Manuel Preciado Aguirre
Expediente 1950/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1950/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/10/2019
Partes del expediente
- Manuel Preciado Aguirre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En principio, resulta pertinente destacar que del análisis integral de los autos y de la certificación secretarial que antecede se advierte que a la fecha no ha transcurrido para todas las partes el plazo de diez días otorgado en acuerdo de dieciocho de septiembre pasado, para manifestarse en relación con las aclaraciones realizadas por la perito oficial, xxx, en torno a su opinión técnica. En ese sentido, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional, programada para hoy, y para su celebración se señalan las diez horas con cincuenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve.
- Principal
La parte quejosa realiza manifestaciones a manera de alegatos, los que de ser procedentes se analizarán y valorarán al momento de dictar la sentencia correspondiente.
- Principal
Por este conducto se notifica al tercero interesado el auto de 08 de octubre de 2019, el cual dice: I. Informe justificado. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Juez y el Notificador del Juzgado Noveno de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, rinden informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en relación con las documentales que acompaña, se tienen como prueba de su parte en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. En relación con lo anterior, esta juzgadora estima que tocante al acto reclamado consistente en la omisión de proveer el escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente 2125/2017, del índice de la responsable y su notificación, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los actos reclamados. A lo que se provee lo siguiente: En efecto, la hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La interpretación que de la disposición legal en estudio ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. El término cesar, en su sentido etimológico y gramatical, significa suspender o acabarse una cosa; o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo. Asimismo, la acepción efecto, significa lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón. Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, en el particular, el peticionario de amparo reclama como acto destacado la omisión de proveer el escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente 2125/2017, del índice de la responsable y su notificación. En ese orden de ideas, de las constancias que remite la autoridad responsable como sustento a su informe justificado, se desprende que mediante auto de dos de dos mil diecinueve, dicho órgano de impartición de justicia proveyó el escrito presentando el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente 2125/2017 y mediante actuación de tres de octubre de dos mil diecinueve, le notificó el citado proveído. De lo hasta aquí expuesto, así como de las constancias que fueron reseñadas, las cuales se valoran en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al caso, se desprende con claridad que lo que procede es sobreseer en el juicio respecto de los indicados actos, toda vez que se ha actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al haberse impugnado la omisión de la autoridad de proveer el escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente 2125/2017, del índice de la responsable y su notificación, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado y el amparo resulta improcedente conforme a la fracción y artículo en estudio. En ese orden de ideas, como la responsable demostró haber dictado el acuerdo correspondiente, es evidente que han quedado destruidos los efectos del acto violatorio de garantías de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho esencial violado, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Consecuentemente, con apoyo en la fracción XXI del artículo 61 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, toda vez que al haber recaído un respuesta a la petición del inconforme cuya abstención generó violación en su perjuicio a las garantías consagradas en los artículos 8, 17 y 35, de la Constitución General de la República, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, que era precisamente obtener de la autoridad de que se ha venido hablando emitiera un pronunciamiento en torno a la pretensión del agraviado. Al respecto se invoca la jurisprudencia 198, que previene: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". También es útil en este tema la jurisprudencia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Igualmente resulta aplicable el criterio contenido en la tesis, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Es corolario de lo expuesto, que en términos de lo dispuesto en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, toda vez que conforme a lo aquí apuntado, han cesado los efectos del acto reclamado en sede constitucional. Es de invocarse en apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la citación para la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con treinta minutos del nueve de octubre de dos mil diecinueve. Asimismo, conforme lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa, debiendo corrérsele traslado con copia simple de la actuación de dos de octubre de dos mil diecinueve, que se adjuntó al oficio número 4521/2019, mediante el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
- Principal
Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra el auto dictado el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Se ordena el archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Relevancia documental. Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Se ordena la destrucción. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo.
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