Manuel Rangel Valdez

Expediente 951/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
951/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/09/2019

Partes del expediente

  • Manuel Rangel Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, a través del cual hace del conocimiento que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo relativa al juicio de amparo 951/2019-III, del índice estadístico de este juzgado, promovido por Manuel Rangel Valdez, contra actos del Secretario de Educación en el Estado de México y otras autoridades. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, agréguese a los autos los oficios que se atiende para los efectos legales conducentes. En otro orden, el estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo; en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente expediente es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I, párrafo primero y segundo. Lo anterior, a virtud de que por auto de treinta de julio de dos mil diecinueve, se ordenó remitir el presente sumario al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno y como se advierte en párrafos precedentes el juzgado oficiante se avocó al conocimiento del mismo; razón por la cual, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito carecen de relevancia documental y, además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Notifíquese.

  2. Principal

    SE LISTA AVISO DE LA PARTE QUEJOSA Toluca, Estado de México; treinta de julio de dos mil diecinueve. Radicación. Visto el oficio suscrito por la Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por medio del cual hace del conocimiento de este juzgado la determinación emitida el veinticuatro de julio pasado, dónde decretó la separación de juicios en el expediente de amparo 872/2019 de su índice estadístico, remitiendo copia certificada de todo lo actuado en el mismo; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 951/2019-III. Es pertinente destacar que en atención al proveído de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, en este asunto se proveerá lo relativo a los actos consistentes en "actas administrativas y citatorios". Acto reclamado. Ahora, del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama: * Los citatorios de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, emitidos por la Supervisora Escolar Zona J039 de Educación Preescolar en el Estado de México, a efecto de que el quejoso asista a su garantía de audiencia prevista a las nueve horas y doce horas, respectivamente, del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en la Subdirección Regional de Educación Básica Zumpango, ubicada en Plaza Juárez número 5, colonia Centro, Zumpango, Estado de México. * El oficio 20511100/611/SEJ039/2018-2019 de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, suscrito por la Supervisora Escolar Zona J039 de Educación Preescolar en el Estado de México, donde se hizo del conocimiento del quejoso que a partir de esa fecha debería cubrir su horario laboral sin perjuicio de sus derechos laborales, en la oficina que ocupa dicha supervisión, a efecto de asignarle actividades administrativas. * El citatorio de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la Supervisora Escolar Zona J039 de Educación Preescolar en el Estado de México, a efecto de que el quejoso asista a su garantía de audiencia prevista a las diez horas con treinta minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, en la Subdirección Regional de Educación Básica Zumpango, ubicada en Plaza Juárez número 5, colonia Centro, Zumpango, Estado de México. * El levantamiento del acta administrativa por incumplir las obligaciones previstas en el artículo 131, fracción VIII, del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Docentes del Subsistema Educativo Estatal, consistente en "cometer actos inmorales durante el trabajo". Incompetencia. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo, con apoyo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, estima carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver de ésta, y debe remitirse al Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por las consideraciones siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito se advierten las siguientes reglas de competencia: a) A la ejecución del acto. Si el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, será competente el Juez de Distrito del lugar en donde tiene ejecución el acto reclamado. b) A prevención. En caso de que el acto reclamado tenga ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno y continúe su ejecución en otro, es competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. c) A la ausencia de ejecución. Si no requiere ejecución el acto reclamado será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda. Las reglas de competencia previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo atienden a la naturaleza de los actos reclamados, lo que es determinante para saber cuál de las tres reglas de competencia se actualiza. Verbigracia, en la primera regla identificada por este juzgado federal mediante el inciso a) se atiende a actos de naturaleza positiva porque implica actividad de la autoridad responsable, sólo que atiende a diferentes momentos procesales, pues previene que si el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, será competente el Juez de Distrito del lugar en donde tiene ejecución el acto reclamado. En la segunda hipótesis, señalada con el inciso b), también se trata de actos de naturaleza positiva, pero aquéllos son de tracto sucesivo en tanto que se prolongan en el espacio y en el tiempo, de tal suerte que la ejecución de los actos pueden tener lugar en uno o varios circuitos, por lo que en este caso, cuando la ejecución del acto reclamado se inicie en determinado territorio y se siga ejecutando en otro diferente, es competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda. El tercero de los supuestos referidos, mencionado con inciso c), comprende aquellos actos que sean meramente declarativos o que no requieran de ejecución material, caso en el cual será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. Asimismo, es posible examinar la competencia de este Juzgado de Distrito en conformidad con lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, esto es, con la presentación de la demanda sin resolver su admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado. En ese tenor, debe estarse a la primera regla establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que previene que será competente el Juez de Distrito del lugar en donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, como en la especie, es en el municipio de Zumpango, Estado de México, circunstancia que se aprecia de los antecedentes narrados por el promovente bajo protesta de decir verdad, así como de las actuaciones que adjuntó a su escrito inicial. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues como se desprende, los actos reclamados consisten esencialmente en los citatorios a fin de que el quejoso comparezca ante la Subdirección Regional de Educación Básica Zumpango, ubicada en Plaza Juárez número 5, colonia Centro, Zumpango, Estado de México, y otorgarle su garantía de audiencia derivada de hechos relacionados con la función docente que desempeña como Director Escolar comisionado en el Jardín de Niños Octavio Paz, actos que conllevan ejecución material fuera del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. De lo anterior se obtiene que, tal como se precisó con antelación, los actos recamados en el presente asunto, no tienen ejecución dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; por ende, resulta competente para conocer del presente asunto el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que ejerce jurisdicción en el domicilio donde se ubica la Subdirección Regional de Educación Básica Zumpango, sito en Plaza Juárez número 5, colonia Centro, Zumpango, Estado de México. A lo anterior sirve de apoyo la tesis publicada en la página 97 del Informe de 1972, Parte II, Materia Común, de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, con número de registro 805490, de rubro y texto: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, es aplicable, por mayoría de razón la tesis I.15o.A.41 K, publicada en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, Novena Época, con número de registro 162635, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Y por razón de contenido es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 916, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." Sin que pase inadvertido para este juzgado que la parte quejosa haya señalado a diversas autoridades responsables con residencia en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción; sin embargo, hasta el momento éstas no tienen injerencia alguna en la emisión y ejecución de los actos reclamados. En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo 951/2019-III, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado de Distrito en turno correspondiente y conozca del acto reclamado en estudio. Solicítese el acuse de recibo correspondiente y con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Autorizados. En otro orden, en atención al contenido de la certificación de cuenta y por encontrase registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gabriel Galicia Páez, y a las personas restantes en términos restringidos, esto es para oír y recibir notificaciones. Domicilio. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de julio de dos mil diecinueve. Radicación. Visto el oficio suscrito por la Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por medio del cual hace del conocimiento de este juzgado la determinación emitida el veinticuatro de julio pasado, dónde decretó la separación de juicios en el expediente de amparo 872/2019 de su índice estadístico, remitiendo copia certificada de todo lo actuado en el mismo; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 951/2019-III. Es pertinente destacar que en atención al proveído de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, en este asunto se proveerá lo relativo a los actos consistentes en "actas administrativas y citatorios". Acto reclamado. Ahora, del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama: * Los citatorios de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, emitidos por la Supervisora Escolar Zona J039 de Educación Preescolar en el Estado de México, a efecto de que el quejoso asista a su garantía de audiencia prevista a las nueve horas y doce horas, respectivamente, del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en la Subdirección Regional de Educación Básica Zumpango, ubicada en Plaza Juárez número 5, colonia Centro, Zumpango, Estado de México. * El oficio 20511100/611/SEJ039/2018-2019 de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, suscrito por la Supervisora Escolar Zona J039 de Educación Preescolar en el Estado de México, donde se hizo del conocimiento del quejoso que a partir de esa fecha debería cubrir su horario laboral sin perjuicio de sus derechos laborales, en la oficina que ocupa dicha supervisión, a efecto de asignarle actividades administrativas. * El citatorio de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la Supervisora Escolar Zona J039 de Educación Preescolar en el Estado de México, a efecto de que el quejoso asista a su garantía de audiencia prevista a las diez horas con treinta minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, en la Subdirección Regional de Educación Básica Zumpango, ubicada en Plaza Juárez número 5, colonia Centro, Zumpango, Estado de México. * El levantamiento del acta administrativa por incumplir las obligaciones previstas en el artículo 131, fracción VIII, del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Docentes del Subsistema Educativo Estatal, consistente en "cometer actos inmorales durante el trabajo". Incompetencia. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo, con apoyo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, estima carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver de ésta, y debe remitirse al Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por las consideraciones siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito se advierten las siguientes reglas de competencia: a) A la ejecución del acto. Si el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, será competente el Juez de Distrito del lugar en donde tiene ejecución el acto reclamado. b) A prevención. En caso de que el acto reclamado tenga ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno y continúe su ejecución en otro, es competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. c) A la ausencia de ejecución. Si no requiere ejecución el acto reclamado será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda. Las reglas de competencia previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo atienden a la naturaleza de los actos reclamados, lo que es determinante para saber cuál de las tres reglas de competencia se actualiza. Verbigracia, en la primera regla identificada por este juzgado federal mediante el inciso a) se atiende a actos de naturaleza positiva porque implica actividad de la autoridad responsable, sólo que atiende a diferentes momentos procesales, pues previene que si el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, será competente el Juez de Distrito del lugar en donde tiene ejecución el acto reclamado. En la segunda hipótesis, señalada con el inciso b), también se trata de actos de naturaleza positiva, pero aquéllos son de tracto sucesivo en tanto que se prolongan en el espacio y en el tiempo, de tal suerte que la ejecución de los actos pueden tener lugar en uno o varios circuitos, por lo que en este caso, cuando la ejecución del acto reclamado se inicie en determinado territorio y se siga ejecutando en otro diferente, es competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda. El tercero de los supuestos referidos, mencionado con inciso c), comprende aquellos actos que sean meramente declarativos o que no requieran de ejecución material, caso en el cual será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. Asimismo, es posible examinar la competencia de este Juzgado de Distrito en conformidad con lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, esto es, con la presentación de la demanda sin resolver su admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado. En ese tenor, debe estarse a la primera regla establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que previene que será competente el Juez de Distrito del lugar en donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, como en la especie, es en el municipio de Zumpango, Estado de México, circunstancia que se aprecia de los antecedentes narrados por el promovente bajo protesta de decir verdad, así como de las actuaciones que adjuntó a su escrito inicial. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues como se desprende, los actos reclamados consisten esencialmente en los citatorios a fin de que el quejoso comparezca ante la Subdirección Regional de Educación Básica Zumpango, ubicada en Plaza Juárez número 5, colonia Centro, Zumpango, Estado de México, y otorgarle su garantía de audiencia derivada de hechos relacionados con la función docente que desempeña como Director Escolar comisionado en el Jardín de Niños Octavio Paz, actos que conllevan ejecución material fuera del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. De lo anterior se obtiene que, tal como se precisó con antelación, los actos recamados en el presente asunto, no tienen ejecución dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; por ende, resulta competente para conocer del presente asunto el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que ejerce jurisdicción en el domicilio donde se ubica la Subdirección Regional de Educación Básica Zumpango, sito en Plaza Juárez número 5, colonia Centro, Zumpango, Estado de México. A lo anterior sirve de apoyo la tesis publicada en la página 97 del Informe de 1972, Parte II, Materia Común, de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, con número de registro 805490, de rubro y texto: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, es aplicable, por mayoría de razón la tesis I.15o.A.41 K, publicada en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, Novena Época, con número de registro 162635, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Y por razón de contenido es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 916, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." Sin que pase inadvertido para este juzgado que la parte quejosa haya señalado a diversas autoridades responsables con residencia en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción; sin embargo, hasta el momento éstas no tienen injerencia alguna en la emisión y ejecución de los actos reclamados. En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo 951/2019-III, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado de Distrito en turno correspondiente y conozca del acto reclamado en estudio. Solicítese el acuse de recibo correspondiente y con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Autorizados. En otro orden, en atención al contenido de la certificación de cuenta y por encontrase registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gabriel Galicia Páez, y a las personas restantes en términos restringidos, esto es para oír y recibir notificaciones. Domicilio. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano