Manuel Tomas Tun Puerto
Expediente 1164/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1164/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Tomas Tun Puerto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la constancia de veintidós de noviembre actual, levantada por el actuario de la adscripción, de la que se advierte que no le fue posible notificar personalmente al tercero interesado Luis Enrique Tun Puerto, la sentencia firmada el veintiuno de los corrientes; en consecuencia, se acuerda: Realícese la notificación de la referida sentencia al tercero interesado, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Notifíquese al tercero interesado por lista de estrados. .., se Resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MANUEL TOMÁS TUN PUERTO, en contra del acto que reclama de la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Kanasín; por los motivos señalados en la consideración sexta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
Resultando PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán y turnado al día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció MANUEL TOMÁS TUN PUERTO a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuye a la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín. SEGUNDO. Por acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, la que se registró con el número 1164/2023-III-A; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa; la cual previo diferimiento, tuvo lugar conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, consiste en: El auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de fecha siete de julio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 70/2023, por el delito de despojo de cosa inmueble TERCERA. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Kanasín, pues así lo admitió al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las documentales y el disco óptico que remitió a este juzgado, las que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que constituyen documentales públicas, además que respecto a la segunda se trata de una videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que contienen. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTA. Inexistencia de causas de improcedencia. Al no existir causa de improcedencia invocada por las partes ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTA. Análisis de la litis constitucional del auto de vinculación a proceso. Son fundados pero inoperantes por una parte, los conceptos de violación aducidos, y por otra infundados, razón por la cual deberá negarse al quejoso el amparo y protección de la justicia Federal que solicita. Por cuestión de técnica, previo a dar contestación a los motivos de disenso vertidos por la parte quejosa, es necesario señalar que virtud a la suplencia de la queja prevista por el artículo 79, fracción III, inciso a), es obligación de este órgano federal analizar si el acto tildado de inconstitucional fue emitido en estricto apego a los principios constitucionales y legales que rigen el sistema jurídico mexicano para la emisión de un auto de vinculación a proceso. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160331, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el Agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. De esa forma, los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos a cabalidad, tal y como a continuación se verá. En primer lugar, de los discos ópticos que remitió la autoridad responsable, se advierte que en atención a lo dispuesto por el artículo 316, fracciones I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cinco de julio de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación en contra del aquí quejoso, en la que, previa oportunidad de consultar con su defensa, manifestó su deseo de no declarar, y posteriormente, el fiscal investigador solicitó se le vinculara a proceso por el delito de despojo de cosa inmueble. Así también, se advierte que la resolución que lo vinculó a proceso (siete de julio de dos mil veintitrés), contienen los datos personales del imputado, aquí quejoso; con lo que se encuentra satisfecho el requisito establecido en el artículo 317, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales antes citado. En el caso, se reitera, el siete de julio de dos mil veintitrés, se vinculó a proceso a Manuel Tomás Tun Puerto, por su probable autoría material y directa, en la comisión del señalado ilícito; ello, pues de los datos de prueba relacionados por el Fiscal, permiten establecer que, tal como lo consideró la Juez responsable, se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe también, la probabilidad de que el imputado lo cometió. De ahí que la resolución que constituye el acto reclamado, resulte apegada a derecho, y por ende, no vulnera algún derecho fundamental en perjuicio del quejoso. Esto es, debido a que los datos de prueba enunciados por la representación social permiten establecer que el imputado es la persona que a mediados del mes de junio de dos mil seis, desplegó una conducta ilícita consistente en que sin el consentimiento de la persona que pudiera darlo, sacó al querellante Luis Enrique Tun Puerto, del predio número cincuenta y siete, de la calle veintiocho, cruzamiento con las calles diecinueve y diecisiete de la localidad de Tecoh, Yucatán; generando con ello que el activo ocupara ese inmueble ajeno e impidiera el disfrute del mismo a su poseedor, el aquí tercero interesado. Hechos que materializan el delito de despojo de cosa inmueble, previsto y sancionado con pena privativa de libertad, en el artículo 329, fracción I, del Código Penal del Estado. En efecto, para llegar a esa conclusión, se tomaron en consideración los datos de prueba que fueron detallados por la fiscalía estatal, y que la Juez valoró adecuadamente, como más adelante se verá, consistentes en: 1. Querella de Luis Enrique Tun Puerto, de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en la que refirió que ha habitado el predio sin número, de la calle veintiocho, por diecinueve y diecisiete, de Tecoh, Yucatán, teniendo la posesión de manera pública, libre y pacífica, lo que era conocido por los vecinos del rumbo; que su padre falleció el doce de octubre de dos mil diez; que a mediados de junio de dos mil dieciséis, su hermano Manuel Tomás Tun Puerto, lo sacó por la fuerza del predio y desde entonces le ha negado ingresar de nuevo; así como que inició los trámites correspondientes para adquirir la propiedad del mismo. 