Manuel Ramírez Juárez
Expediente 1356/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1356/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Manuel Ramírez Juárez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia en la que se sobreseyó el juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se ordena el envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 2.3. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se sobreseyó en el juicio en que se actúa, por tanto, no le depara perjuicio alguno a ésta. 2.4. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1356/2022, promovido por Manuel Ramírez Juárez, por propio derecho, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: - La omisión de radicar la demanda que originó el expediente ordinario laboral 4C-1569/2022, así como la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución y fueron emitidos por autoridad residente dentro de la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado reconoció expresamente su existencia. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de las principales constancias que integran juicio ordinario laboral 4C-1569/2022, que acompañó junto con su informe justificado con valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según se advierte de su numeral 2º. CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. La procedencia y el sobreseimiento del juicio de amparo constituyen presupuestos procesales que deben estudiarse aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, conforme a la cual éste es improcedente cuando hayan cesado los actos reclamados. En efecto, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento; y que también cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél; por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y de ningún modo dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de improcedencia se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa, señaló como acto reclamado: - La omisión de radicar la demanda que originó el expediente ordinario laboral 4C-1569/2022, así como la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Sin embargo, de las constancias que la autoridad responsable remitió con su informe justificado, se advierte que con fecha de doce de diciembre de dos mil veintidós, tuvo por recibida y radicada la demanda que originó el expediente laboral 4C-1569/2022, requirió a la parte actora-aquí quejosa- para que dentro del término de tres días, subsanara los defectos y omisiones en que incurrió en su escrito de demanda, apercibida que de no hacerlo se tramitaría el juicio en los términos planteados en su escrito de demanda. De igual forma, en esa propia data, fijó las once horas con treinta minutos del diecisiete de abril de dos mil veintitrés, para desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Bajo ese panorama, es evidente que los actos reclamados, consistentes en la omisión de radicar la demanda que originó el expediente ordinario laboral 4C-1569/2022, así como la omisión de fijar fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, quedaron sin efectos con motivo de la emisión del acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, proveído en el que se recibió y radicó la demanda del juicio ordinario laboral de origen, siendo que en esa misma determinación, se fijaron las once horas con treinta minutos del diecisiete de abril de dos mil veintitrés, para desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; con lo cual, la violación alegada dejó de surtir sus efectos. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo 1356/2022, promovido por Manuel Ramírez Juárez, conforme a lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. 1. Visto el estado que guardan los autos, específicamente de la certificación secretarial que antecede, se desprende que de una consulta al expediente físico y al electrónico del cuaderno de varios relativo a la sección de amparo, se advierte como hecho notorio que el veinte de diciembre pasado, se tuvo al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, informando el segundo periodo vacacional de la presente anualidad, mismo que comprenderá del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós al tres de enero de dos mil veintitrés. Por ello, aún no transcurre el término de quince días (en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo) que se otorgó a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que rinda su informe justificado, sin que a la fecha lo haya hecho. 1.1. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
