Manuel Roque Hernandez Romero

Expediente 366/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
366/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/11/2020

Partes del expediente

  • Manuel Roque Hernandez Romero

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 8-B.- Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda promovida 1 Artículo 9. Resguardo de Archivo de Trámite. Los archivos de trámite serán resguardados en el órgano jurisdiccional. Cumplida la temporalidad de tres años contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido, los expedientes que sean objeto de transferencia, serán remitidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 2 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado por Manuel Roque Hernández Romero, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena, conforme a lo dispuesto por los artículos 91 , y 21 inciso d) del referido documento normativo: 1. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 212 , del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el artículo 22, del Acuerdo normativo....3. Toda vez que obra en autos documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 del aludido Acuerdo General Conjunto, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en hora y día hábil ante este juzgado a recogerlos, apercibida que, de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con las constancias que corran la misma suerte y que obren en el expediente. Asimismo, se le hace del conocimiento que para el caso de acudir a este órgano de control constitucional, deberá hacerlo con identificación oficial vigente, previa cita que genere en el Sistema de "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

  2. Principal

    (AVISO DE NOTIFICACIÓN).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DE LO ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C), EN RELACIÓN AL 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO QUE ANTECEDE, QUE DICE LO SIGUIENTE: "MESA 8-B.- Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda promovida E1 Artículo 9. Resguardo de Archivo de Trámite. Los archivos de trámite serán resguardados en el órgano jurisdiccional. Cumplida la temporalidad de tres años contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido, los expedientes que sean objeto de transferencia, serán remitidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.- Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el cuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado por Manuel Roque Hernández Romero, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena, conforme a lo dispuesto por los artículos 91 , y 21 inciso d) del referido documento normativo: 1. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 212 , del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el artículo 22, del Acuerdo normativo....3. Toda vez que obra en autos documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 del aludido Acuerdo General Conjunto, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en hora y día hábil ante este juzgado a recogerlos, apercibida que, de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con las constancias que corran la misma suerte y que obren en el expediente. Asimismo, se le hace del conocimiento que para el caso de acudir a este órgano de control constitucional, deberá hacerlo con identificación oficial vigente, previa cita que genere en el Sistema de "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19....""""

