Manuel Pineda Luna

Expediente 1167/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1167/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
31/03/2017

Partes del expediente

  • Mireya Aguirre Rivero
  • Manuel Pineda Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto...no se recurrió la sentencia emitida...se declara que ha causado ejecutoria....archívese este asunto como totalmente concluido...

  2. Principal

    CITATORIO: NOTIFICACIÓN POR LISTA DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EN FECHA SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA MANUEL PINEDA LUNA, QUE A LA SETRA DICE: VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 1167/2016. RESULTANDOPRIMERO. Por escrito recibido el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Manuel Pineda Luna, promovió amparo en contra las autoridades y por el acto que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora 1. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Ejecutora Secretario Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares.Residentes en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "La falta de notificación y emplazamiento a juicio de los autos que integran el expediente número 782-1/2016. SEGUNDO. Previa prevención, por acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 1167/2016, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se ordenó notificar al tercero interesado el inicio de este juicio; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama el emplazamiento a un juicio del orden familiar, en el cual el peticionario de amparo se ostenta como tercero extraño por equiparación, ejecutado por una autoridad dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO.- Bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa se ostentó sabedora de los actos reclamados el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, -data en que adujo se enteró por conducto de su hijo Zaid Pineda Aguirre que había una demanda interpuesta en su contra por Mireya Aguirre Rivera solicitando el divorcio incausado, la cual le tocó conocer al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, radicada con el número 782-1/2016; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del uno al veintiuno de diciembre siguiente, descontándose los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho del citado mes, por haber sido inhábiles; de ahí que, al haberse presentado la demanda cinco de diciembre del año pasado, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo y escrito de desahogo, en relación con las constancias que obran en autos, se obtiene que la parte quejosa ostentándose como tercero extraño a juicio por equiparación, reclama en esta instancia constitucional de las autoridades responsables el emplazamiento a juicio realizado el veinte de junio de dos mil dieciséis en el expediente número 782-1/2016, relativo al juicio de divorcio incausado promovido por la tercero interesada Mireya Aguirre Rivera, en su contra; y como consecuencia todo lo actuado con posterioridad. CUARTO. Es cierto el acto reclamado al Juez y al Secretario Actuario ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residentes en esta ciudad, no obstante que al rendir su informe con justificación en forma conjunta lo hayan negado, en razón de que con posterioridad hacen manifestaciones que evidencian su certeza. Lo que además se corrobora de las actuaciones procesales del juicio de divorcio incausado 782-1/2016, cuyo duplicado remitieron como justificación a su informe; el cual dada su naturaleza de documento público tiene pleno valor probatorio, de conformidad con dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Las partes legitimadas en el presente juicio de garantías no alegan causas de improcedencia, ni este juzgado advierte que se actualice alguna que deba estudiarse de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; por lo que se procede al estudio del concepto de violación. En ese sentido, el quejoso esencialmente aduce que se transgrede en su perjuicio la garantía de previa audiencia tutelada por el artículo 14 constitucional en razón de que no se le notificó en forma personal la demanda interpuesta en su contra por Mireya Aguirre Rivera, aunado a que la persona con la que se entendió la diligencia no habita en su domicilio, sino en uno diverso como refiere lo acredita con las copias simples de su credencial de elector y del aviso recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad que exhibe, motivo por el cual no pudo entenderse dicha diligencia con esa persona, quien además no firmó de recibido las constancias de notificación; y por ende, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, lo que ocasionó el desconocimiento del citado juicio, impidiéndole con ello el ejercicio de sus derechos para ser oído y vencido en el mismo. Para estar en aptitud de dilucidar sobre lo fundado o no del citado argumento, es necesario determinar en primer término que la finalidad que se persigue con la diligencia del emplazamiento en todo juicio es que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora; así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio, al ser considerado de orden público y de trascendental importancia, tal y como lo estableció en su momento la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia registrada con el número 247, que puede ser consultada