Manuel Rafael Santiago Bautista
Expediente 134/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Manuel Rafael Santiago Bautista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA "4" Ciudad de México, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Archivo Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el acuerdo a través de la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del numeral 21 de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN en tres años; por lo cual, se deberá remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
MESA "4" Ciudad de México, ocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta rendido por el Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa, se sobreseyó fuera de audiencia el veinticinco de febrero del presente año. Se tienen como delegados en términos del artículo 9° del ordenamiento legal invocado, a las personas que designa, así como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO MESA "4" Ciudad de México, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado de cuenta rendido por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Luego, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa al oficio que se provee. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos en el presente juicio, y en razón de las manifestaciones de la autoridad responsable vertidas en su informe de ley; ésta juzgadora procede a acordar lo siguiente: Conforme a la técnica que rige el juicio de derechos fundamentales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 621 de la Ley de Amparo, procede analizar las causales de improcedencia hechas valer por las partes y en su caso de oficio si se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de amparo. En esas condiciones, este juzgado advierte, de manera oficiosa, la actualización de una causal de improcedencia que conlleva a decretar el sobreseimiento del presente juicio; a saber, la contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" En el artículo de referencia, se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, o se haya sustituido procesalmente, cuando éste tenga el carácter de positivo; o bien, cuando la responsable realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo u omisivo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Lo anterior porque el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es el restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaba antes de la violación. Ahora, cabe precisar que el promovente se duele de lo siguiente: - La omisión de resolver la situación jurídica de --------------------------------------------------------en la duplicidad del plazo (ciento cuarenta y cuatro horas). Sin embargo, de las constancias que remitió el Juez responsable, al rendir su informe justificado, se advierte lo siguiente: 1. En dos de febrero del año en curso, tuvo verificativo la continuación de la audiencia inicial, misma que fue presidida por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 2. En esa audiencia, no se logró la comparecencia de ---------------------------------, toda vez que el Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte informó la imposibilidad de presentar al aquí quejoso a sala de oralidad puesto que el mismo se encontraba en un dormitorio con personas que dieron positivo a COVID-19. 3. En ese sentido, el juez responsable consultó a las partes si tenían alguna manifestación por hacer respecto a la información proporcionada, a lo que el Agente del Ministerio Público señaló que, al estar presente el defensor del aquí quejoso, se continuara con la diligencia; criterio que fue compartido por la asesora jurídica. 4. Contrario a ello, el defensor particular solicitó que se suspendiera la audiencia, hasta en tanto fuera posible la presentación de --------------------------------------, toda vez que el mismo tenía la intención de realizar declaraciones respecto de los actos que se le imputaron. 5. Ante ello, el Juez responsable determinó suspender los plazos para resolver la situación jurídica de la parte quejosa, en aras de respetar y proteger el derecho humano a una defensa, prevista por el articulado 14 constitucional y subsistiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada (acto reclamado). 6. No obstante, ordenó girar oficio al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte a fin de que informara la posibilidad de celebrar la citada audiencia a través de medios electrónicos, de modo que el quejoso pudiera realizar sus manifestaciones vía remota, o en su defecto, informara inmediatamente cuando el mismo estuvieran en condiciones de presentarse físicamente en la sala de oralidad. 7. El veintidós de febrero de los presentes, se levantó la suspensión decretada, y se dio continuidad a la audiencia inicial, toda vez que el quejoso superó el COVID-19. 8. En ese tenor, se brindó a --------------------------------------un defensor público, puesto que su defensor privado no compareció en la aludida audiencia, mismo que aceptó y protestó el cargo, tutelando los derechos del aquí quejoso. 9. En esa misma fecha, se le dictó AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO por el hecho que la ley señala como el delito de Despojo Agravado, en el que se fijó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y prevaleciendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. De la relatoría anterior, se desprende que han cesado de forma absoluta los efectos de los actos reclamados. Esto es así, dado que el pronunciamiento respectivo ha colmado la pretensión de el promovente, pues se resolvió su situación jurídica al vincularlo a proceso, en específico, mediante auto de veintidós de febrero del año en curso. Circunstancia que torna evidente la desaparición de los efectos que derivaron de las omisiones de las que se duele el amparista respecto el acto que atribuyó al Director del centro penitenciario donde se encuentra privado de la libertad; en la medida que presentó al justiciable a la audiencia de veintidós de febrero del año en curso, en la que se resolvió su situación jurídica. Por tanto, se sostiene que al resolverse la situación jurídica del accionante de amparo, se destruyeron en forma total e incondicional todos los efectos de los actos reclamados en esta vía; ello, porque con tal determinación, se constituye una situación jurídica idéntica a la que habría existido si se hubiera concedido el amparo. Esto es, durante la tramitación del presente juicio de amparo, la autoridad responsable, emitió un acto posterior a la omisión reclamada en la que resolvió las cuestiones planteadas por la parte quejosa, con lo que se le repuso en el goce de su derecho violado que es la administración de justicia. En consecuencia, dado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción V del numeral 63, de la Ley de la Materia, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. Sin que en el caso sea procedente analizar la constitucionalidad de la dilación (que es distinta a la omisión), de resolver la situación jurídica del quejoso, ya que dicho acto, en su caso, puede ser materia de algún recurso ordinario. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa al peticionario de amparo, en virtud de que la determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Finalmente, por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia Constitucional señalada para las trece horas con treinta minutos del quince de marzo de dos mil veintidós. Tal situación hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y, vía electrónica a la Agente del Ministerio Público adscrita....