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Manuel Roque Hernández Romero, contra actos del Jefe del Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal del Instituto de Salud de la Secretaría de Salud, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 366/2020. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y de su anexo, este juzgado advierte que, respecto del acto reclamado por el quejoso, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En el caso, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional sustancialmente lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: - De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, reclamo las órdenes para que se suspenda, retenga y bloquee el pago de sueldo, salario y demás prestaciones que el quejoso percibe como servidor público activo en el Instituto de Salud de la Secretaría de Salud, como Médico General "A" y de las autoridades citadas como responsables ejecutoras, señalo el cumplimiento que le den a las citadas órdenes señalada por las ordenadoras". Así, en el caso que se estudia, se estima que el acto reclamado resulta improcedente por actualizarse la causal prevista 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 103, fracción I, de la Constitución General de la República, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De los numerales insertos se advierte que la fracción XXIII del primer artículo referido no establece una causa concreta de improcedencia del juicio constitucional, sino que señala en forma genérica que ésta derivará de la aplicación de uno o varios preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la propia Ley de Amparo. Asimismo, se obtiene que el juicio de control constitucional tiene por objeto dirimir controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de autoridad que los gobernados consideren violatorias de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución General de la República, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con lo cual, la legislación de la materia define a la autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal, como la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otro lado, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos la legislación de amparo establece la posibilidad de señalar a particulares con la calidad de autoridad responsable, siempre que se les reclamen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan actuar creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas derivado de funciones determinadas por una norma general. Bajo ese orden de ideas, es permisible señalar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse fundamentalmente por exclusión de los actos de particulares, toda vez que la legislación de amparo establece la procedencia del juicio constitucional contra actos de autoridad y, excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, de manera que afecten derechos fundamentales con motivo de funciones determinadas por una norma general. Ahora, para una debida comprensión de los motivos que actualizan la causa de improcedencia en estudio, resulta indispensable establecer la distinción entre un acto de autoridad del que no lo es, atendiendo a la clasificación de las relaciones jurídicas existentes en el marco jurídico nacional: de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Relaciones de coordinación: entendidas como las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias están previstos en la legislación de los procedimientos ordinarios. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil o laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones de derecho privado es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, o contempladas por la ley. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por la actuación de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, mismas que son reguladas por el derecho público, el que a su vez establece procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, como son -en el ámbito ordinario-, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional, se encuentra el juicio de amparo; relaciones caracterizadas por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, para definir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, es necesario tomar en consideración la distinción de las relaciones jurídicas que se pretenden dirimir mediante su promoción, con el fin de establecer si la que se somete a la jurisdicción de los órganos de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad responsable actúe en un plano de superioridad. (.) En el caso particular, se obtiene que el promovente XXXXXXXXXXXXX, reclama sustancialmente del Jefe del Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal del Instituto de Salud de la Secretaría de Salud, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de otras autoridades, las órdenes para que se suspenda, retenga y bloquee el pago de sueldo, salario y demás prestaciones que percibe como servidor público activo en el Instituto de Salud de la Secretaría de Salud, como Médico General "A", así como su ejecución. Así, del punto uno de hechos, narrados por el quejoso en su demanda, se desprende que bajo protesta de decir verdad manifestó que empezó a labora en el Instituto de Salud de la Secretaría de Salud, en el Hospital General de Tapachula, desde el dieciséis de septiembre de dos mil trece, como médico general "A", en el programa Fortalecimiento a Unidades Médicas. En ese sentido, las afirmaciones antes precisadas, se traducen en una confesión expresa en términos del numeral 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuyo valor probatorio es pleno, conforme lo dispuesto por el numeral 200 de ese ordenamiento legal, por tratarse de un hecho que le es propio a la solicitante de amparo. El acto reclamado no deriva de una autoridad con la que la quejosa guarde una relación de supra a subordinación, sino de un plano de carácter laboral. La nota que distingue este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Mientras que las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad; por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales y derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Inclusive, si bien el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. Por ello, para considerar que los actos reclamados equivalen a los provenientes de autoridad y, por ende, reclamables mediante el juicio constitucional, es necesario que sean unilaterales y estén revestidos de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o laboral contractual. Además, conforme a la jurisprudencia citada con anterioridad el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación, lo que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Bajo esa línea argumentativa, para que el acto reclamado pueda ser considerado equivalente a los de autoridad, debe reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos, como el que se reclama en un plano de igualdad, que no implica una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele el carácter de autoridad responsable. Luego, los actos reclamados que se hacen consistir esencialmente en las órdenes para que se suspenda, retenga y bloquee el pago de sueldo, salario y demás prestaciones que percibe como servidor público activo en el Instituto de Salud de la Secretaría de Salud, como Médico General "A", así como su ejecución, al no reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, aunado a que no deriva de una relación de supra a subordinación, por ende no le reviste la calidad de actos provenientes de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, ya que las mismas no actúan con el imperio de su soberanía, sino en su calidad de ente patrón. (.) De ese criterio jurisprudencial, válidamente se puede llegar a concluir que es imposible tener a las autoridades señaladas en la demanda como responsables bajo los atributos establecidos para el juicio de amparo, dado que los actos reclamados encuadran en una relación de coordinación de la quejosa con las potestades señaladas como responsables. Además, conviene indicar que cualquier conflicto suscitado entre el quejoso con su empleador, como bien pudiera ser las órdenes para que se suspenda, retenga y bloquee el pago de sueldo, salario y demás prestaciones que percibe como servidor público activo en el Instituto de Salud de la Secretaría de Salud, como Médico General "A", así como su ejecución, lo cual se pudiera traducir en un problema laboral, en su caso puede ser controvertido, mediante un procedimiento laboral ante la autoridad competente. De ahí que, devenga oportuno concluir que es imposible tener a las autoridades señaladas en la demanda, como responsables bajo los atributos establecidos para el juicio de amparo, dado que el acto reclamado encuadra en la relación laboral de la parte quejosa con esa potestad. (.) En suma, se concluye que las autoridades señaladas en la demanda de amparo carecen de los atributos establecidos en la fracción II del artículo 5. De la Ley de Amparo, motivo por el cual no les resulta el carácter de autoridades responsables. En tal virtud, por lesivos que sean los actos reclamados de los derechos del promovente, en el caso, no es en el juicio de garantías donde debe contrarrestar sus efectos, sino ante la autoridad competente para ello; dado que los actos combatidos provienen de la relación laboral entre el promovente como trabajador y las autoridades que señala como responsables. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, éste último en concordancia con el diverso 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por XXXXXXXXXX, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a las autoridades señaladas como responsables a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". (.) DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad, y como autorizada a Lourdes del Rosario Hernández Romero, en término del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 2, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea De igual manera con fundamento en la fracción XIX, del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. (.)

