Manuel Trejo Sanchez
Expediente 863/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 863/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/11/2017
Partes del expediente
- Manuel Trejo Sanchez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a siete de noviembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto en el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo.
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, a través del cual desahoga la prevención formulada el diecisiete del mes en curso; en ese contexto, téngase por desahogada dicha prevención. Ahora, este juzgado considera que en la especie, se debe desechar de plano la demanda de que se trata, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". Bajo esa consideración, es necesario puntualizar el contenido del artículo 3°, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, dicho precepto en su parte específica establece lo siguiente: "Artículo 3. (Investigación de los delitos). Las atribuciones a que se refiere la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, sobre la investigación de los delitos en la averiguación previa y la persecución de los imputados comprenden: [.] XVI. Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando: a) Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito, o no haya elementos probatorios que acrediten su existencia, según la descripción contenida en la ley; b) Una vez agotadas todas las diligencias y los medios de prueba correspondientes, no se acredite que el imputado haya cometido el delito o participado en su comisión; c) De las diligencias practicadas en la averiguación previa se desprenda plenamente la existencia de una causa de exclusión del delito; d) Cuando se hubiese extinguido la pretensión punitiva, en los términos de las normas legales aplicables; e) Resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de delito, por obstáculo material insuperable; f) En los demás casos que determinen las normas aplicables. Esta determinación, será impugnable a través del Recurso de Inconformidad, cuya tramitación habrá de preverse en el Reglamento. [.]". Por su parte, el Reglamento de la mencionada Ley Orgánica, en el dispositivo 15, disponen lo siguiente: "Artículo 15. La determinación del no ejercicio de la acción penal, se impugnará, por el denunciante, querellante, ofendido o víctima del delito, a través del recurso de inconformidad, el cual se promoverá ante la autoridad que emitió dicha determinación. El recurso será resuelto, en caso de delitos no graves por el fiscal que corresponda; y en tratándose de delitos graves por el Subprocurador de Averiguaciones Previas respectivo. El recurso de inconformidad, deberá promoverse en el término de quince días hábiles, a partir del día siguiente de la notificación, de acuerdo a lo previsto por el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. [.] De lo anterior, se advierte que ".la resolución en la AP FBJ/BJ-1/T-2/3139/14-11; la cual por información verbal resolvió 'No ejercicio de la acción penal'", es impugnable a través del recurso de inconformidad, conforme a lo dispuesto en la ley orgánica y reglamento aludidos, por lo que dicha determinación no tiene el carácter de definitiva, pues procede el medio de impugnación de referencia, que debe ser resuelto por la autoridad respectiva, según se trate de delito grave o no. Recurso por virtud del cual dicho acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, lo que implica la necesidad de agotar el principio de definitividad como presupuesto necesario para que proceda el juicio de amparo; por ende, este resultaría procedente únicamente contra la decisión que resolviera el recurso de inconformidad que establece la ley orgánica invocada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1410 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, noviembre de 2015, del rubro siguiente: "ACCIÓN PENAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE AUTORIZA SU NO EJERCICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XVI, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO". Por tanto, como se apuntó, al actualizarse la causal de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo.
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