Manuel Trujillo Hernández

Expediente 20/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
20/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Manuel Trujillo Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintidós. SE AUTORIZAN COPIAS Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público adscrito, atento a su contenido, expídase al promovente copia de las constancias que solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, lo anterior para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. En relación con el original y duplicado del incidente, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva solicitadas, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del Acuerdo en mención, destrúyanse los mismos; el original transcurridos tres años, y el duplicado seis meses del periodo de conservación, ambos dentro de los treinta días siguientes, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de julio de dos mil veintidós. RAZÓN ACTUARIAL Vista la razón actuarial levantada por la Actuaria adscrita el seis de julio de dos mil veintidós, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para entregar los oficios 14186 y 14187 dirigidos al Director General de Recursos Humanos y Organización y Director de Pagos de la Dirección General de Recursos Humanos, ambos de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, toda vez que al constituirse en las instalaciones que ocupa la Fiscalía General de la República Delegación Michoacán, fue informada por personal que ahí labora que dentro del organigrama de dicha dependencia no existen. Ahora bien, como de autos se advierte que las autoridades señaladas como responsables, son Director General de Recursos Humanos y Organización y Director de Pagos de la Dirección General de Recursos Humanos, ambos de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, en tal virtud reexpídanse los oficios 14186 y 14187 en su denominación correcta. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm

  4. Principal

    Morelia Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintidós. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 20/2021-VII, promovido por Manuel Trujillo Hernández, por propio derecho, contra actos que reclama del Director General de Recursos Humanos y Organización de la Fiscalía General de la República y otras autoridades; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el doce de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, el mismo día; Manuel Trujillo Hernández acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Director General de Recursos Humanos y Organización de la Fiscalía General de la República y otras autoridades, contra los actos siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS. A. DEL MTRO. JORGE ARMANDO DRAMIREZ MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RECLAMO: 1. La emisión y el contenido de la cédula de liquidación, con número de folio 788801678, con fecha de baja 31 de diciembre de 2020, mediante el cual me hacen un cálculo erróneo de las percepciones y años de servicio, así como de las deducciones que contempla. 2. El contenido del recibo finiquito por concepto de liquidación, que se me otorgó en virtud de mi decisión de concluir mi relación con la fiscalía general de la República, con base a los lineamientos I/CPA/0003/2020, en mi carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación Adjunto, adscrito a la subprocuraduría de control regional, procedimientos penales y amparo, delegación estatal de la fiscalía general de la República en Michoacán, con clave presupuestal 173001103CF3701613290. 3. La orden para la cuantificación del finiquito contenido en la cédula de liquidación, que me fue aplicada en fecha 31 de diciembre del año 2020, por concepto de mi liquidación prevista en el numeral décimo de los lineamientos I/CPA/0003/2020, en mi carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación Adjunto, adscrito a la subprocuraduría de control regional, procedimientos penales y amparo, delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Michoacán, con clave presupuestal 173001103CF3701613290. 4. La emisión de la orden para la retención de los importes por retención de impuestos contenido en la cédula de liquidación, que me fue aplicada en fecha de 31 de diciembre del año 2020, por concepto de mi liquidación prevista en el numeral décimo de los lineamientos I/CPA/0003/2020, en mi carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación Adjunto, adscrito a la subprocuraduría de control regional, ????????????? procedimientos penales y amparo, delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Michoacán, con clave presupuestal 173001103CF3701613290. 5. La emisión del cheque número 788801678, por la cantidad de $1,241,982.37 por concepto de pago de la liquidación que me fue aplicada en fecha 31 de diciembre del año 2020, por concepto de mi liquidación prevista en el numeral décimo de los lineamientos I/CPA/0003/2020, mismo que recibí en fecha 04 de enero de 2021, en mi carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación adjunto, adscrito a la subprocuraduría de control regional, procedimientos penales y amparo, delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Michoacán, con clave presupuestal 173001103CF3701613290. La emisión y el contenido del recibo de cheque por concepto de liquidación, de fecha 31 de diciembre del 2020. B. COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RECLAMO: 1. La emisión y el contenido de la cédula de liquidación, con número de folio 788801678, con fecha de baja 31 de diciembre de 2020, mediante el cual me hacen un cálculo erróneo de las percepciones y años de servicio, así como de las deducciones que contempla. 2. El contenido del recibo finiquito por concepto de liquidación, que se me otorgó en virtud de mi decisión de concluir mi relación con la Fiscalía General de la República, con base a los lineamientos I/CPA/0003/2020, en mi carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación Adjunto, adscrito a la subprocuraduría de control regional, procedimientos penales y amparo, delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Michoacán, con clave presupuestal 173001103CF3701613290. 