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Morelia, Michoacán, ocho de diciembre de dos mil veintidós 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia dictada el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Emma Pérez Cortés y Alfredo Cortés Hernández, para los siguientes efectos Dar a conocer a los quejosos la normatividad y los requisitos necesarios para poder acceder a uno o varios programas sociales, con los cuales se puedan ver beneficiados, para hacer frente a sus necedades básicas en caso de encontrarse sin trabajo y sin la forma de obtener un ingreso mínimo, dentro del contexto de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia provocada por el virus SARSCoV2 COVID-19 Canalizarlos a las dependencias en las cuales se les oriente sobre la aplicación de algún programa social encaminado a la obtención de un mínimo vital, y facilitar los trámites necesarios, llevando a cabo un acompañamiento en los mismos. 3) Lo anterior no implica que las responsables, en cumplimiento a la presente sentencia, deban otorgar una renta mensual temporal a los quejosos de manera inmediata, sino que deberán valorar su situación particular, y conforme a la normatividad inherente a las políticas pública que hoy imperan ante la pandemia provocada por el COVID-19, deberán facilitar y simplificar los trámites que sean necesarios para que tengan acceso a algún programa social de apoyo, que evite un estado de miseria que atente contra la dignidad humana; y sólo en el caso de que no sean candidatos a ningún apoyo social deberán expresarlo por escrito, fundado y motivado." Posteriormente, las responsables interpusieron recurso de revisión y revisión adhesiva, de las cuales correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien los registró con el número de amparo en revisión 38/2022, quien en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, determinó confirmar la sentencia recurrida y sin materia la revisión adhesiva. 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El apoderado jurídico de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por oficio SEDEBI/EJ/141/2022 recibido el pasado diecinueve de octubre, informó que no existe ningún programa social orientado al caso concreto, por lo que no se puede canalizar a los quejosos a otra dependencia; sin embargo, precisó los diversos programas sociales que operan actualmente en esa dependencia, adjuntando copia certificadas de las reglas de operación y/o lineamientos. Por su parte, el secretario del Consejo de Salud General, en suplencia por ausencia del Presidente de dicha institución, por misiva recibida el veinticinco de octubre de este año, informó su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria, en virtud de que las funciones inherentes a dicho organismo derivan del artículo 9o., del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General y 17 de la Ley General de Salud, las cuales no guardan relación con los efectos del fallo protector ya que no tiene atribución legal, no realiza programas sociales, no tiene expertos ni personal relacionados con dicha materia y no cuentan con presupuesto autorizado para ello. El director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con residencia en la Ciudad de México, mediante oficio STPS/117/DGAJ/DCT/6005/2022 recibido el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, remitió copia certificada del comunicado STPS/117/DGAJ/DCT/6019/2022 de veinticuatro de octubre del año en curso, dirigido a los quejosos Emma Pérez Cortés y Alfredo Cortés Hernández, mediante el cual les hizo del conocimiento que dicha dependencia no cuenta con programas sociales destinados a la obtención de un mínimo vital en favor de la población mexicana, no obstante, de conformidad con los artículos 123 de la Constitución Federal, 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o., fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, únicamente cuenta con programas de apoyo al empleo, fungiendo como intermediaria laboral en la logística de bolsa de trabajo, ferias de empleo, portal de trabajo, talleres para personas que buscan emplearse, entre otras, de acuerdo a la situación particular de la persona que se encuentra desempleada y sin forma de obtener un ingreso mínimo. Asimismo, puso a su disposición los sitios virtuales donde se encuentra difundida la información respectiva, que a saber son: a) Portal de empleo (www.empleo.gob.mx), en su sección busco empleo https://vun.empleo.gob.mx/contenido/publico/segob/oferta/resultadosBusqueda.jsf, a través del cual pueden identificar las vacantes disponibles y postularse conforme a su perfil laboral. b) Portal de empleo https://www.empleo.gob.mx/sne/directorio-de-oficinas-sne. Les propicio el número telefónico 8008412020, en que pueden encontrar información gratuita y personalizada, e inclusive, puede apoyárseles para su vinculación laboral. Finalmente, les informó que dicha dependencia cuenta con el programa denominado "jóvenes construyendo el futuro", el cual se encuentra dirigido a personas de dieciocho a veintinueve años, que no estudian, ni trabajan, del cual pueden encontrar mayor información en el contacto telefónico proporcionado. Lo cual notificó vía correo electrónico carlosescobedosuarez@comunidad.unam.mx a los quejosos el veinticuatro de octubre del año en curso, dirección virtual que señalaron como medio de contacto en su líbelo inicial. Ahora bien, la delegada jurídica en representación del Congreso del Estado de Michoacán, por oficio recibido el diez de noviembre de este