2. Ampliación de la querella por parte de Luis Enrique Tun Puerto, realizada a través de un memorial presentado el dos de junio de dos mil diecisiete, en la que refirió que ha mantenido la posesión del inmueble y que el número actual del predio es el número cincuenta y siete, de la calle veintiocho, por diecisiete y diecinueve, de Tecoh, Yucatán; que tuvo la posesión desde antes del fallecimiento de su padre, junto con su esposa e hijos; que la propiedad ya es de él, debido a los trámites que realizó ante el Ayuntamiento de Tecoh. 3. Comparecencia de Reyna Esther Tun Chan, de catorce de julio de dos mil veintiuno, en la que señaló que conoce al querellante desde hace veinte años, porque es su vecino; que sabe que es el propietario del predio número cincuenta y siete, de la calle veintiocho, por diecisiete y diecinueve, de Tecoh, Yucatán, el cual ha habitado junto con su esposa e hijos, desde antes de que falleciera su padre, a quien cuidó durante su vejez; que a mediados del mes de junio de dos mil dieciséis, observó que su hermano Manuel Tomás Tun Puerto, invadió el predio y lo sacó junto con su familia, gritándole que ese predio es de él porque se lo dejó su padre, amenazándolo que si volvía entrar, llamaría a la policía. 4. Declaración de Trinidad Moo Chavez, de catorce de julio de dos mil veintiuno, ante el Fiscal Investigador, en la que mencionó que conoce a Luis Enrique Tun Puerto desde hace varios años, ya que son vecinos, porque vive en el predio cincuenta y siete, de la calle veintiocho, por diecisiete y diecinueve, de Tecoh, desde antes de que falleciera su padre Casimiro Tun Vargas, ya que lo cuidaron durante su vejez y después de su fallecimiento, siguió manteniendo la posesión del predio; que a mediados del mes de junio de dos mil dieciséis, cuando se encontraba en su domicilio escuchó gritos, por lo que al observar por su ventana notó que Luis Enrique Tun Puerto estaba discutiendo con Manuel Tomás Tun Puerto, quien lo sacó junto con su familia del predio, gritándoles y amenazándoles para que se fueran, ya que refería que el predio era suyo; que sabe que es el propietario por haber realizado los trámite ante el Cabildo del Ayuntamiento y cumplido los requisitos necesarios para ello. 5. Comparecencia de María Guadalupe Tun Puerto, de cuatro de julio de dos mil veinte, ante la Fiscalía Estatal, en la que refirió que el predio cincuenta y siete, de la calle veintiocho, por diecisiete y diecinueve, de Tecoh, era habitado de manera pública, pacífica y continua por el querellante y su familia desde hace más de diez años, antes de que falleciera su padre, porque ellos lo cuidaron y continuaron manteniendo la posesión del predio; que ella y sus hermanos Manuel Tomás, María Josefina y ella, ocasionalmente visitaban a su progenitor, pero éstos no estuvieron de acuerdo e insistían en que el predio se repartiera en partes iguales, y que no obstante ello, se le quedó a su hermano Luis, quien cumplió con los requisitos para la adjudicación de la propiedad; que su hermano Manuel Tomás, ha hecho múltiples construcciones en el inmueble sin el consentimiento de Luis Enrique e incluso ha mandado a dividir el terreno, instalando bardas y albarradas para delimitar lo que dice le dejó su padre, lo que considera es falso. 6. Título de propiedad que contiene la adjudicación a título gratuito que otorgó el Municipio de Tecoh, Yucatán, a favor de Luis Enrique Tun Puerto, del predio cincuenta y siete, de la calle veintiocho, por diecisiete y diecinueve, de Tecoh, pasada ante la fe de un Escribano Público, el primero de agosto de dos mil diecisiete. 7. Oficio del Ayuntamiento de Tecoh, de veintisiete de enero de dos mil veinte, en el que se hizo constar que el propietario del predio cincuenta y siete, de la calle veintiocho, por diecisiete y diecinueve, de Tecoh, es Luis Enrique Tun Puerto, ya que el primero de agosto de dos mil diecisiete, se aprobó la adjudicación a título gratuito. 8. Folio electrónico 1211435, del predio cincuenta y siete, de la calle veintiocho, por diecisiete y diecinueve, de Tecoh, en el que aparece como propietario Luis Enrique Tun Puerto, que describe las medidas y colindancias del mismo. 9. Oficio dirigido por el Ayuntamiento de Tecoh, de quince de febrero de dos mil dieciséis, relativa a una constancia de posesión, realizada por el Secretario Municipal del Ayuntamiento, Leandro Humberto Estrella Cocom, quien determinó que el predio cincuenta y siete, de la calle veintiocho, por diecisiete y diecinueve, de Tecoh, está en posesión de Luis Enrique Tun Puerto, desde hace ocho meses, esto es, desde julio de dos mil quince. 10. Cédula catastral del predio cincuenta y siete, de la calle veintiocho, por diecisiete y diecinueve, de Tecoh, donde consta que el propietario actual es Luis Enrique Tun Puerto. Así, con los datos de prueba relacionados, se acreditan los hechos que la ley señala como ilícito, esto es, despojo de cosa inmueble, previsto y sancionado en el artículo 329, fracción I, del Código Penal del Estado, pues en el caso particular se genera la convicción de que a mediados del mes de junio de dos mil dieciséis, (tiempo), el imputado Manuel Tomás Tun Puerto, fue quien sin el consentimiento de quien pudiera darlo, ocupó un bien inmueble ajeno, impidiendo el disfrute a su posesionario, el querellante Luis Enrique Tun Puerto (circunstancias de ejecución), del predio número cincuenta y siete, de la calle veintiocho, por diecisiete y diecinueve, de Tecoh, Yucatán (lugar). Los anteriores datos de prueba, tal y como se adelantó, fueron correctamente analizados por la Juez responsable en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracciones II y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además pone de manifiesto que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del imputado, aquí quejoso. En efecto, contrario a la apreciación de la parte promovente, en el caso existe la probabilidad (entendiéndose que no se requiere prueba plena de demostración), de que el imputado, cometió el hecho que se le atribuye. Pues como se apuntó, existe el señalamiento del querellante Luis Enrique Tun Puerto, respecto a que fue el aquí quejoso, quien sin su consentimiento, lo sacó del predio que tenía en posesión, para ocuparlo e impedirle el disfrute del mismo. Por otra parte, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita de prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, tal y como sucede en la especie, ya que el estándar probatorio es mucho menor que para el dictado de un auto de formal prisión, pues recuérdese que sólo se necesita "la probabilidad" de que el imputado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, registro 2014800, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Así, la Juez responsable acertadamente estableció el grado de razonabilidad, para concluir que sí se justifica el hecho ilícito y la probabilidad de que el ahora quejoso lo cometió, así como tomó en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar como delito e información que se puede constituir como datos y no pruebas). También la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), realizada por la autoridad responsable. Lo cual es acorde con los datos de prueba relacionados por la fiscalía estatal, respecto del injusto, por lo que la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados en la audiencia), también fue abordada correctamente por la Juez. