido del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone lo siguiente: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación." En el entendido que el dato de prueba debe reunir las características de idoneidad (adecuado y apropiado), pertinencia (conducente o concerniente), y suficiencia (bastante). Siguiendo ese aspecto en el estudio de los requisitos de fondo, es pertinente manifestar que el auto de vinculación a proceso se dictó únicamente con base en la información proporcionada por el Ministerio Público derivada de la investigación realizada, que el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal adscrita al Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, consideró como datos suficientes que establecen que se cometieron los hechos con apariencia del delito de abuso sexual previsto y sancionado por el artículo 180 del Código Penal vigente en el Estado de Guerrero. La anterior consideración encuentra apoyo en el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, el uno de febrero de dos mil diecisiete, que integró la jurisprudencia 1.a./J.35/2017 (10a.), del rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL), transcrita en párrafos que anteceden. En ese contexto, se estima que el auto de vinculación a proceso cumple con los parámetros constitucionales y legales, previstos en el artículo 19 constitucional, 311 al 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se advierte la existencia de la probable participación en los hechos que la ley señala como delito imputado al quejoso, dado que en la audiencia de formulación de la imputación la representación social, hizo del conocimiento del imputado, la formulación de la imputación con base en los datos de prueba y que consisten esencialmente en las entrevistas que se efectuaron a la menor de identidad reservada con iniciales L.J.H.G; de María Teresa García Bustamante, así como de Socorro García Bustamante, estas últimas madre y tía de la víctima, respectivamente; y con los dictámenes periciales de integridad física y lesiones, edad clínica probable, examen ginecológico, examen proctológico, peso talla, así como en materia de psicología, ambos de diez de febrero de dos mil diecisiete, emitidos por los peritos oficiales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y en materia de psicología emitido por la experta adscrita a la Fiscalía General del Estado el tres de octubre de dos mil diecisiete. Datos de prueba respecto de los cuales la juez de control señalada como responsable, adecuadamente señaló que se acreditaba el hecho que la ley señala como delito, así como que probablemente participó en su comisión. Ello, en virtud de que como bien lo precisó el fiscal y validó el Juez de Control, con base fundamental en las entrevistas de mérito, particularmente con el dicho de la menor a la que se otorgó especial relevancia dado que lo narrado por la víctima revela que el hecho ocurrió a altas horas de la madrugada (cuatro horas, aproximadamente), al interior del domicilio que ocupaban la pasivo y el activo el siete de octubre de dos mil diecisiete, específicamente en el departamento 3-E, del conjunto condominal conocido como "Marina Diamante", propiedad de un familiar del quejoso; extremo que jamás fue controvertido pues incluso el quejoso al hacer uso de la voz con motivo de su manifestación de declarar a preguntas directas de su defensor particular, refirió que efectivamente se trasladó de la Ciudad de México a esta ciudad únicamente con la pasivo a pasar unos días de vacaciones. De igual modo, se destaca que durante la exposición que efectuó el ministerio público, no soslayó la conclusión alcanzada inicialmente por la perito que examinó a la menor de identidad reservada con iniciales L.J.H.G en el sentido de que no se detectaron alteraciones psicológicas como consecuencia de una agresión sexual, ello a pesar de que vertió frases que daban cuenta de un estado emocional alterado, pero posteriormente una experta en esa materia distinta alcanzó una conclusión diferente en ese sentido. Lo anterior se advierte irrelevante para demeritar la conclusión expuesta por la juez de la causa al otorgar eficacia al dato de prueba en la que fundó el sentido de su decisión, habida cuenta que el daño psicoemocional no constituye un elemento necesario para demostrar en el plano de lo probable, la actualización del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, de ahí que ese aspecto no reste credibilidad al dicho de la menor. Mas aun, como lo explicó la autoridad judicial responsable, ello en todo caso será objeto de análisis durante el desahogo de la prueba en la etapa de juicio, en tanto que en esa fase procesal en la que el estándar probatorio resulta ser menos rigorista, la credibilidad objetiva del dicho de la víctima se robustece con la forma en la que los demás testigos circunstanciales adujeron que tuvieron noticia del hecho que sólo presenció la menor de identidad reservada con iniciales L.J.H.G. En ese misma línea de pensamiento, aun y cuando la defensa del inculpado hizo valer la circunstancia de que la inspección ocular sólo se realizó desde fuera del domicilio donde tuvo lugar el hecho que se le imputa, resulta irrelevante tal circunstancia si se toma de referencia que no se controvirtió la existencia o identidad del inmueble de que se trata, en tanto que tampoco restan veracidad al dicho de la víctima las circunstancias aducidas sobre la posibilidad de que podía solicitar el auxilio del personal de vigilancia de la unidad condominal en cita. Lo anterior se estima así, sobre la base de que los datos aportados por la víctima en torno a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, dan cuenta de que es más probable que a pesar de la conciencia de que hay personal de seguridad, dada la hora y sitio en que aconteció el hecho, esto es, a las cuatro de la mañana dentro de un domicilio particular; y sobre todo, en virtud de la magnitud del evento que sólo consistió en un beso en el cuello, un abrazo sobre la cintura mientras estaban acostados en la misma cama, y el frotamiento de su miembro viril sobre los glúteos de la víctima por espacio de dos segundos, por haber quedado el activo detrás de la víctima, la víctima no pidiera ayuda, tan es así que refirió haberle contado a un amigo con el que tenía confianza lo sucedido, no así a su propia familia por vergüenza. Así, a la luz de lo narrado por el Ministerio Público atinente a la entrevista que se realizó a la víctima, obtuvo que el día de los hechos el quejoso realizó actos sexuales sobre la víctima porque de dicha narrativa se derivaba que Manuel Urbano Morales Vega besó en primer término el cuello de la menor de identidad reservada con iniciales L.J.H.G, mientras que ella dormía, además de que frotó su miembro viril en los glúteos de la pasivo; lo que tuvo lugar el siete de febrero de dos mil diecisiete. De ese modo, se está ante la presencia de un hecho en el que preliminarmente puede apreciarse la pretensión de no llegar a la cópula, sino la ejecución de un acto sexual, entendido como un tocamiento corporal, como lo es el besar por el cuello, abrazar por la parte de atrás por la cintura a la menor de identidad reservada con iniciales L.J.H.G, y frotar el miembro viril sobre sus glúteos, sin el consentimiento de la pasivo en virtud de la indisponibilidad del bien jurídico tutelado dada la minoría de edad de la víctima, de ahí que resulte irrelevante la circunstancia aducida por el quejoso en torno a que expuso que el contexto familiar en el que se ha desarrollado la pasivo es disfuncional, pues de aceptarse tal afirmación, se arribaría al absurdo de imputar a la propia menor de edad el resultado del hecho que la ley señala como delito, lo que implicaría revictimizarla. Lo expuesto con antelación revela que los motivos de disenso sintetizados en los puntos tres y cuatro también resultan infundados. Por lo expuesto, se estima que en el caso a estudio, se actualizaron los supuestos de los artículos 16 y 19, de la Constitución Federal, 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en la audiencia de vinculación a proceso realizada el cinco de octubre de dos mil diecisiete, se expresaron los datos de prueba recabados por la representación social, mismos que resultaron suficientes para acreditar la existencia del hecho con apariencia de delito ya señalado. Por ello, se determina que conforme a la videograbación en la que se registró el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto aludido, el ejercicio de ponderación que realizó la Juez de Control, a quien correspondió tener contacto directo con los datos de prueba, que le fueron anunciados satisface la legalidad hasta donde este órgano de control constitucional le compete apreciar, puesto que fueron idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel. (Visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias (Constitucional, Penal), de número de registro 2015127) Debiendo destacar, la naturaleza de tal determinación, en cuanto a que sólo fija la materia sobre la que versará la investigación de un hecho o hechos señalados como delito y será en etapas subsecuentes donde se podrá discutir sobre la suficiencia o insuficiencia del material probatorio, que se podrá desahogar ante el juez de juicio oral. Luego entonces, como se adelantó, hasta este momento procesal, el examen conjunto de los datos de prueba que existen; resultan suficientes y jurídicamente eficaces para establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe probabilidad de que el quejoso intervino en su comisión; que justifica la emisión de un auto de vinculación a proceso, ya que no está sujeto a controversia la presencia concomitante del quejoso y la menor de identidad reservada con iniciales L.J.H.G, dentro del departamento 3-E, del conjunto condominal conocido como "Marina Diamante", el día siete de febrero de dos mil diecisiete, cuando la pasivo señaló que el activo ejecutó un acto sexual sobre su persona, esto es, que al encontrarse dormidos en la misma habitación de dicho domicilio pero diferente cama, aproximadamente a las tres de la mañana Manuel Urbano Morales Vega se pasó a dormir a la misma cama, quedando de espaldas, sin embargo, aproximadamente a las cuatro de la mañana sintió que el imputado la besó en el cuello por lo que la víctima se movió, cuando sintió que el activo se volteó para quedar justo por detrás de su persona y la abrazó por la cintura con sus dos manos jalándola hacia el quejoso, quien le frotó su miembro viril en los glúteos de la pasivo por espacio de dos segundos, motivo por el cual esta última se levantó y se fue a dormir a la otra cama. De lo anterior, puede advertirse que adecuadamente el juez responsable con base en los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, la cual tuvieron a su disposición el agente Ministerio Público, como la defensa particular de este, es que el juez de control, pudo constatar la existencia de un hecho considerado por la ley como delito, en la especie, abuso sexual, probablemente cometido por el imputado; ello sin soslayar que la juez responsable no estimó en el dictado de su resolución los hechos narrados por el ministerio público acontecidos el ocho de octubre de dos mil diecisiete, al estimar que los mismos no se encuadraron adecuadamente al artículo 180 del Código Penal del Estado de Guerrero. Aunado a lo anterior, como lo explicó la juez responsable tanto al imputado como a su defensa, no era jurídicamente factible a la luz de los principios que rigen el proceso penal acusatorio, que la autoridad judicial comparara el contenido de las distintas entrevistas suscitadas recabadas a la menor de identidad reservada con iniciales L.J.H.G, como a la denunciante María Teresa García Bustamante, y que obran en la capeta de investigación ni tampoco la defensa hizo valer aquella circunstancia con el objeto de que la autoridad judicial responsable ponderara tales imprecisiones dentro del ejercicio de ponderación del hecho que la ley señala como delito y el dato de prueba que se estimó idóneo para ello. Resulta ilustrativo en lo conducente, por las razones que lo integran, la tesis XV.3o.6 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 39, febrero de 2017, tomo III, página 2167) Además, lo infundado del argumento hecho valer por el peticionario del amparo en los incisos 3 y 4, deviene que de conformidad con el artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, para dictar un auto de vinculación a proceso solamente es necesario 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, por lo que ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito. De ahí que la norma constitucional vigente ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Motivo por el cual, el juez de control responsable no puede emitir una valoración de fondo en cuanto a los datos de prueba recabados en esa etapa procesal, ya que será en la audiencia de juicio, donde las partes desarrollen con base en las pruebas admitidas su teoría del caso y el juez de valor a las pruebas admitidas, con base en los principios de inmediación y contradicción entre las partes. Orienta a lo anterior la tesis I.7o.P.83 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino basta con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; luego, si "la oralidad" constituye el instrumento que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, es incuestionable que los juzgadores deben dirimir verbalmente los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en la audiencia respectiva, fundada y motivadamente, el sentido de sus resoluciones, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la videograbación en la que se registra el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto aludido; de ahí que si éste se reclama en el juicio de amparo indirecto, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; por consiguiente, el ejercicio de ponderación corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación; no así al órgano de control constitucional, toda vez que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, Materia Común, Página 986) Además, la diversa la tesis XXIII.10 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Materia Penal, Página 2168) Además en todo caso, si bien en cierto que el principio de presunción de inocencia es derrotable por el agente del Ministerio Público, lo cierto es que el estándar probatorio que ahora se exige para el dictado de una resolución como la que ahora nos ocupa, es mínimo y para poder considerar que hay datos de prueba de cargo suficientes para enervar de manera probable la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que los datos de prueba de cargo desvirtúen -de manera probable-, la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio, lo que en el caso aconteció tal y como ha quedado plasmado en párrafos precedentes; de ahí lo infundado del concepto de violación. En las relatadas condiciones, a juicio de quien aquí resuelve, el auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso, no es violatorio de sus derechos humanos, ya que se ajusta al estándar constitucional previsto en los artículos 16, 19 y 20 de nuestra Carta Magna, como quedó evidenciado en párrafos precedentes Orienta a lo anterior tesis XVII.1o.P.A.31 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR POR EL TRIBUNAL DE AMPARO, EN RELACIÓN CON LOS ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN COMO CANON DE CONTROL DE SU LEGALIDAD. Como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso, es procedente aplicar por el tribunal de amparo, el siguiente test de racionalidad en relación con los antecedentes de investigación: En la premisa fáctica requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis: La existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Los enunciados o "datos" que integran la hipótesis; b) La verificabilidad de los enunciados; y, c) La aceptación o rechazo de la hipótesis." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Materia Común, Página 2632) Sin que, quien ahora resuelve, como se indicó, se encuentre constreñido analizar de oficio todo lo acontecido en la audiencia inicial, como la competencia, las medidas cautelares o el cierre del plazo de la investigación complementaria, al tener finalidades distintas, cada una de ellas, respecto de las cuales no se formularon conceptos de violación, ni fueron señalados como actos destacados en el presente sumario. En tales condiciones, al no advertirse materia para suplir la queja deficiente, de acuerdo a lo establecido por la fracción III, inciso a), del artículo 79, de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 958/2017, promovido por Manuel Urbano Morales Vega, respecto de los actos y autoridades y por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Manuel Urbano Morales Vega, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA CITADA PARTE TERCERO INTERESADA EN CUMPLIM IENTO AL AUTO DE DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  4. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 958/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Manuel Urbano Morales Vega, por derecho propio, mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades (en su denominación correcta) y por los actos que a continuación se precisan:AUTORIDADES RESPONSABLES a).- Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, con domicilio en esta ciudad. b).- Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común especializado en delitos sexuales y violencia intrafamiliar del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad.ACTOS RECLAMADOS "a).