Manuel Salvador Muñiz Buenrostro
Expediente 113/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 16/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Manuel Salvador Muñiz Buenrostro y Otros.
- Manuel Salvador Muñiz Buenrostro
- Juez Séptimo Civil de Partido en León, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Cúmplase..
- Incidental
Cúmplase.
- Principal
Notifíquese personalmente. De la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrieron los tres días que se otorgaron a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede por parte de este tribunal federal a verificar si la sentencia concesoria ha sido cumplida. En la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte se concedió el amparo a la parte quejosa, para efecto de que el Juez Séptimo Civil de esta ciudad: 1. Dejara sin efectos la resolución interlocutoria dictada el diecisiete de enero de dos mil veinte, dentro del incidente de liquidación de sentencia e intereses ordinarios y moratorios, promovido en el juicio ordinario mercantil M97/2018; y, 2. Emitiera otra en la que: 2.1. Reiterara lo que no fue materia de análisis en la sentencia y el tema relacionado con la imposibilidad de analizar la existencia de usura; y, 2.2. Con plenitud de jurisdicción, resolviera el fondo del incidente de liquidación, sin ir más allá de lo establecido en la parte considerativa de la sentencia definitiva en cuando a la fecha de incumplimiento (enero de dos mil ocho) y respondiendo la totalidad de los argumentos defensivos propuestos por el quejoso en el escrito mediante cual contestó la vista que se le dio con la planilla de liquidación presentada por su contraparte. Dicha resolución adquirió firmeza el quince de julio de dos mil veintiuno, fecha en la que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, resolvió el recurso de revisión que se interpuso en contra de la sentencia emitida por este juzgado, confirmándola. En auto de veinte de agosto del año que corre se requirió a la autoridad responsable para que observara el fallo protector. A través del oficio 2949, recibido el treinta de agosto de dos mil veintiuno, el juez responsable notificó la resolución dictada el mismo día, en la que dejó insubsistente la declarada inconstitucional y emitió otra en la que: 1. Reiteró lo que no fue materia de análisis en la sentencia, es decir, la respuesta al agravio en el que se sostuvo que la acción principal ejercitada en el juicio se encontraba prescrita; 2. Reiteró el tema relacionado con la imposibilidad de analizar la existencia de usura; y, 3. Con plenitud de jurisdicción: 3.1. Declaró infundado uno de los agravios que se dejaron de analizar en la resolución declarada inconstitucional, a saber: en el que se sostuvo que solo era aplicable el cálculo de tres años de intereses, tanto ordinarios como moratorios; 3.2. Declaró fundados dos de los agravios cuyo estudio se omitió en la resolución declarada inconstitucional, a saber: a) aquel en el que se afirmó que se pretendía el cobro total del crédito original, sin tener en cuenta que se dejó de pagar en enero de dos mil ocho (con lo que atendió a lo resuelto en la sentencia concesoria, en el sentido de que no se debía ir más allá de lo establecido en la parte considerativa de la sentencia definitiva en cuando a la fecha de incumplimiento); y b) aquel en el que se refirió que se pretendía el cobro de setenta y dos mil quinientos diecisiete pesos con diecinueve centavos, por concepto de crédito adicional, pero que José Luis Camarillo Medina no explicó cómo obtuvo esa suma. Lo anterior, en virtud de que, resolvió la autoridad, la liquidación presentada por el actor incidentista, con base en la certificación contable que acompañó a la demanda incidental, no se ajustó a los parámetros establecidos en la sentencia, ya que no reconoció los pagos a capital efectuados por el demandado hasta diciembre de dos mil siete y computó intereses sobre el monto total del crédito, además de que en la referida certificación se utilizó una tasa distinta a la utilizada en la diversa certificación que se anexó al escrito inicial de demanda, sin que se explicara la razón de ello. En la inteligencia de que, si en la sentencia se consideró que el demandado estuvo al corriente en el pago de sus obligaciones hasta diciembre de dos mil siete, incumpliendo a partir de enero de dos mil ocho, entonces, debían reconocerse los pagos a capital hasta esa fecha y los intereses debían calcularse sobre el saldo realmente adeudado y no sobre el monto original. Por lo que declaró improcedente la incidencia. En este orden de ideas, si la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución declarada inconstitucional y, en su lugar, dictó otra en la que reiteró lo que no fue materia de análisis en la sentencia de amparo y el tema relacionado con la imposibilidad de analizar la existencia de usura y, posteriormente, con plenitud de jurisdicción, resolvió el fondo del incidente de liquidación, sin ir más allá de lo establecido en la parte considerativa de la sentencia definitiva en cuando a la fecha de incumplimiento (enero de dos mil ocho) y respondiendo la totalidad de los argumentos defensivos propuestos por el quejoso en el escrito mediante cual contestó la vista que se le dio con la planilla de liquidación presentada por su contraparte, lo que motivó que declarara la improcedencia; debe concluirse que repuso al amparista en el goce de los derechos fundamentales que se estimaron violados en los términos ordenados en la sentencia concesoria del amparo, por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se declara cumplida dicha resolución. Sin que sean óbice para resolver como se hace, las manifestaciones de inconformidad vertidas por la parte tercera interesada en el ocurso recibido el siete de septiembre de dos mil veintiuno, por lo siguiente: El tercero interesado sostiene que la responsable no cumplió con la sentencia de amparo, en la parte en la que se ordenó reiterar lo que no fue materia de análisis en dicha sentencia, ya que negó valor probatorio pleno a la prueba pericial que se desahogó en la incidencia, con lo que modificó dicho tópico que no fue materia de la ejecutoria. Afirma que en la resolución de amparo no se hace referencia a que debían reconocerse pagos y menos que dichos pagos se tuvieran hechos a capital, además