Manuel Tadeo Pérez
Expediente 294/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Manuel Tadeo Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 192 a 202), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 294/2022, promovido por Manuel Tadeo Pérez, y RESULTANDOPRIMERO. Por escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, turnado ese mismo día, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, Manuel Tadeo Pérez promovió juicio de amparo en contra de actos de la 1. Junta Especial número trece de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por un acto que se precisará más adelante (fojas 2 a 4). SEGUNDO. Previo desahogo de prevención formulada por este Juzgado, mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se ordenó admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 22 a 24). Mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a María Elena Lara Alonso en su carácter de tercero interesada, en términos del artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo (foja 105). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 30) así como la constancia de notificación al Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado (foja 29) y de la parte tercero interesada la que no hizo valer causales de improcedencia (foja 12) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama un acto de autoridad jurisdiccional de naturaleza laboral, que según la quejosa afecta sus derechos de audiencia y el acceso a una justicia efectiva, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, en tanto que el acto reclamado tiene efectos dentro de la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado a la 1. Junta Especial Número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, es el siguiente: El auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en la sección de ejecución del proceso laboral 14/XIII/2016 por la Junta Especial Número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, donde se declaró la prescripción de la ejecución del convenio celebrado en dicho expediente. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto atribuido a la 1. Junta Especial Número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, puesto que dicha autoridad así lo reconoció al rendir su informe justificado (foja 30). Lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso laboral 14/XIII/2016 que fueron remitidas por la junta responsable para justificar el acto reclamado, de la que se aprecia el auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se dictó la prescripción reclamada (foja 90) documental que adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, ya que se trata de documentos que fueron expedidos por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Las causas de improcedencia son de estudio preferente al análisis del fondo, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por tanto, se procede al estudio de las que de oficio se pudieran advertir en el caso concreto. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la medida en que contra el acto reclamado no se agotó el medio ordinario de defensa susceptible de revocarlo o modificarlo. MARCO NORMATIVO Para sostener lo anterior es preciso establecer que en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan,." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Lo resaltado es propio de esta sentencia. Lo anterior fue dispuesto así por el legislador, tomando en consideración que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, el cual debe ser promovido como último medio de defensa de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales. De igual modo, el precepto transcrito prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo el supuesto de que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, es decir, establece el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, mismo que encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia I.6o.C. J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.). del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Con relación a lo anterior, debe señalarse que con relación a los actos de los presidentes, actuarios o funcionarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en sección de ejecución, la Ley Federal del Trabajo vigente antes del diecinueve de mayo de dos mil diecinueve (aplicable al juicio de origen) establece en su artículo 849, lo siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Del numeral antes transcrito se desprende que la Ley Federal del Trabajo, se establece que procede el recurso de revisión en contra de actos del presidente, actuario u otros funcionarios de la correspondiente junta en ejecución de los laudos, convenios, resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en providencia cautelares; y al efecto dispone que deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente dentro del término de tres días siguientes al que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Recurso del que conocerá, en el caso de los actos del Presidente de la Junta Especial de la Conciliación de Arbitraje, conocerá la propia Junta, integrada por los representantes de los patrones y de los trabajadores, con el auxiliar de conozca del asunto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. De igual forma, se dispone que al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas y dará vista a las demás partes por tres días para que manifiesten a lo que su derecho convenga y ofrezcan pruebas; asimismo se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará la resolución respectiva. Sin que de la redacción del citado artículo deba entenderse que dicho recurso sólo procede en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento de la ejecución de un laudo o convenio celebrado en juicio laboral, sino de los actos realizados en la etapa de ejecución de sentencia, tal como lo indicó la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 52/2018 (10a.) de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Lo resaltado es propio de esta sentencia. Hasta aquí las premisas normativas. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable: a). Mediante escrito presentado el cinco de febrero de dos mil dieciséis, Manuel Tadeo Pérez demandó de María Elena Lara Alfonso y/o Fortino Lorenzo Tadeo propietarios de la empresa Rancho El Naranjo, la indemnización constitucional por despido injustificado, así como pago de vacaciones, aguinaldo uy otras prestaciones (fojas 32 a 33). b). Demanda que fue admitida mediante auto de doce de febrero de dos mil dieciséis, en el que se fijó fecha para la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones y se ordenó emplazar a los demandados; compareciendo María Elena Lara Alfonso, por sí y en representación de Fortino Lorenzo Tadeo Lara mediante escrito de veinte de abril de dos mil dieciséis (foja 39 y 48) c). Seguida la secuela del procedimiento, el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, las partes comparecieron ante la 1. Junta Especial número trece de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y señalaron que habían llegado a un convenio para dar por terminado el juicio, el cual ratificaron en ese momento ante la autoridad, por lo que se elevó el citado convenio a la categoría de laudo consentido y se dio por concluido el juicio (fojas 72 vuelta y 76). d). Mediante proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete, a petición del actor, ante el incumplimiento del convenio por parte de la demandada se ordenó requerir a la parte patronal el pago de la condena y en caso de incumplimiento se realice el embargo respectivo (foja 76 vuelta y 79). e). El treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se decretó la prescripción del derecho del actor a ejecutar el convenio celebrado en autos del proceso laboral 14/XIII/2016 (foja 90) Proveído que constituye el acto reclamado. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en el citado auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el proceso laboral 14/IX/2016 de la índice de la 1. Junta Especial Número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el que se declaró la prescripción de la prescripción del derecho de ejecutar el convenio aprobado en autos del citado proceso del trabajo. Descrito el acto reclamado, es evidente que en términos del ya mencionado artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al caso, en contra de dicha determinación existe la posibilidad de promover en su contra el recurso de revisión, como medio ordinario de defensa a través del cual se puede revocar, modificar o anular dicho acto. Por tanto, sí el acto en análisis fue emitido en un proceso laboral en el que se decretó la citada prescripción en la sección de ejecución, es inconcuso que previo a instar este juicio biinstancial, era menester que la parte quejosa agotara el medio ordinario de defensa que prevé la ley federal de la materia, es decir, el recurso de revisión regulado en el numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, el cual es el recurso idóneo para nulificar la actuación reclamada. Lo anterior, ya que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en el párrafo segundo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no lo constituyen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército. Tampoco se está ante una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos Mucho menos se promovió el presente asunto contra actos relativos a una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Tampoco se advierte que el acto reclamado se trate del auto de vinculación a proceso y que el quejoso se trate de persona extraña al procedimiento, pues es parte actora en el juicio laboral del cual emana el acto reclamado, al que se le dio acceso previo al dictado del acto reclamado. Aunado a que, la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, delimita las reglas para resolverse y la forma de substanciación, por lo que la legislación aplicable no requiere interpretación adicional alguna. Sustenta la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 95/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Además, no obsta a lo anterior, que en la contienda jurídica esté involucrado un menor de edad, ya que ello no exime de agotar los medios legales ordinarios de defensa, como en el caso es la reclamación ya aludida, antes de acudir al amparo, todo ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De ahí que, en la especie, el acto reclamado no se encuentra en un caso de excepción para que exima a la parte promovente de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Cabe resaltar que la condición de trabajador del quejoso, no puede utilizarse como fundamento para ignorar el cumplimiento de requisitos de procedencia del juicio de amparo, pues la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que la regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto; pero no para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio constitucional. Apoya a lo anterior, la tesis 1a. CCLXXVI/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Sin que sea obstáculo para estimar lo anterior, lo expresado por el quejoso en su escrito de alegatos relativo a que la notificación realizada por medio de lista del auto que reclama resulta ilegal dado que en términos del artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo la misma debió realizarse de forma personal. Lo anterior es así, ya que con independencia que el numeral invocado resulta aplicable en la etapa de juicio y hasta el dictado del laudo (no así en el de ejecución de sentencia) el propio numeral 851 de la Ley Federal del Trabajo establece que el recurso de revisión será procedente dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugna, por lo que el plazo para la interposición de dicho recurso comenzó a correr al momento en que se enteró del proveído que le perjudica, máxime si considera que el mismo fue incorrectamente noticiado. En consecuencia, si el solicitante del amparo no promovió el recurso de revisión, no se encuentra en aptitud de acudir al juicio de amparo, pues al ser parte en el juicio de origen se encontraba sujeto a los medios de impugnación que prevé la Ley Federal del Trabajo aplicable; por lo anterior, se insiste, previo a instar el presente juicio constitucional debió agotarse el aludido medio de impugnación de conformidad con los referidos ordenamientos legales, pues de no hacerlo así, el amparo que se promueva resulta improcedente. CONCLUSIÓN En las anteriores condiciones, por los razonamientos expuestos con antelación, si el promovente no ha promovido el recurso de revisión, es inconcuso que no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, y por ello éste es improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. No es obstáculo a la conclusión anterior el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, puesto que con su sola presentación no era posible advertir su manifiesta e indudable improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de modo que, su simple admisión no representa un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgador está obligado a proceder en tales términos, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por los impetrantes de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Manuel Tadeo Pérez, respecto del acto y autoridad expresados en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual devuelve DILIGENCIADO el exhorto 235/2022-E/IV/AL (orden 1037/2022) de trece de julio del año en curso, que se libró a efecto de emplazar a la tercero interesada MARÍA ELENA LARA ALONSO, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Dese de baja el exhorto de mérito, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva para tal efecto en este Juzgado. Sin necesidad de acusar recibo, en virtud de que la autoridad oficiante toma nota de la recepción de la comunicación de que se trata con la constancia que le arroja el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En esas condiciones, téngase por legalmente emplazada a la citada tercero interesada, para los efectos legales procedentes, y en atención a las constancias de notificación de las que se advierte que la mencionada tercero interesada en el acto de la diligencia no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta plaza. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de trece de julio del año en curso, y se ordena a la actuaria adscrita a este juzgado hacer las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal por lista de acuerdos, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Atento a su contenido, téngase a dicha autoridad informando las gestiones tendentes a dar cumplimiento con lo solicitado en auto de dieciséis de agosto pasado realizadas a fin de diligenciar el exhorto 235/2022-E/IV/AL (número de orden 1037/2022) del índice de este órgano jurisdiccional. En ese sentido, se está en espera de la recepción de las constancias relativas a la comunicación oficial de mérito, a fin de acordar lo conducente. Notifíquese en términos de ley.
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