- Resolución de fecha 05 cinco de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, en la cual se dicta auto de vinculación a proceso (.) por el delito de abuso sexual; b).- La negativa de la jueza responsable de proporcionar al suscrito copia simple de la pieza escritural, consistente en el auto de vinculación a proceso a costa del suscrito; c).- La formulación de imputación, realizada por el Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, del Distrito Judicial de Tabares en Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero, en fecha 05 de octubre del año 2017 dos mil diecisiete." SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, misma que quedó registrada bajo el número 958/2017; solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención legal que le compete; además se proveyó sobre el emplazamiento de la parte tercera interesada; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden su ámbito competencial. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama por esta instancia, lo siguiente: a).- Del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero: 1).- El auto de vinculación a proceso dictado el cinco de octubre de dos mil diecisiete dentro de la carpeta judicial C-76/2017 del índice del Juzgado de Control y de Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares; por el delito de abuso sexual cometido en agravio de la entonces menor de edad de identidad reservada (identificada con iniciales L.J.H.G); previsto en el artículo 180 del Código Penal del Estado de Guerrero. 2).- La determinación dictada en la propia audiencia de cinco de octubre de dos mil diecisiete, en la que se negó a la parte quejosa la expedición de copias simples de la versión escrita del auto de vinculación a proceso. b).- Del Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común especializado en delitos sexuales y violencia intrafamiliar del Distrito Judicial de Tabares: 3).- La formulación de la imputación que se efectuó en la audiencia de cinco de octubre del año próximo pasado. TERCERO. Oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. Si se considera que el quejoso fue notificado personalmente del acto reclamado el cinco de octubre de dos mil diecisiete, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del nueve al treinta de octubre del año próximo pasado, descontándose los días doce, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve por ser inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el veintiséis de octubre pasado, su presentación se califica oportuna pues fue realizada dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17, párrafo primero de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares y la Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común especializado en delitos sexuales y violencia intrafamiliar del Distrito Judicial de Tabares, residentes en esta ciudad, al rendir sus informes con justificación aceptaron el acto que a cada uno se les reclama, los cuales quedaron precisados en el considerando que antecede; lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su ordinal 2º. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la juez responsable consistentes en copia certificada de la carpeta judicial C-76/2017 (que constituye el tomo I de prueba), así como dos discos ópticos en formato de videograbación DVD, y la carpeta de investigación 12030270100368220317 (que constituye el tomo II de prueba), las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cabe precisar que los discos ópticos en formato de videograbación DVD de las audiencias orales y públicas celebradas en causas penales de corte acusatorio, acompañados por las autoridades judiciales responsables como anexos a su informe justificado, adquieren el carácter de documentales públicas lato sensu, para efectos de su valoración en el juicio de amparo y se tienen por desahogadas sin audiencia especial. QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia. Una vez verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia; en ese sentido, se advierte oficiosamente que respecto al acto precisado en el número 3), del considerando segundo que antecede, que se reclama del Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común especializado en delitos sexuales y violencia intrafamiliar del Distrito Judicial de Tabares, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio de garantías en contra de la formulación de la imputación que se le formuló en la diligencia de cinco de octubre de dos mil diecisiete. Para arribar a tal determinación, debe tenerse presente el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5º, de su Ley Reglamentaria, que en su orden, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". Las citadas disposiciones conforman el llamado interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causal de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Dicho precepto en lo que interesa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" Así, el interés jurídico reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular. Luego, para que proceda el juicio de garantías es necesario que la afectación del interés jurídico se concrete de manera cierta, directa y actual, pues se presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que se transgrede por una ley o acto de autoridad, de modo que, una persona tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional cuando el acto que reclame le causa un agravio personal y directo, que se entiende como todo menoscabo u ofensa a la persona, ya sea física o moral, el cual puede o no ser patrimonial, pero siempre apreciable objetivamente, es decir, real y no de carácter subjetivo o incierto. De igual modo, es importante destacar que el interés jurídico del quejoso es aquel con el que acredita la titularidad de los derechos que se ven afectados con motivo del acto reclamado; de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona diversa. Por consiguiente, cuando un acto autoritario no afecte los intereses jurídicos del quejoso, el amparo que contra éste se promueva será improcedente, según lo previene la fracción XII del numeral 61 de la ley aplicable en estudio. Ahora bien, se sostiene que el quejoso no acredita que el acto reclamado le causa agravio en virtud de que para acreditar la afectación al interés jurídico, se deben colmar ciertos requisitos, siendo éstos los siguientes: a) una persona determinada, b) un derecho legítimo de ésta, c) un acto de autoridad, y d) la afectación del citado derecho a través del acto autoritario. Precisado lo anterior, resulta que respecto del acto atribuido a la autoridad ministerial la parte quejosa no demostró tener un derecho legítimamente tutelado que haya sido lesionado, entendiéndose por lo primero como la existencia de una prerrogativa protegida por el ordenamiento legal objetivo. En efecto, la existencia de tal facultad en casos concretos como el que se analiza, no se deduce de la sola manifestación que en ese sentido haga quien se dice titular de él, sino que requiere de elementos objetivos aptos para acreditar tal extremo, los cuales deberán ser reconocidos por el propio sistema jurídico. Luego, en el caso, no puede soslayarse que la formulación de la imputación sólo constituye una petición que efectúa la autoridad ministerial dentro del sistema penal acusatorio, pero corresponde al juez de la causa resolver sobre las consecuencias jurídicas que pueda traer el ejercicio de la acción penal, pues la autoridad judicial determinará si se vincula a proceso al imputado y en su caso, la medida cautelar que corresponda; por lo que no se afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, máxime que ese proceder se encuentra previsto como una facultad que se le confiere al Ministerio Público por disposición del artículo 21 Constitucional. Es aplicable la tesis aislada II.2o.P.50 P (10a.) que integró el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 2497, del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. La representación social puede solicitar la orden de aprehensión o citación, pero contra tal acto, el amparo es improcedente, porque si bien el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o, en su caso, una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde la Octava Época, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no acontece al tratarse de solicitudes ante el órgano judicial respectivo. Por tanto, resulta igualmente improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación previa o carpeta de investigación, y ejercita la acción penal, pues es al Juez del proceso a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, y consiste en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, como la consignación en sí y solicitar la orden de