Manuel Sam Valdez
Expediente 39/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 21 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 39/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 16/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Manuel Sam Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como el contenido de la certificación secretarial que refiere la razón de cuenta, este juzgado resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En la sentencia emitida el trece de marzo de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional por una parte sobreseyó en el juicio, y por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Manuel Sam Valdez, para efecto que la autoridad responsable realizara lo siguiente: El Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil debe dejar insubsistente la interlocutoria de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete emitida en el juicio sumario civil hipotecario 845/2013. Deberá emitir una nueva, con plenitud de jurisdicción, en la que purgue los vicios a que se hizo alusión en esta sentencia. En relación a lo anterior, el Juez Primero del Ramo Civil allegó el oficio 1206/2018 (foja 89), al que anexó copia certificada de la resolución de veinticuatro de abril del año en curso, en la que se determinó que la planilla de liquidación presentada por la actora se aprobó en los términos planteados por las cantidades de ochocientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y ocho pesos con noventa y ocho centavos por concepto de intereses ordinarios; dieciséis mil cuatrocientos cincuenta pesos de comisiones y dos mil seiscientos treinta y dos pesos de impuesto al valor agregado de las comisiones; conceptos generados a partir del primero de julio de dos mil trece al treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete. Para obtener el monto de los intereses ordinarios, el Juez responsable multiplicó el importe del capital condenado, siendo la cantidad de dos millones setenta y siete mil setecientos cincuenta y cinco pesos con veintiséis centavos por la tasa anual del diez punto cuarenta por ciento, establecida en la cláusula decimotercera del contrato de crédito basal y el resultado se divide entre trescientos sesenta días que tiene un año según lo pactado en la misma cláusula, obteniendo el monto de seiscientos pesos con veinticuatro centavos, misma que a su vez se multiplica por treinta días correspondientes al primer periodo de incumplimiento generado posterior a la sentencia definitiva dictada, es decir, del uno al treinta y uno de julio de dos mil trece, resultando el importe de dieciocho mil siete pesos con veintiún centavos mensual. Así habiéndose realizado la operación matemática correspondiente mes tras mes hasta la fecha final del cálculo siendo el treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete, determinó que transcurrieron cuarenta y siete meses, lo que arrojó un total de ochocientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y nueve pesos con noventa y ocho centavos. Razón por la cual, dado que la cuantificación de los intereses ordinarios se ajusta a la condena impuesta en la sentencia y a lo pactado en el contrato base de la acción, el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, aprobó por ese monto la liquidación de los intereses ordinarios. Respecto a las comisiones de cobranza y el impuesto al valor agregado de las mismas, se reclamaron dieciséis mil cuatrocientos cincuenta pesos, y dos mil seiscientos treinta y dos pesos respectivamente, generados a la misma fecha (treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete), por el monto de trescientos cincuenta pesos mensual; de igual manera los aprobó, virtud que en la sentencia se condenó a su pago, y según se advierte del escrito incidental su cálculo se ajusta a lo dispuesto en la cláusula decimosegunda del contrato base de la acción. Asimismo, del análisis de la resolución de mérito se desprende que la responsable, para realizar los anteriores cálculos no se basó en la certificación contable -estado de cuenta certificado- expedida por el contador de la parte actora. Documental que tiene valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo; asimismo, glósese el original del cuaderno incidental derivado del juicio en que se actúa. En cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en ninguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de depuración.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa y tercera interesada HSBC MEXICO, S.A Visto el estado que guardan los autos, así como el contenido de la certificación secretarial que refiere la razón de cuenta, este juzgado resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En la sentencia emitida el trece de marzo de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional por una parte sobreseyó en el juicio, y por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Manuel Sam Valdez, para efecto que la autoridad responsable realizara lo siguiente: El Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil debe dejar insubsistente la interlocutoria de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete emitida en el juicio sumario civil hipotecario 845/2013. Deberá emitir una nueva, con plenitud de jurisdicción, en la que purgue los vicios a que se hizo alusión en esta sentencia. En relación a lo anterior, el Juez Primero del Ramo Civil allegó el oficio 1206/2018 (foja 89), al que anexó copia certificada de la resolución de veinticuatro de abril del año en curso, en la que se determinó que la planilla de liquidación presentada por la actora se aprobó en los términos planteados por las cantidades de ochocientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y ocho pesos con noventa y ocho centavos por concepto de intereses ordinarios; dieciséis mil cuatrocientos cincuenta pesos de comisiones y dos mil seiscientos treinta y dos pesos de impuesto al valor agregado de las comisiones; conceptos generados a partir del primero de julio de dos mil trece al treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete. Para obtener el monto de los intereses ordinarios, el Juez responsable multiplicó el importe del capital condenado, siendo la cantidad de dos millones setenta y siete mil setecientos cincuenta y cinco pesos con veintiséis centavos por la tasa anual del diez punto cuarenta por ciento, establecida en la cláusula decimotercera del contrato de crédito basal y el resultado se divide entre trescientos sesenta días que tiene un año según lo pactado en la misma cláusula, obteniendo el monto de seiscientos pesos con veinticuatro centavos, misma que a su vez se multiplica por treinta días correspondientes al primer periodo de incumplimiento generado posterior a la sentencia definitiva dictada, es decir, del uno al treinta y uno de julio de dos mil trece, resultando el importe de dieciocho mil siete pesos con veintiún centavos mensual. Así habiéndose realizado la operación matemática correspondiente mes tras mes hasta la fecha final del cálculo siendo el treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete, determinó que transcurrieron cuarenta y siete meses, lo que arrojó un total de ochocientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y nueve pesos con noventa y ocho centavos. Razón por la cual, dado que la cuantificación de los intereses ordinarios se ajusta a la condena impuesta en la sentencia y a lo pactado en el contrato base de la acción, el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, aprobó por ese monto la liquidación de los intereses ordinarios. Respecto a las comisiones de cobranza y el impuesto al valor agregado de las mismas, se reclamaron dieciséis mil cuatrocientos cincuenta pesos, y dos mil seiscientos treinta y dos pesos respectivamente, generados a la misma fecha (treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete), por el monto de trescientos cincuenta pesos mensual; de igual manera los aprobó, virtud que en la sentencia se condenó a su pago, y según se advierte del escrito incidental su cálculo se ajusta a lo dispuesto en la cláusula decimosegunda del contrato base de la acción. Asimismo, del análisis de la resolución de mérito se desprende que la responsable, para realizar los anteriores cálculos no se basó en la certificación contable -estado de cuenta certificado- expedida por el contador de la parte actora. Documental que tiene valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo; asimismo, glósese el original del cuaderno incidental derivado del juicio en que se actúa. En cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en ninguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de depuración.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte tercera interesada HSBC MEXICO, S.A. Agréguese el oficio signado por el Juez Primero del Ramo Civil con residencia en esta ciudad, al que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo anexa copia certificada de la resolución dictada el veinticuatro de los actuales. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el citado oficio y resolución dese vista a las partes para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación correspondiente, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto dicho cumplimiento. Trascurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se emitirá pronunciamiento en torno el cumplimiento de la sentencia protectora.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Agréguese el oficio signado por el Juez Primero del Ramo Civil con residencia en esta ciudad, al que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo anexa copia certificada de la resolución dictada el veinticuatro de los actuales. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el citado oficio y resolución dese vista a las partes para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación correspondiente, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto dicho cumplimiento. Trascurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se emitirá pronunciamiento en torno el cumplimiento de la sentencia protectora.
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