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa señala como conceptos de violación: Como primer punto, expone el quejoso que se vulnera su derecho al debido proceso, el que la Juez de Control responsable haya omitido pronunciarse respecto a la prescripción de la acción penal, como una causa de extinción de la misma, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, 120 y 121 del Código Penal del Estado, pues considera que el Ministerio Público ejerció la acción penal siete años después de la comisión del delito, es decir, en un plazo superior al de tres años que prevé el numeral 120 de la citada legislación penal. Dicho motivo de inconformidad resulta infundado, porque dicho tema no fue planteado a la Juzgadora del conocimiento, ni fue materia de debate, para que ésta estuviera en aptitud de pronunciarse al respecto; de manera que puede entenderse que tampoco estimó abordarlo, al considerar que no advirtió la existencia de una causa de exclusión. No obstante lo anterior, tomando en cuenta que la prescripción de la acción penal es un presupuesto procesal, pues además de que su estudio resulta oficioso, previo a afectar el derecho humano de seguridad jurídica del gobernado, debe examinarse si como alega el quejoso, por el transcurso del tiempo se actualiza dicha figura, lo cual tendría como consecuencia la extinción de la acción penal; argumento que resulta infundado, por las siguientes consideraciones: En principio, es menester precisar que en términos generales, la prescripción se entiende como una causa de extinción de la responsabilidad criminal, fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos y su fundamento radica en consideraciones de seguridad jurídica, pues se trata de impedir que los individuos carezcan indefinidamente de certeza y confianza sobre su situación legal por hechos que realizaron en el pasado. A efecto de clarificar el tema de la prescripción, se impone atender el contenido de los dispositivos legales 118 a 121 y 125 del Código Penal del Estado de Yucatán, que disponen: "Artículo 118. Los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán: I.- A partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo; II.- Desde el día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el delito fuere en grado de tentativa; III.- A partir del día en que se realizó la última conducta, tratándose de delito continuado; y, IV.- Desde la cesación de la consumación, en el delito permanente." "Artículo 119. La acción penal prescribe en un año si el delito solo mereciere multa. Si el delito mereciere además de ésta, sanción privativa de libertad o fuere alternativa, se estará en todo caso a la prescripción de la acción penal, en los términos del artículo siguiente y lo mismo se observará cuando corresponda imponer alguna otra sanción accesoria." "Artículo 120. La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso será menor de tres años." "Artículo 121. Cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que solo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año contado desde el día en que, quienes pueden formularlos, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, independientemente de esta última circunstancia. Pero una vez llenado el requisito de procedibilidad o el acto equivalente dentro del término antes señalado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio." "Artículo 125. La prescripción de las acciones penales se interrumpirá por las actuaciones del Ministerio Público o de la autoridad judicial que se practiquen en averiguación del delito, aunque por ignorarse quiénes sean los delincuentes, las diligencias no se practicaren contra personas determinadas. Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a contarse de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia." Del análisis de los preceptos transcritos se obtiene que para efecto de realizar el cómputo de la prescripción de la acción penal, es menester atender a tres cuestiones fundamentales, a saber: 1. El término para que opere; 2. A partir de cuándo debe computarse dicho término; y, 3. Qué actuaciones interrumpen la prescripción. En relación con el punto número "1" indicado (el término para que opere), y en tratándose de delito que merece pena privativa de libertad, como en el caso a estudio acontece, los artículos 119 y 120 transcritos establecen, como regla genérica, que la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso será menor de tres años. En cuanto al punto número "2" señalado (a partir de cuándo debe computarse dicho término), el precepto 118 citado establece que los términos para la prescripción de la acción penal son continuos y que, por regla genérica, se contarán a partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo; desde el día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el delito fuere en grado de tentativa; a partir del día en que se realizó la última conducta, tratándose de delito continuado; y desde la cesación de la consumación, en el caso del delito permanente. Y en lo que ve al punto "3" (las actuaciones que interrumpen la prescripción), el artículo 125 de la mencionada codificación dispone que la prescripción de las acciones penales se interrumpirá por las actuaciones del Ministerio Público o de la autoridad judicial que se practiquen en averiguación del delito, aunque por ignorarse quiénes sean los delincuentes, las diligencias no se practicaren contra personas determinadas, y que si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a contarse de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia. Así, las reglas genéricas señaladas relativas a los puntos "1" y "2" indicados (el término para que opere la prescripción y a partir de cuándo debe computarse), tienen como excepción la regla específica establecida en el transcrito artículo 121 del Código Penal del Estado, el cual expresamente dispone que cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año contado desde el día en que, quienes pueden formularla, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, independientemente de esta última circunstancia, y que una vez llenado el requisito de procedibilidad o el acto equivalente dentro del término antes señalado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio. De