Manuel Salvador Peralta Ramírez

Expediente 1327/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1327/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
04/11/2021

Partes del expediente

  • Manuel Salvador Peralta Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Titular de la Dirección General de Responsabilidades de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior de la Federación, por medio del cual, interpone recurso de revisión contra la sentencia de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio en que se actúa. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89, de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del oficio mencionado y, una vez que obren en autos las constancias de notificación correspondientes, dentro del plazo de tres días, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de referencia, el original del ocurso de interposición y de expresión de agravios, así como los presentes autos y los tomos de pruebas, a fin que resuelva lo que en derecho corresponda, asimismo fórmese cuaderno de antecedentes de este expediente. Notifíquese. personalmente a la parte quejosa, y por vía electrónica a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por *************, por propio derecho; contra actos del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1327/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por ****************, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un acto que implica una comunicación entre autoridades, que por sí solo no causa afectación a la parte quejosa. En efecto, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y 61, fracción XII, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede siempre y cuando sea instado a petición de quien siendo titular de un interés jurídico o de un interés legítimo, aduzca una afectación en su esfera jurídica con motivo de la emisión del acto reclamado, ya sea de manera directa o derivada de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe precisar que el interés jurídico es definido como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley, se dé una afectación, ofensa, daño o lesión en sus intereses, atentando en contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir, y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Para su configuración, el Máximo Tribunal del país ha considerado que deben reunirse los elementos siguientes: 1) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y 2) Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Los elementos de referencia son concurrentes, por lo que la falta de uno de ellos evidencia la ausencia del interés jurídico. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, página 225, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De igual forma, resulta aplicable la tesis 2a. LXXX/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de dos mil trece, tomo tres, página mil ochocientas cincuenta y cuatro, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En principio conviene tener presente que del estudio efectuado al ocurso que se provee, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados destacados los siguientes: "A) La instrucción de prohibición de pase de lista, asignación de funciones y desempeño laboral, emitido mediante oficio GN/1043/2021 de 30 de septiembre de 2021, A TODAS LAS ÁREAS MANIFESTADAS EN LA PRESENTE DEMANDA (.)" "B) La privación de mi salario a través de una orden de preventiva de pago (.)" "A) La ejecución de la preventiva de pago solicitada por las responsables (.)" En el apartado de hechos, el quejoso argumenta lo siguiente: "(.) Que, al cumplir con mi servicio en la 24ª compañía de Campo, Sección Técnica, en la Dirección General de Servicios Especiales, en 07 de Octubre de 2021, el primer subinspector (.) comunicó verbalmente, y de forma complementaria, mediante oficio 02657 (ANEXO), que, por instrucciones del Titular de la Unidad de Apoyo al comandante de la Guardia Nacional, esto derivado del OFICIO GN/1043/2021 (.) se me comunicó que no se me ingresaría a la lista de asistencia y por tanto, desempeñar funciones en el área asignada en servicio (.)" "(.) me presente el 8 de octubre en las instalaciones de la Guardia Nacional, ubicadas en Calzada de México Xochimilco, número 4985, ante el personal de dicha Unidad de Transición, que realizaba todavía acciones de organización de entrega de recursos humanos, activos y pasivos, debido al 'Acuerdo por el que se declara la extinción de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana' (.)" Asimismo, en el capítulo VI, correspondiente al -conocimiento del acto reclamado-, el quejoso textualmente manifiesta que: "La prohibición para desempeñar mi empleo negativa de pase de asistencia y solicitud de preventiva de pago, FUE HECHA DE MI CONOCIMIENTO EN 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2021, respectivamente." Asimismo, la parte quejosa anexó a su escrito de demanda el oficio 02647 a través del cual en relación al diverso *********** de treinta de septiembre de este año, mismo que, en la parte conducente, señala lo siguiente: "(.) . (.)" De lo anterior, se advierte que a través de los oficios motivo del acto reclamado el Comandante de la Guardia Nacional, instruye a las Unidades Administrativas y Direcciones Generales que cuenten con personal administrado por la Unidad de Transición, para que en cumplimiento al "Acuerdo por el que se declara la extinción de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana" por el que se declara formalmente extinta dicha dependencia a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno, dejen de realizar actividades inherentes a esta, motivo por el cual se dejó de pasar lista a partir del treinta de septiembre del actual, dejando de asignar funciones al citado personal. En tales condiciones, se advierte que tal actuación únicamente constituye una comunicación entre autoridades, la cual no implica la terminación de la relación jurídica de la parte quejosa con la dependencia en la que actualmente refiere encontrarse activo; por tanto no se advierte que se trasciendan sus derechos subjetivos. En efecto, el hecho de que la autoridad administrativa haya determinado el dejar de pasar lista a partir del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, ya que la citada Unidad de Transición se declaró extinta a partir del uno de octubre del año en curso y, no asignar funciones al personal administrado por esta, no se traduce en una afectación real y directa de un derecho subjetivo, máxime que del apartado relativo al señalamiento de los hechos el propio quejoso refiere que no ha dejado de presentarse en su centro de trabajo. Al respecto, es importante mencionar que la causa de improcedencia relativa a la falta de afectación al interés jurídico, contemplada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, consta de dos elementos: 1) un bien jurídico tutelado de forma específica en favor del justiciable y que es reconocido por el derecho objetivo, lo cual le da una facultad de exigencia frente a las demás personas, es decir, es un derecho reconocido en las normas aplicables, en favor del quejoso de manera concreta, y; 2) una transgresión a ese derecho verificada mediante la emisión de un acto de autoridad real y actual, esto es, un acto que esté dirigido al quejoso de forma personal y directa. No pasa desapercibido para este juzgado, el hecho de que el citado oficio 02647 esté dirigido al quejoso, ya que con independencia de ello, el promovente hace derivar los actos que impugna del diverso *********** de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual el Comandante de la Guardia Nacional, instruye a las Unidades Administrativas y Direcciones Generales para que dejen de realizar funciones, debido a la extinción de la multicitada Unidad de Transición. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/87, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Página 364, en Materia Común, de la Octava Época, con registro 224803: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." En esa tesitura, el acto que ahora reclama la parte quejosa únicamente implica una comunicación entre autoridades, la cual no implica una terminación de la relación jurídica del quejoso con la dependencia en la que refiere encontrase activo; pues se insiste, del contenido íntegro del oficio que constituye el acto reclamado no se advierte de forma alguna que las autoridades responsables hayan determinado suspender sus pagos, sino únicamente se le cita para cuestiones de carácter administrativo. Por tanto, se colige que el oficio *********** de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, al ser un acto de comunicación entre autoridades no causa una afectación en la esfera jurídica del quejoso. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda, promovida por ************, por propio derecho. Determinación que debe hacerse extensiva respecto de la autoridad ejecutora señalada en la demanda, esto es, Dirección General de Recursos Humanos de la Guardia Nacional. Cobra aplicación a lo antes referido, en lo conducente, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Luego, al haberse desechado la demanda respecto de la norma y actos reclamados, tal determinación debe hacerse extensiva respecto de sus efectos y consecuencias, porque son inherentes a los mismos. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **************, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido del secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

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