Manuel Sandoval Esparza

Expediente 1099/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1099/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • Manuel Sandoval Esparza

Actuaciones

  1. Principal

    El veinte de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: El oficio registrado con el número 12943 y anexo que se acompaña. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. Zacatecas, Zacatecas, veinte de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el estado, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la ejecutoria de trece de junio del presente año, dictada en el recurso de queja civil 54/2018-4, de cuyo punto resolutivo único se advierte que el Pleno del Tribunal Federal en mención, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso Manuel Sandoval Esparza, contra el auto de tres de mayo del presente año, por el que se desechó de plano la demanda de amparo planteada. Acúsese el recibo correspondiente. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Regina.

  2. Principal

    El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 11098. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto dictado en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Regina.

  3. Principal

    El quince de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con un escrito registrado con el folio 10318 y copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por Manuel Sandoval Esparza; en atención a su contenido, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de tres de mayo del año en curso, por el que se desechó la demanda promovida por el ocursante. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo que se actúa, se dictó el auto recurrido. Ahora, remítase copia certificada de la demanda de garantías con que se formó el presente expediente y del auto recurrido y su respectiva notificación; lo anterior, a fin de que sea substanciado el medio de impugnación de que se habla en párrafos precedentes, debiendo acompañase el original del escrito de expresión de agravios respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Rosy

  4. Principal

    CUENTA. El tres de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: La demanda de amparo promovida por Manuel Sandoval Esparza, registrada con el folio 9340. La circunstancia de que el licenciado Esteban Castruita Bautista cuenta con cédula profesional número 2655309 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de mayo de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Manuel Sandoval Esparza, contra actos de la juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1099/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: De la juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas: Interlocutoria de cinco de abril de dos mil dieciocho, por la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso Manuel Sandoval Esparza, contra el auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se admitió la excepción de litispendencia promovida por la demandada Ma. Isabel Medina Saucedo, en el juicio de interdicto para retener la posesión 425/2017, promovido el por referido ocursante. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la ley reglamentaria en consulta, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la ley fundamental o de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." [.] La fracción V del mencionado precepto, establece la procedencia del amparo contra actos en juicio cuando tengan una ejecución de imposible reparación, y aclara que ello ocurre cuando dichos actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, atendiendo a lo expuesto, es claro que la determinación reclamada no constituye violación a derechos sustantivos y, por tanto, de imposible reparación, ya que en nada le afecta al promovente que la juez responsable haya admitido la excepción de litispendencia interpuesta por la demandada Ma. Isabel Medina Saucedo, pues ello no impide que obtenga interlocutoria favorable a sus pretensiones, puesto que dicha juez está obligada a analizar en conjunto todos los elementos de prueba que aporten las partes para pronunciarse sobre la procedencia de dicha excepción. Por tanto, la determinación reclamada no constituye un acto en el juicio que tenga sobre la esfera jurídica de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, que afecte materialmente sus derechos sustantivos, en los términos concebidos por el legislador ordinario, pues solo constituyen violaciones procesales que no transgreden algún derecho fundamental tutelado a su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país. Atendiendo a lo anterior, se considera que el presente amparo indirecto es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo vigente, no constituyen actos cuya repercusión sobre el hoy accionante del amparo se considere como de imposible reparación, pues se insiste, en nada le afecta al promovente la admisión de excepción de litispendencia interpuesta por la demandada en el juicio de interdicto para retener la posesión 425/2017, promovido por el propio quejoso. Por consiguiente, y tomando en cuenta que en relación con las violaciones cometidas en la tramitación de un interdicto de retener la posesión, aplican por analogía las reglas del juicio de amparo directo, de tal forma que -por economía procesal- las violaciones cometidas durante su tramitación se deben impugnar junto con la resolución que ponga fin a ese procedimiento especial. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la siguiente jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página: 39: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Lo que permite concluir, que de acuerdo a la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es de naturaleza meramente procesal, cometida durante la tramitación del procedimiento especial denominado interdicto de retener la posesión, y que por ende, debe ser reclamado junto con la resolución que ponga fin al citado procedimiento marcado con el número 425/2018. Es aplicable a lo anterior por analogía la tesis de rubro y texto siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO INCIDENTAL. PROCEDE COMBATIRLAS EN EL AMPARO EN QUE SE RECLAME LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE. De acuerdo con la teoría procesal, el procedimiento de un incidente es similar al de un juicio, y las instituciones juicio e incidente, deben decidir una cuestión planteada. Luego entonces, en su generalidad son similares y, trae consigo que iguales razones deban regir para ambos, por tanto, en el campo de la similitud existente, el momento de reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y en otro debe ser el mismo, es decir, aquel en que se combate la resolución respectiva que pone fin al juicio o al incidente (sentencia definitiva o interlocutoria), a través del juicio de amparo; siempre que esta última (la interlocutoria correspondiente) sea susceptible de reclamarse mediante dicho juicio; consistiendo la diferencia sólo en la vía en que se debe promover la demanda constitucional (biinstancial o uniinstancial)". Consecuentemente, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo aludida, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V y 113, todos de la Ley de Amparo. En consecuencia, atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el acto reclamado no ocasiona una afectación de ejecución irreparable a los derechos sustantivos de la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Manuel Sandoval Esparza. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el ocursante, se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Esteban Castruita Bautista, toda vez que cuenta con cédula profesional número 2655309 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Mariano Abasolo número doscientos trece (213), de la colonia Miguel Hidalgo, de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, que actúa con Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Rosy.

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