Manuel Rodriguez Hernández

Expediente 343/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 86 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
343/2017
Año
2017
Actuaciones
86
Última actuación
07/10/2020

Partes del expediente

  • Manuel Rodriguez Hernández
  • Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 86.

  1. Principal

    Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de impugnar el pronunciamiento de cuatro de septiembre de dos mil veinte, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con lo previsto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce y en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este expediente es susceptible de depuración. Por lo tanto, procédase a su cumplimiento, previo desglose para su conservación, de la demanda, de las resoluciones recurridas y de la sentencia que puso fin al asunto, así como de la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que éste Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del citado acuerdo. Remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el artículo 18 del acuerdo aludido. Remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto aludido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa el veintiuno de agosto del año en curso, sin que hubiera realizado manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito y se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en el expediente. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2./J.26/2000, de rubro y datos de localización siguientes: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (Registro: 192174, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243) Ahora bien, del estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia de veinticuatro de abril del mismo año, en la que se concedió la protección constitucional al quejoso para los siguientes efectos: ".En ese orden de ideas, cabe concluir que la omisión apuntada, conlleva a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, cumpla cabalmente con la de veintisiete de febrero de dos mil quince, así como a la resolución de queja por incumplimiento de veinticinco de septiembre del mismo año, ambas dictadas por la Primera Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad 23122/13-17-01-7, cuyos efectos se traducen en: 1) Emitir una resolución debidamente fundada y motivada, en la cual determine y calcule los incrementos a la pensión por jubilación que fue otorgada al aquí quejoso, conforme lo establece el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, al tenor de la información que se allegue para ello de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia en la cual laboró, y que corresponda a la plaza que desempeñaba, denominada "Jefe de Mesa", en la que deberá precisar los mecanismos y/o datos que se utilicen para llegar a dicha determinación. 2) Cubra el pago de las diferencias que con motivo de la violación al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ocupa, dejó de enterar al aquí quejoso; desde el momento en que se otorgó la pensión hasta que dé cumplimiento al presente fallo, determinando en forma precisa, práctica y esquemática el mecanismo que se utilice para dichos efectos, a fin de garantizar certeza jurídica al demandante respecto de la forma en que se incremente su pensión, y tomando en consideración que de conformidad con el artículo 15 de la Ley citada, la base salarial no podrá exceder el tope de diez veces el salario mínimo que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos." En ese sentido, se realizaron diversos requerimientos a las autoridades directamente obligadas y vinculadas al cumplimiento y a sus superiores jerárquicos, y ante la conducta contumaz de las autoridades en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se ordenó dar trámite al incidente innominado a fin de determinar el monto exacto en dinero que se debe devolver al quejoso con motivo del amparo concedido, y el treinta del mismo mes y año, se dio trámite a la prueba pericial ofrecida por la quejosa. Mediante escrito recibido el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, el autorizado informó que el quejoso falleció el tres de julio de ese mismo año, por lo que mediante proveído de quince de noviembre del año en curso, se le requirió para que exhibiera diversas constancias e informara si existía algún beneficiario designado, lo que desahogó el veintitrés siguiente, por lo que en la misma fecha, se acordó que una vez dictada la resolución en el incidente innominado respectivo, y en caso de que ésta fuera favorable a los intereses del quejoso, se remitirían las constancias necesarias a fin de que se realizara el pago correspondiente a su cónyuge supérstite. En ese tenor, el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se dictó resolución en el incidente innominado tramitado en autos, en los siguientes términos: "PRIMERO. Es procedente el incidente innominado en que se actúa, el cual se abrió para determinar con exactitud los incrementos que corresponden a la pensión por jubilación que fue otorgada al aquí quejoso de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, y determinar si existen diferencias a devolver derivado del ajuste de la cuota diaria de dicha pensión. SEGUNDO. Se determina que la autoridad responsable debe pagar a Ofelia Martínez Chávez, cónyuge supérstite del aquí quejoso Manuel Rodríguez Hernández, la cantidad de 53,753.02 (cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y tres pesos 02/100 moneda nacional), por concepto de las cantidades que le corresponden por la pensión por jubilación 144729 a la que tuvo derecho hasta el dos de julio de dos mil diecisiete. TERCERO. Una vez que cause estado la presente interlocutoria, requiérase el cumplimiento del fallo protector, en términos de lo previsto en el último considerando de la misma." El catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se dio trámite al recurso de queja interpuesto por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Zona Oriente de la Ciudad de México, en contra de la resolución citada, y una vez integrado, el veintisiete siguiente, se ordenó remitirlo al tribunal de alzada, del cual conoció el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo radicó con el número de toca Q.A. 1/2020, y mediante sesión de veintisiete de febrero del año en curso, dictó resolución en los siguientes términos: PRIMERO. Es INFUNDADO el recurso de queja. SEGUNDO. Se obliga a la autoridad responsable a pagar a la parte quejosa la cantidad determinada en la resolución recurrida en el plazo de diez días." En razón de lo anterior, por acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibido el testimonio de referencia y de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordenó reanudar el procedimiento y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Seguido el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante oficio recibido en este Juzgado el diecinueve de agosto del año en curso, la Jefa de la Unidad Jurídica en representación de las autoridades responsables dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Zona Oriente en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), remitió copia de la comparecencia de treinta de junio de dos mil veinte, respecto de la recepción del cheque 0018153 de diecinueve del mismo mes y año, a nombre de Ofelia Martínez Chávez, cónyuge supérstite del quejoso Manuel Rodríguez Hernández, expedido por la Institución Bancaria HSBC México S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por la cantidad de $53,753.02 (cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y tres pesos 02/100 moneda nacional). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio de garantías, y éste órgano jurisdiccional considera que no existe defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de agosto de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio signado por la Jefa de la Unidad Jurídica en representación de las autoridades responsables dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Zona Oriente en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), por medio del cual, remite copia certificada de las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y sus anexos, se da vista a la parte quejosa en el presente juicio, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de Amparo; apercibida que en caso de no hacerlo así, éste Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2./J.26/2000 de rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (Registro: 192,174, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243). Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil veinte. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, a través de los Acuerdos Generales números 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales; como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales derivado del virus COVID-19. Por lo tanto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en ese Acuerdo General, en consecuencia, se reanudan dichos plazos y términos en el presente juicio. Cabe destacar que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en los acuerdos citados en primer lugar, para que previamente se reanudara su trámite, por lo que hasta la fecha en que se actúa, se procede acordar lo conducente. Asimismo, con fundamento en las fracciones I y II del artículo 2 del multicitado acuerdo 21/2020, se hace del conocimiento de las partes que los plazos, términos y vistas, ordenados en los acuerdos y requerimientos dictados en este juicio, se reanudarán a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído; por lo que se deberán de estar a lo ahí determinado y a los apercibimientos respectivos. Se tienen por recibidos los oficios signados por la Jefa de la Unidad Jurídica en representación de las autoridades responsables dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio de las cuales, señala domicilio, proporciona un correo electrónico, designa delegados e informa que mediante diverso oficio SP/JEF/3681/2020, de dieciocho de junio del presente año, se remitió al Jefe del Departamento de Finanzas de la citada delegación, la nómina de remesa 597/2019, por concepto de pago único, por lo que le solicitó elabore el cheque correspondiente a favor de Ofelia Martínez Chávez, en razón de que ser la cónyuge supérstite de Manuel Rodríguez Hernández; tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales conducentes. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Asimismo, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." (Lo subrayado es propio) Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Ahora bien, cabe precisar que en la resolución dictada en el incidente innominado, relativo al presente juicio, el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en (fojas 683 a 697), se determinó lo siguiente (fojas 695 vuelta a 696 vuelta): "En consecuencia, se requiere a la autoridad directamente responsable Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Zona oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el plazo de diez días, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución en la que quede firme la presente resolución, dada la naturaleza de los actos a realizar, remita las constancias con las que acredite haber cubierto a Ofelia Martínez Chávez, cónyuge supérstite del aquí quejoso Manuel Rodríguez Hernández, la cantidad de $53,753.02 (cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y tres pesos 02/100 moneda nacional), por concepto de las cantidades que le corresponden por la pensión por jubilación 144729 a la que tuvo derecho hasta el dos de julio de dos mil diecisiete, y que le fueron indebidamente retenidas, sin perjuicio de que en el auto respectivo también se requiera a su superior jerárquico, a las autoridades que con motivo de sus atribuciones y competencia deban intervenir en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, así como a los superiores jerárquicos de estas últimas. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 77, 192, 193 y 217 de la Ley de Amparo, así como 358, 360, 361 y 364, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Es procedente el incidente innominado en que se actúa, el cual se abrió para determinar con exactitud los incrementos que corresponden a la pensión por jubilación que fue otorgada al aquí quejoso de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, y determinar si existen diferencias a devolver derivado del ajuste de la cuota diaria de dicha pensión. SEGUNDO. Se determina que la autoridad responsable debe pagar a Ofelia Martínez Chávez, cónyuge supérstite del aquí quejoso Manuel Rodríguez Hernández, la cantidad de 53,753.02 (cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y tres pesos 02/100 moneda nacional), por concepto de las cantidades que le corresponden por la pensión por jubilación 144729 a la que tuvo derecho hasta el dos de julio de dos mil diecisiete. TERCERO. Una vez que cause estado la presente interlocutoria, requiérase el cumplimiento del fallo protector, en términos de lo previsto en el último considerando de la misma." En ese orden de ideas, y con el fin de agilizar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se REQUIERE a la Jefa del Departamento de Finanzas de la Delegación Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el término de DIEZ DÍAS, (tomando en consideración los actos a realizar), contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante éste Juzgado de Distrito: Haber expedido el cheque a nombre de Ofelia Martínez Chávez, en razón de que es cónyuge supérstite de Manuel Rodríguez Hernández, correspondiente a la cantidad que asciende a $53,753.02 (cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y tres pesos 02/100 moneda nacional), por concepto de las cantidades que le corresponden por la pensión por jubilación 144729 a la que tuvo derecho hasta el dos de julio de dos mil diecisiete. En adición a lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I, del código citado, así como del 10, fracción IV, inciso d) del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, REQUIÉRASE al Subdelegado de Administración de la Delegación Zona Oriente del citado instituto, para que en su calidad de superior jerárquico de la Jefa de Departamento de Finanzas de la Delegación Zona Oriente del citado instituto, lo conmine a cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable al cumplimiento del presente requerimiento, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidos que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada ley, se impondrá a la persona física que ostenta el cargo de la autoridad requerida una multa por cien veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, con base en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. En razón de lo anterior, respecto de la prórroga que solicita la autoridad oficiante, dígasele que deberá estarse a lo aquí acordado. Con apoyo en los artículos 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades citadas a las personas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Con fundamento en el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se tienen por ofrecidos los servicios de mensajería instantánea que refiere, únicamente para el caso de comunicaciones no procesales. Por otra parte, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a todas las partes, esto es, a la parte quejosa, autoridades responsables, Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, y en su caso, tercero interesado; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe

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