de que no debió dejar a salvo los derechos, pues con ello vulneró el derecho sustantivo a una pronta impartición de justicia e inobservó el artículo 1348 del Código de Comercio. No son jurídicamente correctos los planteamientos anteriores, ya que la parte de la resolución reclamada que la autoridad debía reiterar por no haber sido materia de análisis en la sentencia de amparo, se reiteró en la nueva resolución, ya que es la que contiene la respuesta al agravio en el que se dijo que la acción principal ejercitada en juicio se encontraba prescrita y que, a pesar de no haberse declarado así en la sentencia, esta podía ser atacada vía control de constitucionalidad, legalidad o convencionalidad mediante amparo, o bien, vía civil a través de la acción de nulidad de juicio concluido, además de que debía considerarse que existía una denuncia penal en investigación por falsedad de declaraciones en juicio y falsedad del documento de prueba, con el fin de evitar que el actor incidentista siguiera causando daños y perjuicios, que serían tenidos en cuenta al dictar la sentencia penal que correspondiera. Además de lo anterior, la valoración de la prueba pericial sí fue materia de análisis en la ejecutoria de amparo, aunque no en forma directa, pero sí en la medida en que se determinó que la condena al pago de la cantidad indicada por el perito nombrado por el quejoso, misma que comprendía adeudos generados antes de enero de dos mil ocho, generaba derechos diferentes a los efectivamente declarados en las consideraciones de la sentencia firme, inobservando la autoridad de la cosa juzgada y, con ello, violaba el derecho humano a la seguridad jurídica consagrado en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República; de ahí que la valoración de ese medio de convicción no era un tópico que la autoridad estaba obligada a reiterar, concediéndole plena eficacia demostrativa. Finalmente, al resolver que debían reconocerse pagos, que dichos pagos se tuvieran hechos a capital, y que se dejaban a salvo los derechos del actor incidentista, la autoridad actuó con plenitud de jurisdicción, ya que lo hizo como resultado del estudio de los agravios cuyo análisis omitió en la resolución reclamada, de ahí que respecto a esos temas no existió lineamiento en la sentencia que estuviera obligada a seguir, ni estaba impedida legalmente para resolver como lo hizo, con independencia de la corrección jurídica de las determinaciones que asumió, mismas que solo podrán ser revisadas en un nuevo juicio de amparo y no en la etapa de ejecución de sentencia de este en que se actúa. Por otro lado, tampoco impiden declarar cumplido el fallo protector, los señalamientos de inconformidad vertidos por la parte quejosa en el escrito recibido el nueve del mismo mes y año, por lo siguiente: El amparista alega que no debieron dejarse a salvo los derechos del actor incidentista, sino que el juez responsable debió determinar cuál era la cantidad que estaba obligado a pagar por concepto de intereses ordinarios y moratorios, misma que pudo obtener con una simple operación aritmética, atendiendo al dictamen pericial rendido por el contador Carlos Badillo Ayala y actualizando proporcionalmente lo adeudado, es decir, la responsable no debió negar valor probatorio a dicho dictamen pericial, sino atender a él y otorgarle valor probatorio pleno, ya que las partes decidieron adherirse al mismo. Sostiene que al no haberlo hecho, la responsable no resolvió el fondo del incidente, incumpliendo con ello con la sentencia amparadora. Carece de razón jurídica el amparista, ya que la parte de la sentencia concesoria en la que se determinó que la responsable debía resolver con plenitud de jurisdicción el fondo del incidente de liquidación, no debe interpretarse, como lo hace el promovente, en el sentido de que debía forzosamente señalarse la cantidad que debía pagar por los conceptos que se pretendían liquidar, sino resolver la incidencia en la forma en que procediera de acuerdo con el resultado que arrojara el análisis de los agravios cuyo estudio se omitió en la interlocutoria declarada inconstitucional, para lo cual gozaba de plenitud de jurisdicción. Se arriba a la conclusión anterior, si se atiende a una de las razones por las que se estimó violatoria de derechos humanos la resolución reclamada, esta es, por violación al principio de congruencia al dejar de analizar planteamientos que formaban parte de la litis y que debían ser estudiados. En efecto, si se considera que ese fue uno de los motivos por los que se concedió el amparo y se observa, además, que para reparar dicha violación debían responderse los planteamientos que no habían sido analizados, es claro que la referencia a que la autoridad debía "resolver el fondo del incidente de liquidación", no puede entenderse como la obligación de condenar a una cantidad indefectiblemente, sino a resolver la incidencia en el sentido al que llevara el estudio de los agravios que no fueron respondidos en su momento, sin que pudiera ser de otra manera, ya que la responsable, al hacerlo, gozaba de plenitud de jurisdicción, es decir, no estaba constreñida a resolver en determinado sentido, sino en cualquiera que, en ejercicio de sus atribuciones, considerara procedente. Lo anterior, en la inteligencia de que no puede ser materia de análisis en la etapa de ejecución de la sentencia de amparo, lo acertado o erróneo de la manera en que, con plenitud de jurisdicción, dictara la nueva resolución, ni puede analizarse si fue correcto que dejara a salvo los derechos del actor incidentista, ya que al gozar de libertad de decisión, lo decidido debe ser cuestionado en un nuevo juicio de amparo. Así, la sentencia está totalmente cumplida, por lo que se ordena hacer las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que corresponda y, en su momento, archivar el expediente como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable. SE DEVUELVEN CONSTANCIAS AL LUGAR DE ORIGEN. Por otro lado y toda vez que es innecesaria la permanencia de los cuatro tomos de pruebas que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable; en consecuencia, se ordena su devolución al lugar de origen. Finalmente, agréguese a los autos el escrito presentado por la autorizada del quejoso y dígasele que se esté a lo acordado en el presente