aprehensión o petición correspondiente; todo lo cual no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectar el interés jurídico del quejoso, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a una investigación judicializada, máxime que en este último caso, conforme al sistema acusatorio, el Ministerio Público, en cuanto a dicha solicitud, pierde, incluso, el carácter de autoridad, el juicio de amparo es improcedente." De ese modo, se concluye que los actos realizados por el Ministerio Público relativos a su actuación dentro de la audiencia de formulación de la imputación en una carpeta judicial no pueden producir agravio personal y directo en contra de la parte quejosa, ni lesiona su interés jurídico, porque los particulares carecen de facultades legales para evitar la investigación de un delito, se reitera, por ser una facultad constitucional del Ministerio Público, lo que lleva implícito que dicha institución estadual acuda ante la autoridad judicial a formular la imputación al imputado. Por otro lado, en lo que corresponde al acto reclamado a la autoridad judicial responsable consistente en la determinación dictada en la propia audiencia de cinco de octubre de dos mil diecisiete, por la que se le negó a la parte quejosa la expedición de copias simples de la versión escrita del auto de vinculación a proceso, oficiosamente se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente. Para arribar a tal conclusión, se tiene que la porción normativa invocada dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" El dispositivo apuntado contempla el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. En efecto, el principio de definitividad consiste en la obligación del particular de agotar los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. La falta de cumplimiento de esa obligación trae como consecuencia su improcedencia. Asimismo, es de precisar que tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado, y sea el idóneo para producir los efectos ya mencionados. No obstante, dicho principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral 63, en su fracción XVIII, describe: "(.) a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Luego, la determinación de referencia atinente a la negativa de expedición de copias simples del auto de vinculación a proceso en su versión escrita, habida cuenta que se autorizó la expedición del audio y video del registro de la audiencia en que se dictó el auto de plazo constitucional, constituye una determinación de mero trámite. Ahora bien, para estar en aptitud de verificar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene tener presente el contenido del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra señala: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." De la redacción del precepto legal invocado, se obtiene precisamente que el recurso de revocación previsto en la legislación adjetiva en cita tiene por objeto que la autoridad que dicte una determinación de mero trámite, la examine nuevamente y resuelva lo que corresponda. Por tanto, el citado numeral concede la posibilidad de que la determinación reclamada en la presente instancia constitucional, sea impugnada mediante recurso de revocación, porque expresamente la legislación en cita prevé su procedencia contra determinaciones de mero trámite; consecuentemente, la determinación adoptada en la audiencia de cinco de octubre pasado relativa a la negativa de expedir copias simples de la pieza escritural del auto de vinculación es susceptible de impugnarse mediante el recurso en comento. Por tanto, el quejoso previamente a promover el juicio de garantías debió observar el medio de impugnación aludido ante el mismo juez responsable, y al no hacerlo incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo, máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, en primera porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, dado el carácter de imputado que le asiste en la instancia de donde deriva el acto reclamado, aunado a que la determinación reclamada no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal derivado de un procedimiento penal. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el ahora agraviado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Mayo de 2002, página 902, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Bajo ese contexto, dado que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, se decreta el sobreseimiento en el juicio por lo que ve al acto descrito en el punto 2), del considerando segundo que antecede, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. Las partes legitimadas en el presente juicio de garantías no alegan causas de improcedencia, ni oficiosamente se advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación, los cuales de ser procedente, serán suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para estar en aptitud de dilucidar sobre el particular, es conveniente enfatizar que el acto que por esta vía se reclama, fue emitido bajo el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral; de ahí que su análisis constitucional se emprenderá al tenor de los artículos 19 y 20, de la Constitución Federal, resulta necesario hacer una breve exposición de las características y fundamentos del sistema procesal penal acusatorio y oral que establece el artículo 20, de la Constitución Federal, a partir de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho, en cuyo primer párrafo establece: "Artículo 20 El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.". En principio se tiene que la oralidad es una característica que constituye el gran cambio en el procedimiento, que permite actualizar y dar eficacia a los principios de contradicción, inmediación y publicidad. La publicidad se traduce en el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. De acuerdo a lo establecido en la fracción V, del apartado B, del citado precepto constitucional, ésta sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Los principios de inmediación y contradicción, consagran en favor de las partes procesales el derecho a tener desde el inicio de la investigación, acceso directo a todos las datos que obran en el legajo o carpeta relativos a la investigación que lleva el Ministerio Público (exceptuándose los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública -la que se desarrollará en presencia del juez de control o juez de garantía- en la que se incorporen y desahoguen los mismos, presentando en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; controvertirlos o bien hacer las aclaraciones que estimen pertinentes. En este aspecto, la oralidad se constituye en instrumento de relevancia primordial que obliga a todas las partes procesales a estar presentes en las audiencias, pues el juzgador debe escuchar en forma directa; es decir, el juez tendrá conocimiento simultáneamente y con igual fuerza, de teorías del caso, que podrán ser completamente contradictorias, cuyo debate permitirá el acceso directo a los medios de convicción. En ningún caso el juez de control podrá delegar su función en persona alguna. La concentración tiene como finalidad lograr que se desarrollen las audiencias en un mismo día o bien de forma consecutiva, de ser el caso, a fin de que el mayor número de cuestiones se resuelvan en un menor número de actuaciones. La continuidad se refiere a limitar las interrupciones del proceso, en una audiencia que será continua, sucesiva y secuencial. De lo anterior se advierte que uno de los principales objetivos de la citada reforma, consiste en lograr que la decisión de un procedimiento penal sea imparcial y completamente informada, partiendo en principio de que el encargado de tomar tales decisiones sea neutral y pasivo, al tener solamente la responsabilidad de considerar los argumentos en que se sustente la hipótesis a demostrar y los datos de investigación aportados por el Ministerio Público o los datos que ofrezca el imputado y su defensor, con los que pretendan hacerlo; y con base en ello, resolver el caso; dejando a las partes contendientes en el proceso el desarrollo de un papel más activo, al ser éstos los encargados de explicar y emitir las conclusiones de sus posturas, apoyados en los elementos en los que se va a basar la teoría del caso; ello a través de un procedimiento concentrado, ininterrumpido y diseñado para poner énfasis en los argumentos y en el choque de pruebas contrarias presentados por las partes en la audiencia respectiva, por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos y exista la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión. De tal guisa, para efectos de la presente resolución se considera necesario destacar que la adopción de un modelo de corte acusatorio adversarial, implicó necesariamente la extinción y modificación de reglas procesales de peso en virtud de la diferenciación entre función requirente y decisoria; exige entonces, un acusador que realice su actividad de persecución penal guiado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación (orientaciones de política criminal concretizadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales). Esta actividad, además, la efectuará en un escenario procesal que opera bajo reglas diferentes, con distintos órganos (juez de control, juez de juicio oral y juez de ejecución de penas) y en diferentes etapas, a saber: I. Etapa de investigación; es un período preparatorio en el que el fiscal recaba datos de prueba a fin de esclarecer los hechos y conocer si existe fundamento para iniciar un juicio contra una persona, misma que a su vez se divide en: Investigación inicial, inicia con la noticia criminal a través de la presentación de la denuncia, querella o requisito equivalente y se encuentra a cargo del Ministerio Público y de los cuerpos policiacos a su cargo; y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule la imputación, pues es en esta etapa en donde se realiza el control de la detención. En ese escenario, es en esta etapa de investigación, en la que, si se da el supuesto de encontrarse una persona detenida, el Juez de control debe resolver: a) La legalidad de la detención, b) La formulación de la imputación, c) La solicitud de auto de vinculación a proceso y, en su caso, d) La solicitud de medida cautelar. Investigación complementaria, comprende desde la formulación de imputación y se agota hasta el cierre de investigación, misma que tiene por objeto reunir todos los datos de prueba para que el fiscal se encuentre en aptitud de determinar si formula acusación contra el imputado o no. II. Etapa Intermedia o preparación del juicio, que comprende dos fases: una escrita y una oral. El objeto de esta etapa se centra en la depuración de los hechos por medio de los acuerdos probatorios y la admisión de los medios de prueba, que también serán depurados por las partes a través de la exclusión de las pruebas. La primera fase iniciará con la presentación del escrito de acusación que formule el Ministerio Público y la segunda con la celebración de la audiencia intermedia y finalizará con el auto de apertura a juicio oral. III. Etapa de juicio oral será presidida por tres jueces de juicio oral, que serán diversos a los jueces de control que intervinieron en las etapas de investigación e intermedia. Ellos, una vez escuchados los alegatos, expuestas las respectivas teorías del caso y el desahogo de todo el caudal probatorio, determinarán el fondo al emitir un fallo de culpabilidad o inocencia y determinar la sanción penal o medida de seguridad a aplicar. En ese tenor, en la etapa que aquí interesa, que atiende a la decisión de la vinculación al proceso del inculpado, el Juez de control lleva a cabo el ejercicio de ponderación, por ser quien tiene contacto directo con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación. En la misma línea explicativa, es importante decir que el auto de vinculación a proceso, se encuentra regulado en el artículo 19, de la Constitución Federal, que revela no sólo la modificación en la denominación del auto de formal prisión, sino un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. Dicho numeral, señala: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. (.)" De la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Luego, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantías a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [artículo 20 Constitucional]). Así, en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos de prueba; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control debe analizar y resolver, únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Al respecto, cabe señalar que los requisitos que deben colmarse para el dictado del auto de vinculación, de acuerdo a los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales son los siguientes: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Aunado a lo anterior, debe agregarse que como todo acto de autoridad, además de ajustarse a las premisas legales anteriores, el auto de vinculación a proceso debe cumplir además con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." En esa tesitura, de las disposiciones constitucionales y legales previamente explicadas, se tiene que para dictar un auto de vinculación a proceso deben cumplirse requisitos, tanto de forma como de fondo. Dichas exigencias consisten en: A. Requisitos formales: Debe ser emitido por autoridad judicial competente. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede ampliar a petición del imputado. Que se haya formulado imputación. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el hecho con apariencia de delito que se le imputa, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo; y, B. Requisitos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; Así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. En conclusión, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, el juez sólo debe constatar que a) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; b) la ley señale como delito a ese hecho; y, c) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, pues atendiendo a la nueva redacción del artículo 19 Constitucional, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal; es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos, la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión, y los datos de prueba que los establezcan. Para ello, el Juez de Garantías debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 35/2017, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de seis de abril de dos mil diecisiete, cuyo rubro y texto exponen lo siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí - como sucede en el sistema mixto -, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En esa premisa, se estima que la técnica correcta para analizar en el juicio de amparo, la constitucionalidad de un auto de vinculación a proceso emitido bajo las reglas del Sistema Penal Acusatorio vigente, se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad de ese acto emitido oralmente durante la audiencia; sin que sea dable sustituir al juez de la causa en el ejercicio de ponderación de pruebas, so pena de trastocar el principio de inmediación; menos aún analizar oficiosamente todo lo acontecido en la audiencia inicial, como la competencia, la calificación de la detención, las medidas cautelares o el cierre del plazo de la investigación complementaria, si éstas no se reclamaron de manera destacada, porque su estudio oficioso contravendría los principios de contradicción e inmediación. Apoya la postura que antecede, la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 986, Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro: 2014769 que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino basta con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; luego, si "la oralidad" constituye el instrumento que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, es incuestionable que los juzgadores deben dirimir verbalmente los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en la audiencia respectiva, fundada y motivadamente, el sentido de sus resoluciones, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la videograbación en la que se registra el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto aludido; de ahí que si éste se reclama en el juicio de amparo indirecto, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; por consiguiente, el ejercicio de ponderación corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación; no así al órgano de control constitucional, toda vez que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado." También, la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2620, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2013913, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI ÉSTE SÓLO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, NO DEBE ANALIZARSE DE OFICIO TODO LO ACONTECIDO EN LA AUDIENCIA INICIAL, COMO LA COMPETENCIA, LA CALIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN, LAS MEDIDAS CAUTELARES O EL CIERRE DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA, AL TENER FINALIDADES DISTINTAS, A MENOS QUE SE SEÑALEN COMO ACTOS DESTACADOS. El auto de vinculación a proceso es la judicialización y continuación del proceso con el imputado formalmente sujetado o sometido a éste, al existir datos de prueba que permiten presumir la existencia de un hecho delictuoso, así como su probable intervención. Es decir, es el procedimiento que realiza el órgano jurisdiccional a fin de resolver, en audiencia, la situación