en las páginas 168 y 169, Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia. De ahí, que el emplazamiento guarde relación con la garantía de audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, al implicar el derecho de todo gobernado para que, previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarlo de su propiedad, de sus posesiones o de sus derechos, se le dé la oportunidad de defenderse en juicio. El debido respeto a la garantía de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga (ante tribunales previamente establecidos y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho) y que pueda culminar con un acto privativo, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que son las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el proceso jurisdiccional y en el procedimiento administrativo para otorgar al posible afectado por el acto privativo, una razonable oportunidad de defensa. Así, de no cumplirse esas condiciones fundamentales, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que no es otra cosa que evitar la indefensión del afectado, pues la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad. En tal virtud, es indudable que las formalidades de que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento no tienen otra finalidad que la de garantizar, hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. Asimismo, se cita el contenido de los artículos 3, 44, 48, párrafo primero de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero, que establecen: "ARTÍCULO 3. Todos los casos relativos al divorcio se substanciaran conforme a las disposiciones y procedimientos establecidos en la presente Ley, aplicándose en su caso las disposiciones relativas del Código Civil y del Código Procesal Civil del Estado. "ARTÍCULO 44.- Para los efectos de la tramitación del juicio incausado se seguirán las reglas y términos procesales señalados en el Título Segundo del Libro Segundo del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero. ARTÍCULO 48.- Tramitación del juicio. El divorcio incausado se tramitará de acuerdo con las reglas del juicio ordinario, con las excepciones previstas en el presente ordenamiento, con las siguientes modalidades: De dichas disposiciones se obtiene que para la tramitación del divorcio incausado se seguirán las reglas y términos procesales señalados en el Título Segundo del Libro Segundo del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, correspondiente al juicio ordinario con las excepciones y modalidades previstas en la Ley de Divorcio, misma que no regula las formalidades del emplazamiento; motivo por el cual, el juicio ordinario por lo que hace al emplazamiento, debe atenderse al contenido de los artículos 146, 147, 151, 153, 155, y 162, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, los cuales disponen: "Artículo 146.- Forma de las notificaciones. Las notificaciones se harán en forma personal, por cédula, por edictos, por correo, por telégrafo y por cualesquier otro medio idóneo diverso a los anteriores y que estime conveniente el juzgado. "Artículo 147.- Señalamiento del domicilio para efectos procesales. Las partes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Asimismo, en el escrito en donde se interponga recurso de alzada o en el que por primera vez se comparezca ante el Tribunal Superior de Justicia, deberá señalarse domicilio en el lugar de ubicación de éste, para que se hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias en la segunda instancia." "Artículo 151.- Notificaciones personales. Además del emplazamiento, deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones: I. La primera resolución que se dicte en el procedimiento; II. El auto que ordena la absolución de posiciones o el reconocimiento de documentos; III. La primera resolución que se dicte cuando: a) Por cualquier motivo se deje de actuar por más de tres meses; b) Cuando se ordene la reanudación del procedimiento, cuya tramitación hubiere estado interrumpida o suspendida por cualquier causa legal; IV. El requerimiento a la parte que deba cumplirlo; V. Las sentencias definitivas; VI. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales, a juicio del juzgador; y (sic) VII. Tratándose de incidentes, la primera notificación se llevará a cabo en el domicilio señalado en autos por las partes, si se encuentra vigente el juicio principal, y para el caso, de que haya resolución firme o ejecutoriada o haya inactividad procesal por más de tres meses, se practicará en el lugar en el que resida la parte demandada incidentista; y VIII. Los demás casos en que la ley lo disponga. "Artículo 153.- Forma de las notificaciones personales. Las notificaciones personales se harán al interesado en el domicilio señalado para ello; en caso que el notificador no encontrare a la persona que deba notificar, le dejará cédula, misma que deberá contener los siguientes requisitos: a) El nombre y apellido del promovente; b) El tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y hora en que se deja; e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. " "Artículo 154.- Primera notificación. La primera notificación se hará personalmente al interesado, o a su representante o procurador en la casa designada; y no encontrándolo el notificador, le dejará cédula en la que hará constar la fecha y hora en que la entregue, el nombre y apellido del promovente, el juzgador o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. "Artículo 155.