Manuel Soria Paz
Expediente 490/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 490/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 07/06/2023
Partes del expediente
- Manuel Soria Paz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
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Toluca, Estado de México, siete de junio de dos mil veintitrés. ARCHIVO Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los cuales se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto al solicitante del amparo, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, ya que si bien se sobreseyó en el juicio, también se emitió proveído en el que concedió la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa; empero, carece de relevancia documental.
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En mérito de lo anterior, lo procedente es sobreseer en términos de lo dispuesto por el 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos y autoridades señalados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso último de la presente sentencia.
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Toluca, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio signado por el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tenancingo, Estado de México, por medio del cual, en cumplimiento al auto de diez de mayo de este año, remite copia certificada de la bitácora de registros de las visitas de familiares y llamadas telefónicas que el quejoso Manuel Soria Paz, ha recibido y realizado en los últimos tres meses, así como las actividades realizadas en las áreas de dicho centro penitenciario. Por tanto, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales en comentó, las cuales se tomarán en consideración en la etapa procesal oportuna. .
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Toluca, Estado de México, diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta, por medio del cual la asesora jurídica del quejoso Manuel Soria Paz objeta en cuanto a su alcance y valor probatorio las constancias remitidas por las responsables; asimismo, formula alegatos y ofrece como pruebas las siguientes: La inspección judicial. Las documentales públicas, consistentes en: Las bitácoras y/o registros de las visitas familiares y llamadas telefónicas que el quejoso ha recibido y realizado en los últimos tres meses. Informe detallado de actividades que el quejoso ha realizado en las diversas áreas del Comité Reinserción Social de Tenancingo Sur. La pericial en materia de psicología. ALEGATOS Y OBJECIÓN DE DOCUMENTOS En cuanto a los alegatos que formula, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por formulados, los cuales se relacionaran en la etapa procesal oportuna; asimismo, por cuanto hace a la objeción de documentos, se proveerá lo conducente al resolver el presente juicio. PRUEBAS Ahora bien, respecto a las pruebas que ofrece, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se lleve a cabo la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO DE PRUEBAS DOCUMENTALES Por otra parte; en atención a la naturaleza de los actos reclamados y con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo Sur en Tenancingo, Estado de México, para que dentro del término de veinticuatro horas, a partir de su legal notificación, remita copia certificada legible y completa de las bitácoras y/o registros de las visitas familiares y llamadas telefónicas que el quejoso ha recibido y realizado en los últimos tres meses; así como un informe detallado de actividades que el solicitante del amparo haya realizado en las diversas áreas del Centro de Reinserción Social de Tenancingo Sur. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 17/97, visible en la página 108, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Asimismo, apoya lo anterior la tesis II.3o.P.44 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con registro digital 2015915, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, enero de 2018, Tomo IV, página 2043, de contenido siguiente: "ACTOS DE TORTURA. SI EL QUEJOSO MANIFIESTA QUE LOS HA SUFRIDO DERIVADO DE SU INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN Y SE ALLEGAN INDICIOS DE SU EXISTENCIA, PERO LA AUTORIDAD RESPONSABLE LOS NIEGA EN SU INFORME JUSTIFICADO, EL JUZGADOR DE AMPARO, A FIN DE CONTAR CON ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DICTAR LA SENTENCIA, POR EXCEPCIÓN, DEBE ADOPTAR DE OFICIO LAS PROVIDENCIAS TENDENTES A RECABAR LO NECESARIO PARA CONSTATAR QUE AQUÉLLOS NO SE ESTÁN REALIZANDO. Por regla general, la negativa lisa y llana del acto reclamado libera a la autoridad responsable de la necesidad de comprobarla, toda vez que no es factible demostrar lo que se ha negado; de ahí que la carga de probar recae en el quejoso. No obstante, cuando en la demanda reclama actos de tortura derivados de su internamiento en un centro de reclusión y se allegan indicios de su existencia, pero durante la sustanciación del juicio de amparo la autoridad responsable en su informe justificado los niega, en términos del párrafo tercero del numeral 75 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo, a fin de contar con elementos suficientes para emitir la sentencia, por excepción, debe adoptar de oficio las providencias tendentes a recabar lo necesario para constatar que éstos, en efecto, no se están realizando; con lo que además cumple con las obligaciones del Estado Mexicano en relación con los tratados internacionales que ha suscrito, sobre el tema de la tortura" Se apercibe a la autoridad que de no cumplir con el anterior requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización a valor diario, de conformidad con los artículos 237 y 259, de la Ley de Amparo. TRANSFIERE AUDIENCIA Por otra parte, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés, se transfiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
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