auto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó Ulises Fuentes Rodríguez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante el secretario que autoriza Salvador Antonio Bermúdez Manrique. SABM/ltgd. En la misma fecha se giró el oficio 62507, para notificar a la autoridad responsable.AUTORIDAD RESPONSABLE: OF.62507 JUEZ SÉPTIMO CIVIL DE PARTIDO. CIUDAD. En los autos del JUICIO DE AMPARO 113/2020-IV, promovido por Manuel Salvador Muñiz Buenrostro, el día de hoy se dictó el auto siguiente: "León, Guanajuato, cinco de octubre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrieron los tres días que se otorgaron a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede por parte de este tribunal federal a verificar si la sentencia concesoria ha sido cumplida. En la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte se concedió el amparo a la parte quejosa, para efecto de que el Juez Séptimo Civil de esta ciudad: 1. Dejara sin efectos la resolución interlocutoria dictada el diecisiete de enero de dos mil veinte, dentro del incidente de liquidación de sentencia e intereses ordinarios y moratorios, promovido en el juicio ordinario mercantil M97/2018; y, 2. Emitiera otra en la que: 2.1. Reiterara lo que no fue materia de análisis en la sentencia y el tema relacionado con la imposibilidad de analizar la existencia de usura; y, 2.2. Con plenitud de jurisdicción, resolviera el fondo del incidente de liquidación, sin ir más allá de lo establecido en la parte considerativa de la sentencia definitiva en cuando a la fecha de incumplimiento (enero de dos mil ocho) y respondiendo la totalidad de los argumentos defensivos propuestos por el quejoso en el escrito mediante cual contestó la vista que se le dio con la planilla de liquidación presentada por su contraparte. Dicha resolución adquirió firmeza el quince de julio de dos mil veintiuno, fecha en la que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, resolvió el recurso de revisión que se interpuso en contra de la sentencia emitida por este juzgado, confirmándola. En auto de veinte de agosto del año que corre se requirió a la autoridad responsable para que observara el fallo protector. A través del oficio 2949, recibido el treinta de agosto de dos mil veintiuno, el juez responsable notificó la resolución dictada el mismo día, en la que dejó insubsistente la declarada inconstitucional y emitió otra en la que: 1. Reiteró lo que no fue materia de análisis en la sentencia, es decir, la respuesta al agravio en el que se sostuvo que la acción principal ejercitada en el juicio se encontraba prescrita; 2. Reiteró el tema relacionado con la imposibilidad de analizar la existencia de usura; y, 3. Con plenitud de jurisdicción: 3.1. Declaró infundado uno de los agravios que se dejaron de analizar en la resolución declarada inconstitucional, a saber: en el que se sostuvo que solo era aplicable el cálculo de tres años de intereses, tanto ordinarios como moratorios; 3.2. Declaró fundados dos de los agravios cuyo estudio se omitió en la resolución declarada inconstitucional, a saber: a) aquel en el que se afirmó que se pretendía el cobro total del crédito original, sin tener en cuenta que se dejó de pagar en enero de dos mil ocho (con lo que atendió a lo resuelto en la sentencia concesoria, en el sentido de que no se debía ir más allá de lo establecido en la parte considerativa de la sentencia definitiva en cuando a la fecha de incumplimiento); y b) aquel en el que se refirió que se pretendía el cobro de setenta y dos mil quinientos diecisiete pesos con diecinueve centavos, por concepto de crédito adicional, pero que José Luis Camarillo Medina no explicó cómo obtuvo esa suma. Lo anterior, en virtud de que, resolvió la autoridad, la liquidación presentada por el actor incidentista, con base en la certificación contable que acompañó a la demanda incidental, no se ajustó a los parámetros establecidos en la sentencia, ya que no reconoció los pagos a capital efectuados por el demandado hasta diciembre de dos mil siete y computó intereses sobre el monto total del crédito, además de que en la referida certificación se utilizó una tasa distinta a la utilizada en la diversa certificación que se anexó al escrito inicial de demanda, sin que se explicara la razón de ello. En la inteligencia de que, si en la sentencia se consideró que el demandado estuvo al corriente en el pago de sus obligaciones hasta diciembre de dos mil siete, incumpliendo a partir de enero de dos mil ocho, entonces, debían reconocerse los pagos a capital hasta esa fecha y los intereses debían calcularse sobre el saldo realmente adeudado y no sobre el monto original. Por lo que declaró improcedente la incidencia. En este orden de ideas, si la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución declarada inconstitucional y, en su lugar, dictó otra en la que reiteró lo que no fue materia de análisis en la sentencia de amparo y el tema relacionado con la imposibilidad de analizar la existencia de usura y, posteriormente, con plenitud de jurisdicción, resolvió el fondo del incidente de liquidación, sin ir más allá de lo establecido en la parte considerativa de la sentencia definitiva en cuando a la fecha de incumplimiento (enero de dos mil ocho) y respondiendo la totalidad de los argumentos defensivos propuestos por el quejoso en el escrito mediante cual contestó la vista que se le dio con la planilla de liquidación presentada por su contraparte, lo que motivó que declarara la improcedencia; debe concluirse que repuso al amparista en el goce de los derechos fundamentales que se estimaron violados en los términos ordenados en la sentencia concesoria del amparo, por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se declara cumplida dicha resolución. Sin que sean óbice para resolver como se hace, las manifestaciones de inconformidad vertidas por la parte tercera interesada en el ocurso recibido el siete de septiembre de dos mil veintiuno, por lo siguiente: El tercero interesado sostiene que la responsable no cumplió con la sentencia de amparo, en la parte en la que se ordenó reiterar lo que no fue materia de análisis en dicha sentencia, ya que negó valor probatorio pleno a la prueba pericial que se desahogó en la incidencia, con lo que modificó dicho tópico que no fue materia de la ejecutoria. Afirma que en la resolución