Manuel Ramírez Hernández

Expediente 559/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
559/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
22/10/2020

Partes del expediente

  • Secretaria de Movilidad del Estado de Oaxaca
  • Manuel Ramírez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    ...Vistos los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que el proveído de cinco de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Manuel Ramírez Hernández, se notificó a la parte quejosa el ocho de octubre del presente año, por medio de lista; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente; ello, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil veinte. Vista la razón actuarial que antecede, suscrita por la Actuaria adscrita a este Juzgado, en donde se establece la imposibilidad para notificar al quejoso Manuel Ramírez Hernández, el auto de cinco de octubre del presente año, por las razones ahí expuestas. En consecuencia, con fundamento en el 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar dicha determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Manuel Ramírez Hernández, contra actos de la Secretaria de Movilidad del Estado de Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 559/2020. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6°, del mismo cuerpo de leyes, que disponen: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (.)". De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, es decir, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen derechos humanos. La noción de afectación jurídica para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que legitima a una persona para promover el juicio de amparo. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso se duele de la omisión de dar respuesta a su petición formulada por escrito de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, ante la Secretaria de Movilidad del Estado de Oaxaca, y presentada ante la responsable citada en esa misma fecha, así como la falta de notificación de la respuesta recaída. De ahí que se estima, no existe una afectación en la esfera jurídica del justiciable que lo legitime para instar el juicio de amparo, ya que la afectación al derecho de petición se actualiza cuando la autoridad responsable ha omitido dar respuesta a la petición que se le formula, dentro del plazo razonable que la ley le concede para tal efecto. Así, el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, asimismo, el numeral 13 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece cuando no exista plazo señalado por la ley para dar respuesta a una petición, la autoridad responsable dispone de diez días para ello. Bajo esa idea, la Segunda Sala de la Suprema de la Justicia de la Nación, ha establecido criterio respecto de que la expresión "breve término" a que hace referencia el aludido precepto constitucional, debe entenderse como "aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". Así lo definió en la siguiente tesis, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse." (Tesis sustentada por la Segunda Sala, visible en la Semanario Judicial de la Federación, volumen CXXIII, Tercera Parte, página 39, Sexta Época, registro: 268307). Luego, del ordenamiento constitucional y tesis transcritos se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo se estima que no existe afectación al derecho de petición del quejoso, puesto que de la fecha en que presentó la petición y la de la presentación de la demanda de amparo, solo mediaron seis días hábiles; ello, en virtud de que entregó su escrito de petición el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte y la demanda de amparo la presentó el dos de octubre de dos mil veinte; descontando los sábados y domingos por ser inhábiles; por ende, se considera que la responsable no ha incurrido en la omisión de dar contestación a su petición. De lo anterior, no se omite que en el capítulo de antecedentes de la demanda ampara manifiesta que su escrito fue presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, aun así, solamente habrían trascurrido siete días, por lo que, es de considerarse que al no incurrir la responsable en la omisión de dar respuesta al escrito aludido, puesto que actualmente transcurre el plazo de diez días que la ley concede para ello, y ante lo cual, no existe una afectación a la esfera jurídica del justiciable que lo legitime a promover juicio de garantías en contra de la omisión planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633, Tomo IV, correspondiente al mes de septiembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizada únicamente para tal efecto a Susana Raquel Jiménez Ortiz, quien no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona restante, por así solicitarlo. Habilitan días inhábiles. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta a los actuarios 1) Blanca Azucena Osorio Villanueva y 2) Ángel Juan Santos Vásquez, para que realicen las notificaciones que deriven de este juicio vía electrónica; y a la actuaria 1) Reyna Francisca de la Rosa Fuentes y Secretaria 2) Nelly Zárate Flores en funciones de actuaria, únicamente realizarán las notificaciones personales que así se requieran; en virtud de que dichas servidoras públicas que no se ubica en las hipótesis previstas en las fracciones I y II del artículo 8, del Acuerdo General. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las determinaciones de manera pronta y expedita, en acatamiento a la obligación de este órgano judicial prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo provee y firma, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, con la Secretaria Irene Soto Galindo, quien autoriza y da fe.

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