Manuel Raúl Meza Rivadeneyra

Expediente 785/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
785/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
05/09/2018

Partes del expediente

  • Manuel Raúl Meza Rivadeneyra

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que ha causado estado el referido auto... archívese este juicio como concluido.... se decreta que este expediente carece de relevancia documental... este expediente es susceptible de ser destruido..

  2. Principal

    ... requiérase nuevamente a la autoridad responsable, para que dentro del término de diez días contado a partir de que le sea notificado el presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia amparadora dictada en el presente asunto...

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERO INTERESADA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTIUNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACION, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa Enríquez, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Manuel Raúl Meza Rivadeneyra, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 785/2018/VI-A. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo , se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, cabe hacer mención que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que con el número 1353/2017, del libro de registro correspondiente a los juicios de amparo de este Juzgado, se encuentra registrada una diversa demanda promovida por Gloria María Rivera López, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, de quien reclamó la resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio ordinario civil 1121/2017/VI, en la que se declaró improcedente la reclamación planteada por la referida quejosa, contra la pensión alimenticia provisional decretada en auto de veintidós de junio del mismo año; juicio que se tiene a la vista en este momento y que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2º de la Ley de Amparo, para proveer eficazmente este asunto. Se cita como apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.". Asimismo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia XXII. J/12, visible en la página doscientos noventa y cinco, del Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." En ese mismo orden de ideas, por sentencia de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo solicitado por Gloria María Rivera López, para el efecto de que el juez responsable hiciera lo siguiente: a) Dejara insubsistente la resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente civil 1121/2017/VI de su índice; y, b) Cancelara la pensión alimenticia provisional decretada a favor de Manuel Raúl Meza Rivadeneyra, del quince por ciento del salario y demás prestaciones que percibe la demandada con motivo de su empleo; y por lo demás, determinara lo que en derecho proceda. Resolución que quedó firme al haber sido confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en esta propia ciudad, mediante sentencia terminada de engrosar el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dentro de los autos del amparo en revisión civil 158/2018; por lo que en cumplimiento a ella, el juez responsable, dictó la resolución de seis de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente 1121/2017/VI, donde la Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, ordena cancelar la pensión alimenticia provisional decretada sobre el salario y prestaciones que percibe Gloria María Rivera López, aquí tercero interesada, misma que constituye el acto reclamado en este juicio. Precisado lo anterior, es evidente que la demanda con la que se formó el presente juicio deviene improcedente, al actualizarse la causal prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." Del artículo y fracción reproducidos se obtiene, que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados en otro juicio o en ejecución de alguna sentencia de amparo, atento al principio de seguridad jurídica y en la necesidad de evitar el regreso ad infinitum, pues el juicio de amparo no cabe en los juicios de amparo, porque si un amparo procediera en contra de otro amparo sin límite alguno en la progresión infinita se llegaría al absurdo jurídico de que la ley fundamental estableció el amparo no para proteger los derechos del hombre y mantener inviolable la Constitución, sino para negar la administración de justicia y hacer imposible una ejecutoria que resuelva las cuestiones constitucionales; hipótesis que se aplica aún en los casos en que se promueva por personas extrañas a ese juicio constitucional, además, como la ley no distingue a qué resoluciones se refiere, debe entenderse que las comprende a todas, ya sean definitivas o de simple trámite. Es decir, su objeto jurídico es evitar que la misma cuestión concreta pueda ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produzca una cadena ininterrumpida de impugnaciones sobre un mismo punto, en detrimento de la seguridad jurídica. En el caso se estima que la resolución reclamada, se emitió en estricto cumplimiento del fallo amparador dictado en el juicio de amparo 1353/2017 promovido por Gloria María Rivera López, en contra de la cual no es procedente promover otro juicio de amparo, toda vez que, como ya dijo, no sería jurídico estimar que contra resoluciones dictadas en ejecución de los juicios de garantías procediera otro amparo, pues de ser así se originaría una cadena interminable de juicios de esa naturaleza, máxime que no se advierte que se haya dejado libertad de jurisdicción a la responsable pues en la sentencia emitida en el referido juicio de amparo sí se analizaron cuestiones de fondo, tan es así que se ordenó la cancelación de la pensión alimenticia provisional decretada a favor del aquí quejoso; determinación que fuera confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región. Se cita como apoyo por sus consideraciones resaltadas, la jurisprudencia 2a./J. 140/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas" se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías." En consecuencia, se concluye que del análisis del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en la fracción IX del artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda y como su autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Casildo Cortina León, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Para un mejor manejo del expediente, consérvese por separado las copias del escrito de demanda adjuntos a la misma, en el local de la Secretaría de este juzgado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe...

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