3. La emisión de la orden para la cuantificación del finiquito contenido en la cédula de liquidación que me fue aplicada en fecha 31 de diciembre del año 2020, por concepto de mi liquidación prevista en el numeral décimo de los lineamientos 1/CPA/003/2020 en mi carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación Adjunto, adscrito a la subprocuraduría de control regional, procedimientos penales y amparo, delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Michoacán, con clave presupuestal 173001103CF3701613290. 4. La emisión de la orden para la retención de los importes por retención de impuestos, contenido en la cédula de liquidación, que me fue aplicada en fecha 31 de diciembre del año 2020, por concepto de mi liquidación prevista en el numeral décimo de los lineamientos 1/CPA/003/2020, en mi carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación adjunto, adscrito a la subprocuraduría de control regional, procedimientos penales y ???????????? amparo, delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Michoacán, con clave presupuestal 173001103CF3701613290. 5. La emisión del cheque número 788801678, por la cantidad de $1,241,982.37 por concepto de pago de la liquidación que me fue aplicada en fecha 31 de diciembre del año 2020, por concepto de mi liquidación prevista en el numeral décimo de los lineamientos I/CPA/0003/2020, mismo que recibí en fecha 04 de enero de 2021, en mi carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación adjunto, adscrito a la subprocuraduría de control regional, procedimientos penales y amparo, delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Michoacán, con clave presupuestal 173001103CF3701613290. C.DIRECTOR DE PAGOS DE LA DIRECCIÓN GERNERAL DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RECLAMO: 1. La emisión y el contenido de la cédula de liquidación, con número de folio 788801678, con fecha de baja 31 de diciembre de 2020, mediante el cual me hacen un cálculo erróneo de las percepciones y años de servicio, así como de las deducciones que contempla. 2.La cuantificación y retención de los importes por retención de impuestos contenidos en la cédula de liquidación, que me fue aplicada en fecha 31 de diciembre del año 2020, por concepto de mi liquidación prevista en el numeral décimo de los lineamientos 1/CPA/003/2020, en mi carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación adjunto, adscrito a la subprocuraduría de control regional, procedimientos penales y amparo, delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Michoacán, con clave presupuestal 173001103CF3701613290. 3. La emisión del cheque número 788801678, por la cantidad de $1,241,982.37 por concepto de pago de la liquidación que me fue aplicada en fecha 31 de diciembre del año 2020, por concepto de mi liquidación prevista en el numeral décimo de los lineamientos I/CPA/0003/2020, mismo que recibí en fecha 04 de enero de 2021, en mi carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación adjunto, adscrito a la subprocuraduría de control regional, procedimientos penales y amparo, delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Michoacán, con clave presupuestal 173001103CF3701613290. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de trece de enero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que en ??????????????? ejecutoria de tres de junio de dos mil veintiuno, declaró fundada la queja, por lo que el veintitrés de junio de dos mil veintiuno,1 se admitió la demanda de amparo. En nueve de julio de dos mil veintiuno,2 se tuvo al autorizado del quejoso informando que el quejoso falleció; no obstante lo anterior, se determinó que no procedía decretar el sobreseimiento, en razón de que se reclamaron actos relativos a derechos patrimoniales, por lo que se encomendó al Actuario adscrito realizara el cotejo del acta de defunción exhibida y se requirió al autorizado a efecto de que hiciera saber quién fungía como albacea de la sucesión. En nueve de septiembre de dos mil veintiuno,3 se tuvo a María Guadalupe Gutiérrez Gnecchi, como albacea, por lo que se giró despacho a efecto de requerirla si era su deseo continuar con la prosecución de juicio, apercibida que de no hacer manifestación alguna, se continuaría con el juicio, por lo que el cinco de noviembre se determinó continuar con la tramitación del juicio; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado, para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, 1 Foja 108 22 Foja 122 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y los diversos numerales 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción III de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior porque la parte quejosa reclama actos atribuidos a autoridades administrativas con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ???????????? "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La cédula de liquidación con número de folio 788801678, dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por la Dirección de Pagos de la ???????????? Dirección General de Recursos humanos y Organización de la Coordinación de Planeación y Administración y Fiscalía General de la República, mediante el cual se determinó la liquidación correspondiente por la conclusión de la relación laboral del quejoso, como Agente del Ministerio Público Federal. Y derivado a ello el recibo, finiquito, la retención por concepto de impuestos, la expedición del cheque y su recibo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Coordinador de Planeación y Administración de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Fiscalía General de la República, negó el acto reclamado. Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo del informe con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia del acto reclamado, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario o, incluso, su existencia puede ser advertida directamente de las constancias de autos, por el juzgador. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde al quejoso, a más de que el que interpone una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Funda lo anterior considerado, la tesis de jurisprudencia del contenido siguiente: Época: Octava Época Registro: 210769 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/308 Página: 77 "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o falsedad del acto atribuido a la autoridad responsable, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que no obra en él medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia del acto que se reclama. En consecuencia, dado que la negativa ??????????????? informada por las responsables no fue desvirtuada por la quejosa, ni demostrado en el cuaderno de amparo, con evidencia alguna la existencia del acto reclamado antes indicado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente al momento de la interposición de la demanda, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido y datos de localización siguientes: Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Director de Pagos de la Dirección General Adjunta de Administración de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Oficialía Mayor en la Fiscalía General de la República,4, Director General de Recursos Humanos y Organización y Director de Pagos de la Dirección General Adjunta de Administración de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Oficialía Mayor en la Fiscalía General de la República. 5 Además, la certeza se corrobora con las constancias que obran en autos, de las cuales se obtiene la existencia del acto reclamado; las que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se omitirá el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado descrito en el considerando segundo de la presente resolución; ello, en virtud de 4 Foja321 5 Foja 401 y 455 ??????????????? que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende que las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso; esto quiere decir que no hace falta que las partes las hagan valer para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo emprenda su estudio. También se obtiene que, por regla general, cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia antes referida. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Ello a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta. Por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos ????????????? legalmente facultados para hacerlo. Así las cosas, el artículo 3, fracciones VII, XVI y XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos; XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. [.]" Por su parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 8o., fracción II, establece: ARTÍCULO 8º. Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: [.] II. Que no le competa conocer a dicho Tribunal.". De las porciones normativas transcritas (la segunda interpretada a contrario sentido) se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de juicios contra actos administrativos y procedimientos relativos a pensiones y demás prestaciones sociales a cargo del erario federal, y los que sean de su competencia conforme a otras leyes, como son las determinaciones vinculadas a la terminación de la relación administrativa entre el Estado y los servidores públicos a que alude el artículo 123 B, fracción XII, Constitucional. En ese contexto, este juzgado estima que los actos reclamados, son los consistentes en la cédula de liquidación con número de folio 788801678, dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por la Dirección de Pagos de la Dirección General de Recursos humanos y Organización de la Coordinación de Planeación y Administración y Fiscalía General de la República, mediante el cual se determinó la liquidación correspondiente por la conclusión de la relación laboral del quejoso, como Agente del Ministerio Público Federal. Y derivado a ello el recibo, finiquito, la retención por concepto de impuestos, la expedición del cheque y su recibo. Actos que emanan de la terminación de la relación administrativa entre el Estado y el quejoso. Luego, tales actos previamente a impugnarlos en la presente instancia constitucional, debieron combatirse a través del juicio contencioso administrativo en términos del citado artículo 3, fracciones VII, XVI y XIX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Se estima lo anterior en virtud de que el ordenamiento en estudio, en su artículo 3, fracción VII, XVI y XIX, precisa que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos ??????????????? administrativos y procedimientos que se dicten en materia de pensiones civiles con cargo al erario federal, así como las que sean competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además, el diverso cuerpo normativo en su artículo 8º., fracción II, dispone que es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, que no le competa conocer, lo que interpretado a contario sentido y armónicamente con el aludido en el párrafo anterior, permite establecer que, contra los actos relativos a pensiones y demás prestaciones sociales a cargo del erario federal, y las resoluciones de liquidación de los servidores a que se refiere el artículo 123, apartado B, fracción XII, Constitucional, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bajo esa óptica, si se toma en consideración que el acto reclamado se hace consistir en la cédula de liquidación con número de folio 788801678, dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por la Dirección de Pagos de la Dirección General de Recursos humanos y Organización de la Coordinación de Planeación y Administración y Fiscalía General de la República, mediante el cual se determinó la liquidación correspondiente por la conclusión de la relación laboral del quejoso, como Agente del Ministerio Público Federal. Y derivado a ello el recibo, finiquito, la retención por concepto de impuestos, la expedición del cheque y su recibo. Actos atribuidos al Director General de Recursos Humanos y Organización de la Fiscalía General de la República