una interpretación a tal disposición, se llega al conocimiento de que el legislador local estableció -como excepción a la regla genérica indicada y salvo que la ley no prevenga otra cosa- un término especial y distinto para la prescripción de la acción penal en aquellos delitos que solo puedan perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, basado en el conocimiento o no del delito y del delincuente. Así, en la hipótesis referida en el párrafo que antecede, y para determinar lo establecido en el punto "1" (el término para que opere la prescripción), la propia norma dispone lo siguiente: a) La acción penal prescribirá en el término de un año cuando se tenga conocimiento del delito y del delincuente; y, b) Dicha acción prescribirá en el término de tres años cuando no se tenga dicho conocimiento del delito y del delincuente. Se afirma lo anterior, ya que sólo así puede entenderse el siguiente apartado de la norma ".prescribirá en un año contado desde el día en que, quienes pueden formularlos, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, independientemente de esta última circunstancia.". Asimismo, en la hipótesis que se analiza (cuando se trate de los delitos que sólo puedan perseguirse por querella o por un acto equivalente), en lo relativo al punto "2" indicado [a partir de cuándo debe computarse dicho término] y única y exclusivamente cuando quienes puedan formular la querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito y del delincuente, el legislador también estableció una excepción a la referida regla general prevista en el artículo 118 del Código Penal estatal, pues al respecto, expresamente dispuso en el citado artículo 121, que en ese supuesto dicho término deberá contarse precisamente desde el día en que tengan ese conocimiento (del delito y del delincuente). Por ello, evidentemente, si no existe o no está demostrado ese conocimiento, hipótesis en la cual, como se ha dicho, el término para que opere la prescripción es de tres años, no se actualiza el referido caso de excepción para el inicio del cómputo respectivo, por lo que al no existir alguna disposición especial al respecto debe comenzar a contarse conforme a la indicada regla genérica establecida en el citado artículo 118 del código punitivo local. Esto es, a partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo; desde el día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el delito fuere en grado de tentativa; a partir del día en que se realizó la última conducta, tratándose de delito continuado; y desde la cesación de la consumación, en el caso del delito permanente; pero, sólo en el caso de que las personas que puedan formular la querella o el acto equivalente carezcan del conocimiento del delito y del delincuente. Además, debe tenerse presente que, conforme al texto de la norma que se analiza, dichas reglas específicas, como excepción a las generales, solamente son aplicables durante el lapso en que comienza a correr el término de la prescripción conforme a lo indicado, hasta la interposición de la querella o del acto equivalente, puesto que una vez llenados esos requisitos de procedibilidad, se debe atender a la disposición contenida en la última parte del multicitado artículo 121, que establece: ".Pero una vez llenado el requisito de procedibilidad o el acto equivalente dentro del término antes señalado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio.". Lo que significa que una vez que se hubiera interpuesto la querella o el acto equivalente dentro de los términos indicados, a partir de ese acto procesal dejan de cobrar aplicación las reglas excepcionales en lo que ve a los dos referidos aspectos, esto es, en lo relativo al término para que opere la prescripción (punto "1") y en lo que ve al momento a partir en que debe computarse dicho término (punto "2"). Puesto que a partir de ese momento la prescripción sigue corriendo conforme a las reglas establecidas para los delitos perseguibles de oficio, esto es, el término será conforme a las reglas generales contenidas en el artículo 120 del código punitivo local [en tratándose de delitos con sanción privativa de la libertad, será de un plazo igual al término medio aritmético de dicha sanción, pero en ningún caso menor de tres años], y el momento a partir de cuándo debe computarse dicho término es acorde con lo previsto en el artículo 118 de la propia codificación, ya sea se trate de un delito instantáneo, continuado o permanente, o bien, cometido en grado de tentativa. Por todo ello, se concluye que de una interpretación sistemática de los artículos 118 a 121 del Código Penal del Estado, las reglas de la prescripción de la acción penal relativas a los delitos perseguibles de oficio son distintas a las que corresponden a los delitos que para su procedibilidad requieran de la querella o de un acto equivalente, ya que conforme a dichos preceptos las reglas que a cada uno de ellos corresponden, son las siguientes: Para los delitos que se persiguen de oficio (regla general). 1. El término para que opere. En tratándose de delito que merece pena privativa de libertad, la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de dicha sanción privativa de libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso será menor de tres años (artículos 119 y 120 del Código Penal del Estado). 2. A partir de cuándo debe computarse dicho término. A partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo; desde el día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el delito fuere en grado de tentativa; a partir del día en que se realizó la última conducta, tratándose de delito continuado; y desde la cesación de la consumación, en el caso del delito permanente (artículo 118 del Código Penal del Estado). Explicado lo anterior, retomando el análisis de los delitos que se persiguen por querella, como acontece en la especie, debe precisarse a partir de cuándo debe computarse el plazo de la prescripción. Al respecto, el numeral 118 del código sustantivo de la materia, señala que los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán: a) A partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo; b) Desde el día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el delito fuere en grado de tentativa; c) A partir del día en que se realizó la última conducta, tratándose de delito continuado; y, d) Desde la cesación de la consumación, en el delito permanente. Lo cual, debe concatenarse con lo señalado en el precepto 121 del mismo ordenamiento legal, que refiere en lo sustancial, que cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que solo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año contado desde el día en que, quienes pueden