Manuel Sánchez Orozco
Expediente 36/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 47 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 02/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Manuel Sánchez Orozco
- Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dos de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de fecha tres de julio del actual, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido debiéndose glosar a este expediente, el original del incidente de suspensión y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y dado que se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó y se concedió la suspensión definitiva, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a tres de julio de dos mil diecisiete. Advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, que dentro del término legal de tres días concedido al quejoso MANUEL SÁNCHEZ OROZCO, por acuerdo de veinte de junio del año en curso (fojas 624 y 625), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Juez de Control, con residencia en Juchitán, Oaxaca, no hizo manifestación alguna, no obstante su legal notificación por conducto de su autorizada para tales efectos (foja 626); en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad judicial responsable. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis (fojas 373 a 401), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso MANUEL SÁNCHEZ OROZCO, respecto del artículo 221 del Código Penal del Estado de Oaxaca, que se tildó de inconstitucional. Como consecuencia de lo anterior, también se otorgó el amparo contra el acto de aplicación por parte del Juez de Garantía en materia penal, con residencia en Juchitán, Oaxaca, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso el cuatro de enero de dos mil dieciséis, en la causa penal número 452/2015 de su índice, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de responsabilidad profesional, previsto en el artículo 221 y sancionado en el numeral 210, ambos del Código Penal del Estado de Oaxaca. Por tanto, a efecto de restituir a MANUEL SÁNCHEZ OROZCO, en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se determinó que una vez que causara ejecutoria dicha sentencia, debería dejarse insubsistente el acto de aplicación reclamado, esto es, el Juez responsable debería dejar insubsistente la resolución que dictó el cuatro de enero de dos mil dieciséis, en la causa penal número 452/2015 de su índice. Hecho lo anterior, en audiencia pública y con asistencia de las partes dentro de la causa penal de mérito, debería dictar una nueva resolución, en la cual por los motivos legales que se expusieron en la resolución reclamada, debería dictar auto de no vinculación a proceso a favor del quejoso, respecto del delito de fraude específico que le atribuyó el Agente del Ministerio Público en la audiencia de comunicación de la imputación correspondiente. Así también, en esa nueva resolución debería precisar que en vía de reclasificación, no era procedente dictar auto de vinculación contra el quejoso por el hecho que la ley señala como el delito de daños indebidos, previsto en el artículo 221 del Código Penal del Estado de Oaxaca, en virtud de que se declaró inconstitucional dicho precepto legal por los motivos legales expuestos en la sentencia de amparo. Así también, se precisó que si bien la tutela protectora alcanzaba a las autoridades responsables que concurrieron a la formación y publicación de la norma controvertida, no implicaba por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Sentencia que fue confirmada en sus términos por ejecutoria de cuatro de mayo de dos mil diecisiete (fojas 592 a 612), dictada por el Pleno del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el amparo en revisión número 65/2017 de su índice; por tal razón, por acuerdo de treinta de mayo del actual (fojas 613 y 614), se requirió su cumplimento al Juez responsable. Por oficio CJ/SJPA/JCJZ/01473/2017-J, el Juez de Control, con residencia en Juchitán, Oaxaca, informó lo procedente respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de un disco DVD-R, que contiene la transcripción de la resolución que dictó el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, así como del audio y video de la audiencia de dicho cumplimiento de esa misma fecha; en consecuencia, en atención a lo asentado en la certificación secretarial que antecede, dedúzcase copia certificada de la aludida resolución y glósese al expediente para que surta sus efectos legales procedentes. Ahora, del contenido de la copia certificada que contiene la resolución que el Juez responsable dictó el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, en la causa penal número 452/2015 de su índice, la que tiene pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso MANUEL SÁNCHEZ OROZCO, el cuatro de enero de dos mil dieciséis, por el hecho que la ley señala como el delito de responsabilidad profesional, previsto por el artículo 221 y sancionado por el numeral 210 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, dictando una nueva resolución, en la cual, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, determinó que no era procedente vincular a proceso al quejoso de mérito, por no haberse acreditado el hecho que la ley señala como el delito de fraude específico, en perjuicio de José Ángeles Toledo López. De igual forma, determinó que no era procedente realizar reclasificación jurídica, del hecho acreditado, por el ilícito de daños indebidos, previsto en el artículo 221 del Código Penal del Estado, por haberse declarado de inconstitucional dicho precepto en este juicio de amparo. De lo anteriormente expuesto, se advierte que el Juez de Control responsable, cumplió en sus términos con la concesión del amparo, toda vez que dejó sin efecto la resolución reclamada dictada en la causa penal 452/2015 de su índice; emitiendo una nueva resolución, en la cual siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, determinó que no era procedente vincular a proceso al quejoso de mérito, por no haberse acreditado el hecho que la ley señala como el delito de fraude específico, en perjuicio de José Ángeles Toledo López. De igual forma, determinó que no era procedente realizar reclasificación jurídica, del hecho acreditado, por el ilícito de daños indebidos, previsto en el artículo 221 del Código Penal del Estado, por haberse declarado de inconstitucional dicho precepto en este juicio de amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y del Juez de Control, con residencia en Juchitán, Oaxaca, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese; personalmente al quejoso. III-A-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta firmado por el Juez de Control, residente en Juchitán, Oaxaca, con el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este expediente, adjuntando lo siguiente: 1.- un disco certificado en formato DVD-R, que contiene la transcripción de la resolución dictada el dieciséis de junio del actual, así como el audio y video de la audiencia de cumplimiento. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior, dése vista al quejoso Manuel Sánchez Orozco, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese; y personalmente al quejoso. IIIA-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, uno de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por el licenciado Pedro Carlos Zamora y Martínez, autorizado legal del quejoso Manuel Sánchez Orozco; en su atención, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele las copias simples que solicita, previa razón que de su recibo se deje en autos, autorizando para recibirla a las personas que menciona. Notifíquese. IIIA-A
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