  4. Principal

    (AVISO DE NOTIFICACIÓN).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DE LO ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C), EN RELACIÓN AL 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO QUE ANTECEDE, QUE DICE LO SIGUIENTE: "MESA 8-B.- Vista la demanda de amparo que promueve Manuel Roque Hernández Romero, contra actos del Jefe del Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal del Instituto de Salud de la Secretaría de Salud, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 366/2020. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y de su anexo, este juzgado advierte que, respecto del acto reclamado por el quejoso, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En el caso, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional sustancialmente lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: - De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, reclamo las órdenes para que se suspenda, retenga y bloquee el pago de sueldo, salario y demás prestaciones que el quejoso percibe como servidor público activo en el Instituto de Salud de la Secretaría de Salud, como Médico General "A" y de las autoridades citadas como responsables ejecutoras, señalo el cumplimiento que le den a las citadas órdenes señalada por las ordenadoras". Así, en el caso que se estudia, se estima que el acto reclamado resulta improcedente por actualizarse la causal prevista 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 103, fracción I, de la Constitución General de la República, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De los numerales insertos se advierte que la fracción XXIII del primer artículo referido no establece una causa concreta de improcedencia del juicio constitucional, sino que señala en forma genérica que ésta derivará de la aplicación de uno o varios preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la propia Ley de Amparo. Asimismo, se obtiene que el juicio de control constitucional tiene por objeto dirimir controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de autoridad que los gobernados consideren violatorias de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución General de la República, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con lo cual, la legislación de la materia define a la autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal, como la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otro lado, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos la legislación de amparo establece la posibilidad de señalar a particulares con la calidad de autoridad responsable, siempre que se les reclamen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan actuar creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas derivado de funciones determinadas por una norma general. Bajo ese orden de ideas, es permisible señalar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse fundamentalmente por exclusión de los actos de particulares, toda vez que la legislación de amparo establece la procedencia del juicio constitucional contra actos de autoridad y, excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, de manera que afecten derechos fundamentales con motivo de funciones determinadas por una norma general. Ahora, para una debida comprensión de los motivos que actualizan la causa de improcedencia en estudio, resulta indispensable establecer la distinción entre un acto de autoridad del que no lo es, atendiendo a la clasificación de las relaciones jurídicas existentes en el marco jurídico nacional: de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Relaciones de coordinación: entendidas como las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias están previstos en la legislación de los procedimientos ordinarios. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil o laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones de derecho privado es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, o contempladas por la ley. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por la actuación de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, mismas que son reguladas por el derecho público, el que a su vez establece procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, como son -en el ámbito ordinario-, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional, se encuentra el juicio de amparo; relaciones caracterizadas por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, para definir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, es necesario tomar en consideración la distinción de las relaciones jurídicas que se pretenden dirimir mediante su promoción, con el fin de establecer si la que se somete a la jurisdicción de los órganos de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad responsable actúe en un plano de superioridad. (.) En el caso particular, se obtiene que el promovente XXXXXXXXXXXXX, reclama sustancialmente del Jefe del Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal del Instituto de Salud de la Secretaría de Salud, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de otras autoridades, las órdenes para que se suspenda, retenga y bloquee el pago de sueldo, salario y demás prestaciones que