de amparo no se hace referencia a que debían reconocerse pagos y menos que dichos pagos se tuvieran hechos a capital, además de que no debió dejar a salvo los derechos, pues con ello vulneró el derecho sustantivo a una pronta impartición de justicia e inobservó el artículo 1348 del Código de Comercio. No son jurídicamente correctos los planteamientos anteriores, ya que la parte de la resolución reclamada que la autoridad debía reiterar por no haber sido materia de análisis en la sentencia de amparo, se reiteró en la nueva resolución, ya que es la que contiene la respuesta al agravio en el que se dijo que la acción principal ejercitada en juicio se encontraba prescrita y que, a pesar de no haberse declarado así en la sentencia, esta podía ser atacada vía control de constitucionalidad, legalidad o convencionalidad mediante amparo, o bien, vía civil a través de la acción de nulidad de juicio concluido, además de que debía considerarse que existía una denuncia penal en investigación por falsedad de declaraciones en juicio y falsedad del documento de prueba, con el fin de evitar que el actor incidentista siguiera causando daños y perjuicios, que serían tenidos en cuenta al dictar la sentencia penal que correspondiera. Además de lo anterior, la valoración de la prueba pericial sí fue materia de análisis en la ejecutoria de amparo, aunque no en forma directa, pero sí en la medida en que se determinó que la condena al pago de la cantidad indicada por el perito nombrado por el quejoso, misma que comprendía adeudos generados antes de enero de dos mil ocho, generaba derechos diferentes a los efectivamente declarados en las consideraciones de la sentencia firme, inobservando la autoridad de la cosa juzgada y, con ello, violaba el derecho humano a la seguridad jurídica consagrado en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República; de ahí que la valoración de ese medio de convicción no era un tópico que la autoridad estaba obligada a reiterar, concediéndole plena eficacia demostrativa. Finalmente, al resolver que debían reconocerse pagos, que dichos pagos se tuvieran hechos a capital, y que se dejaban a salvo los derechos del actor incidentista, la autoridad actuó con plenitud de jurisdicción, ya que lo hizo como resultado del estudio de los agravios cuyo análisis omitió en la resolución reclamada, de ahí que respecto a esos temas no existió lineamiento en la sentencia que estuviera obligada a seguir, ni estaba impedida legalmente para resolver como lo hizo, con independencia de la corrección jurídica de las determinaciones que asumió, mismas que solo podrán ser revisadas en un nuevo juicio de amparo y no en la etapa de ejecución de sentencia de este en que se actúa. Por otro lado, tampoco impiden declarar cumplido el fallo protector, los señalamientos de inconformidad vertidos por la parte quejosa en el escrito recibido el nueve del mismo mes y año, por lo siguiente: El amparista alega que no debieron dejarse a salvo los derechos del actor incidentista, sino que el juez responsable debió determinar cuál era la cantidad que estaba obligado a pagar por concepto de intereses ordinarios y moratorios, misma que pudo obtener con una simple operación aritmética, atendiendo al dictamen pericial rendido por el contador Carlos Badillo Ayala y actualizando proporcionalmente lo adeudado, es decir, la responsable no debió negar valor probatorio a dicho dictamen pericial, sino atender a él y otorgarle valor probatorio pleno, ya que las partes decidieron adherirse al mismo. Sostiene que al no haberlo hecho, la responsable no resolvió el fondo del incidente, incumpliendo con ello con la sentencia amparadora. Carece de razón jurídica el amparista, ya que la parte de la sentencia concesoria en la que se determinó que la responsable debía resolver con plenitud de jurisdicción el fondo del incidente de liquidación, no debe interpretarse, como lo hace el promovente, en el sentido de que debía forzosamente señalarse la cantidad que debía pagar por los conceptos que se pretendían liquidar, sino resolver la incidencia en la forma en que procediera de acuerdo con el resultado que arrojara el análisis de los agravios cuyo estudio se omitió en la interlocutoria declarada inconstitucional, para lo cual gozaba de plenitud de jurisdicción. Se arriba a la conclusión anterior, si se atiende a una de las razones por las que se estimó violatoria de derechos humanos la resolución reclamada, esta es, por violación al principio de congruencia al dejar de analizar planteamientos que formaban parte de la litis y que debían ser estudiados. En efecto, si se considera que ese fue uno de los motivos por los que se concedió el amparo y se observa, además, que para reparar dicha violación debían responderse los planteamientos que no habían sido analizados, es claro que la referencia a que la autoridad debía "resolver el fondo del incidente de liquidación", no puede entenderse como la obligación de condenar a una cantidad indefectiblemente, sino a resolver la incidencia en el sentido al que llevara el estudio de los agravios que no fueron respondidos en su momento, sin que pudiera ser de otra manera, ya que la responsable, al hacerlo, gozaba de plenitud de jurisdicción, es decir, no estaba constreñida a resolver en determinado sentido, sino en cualquiera que, en ejercicio de sus atribuciones, considerara procedente. Lo anterior, en la inteligencia de que no puede ser materia de análisis en la etapa de ejecución de la sentencia de amparo, lo acertado o erróneo de la manera en que, con plenitud de jurisdicción, dictara la nueva resolución, ni puede analizarse si fue correcto que dejara a salvo los derechos del actor incidentista, ya que al gozar de libertad de decisión, lo decidido debe ser cuestionado en un nuevo juicio de amparo. Así, la sentencia está totalmente cumplida, por lo que se ordena hacer las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que corresponda y, en su momento, archivar el expediente como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable. SE DEVUELVEN CONSTANCIAS AL LUGAR DE ORIGEN. Por otro lado y toda vez que es innecesaria la permanencia de los cuatro tomos de pruebas que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable; en consecuencia, se ordena su devolución al lugar de origen. Finalmente, agréguese a los autos el escrito presentado por la autorizada del quejoso y dígasele que se esté a lo acordado en el presente auto.