año, remitió el oficio dirigido al delegado estatal de programas de Desarrollo en el Estado de Michoacán, así como su respuesta dada el treinta y uno de octubre del año en curso, mediante oficio 136.700.710.892.1729.2022, hizo del conocimiento del Congreso que la Secretaría de Bienestar cuenta con diversos programas sociales a los cuales los quejosos pueden acceder, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos, mismos que se encuentran previstos y descritos en la dirección virtual https://www.gob.mx/bienestar, también describió la totalidad de proyectas sociales con que cuenta dicha institución, sus criterios y requisitos de acceso. La delegada del Congreso del Estado, también remitió el oficio SMDIF-DP-190/2022, suscrito por la directora de Programas del SMDIF, de veintiocho de febrero del año en curso, mediante el cual le informó que dicha dependencia cuenta con subprogramas de refuerzo y orientación alimentaria, verbigracia, despensas que contienen productos enfocados en la necesidad nutritiva en diferentes etapas de vida y talleres de preparación de diversos platillos con insumos de bajo costo y alto valor nutricional, también oferta atención médica general, odontológica, oftalmológica, psicológica y jornadas de preparación y detención de enfermedades. Asimismo, la citada delegada del Congreso responsable adjuntó el oficio dirigido al director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, mediante el cual le solicitó en el ámbito de sus facultades, diera cumplimiento al fallo protector, el cual recibió el veintiocho de octubre, del cual no recibió respuesta. El director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán, mediante misiva CJDG/DACL/4250/2022 recibido el veintinueve de noviembre de este año, informó que requirió a diversas autoridades dependientes del Estado de Michoacán para que informen sobre la normatividad y requisitos necesarios para poder acceder a uno o varios programas sociales, para lo cual solicitó una prórroga para su cumplimiento. 3. Manifestaciones de las partes. Mediante escritos presentados el veintisiete de octubre y veinticinco de noviembre de este año, la autorizada de la parte quejosa refirió que las autoridades responsables deben informarles a los quejosos los programas sociales a los cuales sí son candidatos, pues aquellos que refieren son programas de forma general que cualquier persona puede identificar en su página de internet, que además deben indicarles el nombre de la persona funcionaria que puede atenderlos, así como fecha y hora para ello, con la finalidad de que pueda brindárseles asistencia personalizada y facilitar las gestiones y trámites para aplicar e ingresar a los programas con los que cuentan las autoridades responsables. 4. Conclusión. En tales circunstancias, queda evidenciado que las autoridades responsables no ha cumplido íntegramente con la ejecutoria de amparo; toda vez que, no obstante que hayan informado los diversos programas sociales con que cuentan actualmente, lo cierto es que ninguno señalada cuales de dichos programas resultan aptos y benéficos para los quejosos directos, pues únicamente se limitan a mandar las especificaciones y condiciones que se piden. Aunado a que, conforme a los efectos de la ejecutoria del amparo, son las responsables las encargadas de canalizarlos a un programa social en el que obtengan un mínimo vital, así como el de facilitarles el ingreso a los mismos, y de las constancias que obran en autos, únicamente se limitaron a reiterar los programas sociales existentes. Así como tampoco han informado si los quejosos no candidatos a ningún apoyo social, pues en caso afirmativo deberán realizaron por escrito, de manera fundada y motivada. 5. Requerimiento. Por tanto, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitan las constancias que así lo acrediten; esto es, que canalizaron a los quejosos directos en los programas sociales susceptibles de otorgarles la obtención de un mínimo vital, y facilitarles los trámites necesarios, llevando a cabo un acompañamiento en los mismos, o en caso de que no sean candidatos a ningún apoyo social, deberán expresarlo por escrito, de manera fundada y motivada. 6. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta a cada una, multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el citado numeral 193 de la Ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. En el entendido de que si retrasa el cumplimiento por medio de evasivas o realiza comportamientos procesales inocuos o que no trasciendan al núcleo de las obligaciones impuestas, se considerará incumplimiento con fundamento en el artículo 193 de Ley de Amparo. 7. Se agrega escrito de la responsable. Finalmente, agréguese a los autos únicamente como constancia el escrito signado por el delegado Jurídico del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, toda vez que en párrafos anteriores, se requirió el debido cumplimiento a la ejecutoria del amparo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo.
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