jurídica del imputado, en función a los datos de prueba existentes, y para dictarlo deben atenderse los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en que: i) se haya formulado imputación; ii) se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar; iii) se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, iv) no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por tanto, cuando únicamente se reclama en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso, no debe analizarse de oficio todo lo acontecido en la audiencia inicial, como lo pronunciado en cuanto a la competencia, la calificación de la detención, las medidas cautelares o el cierre del plazo de la investigación complementaria, al ser actos que tienen finalidades distintas, a menos que se señalen como actos destacados." Establecido lo anterior, procede analizar la resolución dictada el cinco de octubre de dos mil diecisiete, por la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal adscrita al Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, dentro de la carpeta judicial C-76/2017, en la que dictó contra el aquí quejoso Manuel Urbano Morales Vega, auto de vinculación a proceso por los hechos que la ley señala como delito. Así, de las constancias y videograbación remitidas por la responsable, se advierte que, en primer término, el acto reclamado fue emitido por una autoridad judicial que en el caso, lo es el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal adscrita al Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco; con lo que se satisface el primer requisito. Por lo que al segundo aspecto formal, consistente en que el auto de plazo constitucional se pronuncie dentro del plazo de setenta y dos horas, o dentro de ese plazo duplicado y en audiencia pública, éste se encuentra satisfecho, ya que, una vez que el juez de control responsable preguntó al imputado en qué plazo quería que se resolviera su situación jurídica, esto es, en ese momento, o bien dentro de las setenta y dos horas o de las ciento cuarenta y cuatro que marca la ley como plazo duplicado, el imputado solicitó que en esa misma audiencia se emitiera el auto de plazo constitucional, lo que además manifestó previa consulta con su defensa. Respecto al tercer, cuarto, quinto y sexto de los requisitos mencionados, éstos se encuentra inmerso en la propia audiencia de formulación de imputación de cinco de octubre de dos mil diecisiete, en la que en uso de la palabra y, de conformidad con el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público, en presencia del juez de control, comunicó al imputado que se le seguía una investigación en su contra, por su probable intervención en el hecho delictuoso de ABUSO SEXUAL, cometido en agravio de la menor de identidad reservada con iniciales L.J.H.G; hecho previsto y sancionado por el artículo 180 del Código Penal vigente en el Estado de Guerrero; relato en el que la representación social ponderó el lugar, tiempo y circunstancias de la ejecución del evento delictuoso, esto es, el auto de vinculación a proceso se dictó por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación y el Juez de Control expresó los hechos delictuosos que se le imputaron al aquí quejoso y las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo, como se verá a continuación. Además, en la aludida audiencia se preguntó al imputado si era su deseo declarar en torno a la formulación de la imputación, a lo que asintió previa consulta con su defensa; momento en el que incluso la juez responsable le informó los alcances y mecánica de dicho pronunciamiento, sobre lo cual optó por declarar a preguntas expresas de su defensor particular, lo que pone de relieve el cumplimiento del cuarto requisito formal. Explicado lo anterior, se procede a examinar el asunto a la luz de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, los cuales se analizaran conjuntamente con la constatación de los requisitos de fondo por encontrarse estrechamente relacionados con los mismos, sin que haya obligación de realizar una cita literal de los mismos, toda vez que no existe en la Ley de Amparo precepto alguno que lo exija. En ese sentido, el quejoso Manuel Urbano Morales Vega, esencialmente sostiene que el auto de vinculación a proceso reclamado transgrede en su perjuicio sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque: 1. El quejoso no tuvo oportunidad de comparecer ante la autoridad ministerial a efecto de se le hiciera saber el contenido de la denuncia efectuada en su contra; y en su caso, ofrecer pruebas, pues inclusive las diligencias ministeriales se realizaron en una entidad federativa distinta a la en que tiene su domicilio; a partir de lo cual no tuvo el tiempo necesario para ofrecer pruebas y desvirtuar los hechos que se le imputan, habida cuenta que se le corrió traslado con la carpeta de investigación antes de que tuviera verificativo la audiencia inicial; no obstante que se le había citado en tres ocasiones anteriores para la celebración de la audiencia de referencia, pero sin tener acceso a la carpeta de mérito. 2. Que la autoridad ministerial realizó diversas diligencias aun y cuando ello fue en atención a lo peticionado por la denunciante no así por la víctima que en ese momento ya había adquirido la mayoría de edad, aunado a que ya se había señalado fecha para que tuviera lugar la audiencia inicial. 3. La autoridad judicial responsable dejó de valorar la totalidad de las pruebas que obran en la carpeta de investigación, con las cuales no se acredita la materialidad de la conducta que la ley señala como delito de abuso sexual ni la probabilidad de su participación, pues para ello le bastó el dicho aislado de la víctima. 4. Aunado a lo anterior, la juez responsable no se pronunció objetivamente si el resultado de las pruebas allegadas eran aptas para dictar el auto de vinculación a proceso, pues a la denunciante no le constan los hechos sujetos a debate, porque de la propia narración se obtiene que supo de los hechos por conocimiento de una tercera persona; las versiones que se allegaron relativas a las entrevistas de la denunciante y la menor de edad son inverosímiles, ambiguas y tampoco se tomó en consideración el modo de vida disfuncional que han llevado en su contexto familiar; la inspección ocular del lugar señalado como en el que se verificaron los hechos, se soslayó que el personal actuante no ingresó al domicilio porque el personal de seguridad no se lo permitieron, por lo que ese medio de prueba no logró su objetivo; no se analizó el resultado de la primera prueba pericial en materia de psicología que se le realizó a la víctima. Ahora bien, para dilucidar sobre lo fundado o no de los motivos de disenso, debe tenerse en consideración en primer término, que ninguno de los preceptos constitucionales invocados con antelación, se advierte que el legislador hubiera estipulado en favor del imputado, la obligación de la autoridad ministerial de hacerlo comparecer a efecto de que "éste en posibilidad de aportar pruebas y formular alegatos", durante la integración de la averiguación previa en su etapa inicial o desformalizada, como una formalidad esencial del procedimiento, habida cuenta que si bien todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; no puede soslayarse que cuando el acto de autoridad es un auto de vinculación a proceso no se exige la verificación de tal extremo; lo que pone de relieve que el motivo de disenso reseñado en primer término resulta infundado. En esa mismo orden de ideas, como lo expuso la juez responsable, la investigación de los delitos constituye una facultad de la autoridad ministerial de modo que no es jurídicamente factible estimar como una violación procesal, la circunstancia de que aquel órgano del Estado continuara recabando datos de prueba con miras a introducirlos en la audiencia de formulación de la imputación, aun y cuando dicha diligencia ya se hubiere programado, ni tampoco que ello obedeciera a la petición de la denunciante y no de la propia víctima que ya había adquirido la mayoría de edad. Lo anterior, partiendo del hecho de que en la audiencia de formulación de la imputación quedó acreditado que a la defensa del imputado se le corrió traslado con la carpeta de investigación, y en ningún momento de la diligencia solicitó hacer un receso o que se difiriera a efecto de que pudiera imponer de su contenido con motivo de datos de prueba novedosos, máxime que tampoco argumentó tener impedimento alguno para imponerse de la misma con antelación a la citada diligencia. Ese extremo fue explicado además por la juez de la causa como una consideración previa a la emisión del auto de vinculación a proceso, sin que se haya expuesto motivo de disenso alguno sobre lo explicado en la audiencia de cinco de octubre de dos mil diecisiete, pues