Manuel Ramires Dominguez

Expediente 304/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
304/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
20/04/2018

Partes del expediente

  • Manuel Ramires Dominguez

Actuaciones

  1. Principal

    COMO DE LA CERTIFICACION...HA CAUSADO ESTADO...ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO; HACIENDOSE LA OBSERVACION DE QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION....

  2. Principal

    POR RECIBIDA LA PIEZA POS TAL QU ECONTIE EL OFICIO...DEVUELVASE EL OFICIO DE QUE SE TRATA POR CONDUCTO DEL FISCAL REGIONAL DE JUSTICIA DE ZAMORA, MICHOACAN, PARA QUE EN AUXILIO DE LAS LABORES DE ESTE JUZGADO, SE LO HAGA LELGAR Y ESTE ENERADA DE LA SENTENCIA DICTADA POR ESTE JUZGADO; MIENTRAS TANTO, AGREGUESE A SUS AUTOS LA PIEZA POS TAL PARA QUE OBRE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por el licenciado -, con el carácter reconocido en autos, a través del cual precisa que en la segunda foja de su demanda de garantías, en el párrafo previo al capítulo de antecedentes, segundo renglón, se asentó: ".se deriva la mencionada sentencia reclamada.", cuando en realidad se quiso decir: ".se derivan los actos reclamados.", ello, únicamente para que conste, toda vez que con fecha seis de abril anterior, se desechó de plano la demanda de garantías interpuesta por -