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO: MANUEL BAÑOS SÁNCHEZ, MANDATARIO JUDICIAL DE GUSTAVO OJEDA NÚÑEZ. De la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrieron los tres días que se otorgaron a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede por parte de este tribunal federal a verificar si la sentencia concesoria ha sido cumplida. En la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte se concedió el amparo a la parte quejosa, para efecto de que el Juez Séptimo Civil de esta ciudad: 1. Dejara sin efectos la resolución interlocutoria dictada el diecisiete de enero de dos mil veinte, dentro del incidente de liquidación de sentencia e intereses ordinarios y moratorios, promovido en el juicio ordinario mercantil M97/2018; y, 2. Emitiera otra en la que: 2.1. Reiterara lo que no fue materia de análisis en la sentencia y el tema relacionado con la imposibilidad de analizar la existencia de usura; y, 2.2. Con plenitud de jurisdicción, resolviera el fondo del incidente de liquidación, sin ir más allá de lo establecido en la parte considerativa de la sentencia definitiva en cuando a la fecha de incumplimiento (enero de dos mil ocho) y respondiendo la totalidad de los argumentos defensivos propuestos por el quejoso en el escrito mediante cual contestó la vista que se le dio con la planilla de liquidación presentada por su contraparte. Dicha resolución adquirió firmeza el quince de julio de dos mil veintiuno, fecha en la que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, resolvió el recurso de revisión que se interpuso en contra de la sentencia emitida por este juzgado, confirmándola. En auto de veinte de agosto del año que corre se requirió a la autoridad responsable para que observara el fallo protector. A través del oficio 2949, recibido el treinta de agosto de dos mil veintiuno, el juez responsable notificó la resolución dictada el mismo día, en la que dejó insubsistente la declarada inconstitucional y emitió otra en la que: 1. Reiteró lo que no fue materia de análisis en la sentencia, es decir, la respuesta al agravio en el que se sostuvo que la acción principal ejercitada en el juicio se encontraba prescrita; 2. Reiteró el tema relacionado con la imposibilidad de analizar la existencia de usura; y, 3. Con plenitud de jurisdicción: 3.1. Declaró infundado uno de los agravios que se dejaron de analizar en la resolución declarada inconstitucional, a saber: en el que se sostuvo que solo era aplicable el cálculo de tres años de intereses, tanto ordinarios como moratorios; 3.2. Declaró fundados dos de los agravios cuyo estudio se omitió en la resolución declarada inconstitucional, a saber: a) aquel en el que se afirmó que se pretendía el cobro total del crédito original, sin tener en cuenta que se dejó de pagar en enero de dos mil ocho (con lo que atendió a lo resuelto en la sentencia concesoria, en el sentido de que no se debía ir más allá de lo establecido en la parte considerativa de la sentencia definitiva en cuando a la fecha de incumplimiento); y b) aquel en el que se refirió que se pretendía el cobro de setenta y dos mil quinientos diecisiete pesos con diecinueve centavos, por concepto de crédito adicional, pero que José Luis Camarillo Medina no explicó cómo obtuvo esa suma. Lo anterior, en virtud de que, resolvió la autoridad, la liquidación presentada por el actor incidentista, con base en la certificación contable que acompañó a la demanda incidental, no se ajustó a los parámetros establecidos en la sentencia, ya que no reconoció los pagos a capital efectuados por el demandado hasta diciembre de dos mil siete y computó intereses sobre el monto total del crédito, además de que en la referida certificación se utilizó una tasa distinta a la utilizada en la diversa certificación que se anexó al escrito inicial de demanda, sin que se explicara la razón de ello. En la inteligencia de que, si en la sentencia se consideró que el demandado estuvo al corriente en el pago de sus obligaciones hasta diciembre de dos mil siete, incumpliendo a partir de enero de dos mil ocho, entonces, debían reconocerse los pagos a capital hasta esa fecha y los intereses debían calcularse sobre el saldo realmente adeudado y no sobre el monto original. Por lo que declaró improcedente la incidencia. En este orden de ideas, si la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución declarada inconstitucional y, en su lugar, dictó otra en la que reiteró lo que no fue materia de análisis en la sentencia de amparo y el tema relacionado con la imposibilidad de analizar la existencia de usura y, posteriormente, con plenitud de jurisdicción, resolvió el fondo del incidente de liquidación, sin ir más allá de lo establecido en la parte considerativa de la sentencia definitiva en cuando a la fecha de incumplimiento (enero de dos mil ocho) y respondiendo la totalidad de los argumentos defensivos propuestos por el quejoso en el escrito mediante cual contestó la vista que se le dio con la planilla de liquidación presentada por su contraparte, lo que motivó que declarara la improcedencia; debe concluirse que repuso al amparista en el goce de los derechos fundamentales que se estimaron violados en los términos ordenados en la sentencia concesoria del amparo, por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se declara cumplida dicha resolución. Sin que sean óbice para resolver como se hace, las manifestaciones de inconformidad vertidas por la parte tercera interesada en el ocurso recibido el siete de septiembre de dos mil veintiuno, por lo siguiente: El tercero interesado sostiene que la responsable no cumplió con la sentencia de amparo, en la parte en la que se ordenó reiterar lo que no fue materia de análisis en dicha sentencia, ya que negó valor probatorio pleno a la prueba pericial que se desahogó en la incidencia, con lo que modificó dicho tópico que no fue materia de la ejecutoria. Afirma que en la resolución de amparo no se hace referencia a que debían reconocerse pagos y menos que dichos pagos se tuvieran hechos a capital, además de que no debió dejar a salvo los derechos, pues con ello vulneró el derecho sustantivo a una pronta impartición de justicia e inobservó el artículo 1348 del