Manuel Salazar Machen

Expediente 241/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
241/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/05/2018

Partes del expediente

  • Manuel Salazar Machen
  • Jesús Atzael Cid Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y la certificación de cuenta de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto dictado el quince de mayo de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el medio de impugnación de mérito. En tales circunstancias, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar, por lo que, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se tuvo por no presentada la demanda de garantías, que carece de relevancia documental y que en el mismo no fueron exhibidos documentos originales, se concluye que es susceptible de destrucción. Finalmente, háganse las anotaciones de las circunstancias indicadas con anterioridad en las carátulas de los cuadernos, así como la fecha de su archivo; y, una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto décimo primero del acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. ...

  2. Principal

    Vista la diligencia levantada por el actuario judicial de la adscripción de catorce de mayo del año en curso, se advierte que el directamente quejoso manifestó que no era su deseo ratificar la demanda de amparo promovida en su nombre por *****************; en consecuencia, se tiene por no presentada la misma por el motivo expuesto. En esas condiciones, se dejan sin efectos las nueve horas con tres minutos del doce de junio de dos mil dieciocho, fecha y hora señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional en este expediente, así como las demás providencias dictadas en el presente juicio de amparo. Por otra parte, de la diversa diligencia del fedatario adscrito, se advierte que en virtud que el quejoso no ratificó la demanda de amparo devuelve los oficios 11378 al 11382, en consecuencia, glósense los oficios devueltos para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ******************, en representación de ****************, contra actos del Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado de Nuevo León y otras autoridades; se admite a trámite la demanda; fórmese el expediente correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número *****, que le corresponde. Ahora bien, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social "Cadereyta" al diverso Centro de Reinserción Social "Apodaca" a autoridades administrativas. El artículo 126 de la Ley de la Materia, precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se traten de actos que importen ataques a la libertad personal fuera del procedimiento; en ese sentido, si tal precepto refiere únicamente que ésta operará cuando se trate de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar precisamente la orden de traslado de un centro carcelario a otro diverso cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo. Toda vez que la orden de traslado se encuentra contemplada como ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, pues se insiste, produce una afectación a tal bien de manera indirecta; sobre todo cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso, ya que en este caso, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón de un procedimiento. Sin embargo, del estudio integral de la demanda de amparo, el promovente de amparo manifestó que el traslado del directamente agraviado Salazar Machen, se materializó el ocho de mayo del año que transcurre, pues fue trasladado del Centro de Reinserción Social "Cadereyta", al diverso Centro de Reinserción Social "Apodaca", donde actualmente se encuentra recluido. Razón por lo que aún y cuando las autoridades responsables sean de carácter administrativas, ya no existe materia por la cual decretar la suspensión de plano solicitada, pues dicho acto ya se consumó, aunado a que no se advierten diversos actos reclamados prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tengan que suspenderse, por tal circunstancia se niega dicha medida cautelar, por falta de materia para decretarla. Por otra parte, tomando en consideración que, según se desprende de la demanda de mérito, el directamente agraviado se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social "Apodaca", se comisiona al actuario judicial adscrito para que se constituya en dicho lugar y requiera a *******************, para que en ese acto o dentro del término de tres días, ratifique la demanda de amparo promovida en su nombre; apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, la misma se tendrá por no presentada, acorde a lo establecido, quedando facultado el citado fedatario para que se cerciore de la integridad física del directamente quejoso. Para lo cual, se requiere a las autoridades encargadas del establecimiento en que efectivamente se encuentre el quejoso para que brinden el auxilio y las facilidades pertinentes al actuario judicial de la adscripción a efecto de cumplir con este mandato. Pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir de que se encuentren legalmente notificadas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el que deberán expresar pormenorizadamente cualquier hecho del que tengan conocimiento con motivo de sus funciones; además, hágase del conocimiento que dicho informe deberá estar rendido y agregado en autos, cuando menos, ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional. Apercibidas que de no hacerlo, rendirlo fuera del término, o no acompañar en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, del mismo ordenamiento legal, y Tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se les impondrá multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada, establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de febrero siguiente, equivalente a la cantidad de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional). Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. Se señalan las nueve horas con tres minutos del doce de junio de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. En cuanto a su solicitud relativa a que se le designe un Defensor Público Federal adscrito a este juzgado de Distrito, dígasele que tomando en consideración que se encuentra recluido y a fin de que tenga la oportunidad a una debida defensa y asesoría legal en lo que concierne a su situación de interno, la que, por sí misma, por obvias razones, les impiden como a cualquier otra persona no privada de su libertad, buscar orientación legal adecuada, con apoyo en los artículos 1 y 18 de la Carta Magna, se ordena girar oficio al Delegado Estatal del Instituto de la Defensoría Pública Federal, para que en el término de tres días señale una persona que pueda fungir como asesor jurídico de directamente quejoso Manuel Salazar Machen, quien se encuentra privado de su libertad, a fin de que intervenga en el presente juicio de amparo. En otro orden de ideas, a fin de no hacer nugatorios los derechos de *********************, ......., se ordena que el presente proveído, así como los subsecuentes, se notifiquen al quejoso de manera personal en el Centro de Reinserción Social "Apodaca", lugar donde se encuentra recluido, no así al promovente de amparo, pues éste únicamente es promovente de la demanda. De lo anterior, el actuario judicial de la adscripción deberá entregar a la parte quejosa copia autorizada de los proveídos que se dicten, así como de las promociones con que se dé cuenta, asentando la razón correspondiente. ...expídasele copia certificada del presente proveído.

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