formularlos, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, independientemente de esta última circunstancia. De los dispositivos legales en comento, se obtiene que la querella presentada ante la autoridad ministerial interrumpe el término de la prescripción, pues al recibirla se pone en funcionamiento la maquinaria de investigación de la representación social en averiguación del delito. Sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional que el precepto que se analiza y que establece las reglas específicas de la prescripción de la acción penal, en tratándose de delitos que sólo pueden perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente (artículo 121 del Código Penal del Estado), dispone que su aplicación se da "cuando la ley no prevenga otra cosa". Sin embargo, se considera que tal disposición no puede interpretarse en el sentido de que como los artículos 119 y 120 de dicho ordenamiento legal contemplan el término para la prescripción de la acción penal, y el precepto 118 del propio cuerpo de leyes establece a partir de cuándo debe computarse (regla general), se actualiza el supuesto que prevé el artículo 121 para su inaplicación ("cuando la ley no prevenga otra cosa"). Lo anterior, ya que de realizarse esa interpretación aislada carecería de ser la existencia jurídica del multicitado precepto 121 de la legislación penal estatal, pues nunca podría aplicarse su contenido ante la existencia de tales disposiciones (los artículos 118, 119 y 120). Por el contrario, tomándose en cuenta que la ley no es un conjunto de normas aisladas e independientes, sino interdependientes, de tal suerte que forman parte de un sistema donde la interpretación de alguna disposición debe estar acorde al sistema al cual pertenece, entonces, se considera que el artículo 121 de referencia debe analizarse en forma coherente con los diversos preceptos que regulan la prescripción de la acción penal (interpretación sistemática). Raciocinio que da como resultado que los artículos 118, 119 y 120 del Código Penal del Estado establecen la regla genérica de la prescripción de la acción penal en tratándose de los delitos perseguibles de oficio, y el artículo 121 de la propia codificación contiene las relativas a aquellos delitos que sólo puedan perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, y la frase de inaplicación contenida en este último precepto que dice "cuando la ley no prevenga otra cosa", va dirigida a aquellos casos en que respecto a algún delito en particular exista alguna disposición especial que establezca reglas específicas. Continuando con el tema, se establece que el Código Penal del Estado de Yucatán reconoce tres categorías de prescripción: I. De la querella; II. De la acción penal; y, III. De la ejecución de sanciones. Conforme a lo anterior, no debe confundirse la prescripción del derecho del ofendido para presentar una querella, con la prescripción de la facultad pública de ejercer la acción penal, y menos aún con la prescripción de la facultad de ejecutar las sanciones. Lo anterior, porque el derecho a interponer querella, en su carácter de requisito de procedibilidad, corresponde al gobernado; a diferencia del ejercicio de la acción penal, cuya competencia radica única y exclusivamente en la institución del Ministerio Público, al tenor del artículo 21 constitucional. En esa guisa, toda vez que el delito de despojo de cosa inmueble se persigue a petición de parte ofendida, en términos del artículo 329 del Código Penal, debe estarse a la regla que establece el precepto 121 del Código Penal del Estado, que refiere en lo sustancial, que cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año contado desde el día en que, quienes pueden formular la acusación, tengan conocimiento del delito y del delincuente. Luego, si la parte ofendida, señaló que los hechos por los cuales formuló la querella, acontecieron a mediados del mes de junio de dos mil dieciséis, y la formuló el cuatro de noviembre del mismo año, es claro que se hizo dentro del año que el citado numeral 121 le otorgó para dar la noticia criminal. Así, al satisfacerse el requisito de procedibilidad se interrumpe y procede su cómputo de nueva cuenta. Ello es así, pues al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 402/2013, abordó ese tópico, señalando que satisfecho dicho requisito (querella), el término para que inicie la prescripción vuelve a comenzar, el cual taxativamente es el de un año por la naturaleza del tipo de antisocial de que se trata, hasta en tanto no se lleve a cabo la consignación, donde a partir de ahí se seguirán las reglas señaladas por la ley para los delitos que se persiguen de oficio; pero una vez formulada la querella, cada actuación que el Estado practique en la averiguación del delito y del delincuente, aunque, por ignorarse quién sea éste no se practique la diligencia en contra de persona determinada, interrumpe la prescripción de la acción, lo cual se sostiene de ese modo porque la sanción de la prescripción de la acción penal se da por el abandono del Estado a ejercer la prerrogativa que tiene de investigar y buscar que se sancione una conducta considerada delictiva por la ley. Dicha jurisprudencia de la referida Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es visible en la página 778, del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010475, de rubro y texto: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE ÉSTA OPERE EN LOS DELITOS QUE SE PERSIGUEN A INSTANCIA DE PARTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO Y OAXACA). Los artículos 79 y 124 de los Códigos Penales para los Estados de Quintana Roo y Oaxaca disponen, en términos similares, que la acción penal en los delitos perseguibles a instancia de parte prescribe en un año, contado a partir de que la parte afectada tiene conocimiento del delito y en tres años fuera de esa hipótesis. De dichos numerales también se advierte que, una vez satisfecho el requisito de la querella, así como el ejercicio de la acción penal, se deben observar las reglas señaladas por la ley para los ilícitos penales que se persiguen de oficio, lo cual es acorde con lo establecido por esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 54/2009, (1) de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. TRATÁNDOSE DE DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA, SÓLO SON APLICABLES LAS REGLAS GENERALES PREVISTAS PARA LOS QUE SE PERSIGUEN DE OFICIO SI SE INTERRUMPIÓ EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN Y, MEDIANDO QUERELLA, SE CONSIGNÓ LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).". Pues bien, a juicio de esta Sala, lo anterior no significa que únicamente la consignación de la averiguación previa interrumpe