Manuel Ulises Ávila Bravo

Expediente 9/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
9/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Manuel Ulises Ávila Bravo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días para interponer recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, se ordena su archivo. ... se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que los quejosos manifestaron ante la autoridad responsable que era su deseo regresar a su país de origen lo más pronto posible y la autoridad responsable dictó una resolución que notificó mediante oficios 8157/2022 y 8158/2022 dirigidos a los quejosos ******************** y ********************viuda de ******************** identificado como "Notificación de oficio de salida definitiva del país", por lo que ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De la lectura de la disposición legal transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa reclama la detención, privación de la libertad, incomunicación, expulsión, deportación, omisión de las responsables de proporcionar información de derecho a solicitar el reconocimiento de condición de refugiado y otorgamiento de protección complementaria consistente en no devolverlo al territorio de otro país. Por su parte, de las copias certificadas de los expedientes de los procedimientos administrativos migratorios ******************** y ********************, respectivamente, se advierte que, mediante comparecencia ante la autoridad responsable, los hoy quejosos manifestaron que les habían explicado sus derechos a solicitar la regularización de su situación migratoria, apegarse al beneficio de un retorno asistido, pedir asistencia legal de un abogado, información sobre ayuda de refugiados y que entendieron sus derechos, señalando los quejosos que sólo querían regresar a su país lo más pronto posible y agregaron que en todo momento la autoridad migratoria les respetó sus derechos humanos. Luego, el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós la autoridad responsable emitió resolución en la que determinó que en un plazo máximo de veinte días naturales debían abandonar el territorio mexicano, por lo que les notificó en ese mismo día los oficios 8157/2022 y 8158/2022 identificados como "Notificación de oficio de salida definitiva del país". Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia, pues si bien es cierto que a la presentación de la demanda de amparo -cuatro de enero de dos mil veintitrés-, la parte quejosa reclamó que se encontraba detenida, privada de la libertad, incomunicada y que no se le había informado sobre sus derechos, tal afectación a la esfera jurídica del gobernado cesó una vez que los quejosos, en su comparecencia ante la responsable, manifestaron que se les habían señalados sus derechos y la autoridad responsable tomó en consideración dichas manifestaciones para el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, dictar resolución en los procedimientos administrativos migratorios ******************** y ********************, en la que determinó la salida definitiva del país de los hoy quejosos, de modo que todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ******************** y ******************** ********************, en favor de ******************** y ********************viuda de ********************.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio y anexos remitidos por el Subrepresentante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación con sede en esta ciudad, mediante el cual exhibe copia certificada del procedimiento administrativo migratorio, del que destaca el "oficio de salida definitiva del país" de la parte quejosa ******************** y ********************viuda de********************, de las cuales se obtiene que los aquí quejosos abandonaron las instalaciones de la estación migratoria de esta ciudad el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós; documentales que se tienen por ofrecidas como prueba de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Comisionado de dicho Instituto, con sede en Ciudad de México, mediante el cual manifiesta que ******************** y ******************** fueron presentados en la Estación Migratoria de Mexicali, Baja California y se les otorgó salida definitiva del país en veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase al Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, para que dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación, remita las constancias relativas al procedimiento administrativo migratorio correspondiente a los directos quejosos mencionados en el párrafo que antecede, bajo apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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