  4. Principal

    Visto el escrito signado por -, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número IV-304/2018-2 y fórmese el cuaderno respectivo. El impetrante, hace valer como acto reclamado lo siguiente: ".IV. ACTO RECLAMADO: TODOS LOS ACTOS, RESOLUCIONES TENDENTES A PRIVARME DE MI PATRIMONIO, DE CUALQUIER BIEN DE MI PROPIEDAD .EXPEDIENTE No. 2A-2290/2017 DE DONDE PROVENDRÍAN LOS ACTOS DE MOLESTIA .". Asimismo, en el capítulo de "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN", el quejoso argumenta que se violaron en su perjuicio los artículos 742-I, 743-III y 750 de la Ley Federal del Trabajo, virtud a que: ".NO HABÉRSEME NOTIFICADO PERSONALMENTE LA DEMANDA Y EL ACUERDO POR EL QUE SE ME EMPLAZARÍA A LA AUDIENCIA, AL PROCESO LABORAL, LO QUE ME DEJÓ EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. NO HABÉRSEME DEJADO .EL CORRESPONDIENTE CITATORIO AL NO HABERME ENCONTRADO INICIALMENTE PARA REALIZAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL SE ME DEBIÓ HABER DEJADO CITATORIO .TAMPOCO SE CUMPLIÓ EL TÉRMINO DE 5 DÍAS PARA PODER NOTIFICAR VÁLIDAMENTE PUES, ERA IMPRESCINDIBLE QUE SE ME DEJARA CITATORIO AL NO HABERME ENCONTRADO A MI PARA HACERME LA NOTIFICACIÓN PERSONAL." Actos, respecto de los cuales, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo aplicable, en relación con el artículo 107, fracción V, de la legislación en cita, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de dicha legislación, los cuales textualmente señalan: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 107, fracción V, de la de Amparo, prevé: "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: V.- Contra actos en juicio cuyo efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Del texto de dichos preceptos legales se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si la parte quejosa obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por el contrario, los de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que contienen la posibilidad de que puedan resolverse en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En ese orden, el proceso cualquiera que sea su naturaleza, no es un fin, sino un medio para lograr el reconocimiento de ciertos derechos propuestos y las actuaciones relacionadas con el esclarecimiento de ellos, no tienen otro objeto que el propuesto; consecuentemente, mientras en la sentencia final no se desconozcan esos derechos, no es posible que exista un perjuicio irreparable; el cual sólo podrá actualizarse, si el fallo es desfavorable a los intereses de la parte quejosa. Luego si en el presente asunto los actos reclamados son los ya señalados, es de precisarse que el amparo resulta improcedente, en la medida que el emplazamiento y los autos emitidos en el juicio 2ª-2290/2017 del índice de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, no son actos que tengan una ejecución de imposible reparación, conceptuado como aquellos que lesionen los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, a través de la afectación de sus garantías individuales, no así los procesales, como lo son los actos reclamados, y por la otra esas violaciones pueden ser combatidas hasta que se promueva el juicio de amparo directo que promueva contra la sentencia que emita la autoridad relativa, momento hasta el cual, en su caso, será cuando le cause un perjuicio irreparable al impetrante de amparo. De ahí que en el supuesto de que se promueva juicio de garantías, contra alguna actuación dentro del juicio, que no tenga sobre las personas o sobre las cosas una ejecución de imposible reparación, el amparo resulta improcedente. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 9, sustentada por los Tribunales Colegiados en Materia Común, visible en la página 333, tomo II, octubre de 1995, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE.- Cuando el juicio de amparo es el único medio para combatir un acto de autoridad, no por ello debe estimarse la procedencia de aquél, porque, en principio, debe atenderse a si los actos de autoridad reclamados son de naturaleza irreparable, esto es, si revisten la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no basta que un determinado proveído y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales, que la Constitución General tutela en favor de los gobernados para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto." Asimismo, es aplicable la tesis número LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, tomo XX, octubre de 2004, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en la que se prevé: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.- Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Cabe citar, también la tesis número I.13o.A.3 K, sustentada por los Tribunales Colegiados en Materia Común, visible en la página 1742, tomo XIII, marzo de 2001, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." Debe decirse que cuando se reclama todo lo actuado y la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo por la parte que se considera perjudicada, antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra, o antes de que esta cause ejecutoria, no puede considerarse un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en razón de que aun cuando el emplazamiento resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales dentro del proceso, los cuales pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte la sentencia respectiva, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto mediante el juicio de amparo directo que en su caso se interponga contra la sentencia definitiva, en el que se deberá reclamar esa violación procesal conforme a lo establecido en los numerales 170 y 171 de la Ley de Amparo, y no así a través del juicio de garantías en la vía indirecta. Luego, si de lo manifestado por el quejoso en su escrito de cuenta, bajo protesta de decir verdad, se aprecia que el juicio subyacente se encuentra en trámite, virtud a que con fecha veintiuno de marzo pasado, se fijó fecha para la celebración de una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, sin que se haya llegado a acuerdo alguno con la parte actora, quien incluso ratificó la demanda que originó el juicio de donde emanan los actos reclamados y por ende hasta ahora, no se ha pronunciado la sentencia respectiva. De donde se sigue, que el ahora inconforme es parte demandada en el juicio de origen, en el cual no se ha dictado sentencia, como se aprecia de lo manifestado por éste bajo protesta de decir verdad en la demanda de garantías, por tanto puede acudir a deducir sus derechos y de persistir las violaciones de las cuales se duele, deberá hacerlas valer en su caso, al promover el juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio subyacente, en términos de los preceptos 34, 170 y 175 de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, se concluye que los actos reclamados sólo producen efectos de carácter intraprocesal y por consiguiente no revisten la categoría de que éstos sean de imposible reparación, como lo establece la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto; y siendo esto así, es evidente que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y 107 fracción V, del citado cuerpo de leyes; por lo que, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR la demanda de garantías. Se aplica a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 198/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 168011, Segunda Sala, Tomo XXIX, Enero de 2009, materia laboral, Página: 698, que a la letra dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." De igual forma, tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, publicada en la página 1627, que establece: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en la -, como autorizados para tal efecto a las personas que indica y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado -quien cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, debidamente registrada en el Sistema Electrónico que para tal efecto se lleva en los Tribunales Federales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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