Manuel Tenorio Bautista
Expediente 418/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Manuel Tenorio Bautista
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por * * * , contra actos del Juez Primero Mixto Civil y Mercantil de Manzanillo, Colima y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 418/2019-IV. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de la demanda. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado el embargo efectuado el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, dentro del juicio mercantil ejecutivo * * * , del índice de Juzgado Primero Mixto Civil y Mercantil de Manzanillo, Colima. Por otra parte, en el capítulo de hechos manifiesta bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa lo siguiente: [e]l día 21 de febrero del presente año, se constituyeron en mi domicilio particular ubicado en * * * # * * *, colonia Las Joyas, en Manzanillo, Colima, misma fecha en que surtió efecto el embargo en contra de mi propiedad. Desechamiento de la demanda. Por tanto, este Tribunal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, de ahí que procede desechar de plano la presente demanda de que se trata, en atención a lo siguiente: El citado precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Como se precisó con antelación, el impetrante señaló en su demanda de amparo, como acto reclamado el embargo decretado en el juicio mercantil ejecutivo 17-1371-122M, del índice de Juzgado Primero Mixto Civil y Mercantil de Manzanillo, Colima. En ese entendido, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que a la letra señalan: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los preceptos transcritos, se advierte que el plazo al que toda persona debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que establece el artículo 18, de la Ley de Amparo que, por regla general, es de la forma siguiente: Desde el día siguiente al en que al quejoso le hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a las personas, admite ciertas excepciones que se contemplan en el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, de cuya intelección se pone de manifiesto que el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal a las personas para promover el juicio de amparo con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente como excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Precisado lo anterior vemos que la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección de la persona; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como del derecho de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que la misma es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendría utilidad analizarlos. Ahora bien, el promovente en su narrativa de hechos señala que el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se efectuó el embargo que hoy reclama. Luego, del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, se observa que la demanda se presentó el veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Lo anterior pone en evidencia que nos encontramos en la regla identificada en el inciso 2), a saber, desde el día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento del acto que pretenda reclamar. Ciertamente, de las constancias se acredita que la parte quejosa no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado; lo anterior es así, porque conoció el embargo que combate desde el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, entonces el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo transcurrió del veintidós de febrero de dos mil diecinueve al catorce de marzo de dos mil diecinueve, sin contar el dos, tres y nueve de marzo de dos mil diecinueve (al ser sábados y domingos), por tratarse de días inhábiles de acuerdo al artículo 19 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tales condiciones, es dable afirmar que el plazo de quince días había fenecido al veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en que se presentó la demanda que dio origen a este juicio, según se advierte del sello de recepción que consta impreso en el escrito de demanda; de ahí, que debe considerarse que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. De igual forma, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia publicada en la página 71, Tomo 193-198 Primera Parte, Séptima Época, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación que dice: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. En el mismo sentido, cabe hacer la precisión que, en el caso que nos ocupa, no se actualiza la excepción a la temporalidad para la interposición de la demanda de amparo, contenida en la fracción IV del artículo 17 de la ley de la materia. En virtud de todo lo anterior, se materializa la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación al artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se impone desechar la demanda de amparo. Cabe mencionar que esta conclusión no se modificaría en caso de que se admitiera la demanda, ya que no se podría desvirtuar la fecha en que el quejoso conoció el acto reclamado, con el material probatorio que pudiera aportar en el juicio. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, y como autorizados en términos del segundo párrafo del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] * * * y * * * , en virtud de no contar con cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese en términos de ley.
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