incluso la juez responsable le hizo ver que había tenido acceso a la carpeta de investigación dado lo que al efecto señaló el quejoso al haber acudido ante la autoridad ministerial a rendir su respectiva declaración. Lo expuesto con anterioridad da cuenta de que el segundo concepto de violación resulta infundado. Por otro lado, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, debe atenderse a lo previsto en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual, el Juez de Control debe analizar y resolver, únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en la propia audiencia. Además, es menester para el juez primario atender al contenido del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone lo siguiente: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación." En el entendido que el dato de prueba debe reunir las características de idoneidad (adecuado y apropiado), pertinencia (conducente o concerniente), y suficiencia (bastante). Siguiendo ese aspecto en el estudio de los requisitos de fondo, es pertinente manifestar que el auto de vinculación a proceso se dictó únicamente con base en la información proporcionada por el Ministerio Público derivada de la investigación realizada, que el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal adscrita al Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, consideró como datos suficientes que establecen que se cometieron los hechos con apariencia del delito de abuso sexual previsto y sancionado por el artículo 180 del Código Penal vigente en el Estado de Guerrero. La anterior consideración encuentra apoyo en el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, el uno de febrero de dos mil diecisiete, que integró la jurisprudencia 1.a./J.35/2017 (10a.), del rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL), transcrita en párrafos que anteceden. En ese contexto, se estima que el auto de vinculación a proceso cumple con los parámetros constitucionales y legales, previstos en el artículo 19 constitucional, 311 al 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se advierte la existencia de la probable participación en los hechos que la ley señala como delito imputado al quejoso, dado que en la audiencia de formulación de la imputación la representación social, hizo del conocimiento del imputado, la formulación de la imputación con base en los datos de prueba y que consisten esencialmente en las entrevistas que se efectuaron a la menor de identidad reservada con iniciales L.J.H.G; de María Teresa García Bustamante, así como de Socorro García Bustamante, estas últimas madre y tía de la víctima, respectivamente; y con los dictámenes periciales de integridad física y lesiones, edad clínica probable, examen ginecológico, examen proctológico, peso talla, así como en materia de psicología, ambos de diez de febrero de dos mil diecisiete, emitidos por los peritos oficiales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y en materia de psicología emitido por la experta adscrita a la Fiscalía General del Estado el tres de octubre de dos mil diecisiete. Datos de prueba respecto de los cuales la juez de control señalada como responsable, adecuadamente señaló que se acreditaba el hecho que la ley señala como delito, así como que probablemente participó en su comisión. Ello, en virtud de que como bien lo precisó el fiscal y validó el Juez de Control, con base fundamental en las entrevistas de mérito, particularmente con el dicho de la menor a la que se otorgó especial relevancia dado que lo narrado por la víctima revela que el hecho ocurrió a altas horas de la madrugada (cuatro horas, aproximadamente), al interior del domicilio que ocupaban la pasivo y el activo el siete de octubre de dos mil diecisiete, específicamente en el departamento 3-E, del conjunto condominal conocido como "Marina Diamante", propiedad de un familiar del quejoso; extremo que jamás fue controvertido pues incluso el quejoso al hacer uso de la voz con motivo de su manifestación de declarar a preguntas directas de su defensor particular, refirió que efectivamente se trasladó de la Ciudad de México a esta ciudad únicamente con la pasivo a pasar unos días de vacaciones. De igual modo, se destaca que durante la exposición que efectuó el ministerio público, no soslayó la conclusión alcanzada inicialmente por la perito que examinó a la menor de identidad reservada con iniciales L.J.H.G en el sentido de que no se detectaron alteraciones psicológicas como consecuencia de una agresión sexual, ello a pesar de que vertió frases que daban cuenta de un estado emocional alterado, pero posteriormente una experta en esa materia distinta alcanzó una conclusión diferente en ese sentido. Lo anterior se advierte irrelevante para demeritar la conclusión expuesta por la juez de la causa al otorgar eficacia al dato de prueba en la que fundó el sentido de su decisión, habida cuenta que el daño psicoemocional no constituye un elemento necesario para demostrar en el plano de lo probable, la actualización del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, de ahí que ese aspecto no reste credibilidad al dicho de la menor. Mas aun, como lo explicó la autoridad judicial responsable, ello en todo caso será objeto de análisis durante el desahogo de la prueba en la etapa de juicio, en tanto que en esa fase procesal en la que el estándar probatorio resulta ser menos rigorista, la credibilidad objetiva del dicho de la víctima se robustece con la forma en la que los demás testigos circunstanciales adujeron que tuvieron noticia del hecho que sólo presenció la menor de identidad reservada con iniciales L.J.H.G. En ese misma línea de pensamiento, aun y cuando la defensa del inculpado hizo valer la circunstancia de que la inspección ocular sólo se realizó desde fuera del domicilio donde tuvo lugar el hecho que se le imputa, resulta irrelevante tal circunstancia si se toma de referencia que no se controvirtió la existencia o identidad del inmueble de que se trata, en tanto que tampoco restan veracidad al dicho de la víctima las circunstancias aducidas sobre la posibilidad de que podía solicitar el auxilio del personal de vigilancia de la unidad condominal en cita. Lo anterior se estima así, sobre la base de que los datos aportados por la víctima en torno a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, dan cuenta de que es más probable que a pesar de la conciencia de que hay personal de seguridad, dada la hora y sitio en que aconteció el hecho, esto es, a las cuatro de la mañana dentro de un domicilio particular; y sobre todo, en virtud de la magnitud del evento que sólo consistió en un beso en el cuello, un abrazo sobre la cintura mientras estaban acostados en la misma cama, y el frotamiento de su miembro viril sobre los glúteos de la víctima por espacio de dos segundos, por haber quedado el activo detrás de la víctima, la víctima no pidiera ayuda, tan es así que refirió haberle contado a un amigo con el que tenía confianza lo sucedido, no así a su propia familia por vergüenza. Así, a la luz de lo narrado por el Ministerio Público atinente a la entrevista que se realizó a la víctima, obtuvo que el día de los hechos el quejoso realizó actos sexuales sobre la víctima porque de dicha narrativa se derivaba que Manuel Urbano Morales Vega besó en primer término el cuello de la menor de identidad reservada con iniciales L.J.H.G, mientras que ella dormía, además de que frotó su miembro viril en los glúteos de la pasivo; lo que tuvo lugar el siete de febrero de dos mil diecisiete. De ese modo, se está ante la presencia de un hecho en el que preliminarmente puede apreciarse la pretensión de no llegar a la cópula, sino la ejecución de un acto sexual, entendido como un tocamiento corporal, como lo es el besar por el cuello, abrazar por la parte de atrás por la cintura a la menor de identidad reservada con iniciales L.J.H.G, y frotar el miembro viril sobre sus glúteos, sin el consentimiento de la pasivo en virtud de la indisponibilidad del bien jurídico tutelado dada la minoría de edad de la víctima, de ahí que resulte irrelevante la circunstancia aducida por el quejoso en torno a que expuso que el contexto familiar en el que se ha desarrollado la pasivo es disfuncional, pues de aceptarse tal afirmación, se arribaría al absurdo de imputar a la propia menor de edad el resultado del hecho que la ley señala como delito, lo que implicaría revictimizarla. Lo expuesto con antelación revela que los motivos de disenso sintetizados en los puntos tres y cuatro también resultan infundados. Por lo expuesto, se estima que en el caso a estudio, se actualizaron los supuestos de los artículos 16 y 19, de la Constitución Federal, 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en la audiencia de vinculación a proceso realizada el cinco de octubre