la prescripción. La formulación de la querella dentro del término de un año también la interrumpe, pues no es lógico estimar que un derecho prescribe mientras se ejerce y que el plazo relativo continúa su curso si el afectado ya hizo valer su derecho a que el Estado investigue una conducta delictiva. Por ende, una vez que la víctima acude a excitar al órgano ministerial, el término inicia nuevamente." Por tanto, como se dijo, una vez llenado el requisito de procedibilidad, se debe atender a la disposición contenida en la última parte del multicitado artículo 121, esto es, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio; lo que significa que el término será conforme a las reglas generales contenidas en el artículo 120 del código punitivo local [en tratándose de delitos con sanción privativa de la libertad], será de un plazo igual al término medio aritmético de dicha sanción, pero en ningún caso menor de tres años. Ahora, en cuanto a las actuaciones que interrumpen la prescripción, el artículo 125 del Código Penal de la entidad, dispone que se interrumpirá por las actuaciones del Ministerio Público o de la autoridad judicial que se practiquen en averiguación del delito, aunque por ignorarse quiénes sean los delincuentes, las diligencias no se practicaren contra personas determinadas, y que si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a contarse de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia. En tal sentido, si la querella se presentó el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, cada diligencia de la autoridad ministerial en las indagaciones pertinentes sobre el delito en cuestión, como fue la diversa comparecencia del querellante mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil diecisiete; las solicitudes realizadas al Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán, el quince de febrero de dos mil dieciséis y veintisiete de enero de dos mil veinte; las entrevistas que llevó a cabo a los testigos María Guadalupe Tun Puerto, en fecha cuatro de julio de dos mil veinte, Reyna Esther Tun Chan y Trinidad Moo Chavez, el catorce de julio de dos mil veintiuno, fueron interrumpiendo el término de la prescripción, y el cómputo se renovó en cada una de ellas. Luego, de acuerdo a lo expuesto por las partes ante el Juez de Control, la última actuación del Ministerio Público fue el dictado del no ejercicio de la acción penal, en fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós. De manera que, si el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, el Fiscal Investigador compareció ante el Juez de Control a solicitar audiencia para formular imputación en contra del aquí quejoso, es decir, casi siete meses después de la última actuación ministerial, es inconcuso que se hizo dentro del término establecido en el numeral 120 de legislación penal sustantiva del estado, y no superó el plazo de tres años; dicha circunstancia, de nueva cuenta interrumpió el plazo para la prescripción de la acción penal; de ahí que no le asiste la razón a la parte impetrante. Al caso, se invoca la tesis de jurisprudencia sostenida por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, consultable en la foja 1285, del Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2022573, que indica: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SE INTERRUMPE CON LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE AUDIENCIA PARA FORMULAR LA IMPUTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el Ministerio Público interrumpe la prescripción de la acción penal, cuando solicita audiencia para formular la imputación, o bien, la interrupción sólo se logra con la aprehensión del imputado o con su comparecencia ante la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición, y llegaron a conclusiones diferentes, ya que uno sostuvo que se interrumpe porque se puede considerar como una consignación ante el Juez de Control en la que se ejercita la acción penal, mientras que el otro implícitamente resolvió que la interrupción ocurre con la aprehensión del imputado o con su comparecencia ante la autoridad judicial. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito considera que conforme al artículo 276 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua (vigente hasta el 12 de junio de 2016), la sola solicitud de la audiencia para formular la imputación obliga a individualizar al imputado, a su defensor, si lo ha designado, y se indica el delito, lo que constituye el inicio del ejercicio de la acción penal y, por tanto, es presupuesto procesal indispensable para que el Ministerio Público materialice el ejercicio de la acción penal a través de la acusación, por ser una clara intención de su ejercicio, lo que es acorde con lo previsto en el artículo 211, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que la referida solicitud interrumpa el plazo genérico de prescripción establecido en el artículo 105 del Código Penal del Estado de Chihuahua, independientemente de la forma en que se realice. Justificación. Lo expuesto es así, pues no puede desconocerse que al igual que la actuación de la "consignación", la indicada solicitud constituye el momento en el que se hacen del conocimiento del Juez los resultados de la investigación inicial y que se consideran bastantes para formular la imputación. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. LXXXI/2019 (10a.), de título y subtítulo: "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN CORRESPONDE AL FISCAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", determinó que el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público y se materializa en la acusación; por tanto, no debe sancionarse al Ministerio Público por un tiempo que es ajeno a su función constitucional, lo que sería tanto como sostener que el derecho prescribe mientras se ejerce. En tal hipótesis -interrupción de la prescripción-, el plazo para prescribir nuevamente empezará a contar a partir de que el Ministerio Público reciba el oficio de aprehensión, reaprehensión, presentación o cualquiera de los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 114 del Código Penal Estatal, el cual sólo podrá interrumpirse con la aprehensión del imputado o con su comparecencia ante a la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición. Esta interpretación es acorde con el objeto del proceso penal, consagrado en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por otra parte, al tratarse de una violación formal, se analizará el motivo de inconformidad que hizo valer el quejoso, consistente en que la determinación emitida por la Juez responsable transgrede sus derechos fundamentales, al carecer de fundamentación y motivación, toda vez que no