Manuel Salvador Pedro
Expediente 1358/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 21 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1358/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 29/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Manuel Salvador Pedro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
Visto el estado que guardan los autos del juicio principal del que deriva el cuaderno incidental en que se actúa, en específico el proveído de esta fecha, en el que se declaró consentida la ejecutoria de la sentencia definitiva y a su vez se ordenó el archivo del juicio como asunto totalmente concluido; por tanto, a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se procede a la valoración de los presentes cuadernos incidentales. Por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que en interlocutoria de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve; se CONCEDIÓ la medida cautelar solicitada, es susceptible de ser DEPURADO, una vez transcurridos cinco años de dictada la resolución definitiva acorde con lo dispuesto en el punto Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo; y respecto al duplicado del citado incidente, éste deberá de ser DESTRUIDO una vez transcurridos seis meses de haberse resuelto la suspensión definitiva solicitada, de conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General antes mencionado; en consecuencia, remítanse al archivo hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes promovieran inconformidad contra el auto de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, en el que este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha lo hayan hecho así, no obstante estar legalmente notificadas para ello, como se desprende de las constancias relativas; en consecuencia, se les tiene por consentido dicho auto. Con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este asunto como totalmente concluido y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otra parte, vistas las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio. Atento a lo anterior, respecto del presente juicio de amparo, dado que se encuentra dentro de los supuestos que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado, una vez transcurridos cinco años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su DEPURACIÓN y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas. Ahora bien, respecto a los cuadernos incidentales, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, antes citado, acuérdese en ellos lo conducente en relación a su archivo. Finalmente, en relación al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío del presente expediente al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la décima región con residencia en Saltillo, Coahuila, y tomando en consideración que éste cumplió su objetivo principal, es decir, suplió al principal; en consecuencia, remítase el citado cuaderno al archivo, mismo que es SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIBLE, una vez que hayan transcurrido seis meses; toda vez que carece de valor institucional, histórico o de relevancia alguna y no aporta mayores elementos al acervo archivístico, ello de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a la partes, mediante proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a dictar de manera fundada y motivada, la resolución correspondiente a efecto de declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Mediante sentencia de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional solicitada para que la potestad responsable: "1. Deje insubsistente la resolución de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el toca penal IV-74/2018, a través de la cual modifica la diversa de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, que resolvió el incidente de reducción de caución, promovido por el aquí quejoso. 2. Con plenitud de jurisdicción emita otra en el que de manera fundada, motivada y congruente, siga los lineamientos precisados en esta resolución, en el entendido que la cantidad que fije por concepto de obligaciones procesales no deberá ser mayor a la impuesta en la resolución reclamada en este juicio de amparo." Sentencia que se declaró ejecutoriada el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, por lo que se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Actuación de la responsable. Por oficio 489, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, anexó copia certificada de la resolución dictada en el toca penal IV-74/2018, de veintiocho de mayo del presente año (fojas 120 - 147). Manifestaciones. En auto de treinta de mayo del año en curso, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, haciendo valer dicha vista la parte quejosa (fojas 152-154). Cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con base en lo expuesto, se considera que el fallo protector se encuentra cumplido, en virtud que la autoridad responsable mediante oficio 489 de veintiocho de mayo del año actual, remitió copia certificada de la resolución emitida por la Primera Sala Penal, dictada en el toca penal IV-74/2018, donde dejó insubsistente la resolución pronunciada por dicha autoridad el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Siguiendo los lineamiento establecidos en la ejecutoria de amparo, fundó su nueva determinación en los artículos 20, apartado A fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (antes de sus reformas de dos mil ocho), así como 147 y 148 del Código Procesal Penal del Estado de Guerrero, con base en los cuales valoró que: Los delitos imputados es el de robo y despojo, que no están contemplados como graves. El procesado no ha sido condenado con anterioridad. El procesado es una persona de escasos recursos económicos, con un hijo que padece parálisis cerebral. Los delitos imputados son de los cometidos por acción, de manera instantánea. Los daños y perjuicios están garantizados con el bien, por lo que hace al despojo; y por el robo, de acuerdo al dictamen en materia de avalúo, asciende a $2,250.00 (dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). No evidencia un interés en sustraerse de la acción de la justicia. No se puede establecer su capacidad económica. Por todo lo anterior, concluyó imponerle como monto por concepto de caución la cantidad de $8,388.00 (ocho mil trecientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional). Conclusión. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considera que el titular del amparo fue restituido en el goce de los derechos constitucionales vulnerados y, por ende, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Puesto que la responsable, quedó con libertad de jurisdicción para emitir su resolución, bajo la única limitante que la fundara y motivara, lo que en el caso aconteció, porque citó los artículos 20, apartado A fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 147 y 148 del Código Procesal Penal del Estado de Guerrero, y como razones para reducir el monto de la caución, expuso las que se han relatado anteriormente. Exceso o defecto en la ejecución de la sentencia de amparo. Se considera que la autoridad responsable al dar cumplimiento a la sentencia de amparo, no incurrió en exceso o defecto en su ejecución. Tampoco pasan desapercibidas las manifestaciones vertidas por el quejoso, en donde toralmente refirió que no se debe tener por cumplida la ejecutoria de amparo, en virtud que es defectuoso el cumplimiento de la ejecutoria, ya que debieron analizarse las constancias a integridad, y con base en ellas, fija una fianza acorde a las circunstancias personales, y conforme a los hechos atribuidos y desvirtuados. Tales manifestaciones carecen de razón, porque la ejecutoria de amparo otorgó a la responsable plenitud de jurisdicción para emitir su resolución, con la única limitante de fundarla y motivarla, lo cual acató la responsable; mientras que la manifestación del impetrante, en el sentido que se debió tomar en cuenta el hecho que no tuvo la intención o dolo de despojar a alguien, ese es un aspecto que se verificará al momento de dictarle la sentencia correspondiente, pues en la etapa procesal en que se encuentra, ya se ha considerado probable su participación y responsabilidad.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a la partes, mediante proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a dictar de manera fundada y motivada, la resolución correspondiente a efecto de declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Mediante sentencia de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional solicitada para que la potestad responsable: "1. Deje insubsistente la resolución de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el toca penal IV-74/2018, a través de la cual modifica la diversa de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, que resolvió el incidente de reducción de caución, promovido por el aquí quejoso. 2. Con plenitud de jurisdicción emita otra en el que de manera fundada, motivada y congruente, siga los lineamientos precisados en esta resolución, en el entendido que la cantidad que fije por concepto de obligaciones procesales no deberá ser mayor a la impuesta en la resolución reclamada en este juicio de amparo." Sentencia que se declaró ejecutoriada el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, por lo que se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Actuación de la responsable. Por oficio 489, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, anexó copia certificada de la resolución dictada en el toca penal IV-74/2018, de veintiocho de mayo del presente año (fojas 120 - 147). Manifestaciones. En auto de treinta de mayo del año en curso, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, haciendo valer dicha vista la parte quejosa (fojas 152-154). Cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con base en lo expuesto, se considera que el fallo protector se encuentra cumplido, en virtud que la autoridad responsable mediante oficio 489 de veintiocho de mayo del año actual, remitió copia certificada de la resolución emitida por la Primera Sala Penal, dictada en el toca penal IV-74/2018, donde dejó insubsistente la resolución pronunciada por dicha autoridad el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Siguiendo los lineamiento establecidos en la ejecutoria de amparo, fundó su nueva determinación en los artículos 20, apartado A fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (antes de sus reformas de dos mil ocho), así como 147 y 148 del Código Procesal Penal del Estado de Guerrero, con base en los cuales valoró que: Los delitos imputados es el de robo y despojo, que no están contemplados como graves. El procesado no ha sido condenado con anterioridad. El procesado es una persona de escasos recursos económicos, con un hijo que padece parálisis cerebral. Los delitos imputados son de los cometidos por acción, de manera instantánea. Los daños y perjuicios están garantizados con el bien, por lo que hace al despojo; y por el robo, de acuerdo al dictamen en materia de avalúo, asciende a $2,250.00 (dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). No evidencia un interés en sustraerse de la acción de la justicia. No se puede establecer su capacidad económica. Por todo lo anterior, concluyó imponerle como monto por concepto de caución la cantidad de $8,388.00 (ocho mil trecientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional). Conclusión. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considera que el titular del amparo fue restituido en el goce de los derechos constitucionales vulnerados y, por ende, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Puesto que la responsable, quedó con libertad de jurisdicción para emitir su resolución, bajo la única limitante que la fundara y motivara, lo que en el caso aconteció, porque citó los artículos 20, apartado A fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 147 y 148 del Código Procesal Penal del Estado de Guerrero, y como razones para
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