Manuel Sánchez Romero
Expediente 710/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 710/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 29/11/2019
Partes del expediente
- Manuel Sánchez Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En ese contexto se tiene que por sentencia de un de julio de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa Manuel Sánchez Romero, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla dictara el acuerdo correspondiente en el que señalara día y hora para el desahogo de la audiencia en su etapa de demanda y excepciones dentro del juicio laboral D-2/717/2016. En cumplimiento a lo anterior, el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio recibido el cinco de noviembre del año en curso, remitió copia certificada de los acuerdos de diecisiete de octubre y uno de noviembre, ambos del año en curso, en los que, en el primero señaló hora y día para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio laboral de origen D-2/717/2016, y en el segundo se desahogó dicha audiencia, concediendo a las partes término para que formularan alegatos. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó conceder el amparo, en el entendido de que el presente juicio se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
- Principal
Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En ese contexto se tiene que por sentencia de un de julio de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa Manuel Sánchez Romero, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla dictara el acuerdo correspondiente en el que señalara día y hora para el desahogo de la audiencia en su etapa de demanda y excepciones dentro del juicio laboral D-2/717/2016. En cumplimiento a lo anterior, el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio recibido el cinco de noviembre del año en curso, remitió copia certificada de los acuerdos de diecisiete de octubre y uno de noviembre, ambos del año en curso, en los que, en el primero señaló hora y día para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio laboral de origen D-2/717/2016, y en el segundo se desahogó dicha audiencia, concediendo a las partes término para que formularan alegatos. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó conceder el amparo, en el entendido de que el presente juicio se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que después de diversos trámites, el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio recibido el cinco de noviembre del año en curso, remitió copia certificada de los acuerdos de diecisiete de octubre y uno de noviembre, ambos del año en curso, en los que, en el primero señaló hora y día para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio laboral de origen D-2/717/2016, y en el segundo se desahogó dicha audiencia, concediendo a las partes término para que formularan alegatos. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con las referidas documentales, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que después de diversos trámites, el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio recibido el cinco de noviembre del año en curso, remitió copia certificada de los acuerdos de diecisiete de octubre y uno de noviembre, ambos del año en curso, en los que, en el primero señaló hora y día para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio laboral de origen D-2/717/2016, y en el segundo se desahogó dicha audiencia, concediendo a las partes término para que formularan alegatos. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con las referidas documentales, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
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