Código de Comercio. No son jurídicamente correctos los planteamientos anteriores, ya que la parte de la resolución reclamada que la autoridad debía reiterar por no haber sido materia de análisis en la sentencia de amparo, se reiteró en la nueva resolución, ya que es la que contiene la respuesta al agravio en el que se dijo que la acción principal ejercitada en juicio se encontraba prescrita y que, a pesar de no haberse declarado así en la sentencia, esta podía ser atacada vía control de constitucionalidad, legalidad o convencionalidad mediante amparo, o bien, vía civil a través de la acción de nulidad de juicio concluido, además de que debía considerarse que existía una denuncia penal en investigación por falsedad de declaraciones en juicio y falsedad del documento de prueba, con el fin de evitar que el actor incidentista siguiera causando daños y perjuicios, que serían tenidos en cuenta al dictar la sentencia penal que correspondiera. Además de lo anterior, la valoración de la prueba pericial sí fue materia de análisis en la ejecutoria de amparo, aunque no en forma directa, pero sí en la medida en que se determinó que la condena al pago de la cantidad indicada por el perito nombrado por el quejoso, misma que comprendía adeudos generados antes de enero de dos mil ocho, generaba derechos diferentes a los efectivamente declarados en las consideraciones de la sentencia firme, inobservando la autoridad de la cosa juzgada y, con ello, violaba el derecho humano a la seguridad jurídica consagrado en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República; de ahí que la valoración de ese medio de convicción no era un tópico que la autoridad estaba obligada a reiterar, concediéndole plena eficacia demostrativa. Finalmente, al resolver que debían reconocerse pagos, que dichos pagos se tuvieran hechos a capital, y que se dejaban a salvo los derechos del actor incidentista, la autoridad actuó con plenitud de jurisdicción, ya que lo hizo como resultado del estudio de los agravios cuyo análisis omitió en la resolución reclamada, de ahí que respecto a esos temas no existió lineamiento en la sentencia que estuviera obligada a seguir, ni estaba impedida legalmente para resolver como lo hizo, con independencia de la corrección jurídica de las determinaciones que asumió, mismas que solo podrán ser revisadas en un nuevo juicio de amparo y no en la etapa de ejecución de sentencia de este en que se actúa. Por otro lado, tampoco impiden declarar cumplido el fallo protector, los señalamientos de inconformidad vertidos por la parte quejosa en el escrito recibido el nueve del mismo mes y año, por lo siguiente: El amparista alega que no debieron dejarse a salvo los derechos del actor incidentista, sino que el juez responsable debió determinar cuál era la cantidad que estaba obligado a pagar por concepto de intereses ordinarios y moratorios, misma que pudo obtener con una simple operación aritmética, atendiendo al dictamen pericial rendido por el contador Carlos Badillo Ayala y actualizando proporcionalmente lo adeudado, es decir, la responsable no debió negar valor probatorio a dicho dictamen pericial, sino atender a él y otorgarle valor probatorio pleno, ya que las partes decidieron adherirse al mismo. Sostiene que al no haberlo hecho, la responsable no resolvió el fondo del incidente, incumpliendo con ello con la sentencia amparadora. Carece de razón jurídica el amparista, ya que la parte de la sentencia concesoria en la que se determinó que la responsable debía resolver con plenitud de jurisdicción el fondo del incidente de liquidación, no debe interpretarse, como lo hace el promovente, en el sentido de que debía forzosamente señalarse la cantidad que debía pagar por los conceptos que se pretendían liquidar, sino resolver la incidencia en la forma en que procediera de acuerdo con el resultado que arrojara el análisis de los agravios cuyo estudio se omitió en la interlocutoria declarada inconstitucional, para lo cual gozaba de plenitud de jurisdicción. Se arriba a la conclusión anterior, si se atiende a una de las razones por las que se estimó violatoria de derechos humanos la resolución reclamada, esta es, por violación al principio de congruencia al dejar de analizar planteamientos que formaban parte de la litis y que debían ser estudiados. En efecto, si se considera que ese fue uno de los motivos por los que se concedió el amparo y se observa, además, que para reparar dicha violación debían responderse los planteamientos que no habían sido analizados, es claro que la referencia a que la autoridad debía "resolver el fondo del incidente de liquidación", no puede entenderse como la obligación de condenar a una cantidad indefectiblemente, sino a resolver la incidencia en el sentido al que llevara el estudio de los agravios que no fueron respondidos en su momento, sin que pudiera ser de otra manera, ya que la responsable, al hacerlo, gozaba de plenitud de jurisdicción, es decir, no estaba constreñida a resolver en determinado sentido, sino en cualquiera que, en ejercicio de sus atribuciones, considerara procedente. Lo anterior, en la inteligencia de que no puede ser materia de análisis en la etapa de ejecución de la sentencia de amparo, lo acertado o erróneo de la manera en que, con plenitud de jurisdicción, dictara la nueva resolución, ni puede analizarse si fue correcto que dejara a salvo los derechos del actor incidentista, ya que al gozar de libertad de decisión, lo decidido debe ser cuestionado en un nuevo juicio de amparo. Así, la sentencia está totalmente cumplida, por lo que se ordena hacer las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que corresponda y, en su momento, archivar el expediente como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable. SE DEVUELVEN CONSTANCIAS AL LUGAR DE ORIGEN. Por otro lado y toda vez que es innecesaria la permanencia de los cuatro tomos de pruebas que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable; en consecuencia, se ordena su devolución al lugar de origen. Finalmente, agréguese a los autos el escrito presentado por la autorizada del quejoso y dígasele que se esté a lo acordado en el presente auto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó Ulises Fuentes Rodríguez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante el secretario que autoriza Salvador Antonio