Manuel Ruíz Reyes
Expediente 935/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Manuel Ruíz Reyes
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual informa que transcurrió el plazo de tres días que establece el artículo 104 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de reclamación contra el proveído emitido en el recurso de queja 284/2023, de su índice, por medio del cual desechó el citado medio de impugnación; y, por tanto, declaró precluido su derecho y firme el auto de referencia, devolviendo el original del juicio de amparo 935/2023, de este índice. Acúsese de recibido. Háganse la correspondiente captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En mérito de lo anterior, glósense las actuaciones existentes en el cuaderno de antecedentes, posteriores al envío del referido recurso de revisión; ello, para evitar su voluminosidad y facilitar el manejo de este expediente; procediendo a la destrucción de las copias certificadas con las que se formó el cuaderno de antecedentes, con motivo del envío de los autos a la superioridad, pues son fiel reproducción de las cuales ya obran en expediente original de las que fue deducido; y, por ende, carece de objeto anexarlas también al mismo. En otro aspecto, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 20, fracción IV del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se DESECHÓ la demanda de amparo. Lo anterior, pues el presente asunto no es de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 20 antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, se autoriza a la Secretaria Judicial a firmar el oficio que derive de esta determinación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta localidad, por medio del cual acusa recibo del recurso de queja interpuesto por la quejosa contra el auto de veintidós de septiembre de la actual anualidad, dictado en este asunto e informa que desechó dicho medio de impugnación, en atención a los argumentos ahí establecidos; el cual registró con el número ********************, de su estadística. Se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito firmado electrónicamente por Emmanuel Santiago Dávila, autorizado en términos amplios del quejoso Manuel Ruiz Reyes -recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes-, mediante el cual interpone recurso de queja, en contra del auto en el que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe con justificación en el sentido que es cierto el acto reclamado, al que se deberá adjuntar, impresión por duplicado del escrito de expresión de agravios de que se trata -por haberse recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes-. Remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para la sustanciación del recurso. Asimismo, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE), para que habilite la vinculación electrónica en el presente juicio de amparo, para los efectos a que haya lugar. Sin que haya lugar a requerir a las partes que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el presente juicio de amparo fue desechado. Finalmente, se autoriza a la Secretaria a firmar el informe correspondiente. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Manuel Ruiz Reyes, contra actos del Vicefiscal de la Vicefiscalía Regional en la Cuenca del Papaloapan y otras autoridades. En consecuencia, regístrese bajo el número 935/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento de la demanda. Previo a la admisión de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que se debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; ello, en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal ya que no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido conviene precisar que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables esencialmente la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación. En el caso, se estima que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el precepto 107, fracción I, de la Constitución Federal y el diverso 5, fracción I, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". Los preceptos transcritos, establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Del análisis del referido artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo solamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida implica que tenga que ser real y no de carácter subjetivo. Para que se actualice un agravio, éste debe afectar algún derecho jurídicamente tutelado en favor del directo quejoso, es decir, de quien acude a la demanda de amparo, a efecto de salvaguardar aquel derecho; por lo que ese agravio debe concretarse en aquél y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. Para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle, habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Para que proceda la acción constitucional, no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. En ese contexto, únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica; de conformidad con lo expuesto en la fracción I, del numeral 107 de la Carta Magna. Por su parte, los numerales 21, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme." De donde se obtiene que, corresponde al Ministerio Público, la facultad constitucional de la investigación de los delitos, lo que implica que el despliegue de todas aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, per se, no causan un daño o perjuicio al gobernado, pues sus eventuales consecuencias quedan supeditadas a la decisión del Juzgador que llegue a conocer de la carpeta de investigación. Por su parte, la codificación adjetiva penal, contempla a esa función indagatoria como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, en la cual el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, se tiene que el inicio, radicación e integración de la carpeta de investigación, son una consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar un eventual ejercicio de la acción penal, esto es, la consignación y judicialización de la misma, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, por lo que, por regla general, el inicio, radicación e integración de la carpeta de investigación, así como la consignación y judicialización de la misma, no causan una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, al no constituir actos de molestia o privativos contra quien se imputó algún hecho. Con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho fundamental de la parte quejosa, a manera de ejemplo, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, situación que no acontece en la especie, pues en este asunto se impugna sólo el posible inicio, radicación e integración de una carpeta de investigación, así como su consignación y judicialización. Como puede advertirse, el legislador ordinario reiteró la intención del Constituyente, de establecer la reserva de los datos de prueba e información que obre en las carpetas de investigación, precisando que solamente las partes pueden tener acceso a ello, con las limitaciones establecidas en la propia ley. Asimismo, esa disposición de reserva no es aplicable a la víctima u ofendido, ni a su asesor jurídico, ya que éstos sí pueden tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. En cambio, el legislador fue preciso al decir cuáles son los momentos en que el imputado y su defensor pueden tener acceso al legajo de investigación, pues siguiendo el postulado constitucional, estableció que son tres: 1) cuando el imputado se encuentre detenido; 2) cuando sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y 3) una vez que el imputado y su defensor hayan sido convocados a la audiencia inicial. Pues a partir de que se actualicen esos supuestos, ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado y su defensor, a fin de no afectar su derecho de defensa. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del quejoso sujeto posiblemente a una investigación, el juicio de amparo indirecto deviene improcedente. Aunado a ello, de las constancias que anexó a su escrito inicial de demanda se advierte que mediante oficio VRC/1165/2023, signado por la Coordinadora de la Fiscalía de Trámite de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, le comunico que después de realizar una búsqueda no se encontró carpeta de investigación alguna en su contra. Máxime, si se considera que a través del juicio de amparo indirecto, los actos acaecidos durante la integración de la carpeta de investigación, vinculada con la fase preliminar del procedimiento penal acusatorio, debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, a la función indagatoria, anteponiendo los intereses de la sociedad a los de los particulares. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 95/2022 (11a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de ******************** de la Nación, consultable en la página 2817, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, septiembre de 2022, undécima época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de ******************** de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia número PC.VII.P. J/2 P (11a.), sostenida por el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en la página 2418, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, diciembre de 2022, undécima época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTAN SÓLO EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO A DARLE INTERVENCIÓN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN AL IMPUTADO, LA FALTA DE AFECTACIÓN A ÉSTE CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a resoluciones contradictorias al analizar los acuerdos emitidos por los Jueces de Distrito en los cuales se desecharon de plano las demandas de amparo promovidas contra los actos reclamados consistentes en la omisión y/o negativa de darle acceso o intervención al imputado en la carpeta de investigación, al tenerse por actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico). Uno de los órganos contendientes determinó que dicha causal no era de actualización manifiesta e indudable, porque la falta de afectación al interés jurídico es una cuestión que debe ser materia de análisis en la sentencia; mientras que el diverso órgano contendiente consideró que, respecto a tales actos, la causa de improcedencia sí revestía tales características, por lo que debía desecharse de plano la demanda. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito determina que cuando se reclama la sola omisión y/o negativa del Ministerio Público de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación, tales actos no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, al no generar un perjuicio real y actual a sus derechos subjetivos, por lo que es dable desechar la demanda de amparo, ya que, en estos casos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Justificación: La comparecencia del imputado en la carpeta de investigación no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el vigente artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo establece así, ni existe algún otro precepto constitucional que constriña al representante social a recabar la entrevista del imputado o a notificarle la integración de la carpeta de investigación, ni se advierte disposición en ese sentido contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por el contrario, el artículo 218 de este último ordenamiento, contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del que se obtiene que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta que el imputado sea detenido o citado a comparecer, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución General. Por consiguiente, la simple omisión y/o la negativa de la autoridad ministerial de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación no le afecta en sus derechos subjetivos públicos; máxime cuando se desconoce si en el trámite de esa indagatoria realmente se afectará algún derecho, ya que, en todo caso, el perjuicio se materializará cuando el imputado sea citado a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y será precisamente en ese momento procesal donde tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por el citado fiscal y ofrecer las pruebas que estime necesarias. Por ende, tales actos (la omisión y/o negativa) no afectan el interés jurídico del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley, la cual es insuperable y no puede desvirtuarse con los informes justificados o medios de prueba aportados por el justiciable. De ahí que sea ajustado a derecho que en estos casos se deseche la demanda, por falta de interés jurídico, sin necesidad de dar trámite a un juicio que sería infructuoso e incluso en detrimento del principio de expeditez." Así también, la tesis XXVII.3o.47 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1959, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Noviembre de 2017, décima época, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente." En esas condiciones, al acreditarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el precepto 107, fracción I, de la Constitución Federal y el diverso 5, fracción I, del primer ordenamiento citado, se desecha de plano la demanda de amparo; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Cabe destacar que el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Solicitud para la promoción del juicio en línea. Se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", acorde a lo establecido en el artículo 263 del aludido Acuerdo General. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que sí tienen registradas su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Domicilio (notificaciones electrónicas). Como lo solicita, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones personales a dicha parte se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación al usuario "********************"; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo, en el domicilio que para tal efecto precisó en su demanda de amparo. Consulta del expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al usuario ********************; en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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