- Principal
MESA "4" Ciudad de México, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado de cuenta rendido por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Luego, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa al oficio que se provee. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos en el presente juicio, y en razón de las manifestaciones de la autoridad responsable vertidas en su informe de ley; ésta juzgadora procede a acordar lo siguiente: Conforme a la técnica que rige el juicio de derechos fundamentales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 621 de la Ley de Amparo, procede analizar las causales de improcedencia hechas valer por las partes y en su caso de oficio si se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de amparo. En esas condiciones, este juzgado advierte, de manera oficiosa, la actualización de una causal de improcedencia que conlleva a decretar el sobreseimiento del presente juicio; a saber, la contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" En el artículo de referencia, se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, o se haya sustituido procesalmente, cuando éste tenga el carácter de positivo; o bien, cuando la responsable realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo u omisivo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Lo anterior porque el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es el restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaba antes de la violación. Ahora, cabe precisar que el promovente se duele de lo siguiente: - La omisión de resolver la situación jurídica de --------------------------------------------------------en la duplicidad del plazo (ciento cuarenta y cuatro horas). Sin embargo, de las constancias que remitió el Juez responsable, al rendir su informe justificado, se advierte lo siguiente: 1. En dos de febrero del año en curso, tuvo verificativo la continuación de la audiencia inicial, misma que fue presidida por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 2. En esa audiencia, no se logró la comparecencia de ---------------------------------, toda vez que el Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte informó la imposibilidad de presentar al aquí quejoso a sala de oralidad puesto que el mismo se encontraba en un dormitorio con personas que dieron positivo a COVID-19. 3. En ese sentido, el juez responsable consultó a las partes si tenían alguna manifestación por hacer respecto a la información proporcionada, a lo que el Agente del Ministerio Público señaló que, al estar presente el defensor del aquí quejoso, se continuara con la diligencia; criterio que fue compartido por la asesora jurídica. 4. Contrario a ello, el defensor particular solicitó que se suspendiera la audiencia, hasta en tanto fuera posible la presentación de --------------------------------------, toda vez que el mismo tenía la intención de realizar declaraciones respecto de los actos que se le imputaron. 5. Ante ello, el Juez responsable determinó suspender los plazos para resolver la situación jurídica de la parte quejosa, en aras de respetar y proteger el derecho humano a una defensa, prevista por el articulado 14 constitucional y subsistiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada (acto reclamado). 6. No obstante, ordenó girar oficio al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte a fin de que informara la posibilidad de celebrar la citada audiencia a través de medios electrónicos, de modo que el quejoso pudiera realizar sus manifestaciones vía remota, o en su defecto, informara inmediatamente cuando el mismo estuvieran en condiciones de presentarse físicamente en la sala de oralidad. 7. El veintidós de febrero de los presentes, se levantó la suspensión decretada, y se dio continuidad a la audiencia inicial, toda vez que el quejoso superó el COVID-19. 8. En ese tenor, se brindó a --------------------------------------un defensor público, puesto que su defensor privado no compareció en la aludida audiencia, mismo que aceptó y protestó el cargo, tutelando los derechos del aquí quejoso. 9. En esa misma fecha, se le dictó AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO por el hecho que la ley señala como el delito de Despojo Agravado, en el que se fijó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y prevaleciendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. De la relatoría anterior, se desprende que han cesado de forma absoluta los efectos de los actos reclamados. Esto es así, dado que el pronunciamiento respectivo ha colmado la pretensión de el promovente, pues se resolvió su situación jurídica al vincularlo a proceso, en específico, mediante auto de veintidós de febrero del año en curso. Circunstancia que torna evidente la desaparición de los efectos que derivaron de las omisiones de las que se duele el amparista respecto el acto que atribuyó al Director del centro penitenciario donde se encuentra privado de la libertad; en la medida que presentó al justiciable a la audiencia de veintidós de febrero del año en curso, en la que se resolvió su situación jurídica. Por tanto, se sostiene que al resolverse la situación jurídica del accionante de amparo, se destruyeron en forma total e incondicional todos los efectos de los actos reclamados en esta vía; ello, porque con tal determinación, se constituye una situación jurídica idéntica a la que habría existido si se hubiera concedido el amparo. Esto es, durante la tramitación del presente juicio de amparo, la autoridad responsable, emitió un acto posterior a la omisión reclamada en la que resolvió las cuestiones planteadas por la parte quejosa, con lo que se le repuso en el goce de su derecho violado que es la administración de justicia. En consecuencia, dado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción V del numeral 63, de la Ley de la Materia, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. Sin que en el caso sea procedente analizar la constitucionalidad de la dilación (que es distinta a la omisión), de resolver la situación jurídica del quejoso, ya que dicho acto, en su caso, puede ser materia de algún recurso ordinario. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa al peticionario de amparo, en virtud de que la determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Finalmente, por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia Constitucional señalada para las trece horas con treinta minutos del quince de marzo de dos mil veintidós. Tal situación hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. 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