Manuel Ricardo Fernández Granada
Expediente 403/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 403/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Manuel Ricardo Fernández Granada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, nueve de abril de dos mil veintiuno. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, conforme a lo establecido en el precepto 21, inciso a) del referido acuerdo general. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Manuel Ricardo Fernández Granda, en contra del acto reclamado de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, consistente en el laudo dictado el veintisiete de agosto de dos mil veinte, en el expediente laboral 391/2009.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término concedido a Manuel Ricardo Fernández Granda, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la vista ordenada mediante resolución de cinco de mes y año en curso, sin que lo hayan hecho; en tales condiciones, devuélvase de inmediato el presente asunto a la ponencia del Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, para los efectos legales procedentes. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a cinco de marzo de dos mil veintiuno, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito conforme a lo determinado en sesión celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el cuatro de marzo de dos mil veintiuno. V I S T O S, para dictaminar, los autos del juicio de amparo directo 403/2020, del índice de este Tribunal Colegiado. I. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, ante la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, Manuel Ricardo Fernández Granda, por conducto de su apoderado Antonio Sánchez Ugarte, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y por el acto siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- La H. Junta Especial No. 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. IV. ACTO RECLAMADO. De la Junta Especial No. 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se reclama el laudo dictado dentro del expediente laboral número 391/2009, que fechó el día 27 de agosto del año 2020." II. Trámite del juicio de amparo. Correspondió conocer de la citada demanda a este Tribunal Colegiado, el que mediante proveído de presidencia de treinta de octubre de dos mil veinte, ordenó admitirla y radicarla bajo el número 403/2020; tuvo como tercero interesado a Fermín González Cruz. Por auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó turnar el asunto al Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. III. Posible causa de sobreseimiento. No se analizarán los razonamientos que sustentan el laudo reclamado ni los conceptos de violación formulados en su contra, debido que este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que, en la especie, se actualiza una posible causa de sobreseimiento, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Dicho precepto establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.). IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional (.)." En efecto, de la demanda de amparo se aprecia que Manuel Ricardo Fernández Granda, por conducto de su apoderado, reclama el laudo de veintisiete de agosto de dos mil veinte, pronunciado por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, en el expediente 391/2009, de su índice. Sin embargo, es preciso destacar que los hechos notorios a que se refiere el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun cuando las partes no los invoquen. Cierto, de acuerdo a lo que establece el citado precepto, los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar con tal carácter, tanto las ejecutorias que emitieron en los asuntos sometidos a su consideración, así como los diferentes datos e información que se contengan en esas resoluciones, y en los expedientes que se sigan ante los propios órganos. Conforme a lo anterior, se tiene como un hecho notorio el juicio de amparo directo 591/2019, que se radicó y resolvió en este órgano jurisdiccional; asimismo, de las constancias que obran en el juicio laboral de origen se desprende lo siguiente: 1. Por escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, ante la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, el actor Fermín González Cruz, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el laudo dictado el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, por la referida junta especial, en el expediente laboral 391/2009, de su índice. 2. Correspondió conocer del referido asunto a este órgano federal, el que en sesión de trece de marzo de dos mil veinte, dictó ejecutoria en el juicio de amparo 591/2019, en el que concedió la protección federal solicitada para que la junta responsable: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Emita otro en el que reitere lo siguiente: a) La absolución del demandado físico Manuel Ricardo Fernández Granda. b) La absolución de la empresa Tex-Fil, S.A. de C.V. respecto de las prestaciones que le reclamaron los actores Carlos Zamora Lima y Eleazar Zárate Lima. En virtud de que éstos no promovieron juicio amparo en contra del laudo. 3. Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que el actor fue despedido injustificadamente de su empleo y, por ende, resuelva sobre las prestaciones derivadas de esa separación. 4. Con libertad de jurisdicción, se pronuncie sobre las prestaciones reclamadas por el accionante ajenas a dicho despido, tales como: aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, fondo de ahorro por los años de dos mil seis a dos mil ocho, y parte proporcional de dos mil nueve, así como salarios devengados del uno al doce de mayo de dos mil nueve, ya que se trata de prestaciones reclamadas por periodos posteriores a la supuesta renuncia que no quedó acreditada." 3. Por acuerdo de trece de agosto de dos mil veinte, se requirió a la junta responsable el cumplimiento de la ejecutoria. 4. En observancia al fallo protector, el veintisiete de agosto de dos mil veinte la junta laboral emitió un nuevo laudo; sin embargo, mediante resolución de cinco de noviembre de dos mil veinte (fojas 302 y 304 del expediente laboral), se declaró que la ejecutoria de amparo no había quedado cumplida, por las siguientes razones: "II. Ahora bien, uno de los efectos de la concesión fue para que la junta, con libertad de jurisdicción, se pronunciara sobre las prestaciones reclamadas por el accionante Fermín González Cruz ajenas al despido, tales como: aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, fondo de ahorro por los años de dos mil seis a dos mil ocho, y parte proporcional de dos mil nueve, así como salarios devengados del uno al doce de mayo de dos mil nueve, ya que se trata de prestaciones reclamadas por periodos posteriores a la supuesta renuncia que no quedó acreditada. Del nuevo laudo se observa que la responsable analizó la procedencia de las prestaciones consistentes en aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, indemnización de veinte días de salario por cada año de servicios prestados y salarios devengados del uno de febrero al doce de mayo de dos mil nueve, para lo cual decretó las condenas y absoluciones respectivas (fojas 71 vuelta a 73 frente). Sin embargo, no se pronunció respecto al reclamo del actor relativo al pago del fondo de ahorro por los años de dos mil seis a dos mil ocho y parte proporcional de dos mil nueve. Por tanto, la junta no acató en sus términos los lineamientos que le fueron dados en la ejecutoria de amparo. III. Otro de los efectos de la protección constitucional fue para que el tribunal laboral reiterara la absolución de la empresa Tex-Fil, S.A. de C.V., de las prestaciones que le reclamaron los actores Carlos Zamora Lima y Eleazar Zárate Lima, en virtud de que éstos no promovieron juicio amparo en contra del laudo de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. En el séptimo considerando del laudo dictado en cumplimiento al fallo constitucional, la responsable determinó lo siguiente: "VII.