percibe como servidor público activo en el Instituto de Salud de la Secretaría de Salud, como Médico General "A", así como su ejecución. Así, del punto uno de hechos, narrados por el quejoso en su demanda, se desprende que bajo protesta de decir verdad manifestó que empezó a labora en el Instituto de Salud de la Secretaría de Salud, en el Hospital General de Tapachula, desde el dieciséis de septiembre de dos mil trece, como médico general "A", en el programa Fortalecimiento a Unidades Médicas. En ese sentido, las afirmaciones antes precisadas, se traducen en una confesión expresa en términos del numeral 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuyo valor probatorio es pleno, conforme lo dispuesto por el numeral 200 de ese ordenamiento legal, por tratarse de un hecho que le es propio a la solicitante de amparo. El acto reclamado no deriva de una autoridad con la que la quejosa guarde una relación de supra a subordinación, sino de un plano de carácter laboral. La nota que distingue este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Mientras que las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad; por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales y derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Inclusive, si bien el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. Por ello, para considerar que los actos reclamados equivalen a los provenientes de autoridad y, por ende, reclamables mediante el juicio constitucional, es necesario que sean unilaterales y estén revestidos de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o laboral contractual. Además, conforme a la jurisprudencia citada con anterioridad el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación, lo que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Bajo esa línea argumentativa, para que el acto reclamado pueda ser considerado equivalente a los de autoridad, debe reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos, como el que se reclama en un plano de igualdad, que no implica una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele el carácter de autoridad responsable. Luego, los actos reclamados que se hacen consistir esencialmente en las órdenes para que se suspenda, retenga y bloquee el pago de sueldo, salario y demás prestaciones que percibe como servidor público activo en el Instituto de Salud de la Secretaría de Salud, como Médico General "A", así como su ejecución, al no reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, aunado a que no deriva de una relación de supra a subordinación, por ende no le reviste la calidad de actos provenientes de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, ya que las mismas no actúan con el imperio de su soberanía, sino en su calidad de ente patrón. (.) De ese criterio jurisprudencial, válidamente se puede llegar a concluir que es imposible tener a las autoridades señaladas en la demanda como responsables bajo los atributos establecidos para el juicio de amparo, dado que los actos reclamados encuadran en una relación de coordinación de la quejosa con las potestades señaladas como responsables. Además, conviene indicar que cualquier conflicto suscitado entre el quejoso con su empleador, como bien pudiera ser las órdenes para que se suspenda, retenga y bloquee el pago de sueldo, salario y demás prestaciones que percibe como servidor público activo en el Instituto de Salud de la Secretaría de Salud, como Médico General "A", así como su ejecución, lo cual se pudiera traducir en un problema laboral, en su caso puede ser controvertido, mediante un procedimiento laboral ante la autoridad competente. De ahí que, devenga oportuno concluir que es imposible tener a las autoridades señaladas en la demanda, como responsables bajo los atributos establecidos para el juicio de amparo, dado que el acto reclamado encuadra en la relación laboral de la parte quejosa con esa potestad. (.) En suma, se concluye que las autoridades señaladas en la demanda de amparo carecen de los atributos establecidos en la fracción II del artículo 5. De la Ley de Amparo, motivo por el cual no les resulta el carácter de autoridades responsables. En tal virtud, por lesivos que sean los actos reclamados de los derechos del promovente, en el caso, no es en el juicio de garantías donde debe contrarrestar sus efectos, sino ante la autoridad competente para ello; dado que los actos combatidos provienen de la relación laboral entre el promovente como trabajador y las autoridades que señala como responsables. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, éste último en concordancia con el diverso 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por XXXXXXXXXX, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a las autoridades señaladas como responsables a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". (.) DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad, y como autorizada a Lourdes del Rosario Hernández Romero, en término del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 2, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea De igual manera con fundamento en la fracción XIX, del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. (.)

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