Manuel Sainz Nava
Expediente 746/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Manuel Sainz Nava
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que trascurrió el término de que dispuso la parte quejosa para interponer recurso de queja en contra de la determinación en la que se desechó la demanda que motivó el presente cuaderno, sin que se haya hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara firme. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no existen documentos originales por devolver.
- Principal
Recepción de la demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ************, en contra de actos del juez Tercero Menor Civil de esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 746/2021-III. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia respecto del acto reclamado y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, se debe desechar de plano la demanda, Se explica: En el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Ello es así, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso idóneo en contra del auto reclamado. Para corroborar lo anterior, es necesario destacar el contenido de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En tal precepto legal se reconoce el principio de definitividad, el cual consiste en la obligación del quejoso de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. En tal contexto, únicamente quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado, se encuentra en posibilidad jurídica para promover el juicio de amparo. Ahora bien, a fin de determinar la procedencia del medio de impugnación idóneo para controvertir el acto reclamado, es dable transcribir los artículos correspondientes del Código de Comercio: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. (.) Art. 1,339. Sólo son recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el último párrafo de la fracción VI del artículo 1253. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior, lo serán por la apelación que se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. Art. 1,339 Bis. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. Art. 1,345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: I. Contra el auto que niegue la admisión de la demanda, o de los medios preparatorios a juicio; II. Contra el auto que no admite a trámite la reconvención, en tratándose de juicios ordinarios; III. Las resoluciones que por su naturaleza pongan fin al juicio; IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo; V. Contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente; VI. Contra las resoluciones que resuelvan excepciones procesales; VII. Contra el auto que tenga por contestada la demanda o reconvención, así como el que haga la declaración de rebeldía en ambos casos; VIII. Contra las resoluciones que suspendan el procedimiento; IX. Contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien en ejecución de sentencia; X. La resolución que dicte el juez en el caso previsto en el artículo 1148 de este Código. De estos preceptos legales se advierte que la ley adjetiva aplicable reconoce, en lo que interesa, los medios de impugnación denominados: revocación y apelación. Respecto del recurso de revocación, los propios numerales proporcionan sus notas distintivas: Procede contra autos y decretos que no fueren apelables. En cuanto a la apelación procede contra aquellos autos que, dictados en procedimientos, decidan un incidente o lo disponga el mismo Código, además de que la sentencia definitiva sea susceptible de apelar. Se trata entonces de una regla de exclusión entre ambos recursos que no amerita mayor análisis, dado que constituye un lugar común en el ámbito procesal. Ahora bien, en el caso, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se desprende, en lo que interesa: El ocho de febrero de dos mi veintidós, se presentó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, demanda en contra de Daniel Alejandro Flores Espinoza como deudor principal y el aquí quejoso como aval por la cantidad consignada en el pagaré base de la acción, que asciende a quince mil pesos como suerte principal. Del asunto conoció el Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad y lo radicó bajo el número M-208/2022. Una vez practicada la diligencia tripartita en la que se embargaron bienes del aquí promovente, éste contestó la demanda. Durante la secuela procesal, la endosataria en procuración de la parte actora presentó un escrito en el que se desistió del procedimiento en contra del quejoso. A dicha promoción recayó el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós en el que, en lo que interesa, se consideró: "Se le indica a los ocursantes que no ha lugar en acordar de conformidad su petición tomando en considerado que el desistimiento de la acción produce la pérdida del derecho sustantivo de cobro que emana del título de crédito base, lo cual beneficia a todos los obligados, pues al renunciarse a la acción, produce la pérdida del derecho que el demandante hace valer en el juicio, siendo por tanto inconcuso que únicamente pretenda desistirse de uno y se continúe con otros dado que la acción es única e indivisible, por lo que el desistimiento de la acción implica la extinción del derecho y pone fin al litigio." Éste es el acto reclamado. Como puede advertirse, se trata de un auto que no encuadra en las hipótesis de procedencia del recurso de apelación acorde con los preceptos legales transcritos; luego, por exclusión, es revocable. Es cierto que se está ante un juicio cuya cuantía es inferior al monto previsto en el artículo 1339 del Código de Comercio y que, bajo una primera lectura del diverso 1334, el proveído es irrecurrible; sin embargo, este numeral fue interpretado por el Máximo Tribunal, en el sentido de que la naturaleza de irrecurribilidad debe entenderse respecto de la apelación; empero, sí es procedente el diverso medio de impugnación. De ahí que el quejoso estaba obligado a agotarlo antes de acudir a esta instancia constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 1ª/J. 70/2013, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, página 401, de rubro y texto: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Así las cosas, si en términos de la ley del acto que se reclama, procede el recurso de revocación, el cual no se agotó antes de acudir al juicio de amparo, queda de manifiesto que no se cumple con el principio de definitividad y en esas condiciones, al actualizarse de forma notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de amparo, se desecha la demanda de cuenta. Domicilio y autorizados Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, la calle **********en esta ciudad y como autorizado en términos amplios del artículos 12 de la Ley de Amparo, a *********, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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