- Se absuelve a la codemandada moral: Tex-Fil, S.A. de C.V., de las prestaciones reclamadas por los actores Fermín González Cruz, Carlos Zamora Lima y Eleazar Zárate Lima, al no haber acudido al juicio de amparo; así como, del codemandado físico: Manuel Ricardo Fernández Granda, de las prestaciones reclamadas por los actores Fermín González Cruz, Carlos Zamora Lima y Eleazar Zárate Lima, al no haber acreditado la procedencia de sus pretensiones." (foja 73). Como se ve, la responsable absolvió a la moral Tex-Fil, S.A. de C.V., de las prestaciones reclamadas por los actores, entre ellos Fermín González Cruz, al no haber promovido juicio de amparo directo contra el primer laudo, lo que pone de manifiesto que, en ese aspecto, el fallo dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo es incongruente, ya que en la parte considerativa que antecede a tal determinación la junta estimó que la empresa Tex-Fil, S.A. de C.V. despidió al accionante Fermín González Cruz de manera injustificada, por lo que la condenó a pagarle indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, así como diversas prestaciones ajenas a dicho despido (fojas 71 frente a 72 vuelta)." Por lo anterior, se requirió a la autoridad responsable el debido acatamiento del fallo protector 5. En auto de trece de noviembre de dos mil veinte (foja 304 del expediente laboral), la autoridad responsable dejó insubsistente el laudo de veintisiete de agosto del propio año y, en su lugar, el dos de diciembre de dos mil veinte, emitió otro, el cual se tuvo por recibido en este Tribunal por auto de presidencia de cuatro de febrero de dos mil veinte, en el juicio de amparo directo 591/2019. Para hacer patente lo anterior, a continuación, se plasma el auto de trece de noviembre de dos mil veinte: SIN TEXTO De acuerdo a lo expuesto, es inconcuso que el laudo reclamado en esta instancia constitucional (de veintisiete de agosto de dos mil veinte, dictado por la junta responsable en el expediente laboral 391/2009), ya no existe, pues quedó insubsistente por las razones antes mencionadas; de ahí que lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo; debido a la inexistencia del acto reclamado. Tiene aplicación al respecto, la Jurisprudencia 2a./J. 78/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 211, Tomo XXIII, junio de 2006, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 174942, que establece: "AMPAROS DIRECTOS RELACIONADOS. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL SEGUNDO JUICIO DE GARANTÍAS, CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRIMERO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJA INSUBSISTENTE EL LAUDO RECLAMADO. El laudo reclamado en un juicio de amparo directo deja de existir cuando por virtud del otorgamiento de la protección de la Justicia Federal la autoridad responsable lo declara insubsistente, pues ello implica necesariamente la emisión de una nueva resolución que comprenda todos los aspectos litigiosos, es decir, tanto los que son materia de la protección constitucional, como aquellos intocados por el fallo protector. En ese sentido, se concluye que tratándose de amparos directos relacionados, promovidos por el actor y por el demandado o, en su caso, el tercero interesado, en el procedimiento natural, se actualiza la causa de sobreseimiento que prevé el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del segundo juicio de garantías, cuando de autos se advierta que en cumplimiento a la sentencia dictada en el primero, la autoridad responsable dejó insubsistente el laudo reclamado, aun cuando la parte de éste que agravia al quejoso en el segundo juicio de garantías no haya sido materia de análisis en aquella ejecutoria, pues en acatamiento al fallo protector, la autoridad responsable debe dictar una nueva resolución que comprenda todas las cuestiones litigiosas y, por ende, debe estimarse que el mencionado laudo ya no existe; dado que no es jurídicamente posible que coexistan dos actos decisorios respecto de una misma controversia, habida cuenta que el quejoso en el segundo juicio de amparo puede impugnar la nueva decisión a través de uno diverso." En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede remitir el presente dictamen a la secretaría de acuerdos de este tribunal, para que lo notifique como corresponda, al quejoso Manuel Ricardo Fernández Granda, en el que se aborda la posible actualización de la causa de sobreseimiento de que se trata, a fin de que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste lo que su derecho convenga; y una vez que se cumpla con lo anterior, se esté en condición de dictar el fallo que corresponda. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia". Determinación que se emite en forma colegiada, debido a que una vez cumplidas las condiciones que prevé el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la oportunidad para dar vista al quejoso, ocurre en el momento en que se tiene la certeza del posible surgimiento de una causa de improcedencia o sobreseimiento; es decir, la obligación prevista en el artículo citado surge cuando, en sesión, como en el caso acontece, el Pleno del Órgano Jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad. Sustenta lo expuesto. la jurisprudencia P./J. 5/2015 (10a.), del Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 8, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." Cabe hacer notar que los criterios citados en esta ejecutoria, no se oponen a lo dispuesto en el artículo 6° transitorio de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Por lo expuesto y fundado, se; D I C T A M I N A: PRIMERO. Se advierte que en el presente juicio de amparo pudiera actualizarse una causa de sobreseimiento respecto del acto atribuido a la junta responsable. SEGUNDO. Dese vista al quejoso Manuel Ricardo Fernández Granda, con la posible causa de sobreseimiento aludida en este dictamen, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. TERCERO. Continúa en lista este asunto.
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