Bermúdez Manrique. SABM/ltgd. En la misma fecha se giró el oficio 62507, para notificar a la autoridad responsable.AUTORIDAD RESPONSABLE: OF.62507 JUEZ SÉPTIMO CIVIL DE PARTIDO. CIUDAD. En los autos del JUICIO DE AMPARO 113/2020-IV, promovido por Manuel Salvador Muñiz Buenrostro, el día de hoy se dictó el auto siguiente: "León, Guanajuato, cinco de octubre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrieron los tres días que se otorgaron a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede por parte de este tribunal federal a verificar si la sentencia concesoria ha sido cumplida. En la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte se concedió el amparo a la parte quejosa, para efecto de que el Juez Séptimo Civil de esta ciudad: 1. Dejara sin efectos la resolución interlocutoria dictada el diecisiete de enero de dos mil veinte, dentro del incidente de liquidación de sentencia e intereses ordinarios y moratorios, promovido en el juicio ordinario mercantil M97/2018; y, 2. Emitiera otra en la que: 2.1. Reiterara lo que no fue materia de análisis en la sentencia y el tema relacionado con la imposibilidad de analizar la existencia de usura; y, 2.2. Con plenitud de jurisdicción, resolviera el fondo del incidente de liquidación, sin ir más allá de lo establecido en la parte considerativa de la sentencia definitiva en cuando a la fecha de incumplimiento (enero de dos mil ocho) y respondiendo la totalidad de los argumentos defensivos propuestos por el quejoso en el escrito mediante cual contestó la vista que se le dio con la planilla de liquidación presentada por su contraparte. Dicha resolución adquirió firmeza el quince de julio de dos mil veintiuno, fecha en la que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, resolvió el recurso de revisión que se interpuso en contra de la sentencia emitida por este juzgado, confirmándola. En auto de veinte de agosto del año que corre se requirió a la autoridad responsable para que observara el fallo protector. A través del oficio 2949, recibido el treinta de agosto de dos mil veintiuno, el juez responsable notificó la resolución dictada el mismo día, en la que dejó insubsistente la declarada inconstitucional y emitió otra en la que: 1. Reiteró lo que no fue materia de análisis en la sentencia, es decir, la respuesta al agravio en el que se sostuvo que la acción principal ejercitada en el juicio se encontraba prescrita; 2. Reiteró el tema relacionado con la imposibilidad de analizar la existencia de usura; y, 3. Con plenitud de jurisdicción: 3.1. Declaró infundado uno de los agravios que se dejaron de analizar en la resolución declarada inconstitucional, a saber: en el que se sostuvo que solo era aplicable el cálculo de tres años de intereses, tanto ordinarios como moratorios; 3.2. Declaró fundados dos de los agravios cuyo estudio se omitió en la resolución declarada inconstitucional, a saber: a) aquel en el que se afirmó que se pretendía el cobro total del crédito original, sin tener en cuenta que se dejó de pagar en enero de dos mil ocho (con lo que atendió a lo resuelto en la sentencia concesoria, en el sentido de que no se debía ir más allá de lo establecido en la parte considerativa de la sentencia definitiva en cuando a la fecha de incumplimiento); y b) aquel en el que se refirió que se pretendía el cobro de setenta y dos mil quinientos diecisiete pesos con diecinueve centavos, por concepto de crédito adicional, pero que José Luis Camarillo Medina no explicó cómo obtuvo esa suma. Lo anterior, en virtud de que, resolvió la autoridad, la liquidación presentada por el actor incidentista, con base en la certificación contable que acompañó a la demanda incidental, no se ajustó a los parámetros establecidos en la sentencia, ya que no reconoció los pagos a capital efectuados por el demandado hasta diciembre de dos mil siete y computó intereses sobre el monto total del crédito, además de que en la referida certificación se utilizó una tasa distinta a la utilizada en la diversa certificación que se anexó al escrito inicial de demanda, sin que se explicara la razón de ello. En la inteligencia de que, si en la sentencia se consideró que el demandado estuvo al corriente en el pago de sus obligaciones hasta diciembre de dos mil siete, incumpliendo a partir de enero de dos mil ocho, entonces, debían reconocerse los pagos a capital hasta esa fecha y los intereses debían calcularse sobre el saldo realmente adeudado y no sobre el monto original. Por lo que declaró improcedente la incidencia. En este orden de ideas, si la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución declarada inconstitucional y, en su lugar, dictó otra en la que reiteró lo que no fue materia de análisis en la sentencia de amparo y el tema relacionado con la imposibilidad de analizar la existencia de usura y, posteriormente, con plenitud de jurisdicción, resolvió el fondo del incidente de liquidación, sin ir más allá de lo establecido en la parte considerativa de la sentencia definitiva en cuando a la fecha de incumplimiento (enero de dos mil ocho) y respondiendo la totalidad de los argumentos defensivos propuestos por el quejoso en el escrito mediante cual contestó la vista que se le dio con la planilla de liquidación presentada por su contraparte, lo que motivó que declarara la improcedencia; debe concluirse que repuso al amparista en el goce de los derechos fundamentales que se estimaron violados en los términos ordenados en la sentencia concesoria del amparo, por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se declara cumplida dicha resolución. Sin que sean óbice para resolver como se hace, las manifestaciones de inconformidad vertidas por la parte tercera interesada en el ocurso recibido el siete de septiembre de dos mil veintiuno, por lo siguiente: El tercero interesado sostiene que la responsable no cumplió con la sentencia de amparo, en la parte en la que se ordenó reiterar lo que no fue materia de análisis en dicha sentencia, ya que negó valor probatorio pleno a la prueba pericial que se desahogó en la incidencia, con lo que modificó dicho tópico que no fue materia de la ejecutoria. Afirma que en la resolución de amparo no se hace referencia a que debían reconocerse pagos y menos que dichos pagos se tuvieran hechos a capital, además de que no debió dejar a salvo los