Manuel Ricardo Rodarte Ogaz

Expediente 927/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
927/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/09/2022

Partes del expediente

  • Manuel Ricardo Rodarte Ogaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el uno de septiembre de este año, en el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente juicio se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, uno de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el informe justificado rendido por el presidente por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y por la secretaria de acuerdos adscrita a dicha dependencia; en tal razón, agréguese a sus autos, sin que resulte necesario ponerlo a la vista de las partes en virtud de las consideraciones que enseguida se expondrán. Ahora bien, se precisa que de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; en el presente caso, este Juzgado de Distrito advierte que el acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de proveer lo conducente en relación al señalamiento de la fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente administrativo laboral 575/E06/2021, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, Novena Época, registro digital 193758, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, toda vez que del contenido del informe justificado de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se fijaron las diez horas del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, cuya omisión se dolía la parte quejosa, por lo que ha quedado sin efectos el acto reclamado, puesto que, como se dijo, la autoridad responsable dictó el acuerdo correspondiente dentro del expediente administrativo laboral 575/E06/2021, que era la causa de pedir en esta instancia constitucional. Asimismo, cabe precisar que de las constancias de autos se desprende que al momento en que se presentó la demanda de amparo, que fue el dos de agosto de dos mil veintidós, la Junta a la que se encuentra adscrito el actuario responsable, aún no conocía de la demanda laboral presentada por la aquí quejosa, ello en virtud de que se había planteado excusa para conocer de la misma; por tanto, a la fecha en que se presentó el escrito que dio origen a este asunto no existía emplazamiento que realizar por parte del actuario señalado como responsable. De igual forma, no escapa que la quejosa también reclamó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, la omisión de resolver la excusa presentada ante su similiar de esta ciudad, pues no obstante que dicha autoridad no ha rendido su informe justificado, del informe de cuenta se desprende que el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, regularizó el procedimiento y determinó que no era necesario continuar con la dilación, ya que los funcionarios que lo motivaron ya no laboran en ese lugar, fijando como consecuencia hora y fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que era la causa de pedir dentro del presente juicio de garantías. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado conlleva a que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, por lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.

  3. Principal

    V. De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa la resolución de uno de septiembre de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se desprende que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, se advierte que la autoridad responsable denominada por la parte quejosa como Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, no ha rendido su informe justificado y no existe constancia alguna que acredite que haya recibido el oficio por medio del cual se le solicitó; en tal razón, se proporcionan los correos electrónicos oficiales de este órgano constitucional: 1jdo19ctoAJ@correo.cjf.gob.mx y/o rigonzalez@cjf.gob.mx, para facilitar la remisión de lo referido en líneas anteriores. Por otra parte, se advierte que ha precluido el plazo otorgado a las autoridades responsables Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y Actuario adscrito a la misma, para que rindieran su informe justificado; habida cuenta que quedaron notificadas de los oficios 19283/2022 y 19284/2022, derivados del proveído de cuatro de agosto del año en curso, con el que se ordenó su emplazamiento a esta contienda constitucional y se les requirió su informativa correspondiente, tal y como se advierte de los acuses de recibo visibles a foja 9; en tales condiciones, se hace necesario recabar de oficio las pruebas que obren en poder de dichas autoridades, con el propósito de que este órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de practicar el análisis adecuado del acto reclamado y estar en aptitud de resolver el fondo del presente asunto. Ahora bien, en atención a que este Juzgado de Distrito no puede obligar a la autoridad responsable omisa a rendir su informe justificado, en virtud de que expresamente hay una consecuencia y una sanción por esa omisión, conforme al cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la misma legislación, requiérase a las autoridades de referencia, para que en el improrrogable término de tres días, remitan copias certificadas de las constancias que acrediten el acto reclamado. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el indicado plazo o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100) moneda nacional. Por tener consideraciones inherentes al caso, se cita la tesis jurisprudencial V.1º. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 712, tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "PRUEBAS. LA OMISION DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE, OCASIONA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El Juez de amparo en cumplimiento al último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, está obligado a requerir a la autoridad responsable para que remita las pruebas o constancias que sean necesarias a efecto de practicar el análisis adecuado del acto reclamado, de tal manera que la infracción a dicho precepto ocasiona la reposición del procedimiento del juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 91 de la Ley de Amparo." Finalmente, por lo anteriormente expuesto, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, debiendo comunicar lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.

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