- Emplazamiento. Si se tratare del emplazamiento y no se encontrare el demandado, se le hará notificación por cédula. La cédula, en los casos de este artículo y del anterior se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que deba ser notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará a la persona con quien se entienda la diligencia, copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial. "Artículo 162.- Firma de las notificaciones. Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquella a quien se hace. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el secretario o escribano haciendo constar estas circunstancias. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, si la pidiere. En los citados preceptos, se encuentran las formalidades que deben acatarse al realizarse el emplazamiento de la parte demandada, así como las notificaciones personales; en el numeral 151 señala cuáles son las notificaciones que deben realizarse de manera personal, entre otras, el emplazamiento. En tanto que, el diverso numeral 153 establece precisamente los lineamientos que se deben seguir en tratándose de las notificaciones personales, pues al respecto refiere que las notificaciones personales se harán al interesado en el domicilio señalado para ello, y que en caso de que el notificador no encontrare a la persona que deba notificar, le dejará cédula, la cual deberá contener los siguientes requisitos: a) El nombre y apellido del promovente; b) El tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y hora en que se deja; e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y, f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. Por su parte, el precepto 155 expresamente autoriza al fedatario notificador para que, si durante la diligencia del emplazamiento no encontrare el demandado, le haga la notificación por cédula, misma que podrá entregar a los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, después que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que deba ser notificada, exponiendo en todo caso los medios por los cuales el notificador se cercioró de que ahí tiene su domicilio la persona buscada; a quien también se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, así como copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial. Finalmente, el numeral 162, señala que en las actas respectivas deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquella a quien se hace; y que, si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el secretario o escribano haciendo constar estas circunstancias. Por tanto, de una interpretación sistemática de los preceptos anteriormente transcritos, y tomando en consideración que el emplazamiento a juicio es una diligencia trascendental porque tutela directamente la garantía de audiencia, se puede concluir que una diligencia de tal naturaleza es correcta si reúne los siguientes requisitos: 1. Que el notificador se haya cerciorado por cualquier medio que se constituyó en el domicilio que proporcionó la parte actora para emplazar al demandado y de que en este vive el demandado, teniendo la obligación de asentar razón pormenorizada que abarque dicha circunstancia, a fin de crear convicción al respecto. 2. Si en la diligencia de mérito no se encuentra al demandado se le dejará cédula a los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado que contendrá: a) el nombre y apellidos de quien promueve; b) el tribunal que manda practicar la diligencia; c) la determinación que se manda notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) la fecha y hora en que se deja; e) el nombre y apellido de la persona a quien se entrega y, f) el nombre, apellido y cargo de la persona que practique el emplazamiento; 3. Que se entregue a la persona con quien se entiende la diligencia -como requisito mínimo- copia simple de la demanda y demás documentos que la parte actora haya acompañado a su escrito inicial; y, 4. En caso de que la persona con quien se entendió el emplazamiento se niegue a firmar o no sepa hacerlo, el fedatario deberá asentar tal circunstancia en el acta correspondiente. Sobre este punto, es importante precisar que en la práctica, existe la posibilidad de que la persona que recibe la notificación no desee o no sepa firmar el acta correspondiente; por lo que, a fin de evitar que el proceso se prolongue indefinidamente, el código procesal del Estado de Guerrero faculta a la persona que practica la diligencia, a desarrollarla y validarla con su firma en el caso de que la persona con la que se entienda no quiera o no sepa hacerlo. El sustento jurídico de dicha atribución del funcionario judicial encargado de practicar la notificación se encuentra en el principio de la fe pública; mediante la fe pública se está en presencia de afirmaciones que objetivamente deben ser aceptadas como verdaderas, en acatamiento del ordenamiento jurídico que la sustenta. Este sistema presupone la investidura de personas a quienes se va a conferir la función de autentificar a nombre del Estado, de tal manera que su dicho sea considerado como una verdad oficial cuya creencia es obligatoria, salvo prueba en contrario. La fe pública no puede concebirse sin la característica de la exactitud, entendida ésta como la adecuación entre los hechos y la narración de los mismos con la cual se dota de eficacia probatoria erga omnes al instrumento en el cual consta el hecho. Lo que se busca asegurar con la medida prevista en el precepto en comento, es que aún ante la falta de firma por parte de la persona con quien se entendió la diligencia, pueda existir otro elemento de convicción que permita presuntivamente tener como cierto el hecho de que la notificación sí fue efectivamente entregada, y de ello es de lo cual se debe dar fe. Lo anterior permite concluir que es la fe del actuario o notificador la que da certeza a los actos en los que éste interviene, pues la firma de dicho funcionario judicial hace plenamente válida la diligencia salvo prueba en contrario, teniendo como única condición que cumpla con los requisitos legales establecidos para ello. Ahora bien, del análisis de la razón de la cédula de notificación relativa a la diligencia de emplazamiento de veinte de junio de dos mil dieciséis (foja 13 del tomo uno de pruebas) se aprecia que cumple con las formalidades que debe revestir y a que se ha hecho referencia, como se expone en los párrafos subsecuentes. En efecto, en torno al primer aspecto que se deduce del requisito descrito en el punto 1, está relacionado con la identificación del lugar que fue designado en autos para realizar la diligencia de emplazamiento encomendada al fedatario, se estima que la motivación que debe emplear el citado funcionario a fin de garantizar de que se constituyó en dicho lugar y no en otro, se pondera en función de los medios que empleó para ello, tales como referencias y la descripción del lugar de que se trate. En ese orden de ideas, se advierte que el actuario judicial si se cercioró que el domicilio señalado para emplazar a Manuel Pineda Luna (parte demandada) era el señalado en autos por la parte actora y en el que vive el citado demandado, esto es, el ubicado en "Callejón Lázaro Cárdenas número 194 de la colonia Juan R. Escudero en esta ciudad", en razón de que se valió del nombre de la calle y letreros visibles que así lo indican, y por los signos exteriores del citado inmueble, lugar en el que identificó un inmueble de tabique rústico con puerta de herrería color negro, además apoyó su actuación procesal con el dicho de los vecinos más cercanos que habitan el referido callejón quienes al preguntarles le señalaron el inmueble en el que vivía el demandado y en el que refiere se constituyó, lo que también corroboró con lo manifestado por una persona que encontró en su interior, y dijo ser hermana de la persona buscada, y llamarse Sonia Pineda Luna, de quien asentó su media filiación "cara ovalada, tez morena clara, complexión regular, cabello lacio entrecano corto, edad aproximada cincuenta y siete años, estatura aproximada un metro sesenta y tres centímetros" -como una forma que da certeza al emplazamiento-, misma que manifestó que efectivamente ese era el domicilio correcto donde vivía la persona buscada así como de quien lo atendía, pero que en ese momento no se encontraba Manuel Pineda Luna, sin embargo, que ella se encargaría de entregarle los documentos correspondientes. Lo anterior adquiere credibilidad para tener por demostrado el extremo de que se trata, pues además de los signos exteriores del inmueble buscado y el dicho de quien le confirmó a la actuaría de que se encontraba en el domicilio correcto y que ahí vivía la persona buscada, se logró identificar plenamente a la persona con la que la fedataria entendió la diligencia de quien anotó su media filiación que permite dar veracidad a su identidad, así como su relación de parentesco que guarda con el demandado Manuel Pineda Luna, quien además refirió vivir en el citado domicilio; y si bien esta última circunstancia se puso en duda, la parte quejosa no aportó medio de convicción alguno que demostrara lo contrario. En este punto, conviene señalar que contrario a lo sostenido por la parte quejosa, de la interpretación armónica y teleológica del artículo 155 del Código Procesal de la Entidad destacado que rige las formalidades del emplazamiento, no exige que el pariente con el que se entienda la diligencia aludida tenga que vivir en el domicilio señalado para tal efecto, pues tal requisito sólo es exigible a "cualquier otra persona" diversa de los parientes y empleados del demandado; en razón de que los lazos familiares y laborales con el demandado ofrece cierta garantía de que le informará la instauración del juicio en su contra, lo que no necesariamente ocurriría tratándose de "cualquier otra persona" cuya presencia en el domicilio donde se lleve a cabo el emplazamiento podría ser ocasional o accidental; motivo por el cual no se valoran los documentos exhibidos para demostrar el argumento de que su hermana no habita en el domicilio en el que se realizó el aludido emplazamiento. Sirve de apoyo por identidad jurídica la jurisprudencia 1ª./J. 7/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 259, del tomo XXIX, Abril de 2009, Materia (s): Civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. EL REQUISITO CONSISTENTE EN QUE QUIEN RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEBE HABITAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO, SÓLO ES EXIGIBLE A "CUALQUIER OTRA PERSONA" DIVERSA DE LOS PARIENTES Y EMPLEADOS DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). La finalidad del emplazamiento es que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra, del