Manuel Roman Huchim Dzul
Expediente 238/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 238/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Roman Huchim Dzul
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de cuatro de marzo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la expresada determinación, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado artículo del Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.
- Principal
Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, así como las constancias que acompañó al mismo. Ahora bien, del informe justificado de cuenta se advierte que el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, la juez responsable, procedió a dar trámite a la demanda presentada por la parte aquí quejosa, el cuatro de diciembre de dos mil veinte, en el sentido de admitir la aludida demanda, ordenando emplazar a la parte demandada. Se trae a colación que el nueve de febrero del año en curso, la parte quejosa presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, la cual se turnó al día siguiente a este órgano jurisdiccional. En dicha demanda, el promovente reclamó del juez responsable, la omisión de acordar lo conducente en relación al escrito por el que interpuso demanda de divorcio sin causales, presentada el cuatro de diciembre del dos mil veinte. Ahora bien, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. (.) Como se ha dicho, de las constancias que el juez responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que por auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, éste procedió a dar trámite a la demanda presentada por el aquí quejoso, el cuatro de diciembre de dos mil veinte, ordenando emplazar a la parte demandada. Por tanto, se concluye que el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar responsable, al haber emitido el pronunciamiento que determinó la admisión respecto a la demanda del aquí quejoso, y siendo que dicho pronunciamiento se llevó a cabo con fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo, esto es, antes del nueve de febrero dos mil veintiuno; en consecuencia, el acto reclamado consistente en la omisión de acordar lo conducente sobre la demanda presentada ante la autoridad de origen, se considera inexistente y debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto u omisión reclamada en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la parte agraviada es para invalidar el acto u omisión reclamada, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable. Por tanto, si la existencia del acto u omisión no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la parte impetrante de amparo en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la inexistencia de la omisión reclamada radicó en que al momento de que la parte quejosa promovió la demanda de amparo, no existía la omisión reclamada a la responsable, ya que con anterioridad ésta, el juez responsable acordó lo conducente a la demanda presentada por la parte aquí quejosa, el cuatro de diciembre de dos mil veinte, en el sentido de admitir y dar trámite a la misma, ordenando emplazar a la parte demandada. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia de la omisión reclamada, lo que impide que esta juzgadora pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de los derechos fundamentales respecto de una omisión que no subsiste. En consecuencia, al no existir la omisión reclamada, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la quejaSin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto u omisión reclamada deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuarla, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por el juez responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que la responsable, exhibió copia certificada del auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, con lo que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada, al constar el pronunciamiento de la responsable respecto al acto aquí reclamado. Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
Vista la demanda de cuenta promovida por *****, contra el acto que reclama del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en Umán, Yucatán; con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda; por tanto, dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase el informe con justificación a la autoridad responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida, que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del PABLO PÉREZ PACHECO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d9.6f 12/12/22 10:45:01 Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida, que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID- 19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrán rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. En consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en PABLO PÉREZ PACHECO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d9.6f 12/12/22 10:45:01 SECCIÓN AMPARO MESA V EXP.238/2021 ??????????????? todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.as p?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su PABLO PÉREZ PACHECO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d9.6f 12/12/22 10:45:01 oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Ahora, respecto a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, es importante hacer mención del oficio DEY/4458/20, de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, signado por el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL, Encargado del Despacho de la Delegación Estatal en Yucatán de la Fiscalía General de la República, en el que se comunica que la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, fungirá, a partir del uno de enero del año en curso, como Fiscal Federal Adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán; y se proporciona la dirección de correo electrónico institucional: rossana.rosas@pgr.gob.mx, para todo tipo de comunicación oficial con este Juzgado de Distrito, por tanto, hágasele de su conocimiento la admisión de esta demanda por el conducto que indica. Como lo señala el quejoso, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; asimismo, téngase como sus autorizados a los señalados en su escrito de demanda, con las limitaciones que establece el artículo antes invocado. De igual forma, con fundamento en la circular 12/2009, se autoriza a la parte quejosa para hacer uso de dispositivos para la reproducción electrónica de las constancias que integran los presentes autos, al momento de consultarlos. Téngase como medio alternativo de comunicación, el número telefónico: 9992619618; así como las direcciones de correo electrónico: abog.orlando@gmail.com y dest@ hotmail.com Asimismo, toda vez que el nombre de usuario "abog.orlando" que proporciona el ocursante, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad su solicitud, por lo que se autoriza únicamente el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa a través del citado usuario, quedando facultada para promover en el juicio con el propio nombre de usuario. En el entendido que en términos del Artículo 391 del citado Acuerdo 12/2020, el acceso para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, pues para ello, se requiere solicitud expresa, lo cual no ocurrió en el caso. Hágase lo anterior del conocimiento del encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, para que sean relacionadas y tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Por otro lado, se invita a la autoridad responsable a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los 1 Artículo 39. El acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo que se hubiere solicitado expresamente autorización para recibir notificaciones electrónicas y la misma se haya acordado favorablemente, en términos del artículo 55 del presente Acuerdo General. cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Ahora bien como se indicó, la autoridad responsable, Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, tiene su residencia en la ciudad de Umán, Yucatán, esto es, fuera de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional, sin embargo, se encuentra ubicada en zona conurbada. Lo Anterior, es así, pues la ciudad de Umán pertenece a la zona conurbada de la ciudad de Mérida, pues de los datos oficiales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en dos mil cinco, y dos mil quince se advierte: "Que la zona metropolitana o conurbada, se localiza en la parte noreste del Estado de Yucatán, y se encuentra conformada por cinco municipios, de los cuales tres se consideran municipios exteriores, con conurbación continua, los cuales son Mérida, Kanasín y Umán." Atento a lo anterior, para agilizar el procedimiento, comisiónese al Actuario adscrito a este Juzgado, para efecto de que entregue el oficio antes citado a la autoridad responsable de mérito, a fin hacerle del conocimiento lo ahí acordado. En el entendido, que la aludida notificación ordenada líneas precedentes, deberá ser acatando los protocolos y lineamientos por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, tal y como lo indica el Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó.
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