Manuel Roberto Flores Valdez
Expediente 154/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Manuel Roberto Flores Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Auto. Hermosillo, Sonora, doce de abril de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede no obran en el sumario documentos originales. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe
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Auto. Hermosillo, Sonora, diez de marzo de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitidos por el presidente y acuario de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, a través del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de tres de marzo del año en curso. Prueba. Se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que envían las autoridades oficiantes mencionadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del contenido de la constancias probatorias remitidas por las autoridades, junto con los informes justificados, a la que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, así como la causa de sobreseimiento contemplada en la fracción IV del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" En la especie, los actos reclamados a las autoridades responsables, consisten en: 1) La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral 462/22JE1, y; 2) Del actuario responsable, la omisión emplazar a la parte demandada. En este punto se analizará la causal de improcedencia referente al acto señalado en primer término -la omisión de señalar fecha para la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo dentro del juicio de origen 462/22JE1-; Ahora bien, de las constancias aportadas por la responsable, se advierte que el ocho de marzo del año en curso, señaló las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de abril de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, toda vez que con el actuar de la Junta responsable, se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la omisión que dio motivo a la demanda de amparo, pues se advierte que con el pronunciamiento de la responsable se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho violentado, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Respecto al segundo de los actos reclamados -la omisión del actuario responsable de emplazar a la parte demandada -, de las documentales emitidas por la referida responsable, se advierte la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, ya que mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se dio cuenta con la promoción presentada por la parte actora, en el que señala un diverso domicilio para emplazar a la parte demandada al juicio de origen y ordenó girar exhorto a su homólogo con residencia en Querétaro, para lograr su emplazamiento. Se asevera lo antes expuesto, pues el acto reclamado por la parte quejosa es inexistente, toda vez que no existe una comisión al actuario responsable, para emplazar a la parte demandada; toda vez, que mediante acuerdo de ocho de marzo pasado, se giró exhorto para que en auxilio de la Junta responsable, se emplazara a Welding and Coating de México, sociedad anónima de capital variable, en el nuevo domicilio señalado por el quejoso. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 122, Tomo XV, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Registro 209220, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracciones IV y V, en relación con la segunda de ellas y en el artículo 61 fracción XXI, todas de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada, a saber, las diez horas con catorce minutos del diez de marzo del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 10/MARZO/2023, QUE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, diez de marzo de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitidos por el presidente y acuario de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, a través del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de tres de marzo del año en curso. Prueba. Se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que envían las autoridades oficiantes mencionadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del contenido de la constancias probatorias remitidas por las autoridades, junto con los informes justificados, a la que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, así como la causa de sobreseimiento contemplada en la fracción IV del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" En la especie, los actos reclamados a las autoridades responsables, consisten en: 1) La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral 462/22JE1, y; 2) Del actuario responsable, la omisión emplazar a la parte demandada. En este punto se analizará la causal de improcedencia referente al acto señalado en primer término -la omisión de señalar fecha para la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo dentro del juicio de origen 462/22JE1-; Ahora bien, de las constancias aportadas por la responsable, se advierte que el ocho de marzo del año en curso, señaló las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de abril de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, toda vez que con el actuar de la Junta responsable, se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la omisión que dio motivo a la demanda de amparo, pues se advierte que con el pronunciamiento de la responsable se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho violentado, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Respecto al segundo de los actos reclamados -la omisión del actuario responsable de emplazar a la parte demandada -, de las documentales emitidas por la referida responsable, se advierte la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, ya que mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se dio cuenta con la promoción presentada por la parte actora, en el que señala un diverso domicilio para emplazar a la parte demandada al juicio de origen y ordenó girar exhorto a su homólogo con residencia en Querétaro, para lograr su emplazamiento. Se asevera lo antes expuesto, pues el acto reclamado por la parte quejosa es inexistente, toda vez que no existe una comisión al actuario responsable, para emplazar a la parte demandada; toda vez, que mediante acuerdo de ocho de marzo pasado, se giró exhorto para que en auxilio de la Junta responsable, se emplazara a Welding and Coating de México, sociedad anónima de capital variable, en el nuevo domicilio señalado por el quejoso. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 122, Tomo XV, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Registro 209220, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracciones IV y V, en relación con la segunda de ellas y en el artículo 61 fracción XXI, todas de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada, a saber, las diez horas con catorce minutos del diez de marzo del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Auto. Hermosillo, Sonora, tres de marzo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente y actuario de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tiene por ofrecida la documental que anexa, la cual será valorada en cuanto a su procedibilidad en audiencia constitucional. Se requiere constancia. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días, contados a partir en que surta efectos la notificación del presente proveído remitan a este juzgado copia certificada de la constancia de emplazamiento de la parte demandada; lo anterior, en relación con el juicio de origen 462/22JE1. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se les impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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