derechos, pues con ello vulneró el derecho sustantivo a una pronta impartición de justicia e inobservó el artículo 1348 del Código de Comercio. No son jurídicamente correctos los planteamientos anteriores, ya que la parte de la resolución reclamada que la autoridad debía reiterar por no haber sido materia de análisis en la sentencia de amparo, se reiteró en la nueva resolución, ya que es la que contiene la respuesta al agravio en el que se dijo que la acción principal ejercitada en juicio se encontraba prescrita y que, a pesar de no haberse declarado así en la sentencia, esta podía ser atacada vía control de constitucionalidad, legalidad o convencionalidad mediante amparo, o bien, vía civil a través de la acción de nulidad de juicio concluido, además de que debía considerarse que existía una denuncia penal en investigación por falsedad de declaraciones en juicio y falsedad del documento de prueba, con el fin de evitar que el actor incidentista siguiera causando daños y perjuicios, que serían tenidos en cuenta al dictar la sentencia penal que correspondiera. Además de lo anterior, la valoración de la prueba pericial sí fue materia de análisis en la ejecutoria de amparo, aunque no en forma directa, pero sí en la medida en que se determinó que la condena al pago de la cantidad indicada por el perito nombrado por el quejoso, misma que comprendía adeudos generados antes de enero de dos mil ocho, generaba derechos diferentes a los efectivamente declarados en las consideraciones de la sentencia firme, inobservando la autoridad de la cosa juzgada y, con ello, violaba el derecho humano a la seguridad jurídica consagrado en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República; de ahí que la valoración de ese medio de convicción no era un tópico que la autoridad estaba obligada a reiterar, concediéndole plena eficacia demostrativa. Finalmente, al resolver que debían reconocerse pagos, que dichos pagos se tuvieran hechos a capital, y que se dejaban a salvo los derechos del actor incidentista, la autoridad actuó con plenitud de jurisdicción, ya que lo hizo como resultado del estudio de los agravios cuyo análisis omitió en la resolución reclamada, de ahí que respecto a esos temas no existió lineamiento en la sentencia que estuviera obligada a seguir, ni estaba impedida legalmente para resolver como lo hizo, con independencia de la corrección jurídica de las determinaciones que asumió, mismas que solo podrán ser revisadas en un nuevo juicio de amparo y no en la etapa de ejecución de sentencia de este en que se actúa. Por otro lado, tampoco impiden declarar cumplido el fallo protector, los señalamientos de inconformidad vertidos por la parte quejosa en el escrito recibido el nueve del mismo mes y año, por lo siguiente: El amparista alega que no debieron dejarse a salvo los derechos del actor incidentista, sino que el juez responsable debió determinar cuál era la cantidad que estaba obligado a pagar por concepto de intereses ordinarios y moratorios, misma que pudo obtener con una simple operación aritmética, atendiendo al dictamen pericial rendido por el contador Carlos Badillo Ayala y actualizando proporcionalmente lo adeudado, es decir, la responsable no debió negar valor probatorio a dicho dictamen pericial, sino atender a él y otorgarle valor probatorio pleno, ya que las partes decidieron adherirse al mismo. Sostiene que al no haberlo hecho, la responsable no resolvió el fondo del incidente, incumpliendo con ello con la sentencia amparadora. Carece de razón jurídica el amparista, ya que la parte de la sentencia concesoria en la que se determinó que la responsable debía resolver con plenitud de jurisdicción el fondo del incidente de liquidación, no debe interpretarse, como lo hace el promovente, en el sentido de que debía forzosamente señalarse la cantidad que debía pagar por los conceptos que se pretendían liquidar, sino resolver la incidencia en la forma en que procediera de acuerdo con el resultado que arrojara el análisis de los agravios cuyo estudio se omitió en la interlocutoria declarada inconstitucional, para lo cual gozaba de plenitud de jurisdicción. Se arriba a la conclusión anterior, si se atiende a una de las razones por las que se estimó violatoria de derechos humanos la resolución reclamada, esta es, por violación al principio de congruencia al dejar de analizar planteamientos que formaban parte de la litis y que debían ser estudiados. En efecto, si se considera que ese fue uno de los motivos por los que se concedió el amparo y se observa, además, que para reparar dicha violación debían responderse los planteamientos que no habían sido analizados, es claro que la referencia a que la autoridad debía "resolver el fondo del incidente de liquidación", no puede entenderse como la obligación de condenar a una cantidad indefectiblemente, sino a resolver la incidencia en el sentido al que llevara el estudio de los agravios que no fueron respondidos en su momento, sin que pudiera ser de otra manera, ya que la responsable, al hacerlo, gozaba de plenitud de jurisdicción, es decir, no estaba constreñida a resolver en determinado sentido, sino en cualquiera que, en ejercicio de sus atribuciones, considerara procedente. Lo anterior, en la inteligencia de que no puede ser materia de análisis en la etapa de ejecución de la sentencia de amparo, lo acertado o erróneo de la manera en que, con plenitud de jurisdicción, dictara la nueva resolución, ni puede analizarse si fue correcto que dejara a salvo los derechos del actor incidentista, ya que al gozar de libertad de decisión, lo decidido debe ser cuestionado en un nuevo juicio de amparo. Así, la sentencia está totalmente cumplida, por lo que se ordena hacer las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que corresponda y, en su momento, archivar el expediente como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable. SE DEVUELVEN CONSTANCIAS AL LUGAR DE ORIGEN. Por otro lado y toda vez que es innecesaria la permanencia de los cuatro tomos de pruebas que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable; en consecuencia, se ordena su devolución al lugar de origen. Finalmente, agréguese a los autos el escrito presentado por la autorizada del quejoso y dígasele que se esté a lo acordado en el presente auto.
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