Manuel Saucedo Cadena

Expediente 1009/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1009/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2021

Partes del expediente

  • Manuel Saucedo Cadena

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno; consecuentemente, se declara que dicho auto que tuvo por desechada la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 1009/2021-A. Procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, de los antecedentes que formula la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en específico de los marcados con los números cuatro y cinco, se advierten lo siguiente: "[.] 4. Lo que considero inconstitucional es que con fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno, presenté ante la autoridad responsable a través de mi apoderado legal, escrito por el cual pedí la actualización de intereses y el dictado de un auto de requerimiento de pago y embargo. 5. Sin embargo, ha pasado mas de un mes y es la fecha que el referido escrito, no ha sido acordado. [.]" Esto es, la parte quejosa promueve la presente demanda de amparo en contra de la omisión de acordar su escrito presentado ante la responsable el veinte de septiembre del año en curso, dentro del juicio laboral ***, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala. Sin embargo, dicha omisión, por las consecuencias que en el particular genera, constituye una violación que no afecta los derechos del quejoso, ya que constituye una violación que interfiere con el procedimiento, análoga a la prevista en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo; es decir, se trata de la violación de carácter adjetivo, pues no constituye una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, pues no se trata de una omisión autónoma, sino que se presenta en la etapa de ejecución de laudo, en el caso concreto, como la falta de un acuerdo en el que se pronuncie la responsable en relación a la actualización de intereses, así como el dictado de un auto de requerimiento de pago y embargo. Es decir, no tiene una ejecución que, objetivamente analizada, amerite sujetarla al control constitucional inmediato durante el trámite del procedimiento de ejecución, ya que no vulnera o menoscaba los derechos sustantivos de la quejosa. Al respecto, conviene precisar que sobre el tema relativo a las omisiones en que incurren las autoridades responsables al tramitar un juicio o un procedimiento, principalmente bajo la vigencia de la anterior ley de la materia, se estimaba que las omisiones o dilaciones en el procedimiento afectaban los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14 y 17 del Pacto Federal, por lo que el amparo en la vía indirecta, era procedente a fin de salvaguardar esos derechos, en caso de que se demostrara la dilación o contravención a las normas que rigen el procedimiento. No obstante, la entrada en vigor de la nueva legislación de amparo, estableció claramente que el juicio de amparo indirecto, procede únicamente contra violaciones que afecten derechos sustantivos. Con base en dicho criterio, se estableció la diferencia que la Ley de Amparo en vigor contiene con relación a la anterior, bajo el amparo de la cual sí podía reclamarse en amparo indirecto, violaciones durante la tramitación de un procedimiento, siempre y cuando tuvieran un grado predominante o superior; cuestión que, como se vio, ya no es atendible en los juicios iniciados con posterioridad al tres de abril de dos mil trece, como el que nos ocupa. Ahora bien, con relación a lo que se reclama en el presente juicio de amparo, correspondiente a las omisiones o dilaciones que se generan en los procedimientos ordinarios, la Segunda Sala del citado Máximo Tribunal del País, conoció de la contradicción de tesis 325/2015, la cual fue fallada en sesión de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, al tenor de las siguientes consideraciones medulares: "CONTRADICCIÓN DE TESIS 325/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, CUARTO, QUINTO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO CUARTO TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. PONENTE: MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: ***. Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. VISTOS, los autos para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro, y R E S U L T A N D O: [.]. CONSIDERANDO: [...]. SEXTO. Estudio de fondo. El criterio que debe prevalecer como jurisprudencia es el que se desarrolla a continuación y, conforme al cual, en casos como los que fueron analizados por los tribunales que participan en esta contradicción, el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que: 'Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'. Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación ?sostuvo el Pleno? el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular ?como en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis? se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Por todo lo expuesto y fundado, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Existe la contradicción de tesis denunciada. SEGUNDO. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la tesis sustentada por esta Segunda Sala. Dicho criterio es plenamente aplicable al caso concreto, pues la omisión que se reclama, en la especie no se genera de manera independiente al procedimiento de origen, en el cual el quejoso es la parte actora, sino que se presenta dentro de éste, lo cual genera como consecuencia que dicha omisión se repute como violación de carácter adjetivo, contra la cual, como se ha dejado sentado, no procede el juicio de amparo indirecto, al no provocar una afectación de manera inmediata y directa en sus derechos. Esto, porque la omisión que se reclama no constituye una abierta dilación en el procedimiento de ejecución dentro del juicio de origen, mucho menos por sí, la paralización total de procedimiento, que amerite declarar procedente el presente juicio constitucional, lo cual engendraría una excepción a lo anteriormente dicho. Sin que en el caso, se reitera, se actualiza alguno de los aludidos supuestos de excepción. Ahora bien, como quedó previamente expuesto, lo que se reclama en el presente juicio de amparo, es la falta de un acuerdo en el que la responsable se pronuncie en relación a la actualización de intereses, así como al dictado de un auto de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral de origen. Ahora bien, dentro del juicio laboral existen múltiples plazos para que los órganos jurisdiccionales, y servidores públicos que participan en ellos, provean los diversos trámites que la secuela procesal exija, así como numerosas razones para que algunos de tales periodos no se observen a cabalidad, ya sea por la interposición de recursos, la excesiva carga de trabajo, fuerza mayor o hecho fortuito, etcétera. Tan solo por dar un ejemplo, basta con señalar que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo dispone un lapso de cuarenta y ocho horas como el plazo genérico para el dictado de resoluciones y autos, pero tales actos no son los únicos dentro del juicio laboral, porque existen muchos más periodos legales, inclusive algunos de ellos también computados por horas, de muy distinta naturaleza. El plazo genérico al cual se ha hecho mención es el siguiente: "(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Por ello, resulta difícil establecer un lapso genérico de la duración de la demora que pueda ser establecido de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no, una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el amparo indirecto. Por otra parte, la interpretación del artículo 8o. de la Constitución Federal, ha establecido que, si la falta de respuesta llega a un extremo de cuatro meses, es indudable que se viola el derecho de petición, lo cual tampoco significa que la autoridad cuente con ese periodo para responder, sino exclusivamente que ese lapso hace indiscutible la infracción al derecho fundamental de obtener una respuesta en breve término. Así se explica en el siguiente criterio: Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad jurisdiccional laboral ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria del proceso, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto ya no se trate solamente de una mera inobservancia de las normas que rigen el procedimiento, sino de una auténtica denegación de justicia, no solo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que 'Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.' No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, en los siguientes términos: (REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, la Junta notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera." De lo dispuesto en el precepto anterior se observa que el legislador federal ya estableció en la ley un lapso preciso (45 días naturales) para que la Junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. De esta forma, atendiendo al contenido de dicho criterio el término de cuarenta y cinco días naturales que prevé la Ley Federal del Trabajo, es el referente para estimar si en el caso existe una dilación excesiva que se traduzca se una paralización del procedimiento. En ese contexto, si en el presente caso, el escrito que el quejoso refiere no ha sido acordado, fue presentado ante la responsable el veinte de septiembre del actual, el aludido término de cuarenta y cinco días comenzó a transcurrir el veintiuno de dicho mes y año, y concluirá el seis se noviembre de la presente anualidad, con lo cual se tiene que a la fecha de presentación de la demanda constitucional, no existe dicha dilación, por lo que, tal demora no puede entenderse como una paralización total del procedimiento, y por tanto, la falta de dictado del auto del que se duele la parte quejosa, no afecta derechos sustantivos de las partes, sino que solamente contraviene normas procesales durante la tramitación del juicio, en su fase de ejecución de laudo. De esta forma, dicha omisión hasta este momento no vulnera los derechos del promovente, sino que se reitera, en todo caso tiene injerencia en el carácter meramente procesal, en el cual es parte el quejoso. En consecuencia, atendiendo a lo anteriormente expuesto, el presente amparo deviene improcedente, pues no se trata de un acto de imposible reparación, sino que sus consecuencias son meramente procesales. Luego entonces, como en el caso se actualiza, una manifiesta e indudable causa de improcedencia, que es concretamente la prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda constitucional que nos ocupa. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el quejoso en el ocurso de cuenta y como autorizados en términos amplios del artículo 12 d la Ley de Amparo, a las personas que refiere. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  3. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

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