y otras autoridades, resulta claro que el juicio de nulidad es procedente en contra de dichos actos, pues se trata de una determinación emitida por una autoridad de la administración pública federal en materia de liquidación de los servidores públicos referidos y prestaciones sociales a cargo del erario federal y, por ende la ahora quejosa tenía la carga procesal de agotar el mencionado juicio contencioso administrativo, previamente a acudir al amparo. Tal circunstancia, patentiza que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no haberse agotado previamente a la instancia constitucional el medio de defensa ordinario consistente en el juicio contencioso administrativo (principio de definitividad), precisamente porque a través del citado juicio podría lograrse precisamente la revocación, modificación o anulación de la resolución impugnada. Máxime, que en el caso, no se configura alguno de los supuestos de excepción previstos por los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del mencionado artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso no es extraño al procedimiento de origen y el juicio de nulidad no está sujeto a interpretación adicional, pues su fundamento legal es suficiente para determinar la procedencia del mismo. Robustecen lo anterior por identidad jurídica esencial, las siguientes tesis: "Época: Novena Época Registro: 177279 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Septiembre de 2005 Materia(s): Administrativa ???????????? Tesis: 2a./J. 111/2005 Página: 326 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva.". "Registro digital: 2008807 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Administrativa, Común Tesis: 2a./J. 19/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 783 Tipo: Jurisprudencia RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir ??????????? de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado". "Tesis: I.3o.C. J/39 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 171803 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Agosto de 2007 Página 1214 Jurisprudencia (Común) DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que e juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad.". Máxime que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, así como de las recabadas por este juzgado, se advierte que a través de escrito de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, Manuel Trujillo Hernández, -quejoso- interpuso juicio de nulidad contra la misma cédula de liquidación con número de folio 788801678, dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por la Dirección de Pagos de la Dirección General de Recursos humanos y Organización de la Coordinación de Planeación y Administración y Fiscalía General de la República, mediante el cual se determinó la liquidación correspondiente por la conclusión de la relación laboral del quejoso con esa dependencia; el cinco de febrero de dos mil veintiuno, la Tercera Sala Regional Metropolitana, con sede en la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda de nulidad.6 6 Foja 229 ?????????????? Seguido el juicio por sus cauces el treinta de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia,7 en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada, para efecto de que la autoridad demandada emitiera una nueva resolución en la cual funde y motive la determinación para calcular la liquidación. Inconforme con esa resolución, las partes la recurrieron en amparo directo y revisión fiscal. Ahora, de la consulta al Sistema de Seguimiento de Expediente Electrónico, se obtuvo que la revisión fiscal fue registrada bajo el número 378/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien en ejecutoria de veinticinco de enero de dos mil veintidós, desechó por improcedente el recurso de revisión. De igual forma, se obtuvo que el amparo directo fue registrado bajo el número 311/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien en ejecutoria de veinticinco de enero de dos mil veintidós, dejara insubsistente la sentencia, y en su lugar emitiera otra en la que se pronunciara respecto de los conceptos de impugnación hechos valer en la demanda de nulidad respecto de la validez de los lineamientos L/CPA/003/2020 "Lineamientos para la liquidación de personas servidoras públicas adscritas a la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, que decidan concluir su relación laboral", y con libertad de jurisdicción resolvieran lo que en derecho proceda. Finalmente el veintidós de febrero de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado de Circuito recibió el fallo con que el Tribunal Federal de Justicia 7 Fojas 292 a 299 Administrativa cumplió la ejecutoria y, por diverso auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós tuvo por acatada la sentencia de amparo. La información anotada constituye un hecho notorio para este Juzgador, en términos de lo que estatuye el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto la tesis del siguiente contenido siguiente: Época: Novena Época Registro: 172215 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Junio de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 103/2007 Página: 285 "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de ??????????????? las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Sin que obre constancia fehaciente de que se haya emitido nueva resolución relativa al juicio de nulidad. Por tanto, es inconcuso que en el caso debe sobreseerse en el juicio constitucional al actualizarse la causal de improcedencia que establece la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo reformada, por virtud de un cambio de situación jurídica. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Manuel Trujillo Hernández, en contra del acto que reclama de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de este fallo, por las razones anotadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy cuatro de julio de dos mil veintidós en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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