de dos mil diecisiete, se expresaron los datos de prueba recabados por la representación social, mismos que resultaron suficientes para acreditar la existencia del hecho con apariencia de delito ya señalado. Por ello, se determina que conforme a la videograbación en la que se registró el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto aludido, el ejercicio de ponderación que realizó la Juez de Control, a quien correspondió tener contacto directo con los datos de prueba, que le fueron anunciados satisface la legalidad hasta donde este órgano de control constitucional le compete apreciar, puesto que fueron idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel. (Visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias (Constitucional, Penal), de número de registro 2015127) Debiendo destacar, la naturaleza de tal determinación, en cuanto a que sólo fija la materia sobre la que versará la investigación de un hecho o hechos señalados como delito y será en etapas subsecuentes donde se podrá discutir sobre la suficiencia o insuficiencia del material probatorio, que se podrá desahogar ante el juez de juicio oral. Luego entonces, como se adelantó, hasta este momento procesal, el examen conjunto de los datos de prueba que existen; resultan suficientes y jurídicamente eficaces para establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe probabilidad de que el quejoso intervino en su comisión; que justifica la emisión de un auto de vinculación a proceso, ya que no está sujeto a controversia la presencia concomitante del quejoso y la menor de identidad reservada con iniciales L.J.H.G, dentro del departamento 3-E, del conjunto condominal conocido como "Marina Diamante", el día siete de febrero de dos mil diecisiete, cuando la pasivo señaló que el activo ejecutó un acto sexual sobre su persona, esto es, que al encontrarse dormidos en la misma habitación de dicho domicilio pero diferente cama, aproximadamente a las tres de la mañana Manuel Urbano Morales Vega se pasó a dormir a la misma cama, quedando de espaldas, sin embargo, aproximadamente a las cuatro de la mañana sintió que el imputado la besó en el cuello por lo que la víctima se movió, cuando sintió que el activo se volteó para quedar justo por detrás de su persona y la abrazó por la cintura con sus dos manos jalándola hacia el quejoso, quien le frotó su miembro viril en los glúteos de la pasivo por espacio de dos segundos, motivo por el cual esta última se levantó y se fue a dormir a la otra cama. De lo anterior, puede advertirse que adecuadamente el juez responsable con base en los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, la cual tuvieron a su disposición el agente Ministerio Público, como la defensa particular de este, es que el juez de control, pudo constatar la existencia de un hecho considerado por la ley como delito, en la especie, abuso sexual, probablemente cometido por el imputado; ello sin soslayar que la juez responsable no estimó en el dictado de su resolución los hechos narrados por el ministerio público acontecidos el ocho de octubre de dos mil diecisiete, al estimar que los mismos no se encuadraron adecuadamente al artículo 180 del Código Penal del Estado de Guerrero. Aunado a lo anterior, como lo explicó la juez responsable tanto al imputado como a su defensa, no era jurídicamente factible a la luz de los principios que rigen el proceso penal acusatorio, que la autoridad judicial comparara el contenido de las distintas entrevistas suscitadas recabadas a la menor de identidad reservada con iniciales L.J.H.G, como a la denunciante María Teresa García Bustamante, y que obran en la capeta de investigación ni tampoco la defensa hizo valer aquella circunstancia con el objeto de que la autoridad judicial responsable ponderara tales imprecisiones dentro del ejercicio de ponderación del hecho que la ley señala como delito y el dato de prueba que se estimó idóneo para ello. Resulta ilustrativo en lo conducente, por las razones que lo integran, la tesis XV.3o.6 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 39, febrero de 2017, tomo III, página 2167) Además, lo infundado del argumento hecho valer por el peticionario del amparo en los incisos 3 y 4, deviene que de conformidad con el artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, para dictar un auto de vinculación a proceso solamente es necesario 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, por lo que ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito. De ahí que la norma constitucional vigente ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Motivo por el cual, el juez de control responsable no puede emitir una valoración de fondo en cuanto a los datos de prueba recabados en esa etapa procesal, ya que será en la audiencia de juicio, donde las partes desarrollen con base en las pruebas admitidas su teoría del caso y el juez de valor a las pruebas admitidas, con base en los principios de inmediación y contradicción entre las partes. Orienta a lo anterior la tesis I.7o.P.83 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino basta con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; luego, si "la oralidad" constituye el instrumento que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, es incuestionable que los juzgadores deben dirimir verbalmente los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en la audiencia respectiva, fundada y motivadamente, el sentido de sus resoluciones, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la videograbación en la que se registra el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto aludido; de ahí que si éste se reclama en el juicio de amparo indirecto, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; por consiguiente, el ejercicio de ponderación corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación; no así al órgano de control constitucional, toda vez que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, Materia Común, Página 986) Además, la diversa la tesis XXIII.10 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Materia Penal, Página 2168) Además en todo caso, si bien en cierto que el principio de presunción de inocencia es derrotable por el agente del Ministerio Público, lo cierto es que el estándar probatorio que ahora se exige para el dictado de una resolución como la que ahora nos ocupa, es mínimo y para poder considerar que hay datos de prueba de cargo suficientes para enervar de manera probable la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que los datos de prueba de cargo desvirtúen -de manera probable-, la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio, lo que en el caso aconteció tal y como ha quedado plasmado en párrafos precedentes; de ahí lo infundado del concepto de violación. En las relatadas condiciones, a juicio de quien aquí resuelve, el auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso, no es violatorio de sus derechos humanos, ya que se ajusta al estándar constitucional previsto en los artículos 16, 19 y 20 de nuestra Carta Magna, como quedó evidenciado en párrafos precedentes Orienta a lo anterior tesis XVII.1o.P.A.31 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR POR EL TRIBUNAL DE AMPARO, EN RELACIÓN CON LOS ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN COMO CANON DE CONTROL DE SU LEGALIDAD. Como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso, es procedente aplicar por el tribunal de amparo, el siguiente test de racionalidad en relación con los antecedentes de investigación: En la premisa fáctica requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis: La existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Los enunciados o "datos" que integran la hipótesis; b) La verificabilidad de los enunciados; y, c) La aceptación o rechazo de la hipótesis." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Materia Común, Página 2632) Sin que, quien ahora resuelve, como se indicó, se encuentre constreñido analizar de oficio todo lo acontecido en la audiencia inicial, como la competencia, las medidas cautelares o el cierre del plazo de la investigación complementaria, al tener finalidades distintas, cada una de ellas, respecto de las cuales no se formularon conceptos de violación, ni fueron señalados como actos destacados en el presente sumario. En tales condiciones, al no advertirse materia para suplir la queja deficiente, de acuerdo a lo establecido por la fracción III, inciso a), del artículo 79, de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 958/2017, promovido por Manuel Urbano Morales Vega, respecto de los actos y autoridades y por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Manuel Urbano Morales Vega, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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