existe motivo alguno para que haya sido dictada, ni se funda en preceptos legales exactamente aplicables al caso concreto. Dicha inconformidad, en la cual refiere el quejoso que se violó el principio de fundamentación y motivación, contenido en el artículo 16 constitucional, es infundada, pues del registro de audio y video de la audiencia relativa, se advierte que la Juez responsables citó los preceptos legales aplicables al caso, considerando que se acreditó el hecho ilícito previsto en el artículo 329, fracción I, del Código Penal de la entidad, dado que atendiendo al tipo legal de despojo, se exige al sujeto activo posesionarse materialmente de un inmueble ajeno que no le pertenece, y expresó las razones que consideró para sostener que los hechos relatados encuadraba en la hipótesis prevista en esa norma jurídica, por lo que es evidente que en ese sentido, la resolución reclamada cumple con el estándar constitucional requerido conforme a los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Asimismo, aduce el quejoso como concepto de violación, que la Juez responsable vulneró el principio de equilibrio e igualdad procesal, toda vez que no dio respuesta a cada uno de los argumentos que planteó su defensa, atendiendo únicamente las manifestaciones realizadas por el Ministerio Público, Lo anterior, precisa, porque no dio contestación a los argumentos relativos a que el Ministerio Público omitió exponer cuál fue la mecánica de los hechos ocurridos y el modo de ejecución del hecho ilícito, proporcionando fecha y hora del mismo; que no existe una fecha y hora en que acontecieron los hechos que se le atribuyen, lo cual ocasionó una desventaja al imputado; que el Ministerio Público no aportó datos de prueba relativos a alguna inspección ocular que se hubiere realizado en el predio objeto del delito, ni placas fotográficas; así como tampoco se identificó y se ubicó geográficamente el inmueble, ni se proporcionó su geolocalización; que el denunciante sólo indicó que el hecho ilícito se llevó a cabo con hechos violentos y con gritos, sin proporcionar mayor información; que el denunciante actualmente vive y habita el citado predio; que tanto el denunciante como los testigos aludieron a que el inmueble objeto del delito, se trata de un predio sin número. Tales manifestaciones, son parcialmente fundadas pero inoperantes. En efecto, asiste por una parte razón al inconforme al considerar que en la resolución reclamada la autoridad responsable incurrió en una falta de exhaustividad, al ser omisa en dar respuesta clara y precisa a cada uno de los argumentos que expuso la defensa del imputado; sin embargo, a nada práctico conduciría conceder la protección constitucional por ese motivo, debido a que en el fondo, no asiste razón al accionante del amparo. Esto es así, ya que la juzgadora del conocimiento sí atendió cabalmente el planteamiento de la defensa en cuanto a la ausencia de la fecha y hora en que sucedieron los hechos querellados, precisando que bastaba para cumplir con los requisitos constitucionales, el que se haya proporcionado la temporalidad de los hechos; asimismo, se pronunció respecto a la falta de identificación del inmueble objeto del delito, refiriendo que los datos de prueba acreditaban plenamente su identificación; además, en cuanto a lo relativo a la nomenclatura del predio, precisó que si bien primeramente se mencionó que carecía de numeración, posteriormente, cuando se adjudicó la propiedad del predio al imputado, es que se determinó que le correspondía el número cincuenta y siete. También expuso, en cuanto a la mecánica de los hechos relatada, que se dijo se actualizó en forma violenta y se refirió que se escucharon gritos, sin dar más detalles de ello; cabe señalar que la Juez del conocimiento, precisó que no se actualizaba la agravante de violencia en la comisión del hecho, por no haberse aportado datos de prueba suficientes para acreditarla. De manera que, no obstante que algunos puntos no fueron atendidos por la Juez de la causa, lo cierto es que aun externando clara y detalladamente la Juez de Control los razonamientos que sostuviera al respecto, sería notoriamente ineficaz para variar el sentido de la decisión tomada por la responsable, pues para esta etapa procesal, los datos de prueba aportados a la causa son idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Lo anterior, pues como correctamente lo consideró la juez responsable, la existencia del hecho ilícito y la probabilidad del imputado en su comisión, se acreditó con la querella que interpuso, ante la Fiscalía General del Estado y su diversa comparecencia, ampliándola; con las declaraciones testimoniales de Reyna Esther Tun Chan, Trinidad Moo Chavez y María Guadalupe Tun Puerto; con el título de propiedad relativo a la adjudicación del inmueble objeto del delito a favor del querellante, así como con los documentos del Ayuntamiento de Tecoh, relacionados con la posesión del predio que detentaba el ofendido. Por esas razones, aunque resultó parcialmente fundada la omisión de estudio alegada, la misma se torna ineficaz para conceder el amparo. Apoya tal calificativa, en lo conducente, la jurisprudencia 108 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, visible a página 85, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." En otro aspecto, sostiene el quejoso que se vulnera en su perjuicio su derecho fundamental al debido proceso, derivado de una deficiencia en la que incurrió el Ministerio Público, que cataloga como una ausencia en el tiempo de ejecución, al no precisarse el día y hora de la comisión del hecho ilícito, circunstancia que no valoró debidamente la Juez de Control responsable y en su lugar decretó en su contra auto de vinculación, lo que estima afectó su derecho a una adecuada defensa, al no poder ofrecer los datos de prueba pertinentes. Tal concepto de violación, deviene infundado, toda vez que contrario a lo alegado por el quejoso, en modo alguno se violaron sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 14 y 20 de la Constitución Federal, pues se coincide con lo expuesto por la juzgadora del conocimiento, en cuanto que en el caso se cumplió con el requisito constitucional para el dictado del auto de vinculación, en cuanto a la temporalidad de ejecución del delito, al haberse señalado que aconteció a mediados del mes de junio de dos mil dieciséis, sin afectar su derecho a una adecuada defensa por el hecho de no haberse precisado el día y la hora en que se cometió el hecho ilícito, si se toma en consideración que de acuerdo a los hechos narrados y la naturaleza del delito, sí estaba en aptitud de ofrecer los datos de prueba para desvirtuarlos, porque se hizo el señalamiento del lugar y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa, sin que en esta etapa procesal le sea imprescindible para la actualización de ese supuesto una precisión mayor. Sobre todo, que son aspectos que también podrán analizarse en la etapa intermedia, en su caso, cuando se discuta si de los datos que arrojan los medios de convicción se advierte una violación a los derechos fundamentales de tal magnitud que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que eventualmente pudiera desahogarse en el juicio oral. Y en todo caso, esos datos de prueba, serán sometidos a contradicción en el momento procesal oportuno, que es en la audiencia de juicio oral penal. Destacándose también que el procedimiento se llevó a cabo conforme a los principios que rigen el proceso penal acusatorio, sin que se le haya denegado el derecho a ofrecer los datos de prueba que considerara idóneos para su defensa De manera que, hasta el momento en que se dictó el auto de vinculación a proceso, no existió violación alguna a las formalidades del procedimiento, ya que la juez responsable respetó en todo momento el derecho fundamental de debido proceso legal que todo gobernado tiene, ello con la finalidad de ser oído públicamente, con justicia por un tribunal previamente establecido y con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos, garantizando su adecuada defensa tal como lo prevé el citado artículo 14 constitucional. Por otro lado, alega el solicitante de amparo, que la juez responsable infringió su derecho al debido proceso, al exponer los argumentos que relaciona, porque no fueron pronunciadas por las partes, ni fueron materia de debate, en beneficio de la fiscalía y de la víctima del delito. El motivo de inconformidad aducido, es infundado, toda vez que del registro audiovisual de la audiencia de vinculación a proceso, no se advierte que la Juez de la causa haya sido parcial en su exposición de valoración de los datos de prueba y de las razones por las que consideró procedente dictar en su contra auto de vinculación a proceso; sino que más bien se trató de los argumentos que estimó oportuno invocar, para concluir que sí se acreditaba el hecho ilícito, pues al respecto señaló que aun cuando de los datos de prueba pudiera advertirse una contradicción de la fecha desde la cual el querellante tenía en posesión el inmueble objeto del delito, lo cierto es que los datos de prueba arrojan que la tenía desde antes de que se cometió el hecho ilícito, lo que estimó era suficiente para acreditar ese requisito. También señala el quejoso como concepto de violación, que es violatorio de sus derechos fundamentales, que el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, hayan sido por los mismos hechos y datos de prueba de una carpeta de investigación diversa en la que se decretó el no ejercicio de la acción penal, lo que alega no atendió debidamente la juez responsable. Lo anterior, deviene infundado, pues al respecto fue correcto el proceder de la juez responsable, ya que como se advierte del registro de audio y video de la audiencia de vinculación a proceso, se pronunció sobre el argumento expuesto por la defensa del quejoso, aludiendo que el Ministerio Público con las facultades que la ley le concede, decidió ejercer su facultad de solicitar la acción penal, y respecto a lo cual, también conforme a las facultades legales que tiene como juzgador penal, le correspondió analizar y declarar la procedencia de vincularlo a proceso; lo que en modo alguno infringe los derechos fundamentales del imputado, porque no puede limitarse al Ministerio Público ejercer sus funciones cuando así lo considere pertinente. De igual manera, señala el quejoso que se transgrede en su perjuicio sus derechos fundamentales al no tenerse plenamente identificado el bien inmueble objeto de delito, porque se debió precisar físicamente su localización geográfica, coordenadas o la acreditación gráfica con placas fotográficas, ya que refiere que él y su hermano, el querellante, son vecinos y viven uno al lado del otro. Tal concepto de violación resulta infundado, pues como correctamente expuso la Juez del proceso, de los datos de prueba aportados se identificó a cabalidad el predio motivo de la litis, con el título de propiedad exhibido al que se anexó el plano catastral, sin que se hayan ofrecido datos de prueba suficientes e idóneos para acreditar que se trate de dos inmuebles diferentes, porque esos datos arrojan que fue el imputado quien ocupó el predio que tenía en posesión el querellante y llevó a cabo trabajos de construcción de bardas para hacer una división; aunado a que no se advirtió que tuviera una nomenclatura distinta al predio objeto del delito. Así pues, se advierte que la autoridad responsable respetó los extremos exigidos por el numeral 19 de la Constitución Federal, para emitir el auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí impetrante del amparo. Por todo lo anterior, al no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, y haber resultado fundados pero inoperantes e infundados los conceptos de violación aducidos, lo que legalmente procede es negar a MANUEL TOMÁS TUN PUERTO, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SEXTA. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MANUEL TOMÁS TUN PUERTO, en contra del acto que reclama de la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Kanasín; por los motivos señalados en la consideración sexta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Incidental
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos incidentales y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio signado por el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, con el que devuelve debidamente diligenciado el despacho con número de orden 189/2023-III-A, y número de origen 92/2023-III-A, enviado a efecto de notificarle a la autoridad tercero interesada Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, el acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, por el que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional en el presente asunto. Al efecto, dese de baja en el Libro de Gobierno respectivo que se lleva en este Juzgado. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que ya se resolvió sobre la suspensión definitiva solicitada en este asunto. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al que adjunta el informe previo de la Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, el cual, fue presentado por error en dicho órgano jurisdiccional. Al efecto, no es el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que ya se resolvió sobre la suspensión definitiva solicitada en este asunto. Notifíquese y cúmplase.
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