contenido de la demanda y de las consecuencias si no comparece a contestarla, todo ello en aras de garantizar su derecho a una adecuada y oportuna defensa. En este sentido, acorde con dicha finalidad, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el 13 de febrero de 1985 se reformó el artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, con el objeto de dar celeridad y simplificar los juicios civiles, pues se estableció que cuando no obstante habérsele dejado citatorio, el interesado en el emplazamiento no lo atendiere, la notificación se entregará ya sea a sus parientes, a sus empleados o a "cualquier otra persona" que habite en el lugar de la diligencia. Así, de la interpretación armónica y teleológica del indicado precepto, y conforme a los principios contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el requisito de que quien reciba la notificación debe habitar en el domicilio designado sólo es exigible a "cualquier otra persona" diversa de los parientes y empleados del demandado, en virtud de que el citado requisito no tendría utilidad práctica cuando los sujetos vinculados familiar o laboralmente con quien debe comparecer a juicio no habitan en el domicilio de éste, aunque permanezcan la mayor parte del día en ese lugar. Esto es, exigir que la diligencia mencionada se entienda únicamente con quien habite en el domicilio del buscado obstaculizaría la tramitación del procedimiento; además, precisamente los lazos familiares y laborales señalados generan mayor seguridad de que se hará saber al interesado que existe una demanda interpuesta en su contra, lo cual no necesariamente ocurriría tratándose de "cualquier otra persona", cuya presencia en el domicilio donde se lleve a cabo el emplazamiento podría ser ocasional o accidental. En efecto, el aludido dispositivo legal sólo exige que el notificador se cerciore que en el domicilio señalado en autos para el emplazamiento corresponde al en que se constituyó y en el que habita la persona que deba ser notificada, exponiendo en todo caso los medios por los cuales lo verificó, para lo cual deberá relacionar los datos objetivos que permiten tener la certeza de que dicha actuación se efectuó en el lugar indicado, que se buscó a la interesada, la identidad de la persona con la que se entendió la diligencia, así como de la relación que guardan ambas; aspectos que generan mayor seguridad en que se hará saber a la parte interesada la existencia de la demanda instaurada en su contra y evitar que se quede en estado de indefensión. Asimismo, el hecho de que el numeral 155 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, obligue al notificador exponer los medios por los cuales se cercioró de que el domicilio en el que se practica el emplazamiento es el señalado en autos y el que tiene la persona buscada, tal disposición no llega al extremo de obligarlo a acreditar el vínculo familiar de la persona con quien se entendió la diligencia; porque basta que haya en el domicilio alguna persona que tenga algún vínculo con la demandada que informe sobre su presencia o ausencia, y pueda confirmar que en ese lugar habita, o tiene su domicilio, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia; lo que así ocurrió según se advierte de la razón actuarial sujeta a estudio; por tanto, lo expuesto por la actuaria responsable como se dijo, es suficiente para tener por cumplido el requisito de cercioramiento a que se alude en la citada disposición legal. Por su parte, de realizarse dicha identificación y cercioramiento, o asentar diversas circunstancias, ello sólo será para robustecer la legalidad de tal acto, sin que sea un requisito indispensable establecido en ley expresamente, por lo que su omisión no deriva en la invalidez de dicho emplazamiento, si como en el caso, existen otros datos que hacen considerar correcta la diligencia, como ya se precisó. Luego, en relación al segundo de los requisitos precisados en el punto 2, como en el caso concreto, el día de la diligencia no se encontró al demandado Manuel Pineda Luna, el emplazamiento se realizó por medio de cédula que se dejó en poder de la persona con la que entendió la diligencia y que encontró en el interior del domicilio señalado en autos, quien respondió al nombre de Sonia Pineda Luna, de quien asentó su media filiación, misma que manifestó que efectivamente ese era el domicilio correcto donde vive la persona buscada así como de quien lo atendía, pero que en ese momento no se encontraba la persona buscada (Manuel Pineda Luna), documento que contiene: a) el nombre y apellido de la parte actora: Mireya Aguirre Rivera; b) el tribunal que manda practicar la diligencia: Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares; c) las determinaciones que se mandan notificar, auto de prevención de dos de junio de dos mil dieciséis, y auto de radicación de trece de junio siguiente, dictados en el expediente natural 782-1/2016 relativo al juicio de divorcio incausado promovido por Mireya Aguirre Rivera, en su contra; d) la fecha y hora en que se dejó, las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de junio de dos mil dieciséis; e) el nombre y apellido de la persona a quien se entrega (Sonia Pineda Luna); y f) el nombre, apellido y cargo de la persona que practicó la notificación (María Isabel Hernández Flores, Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares). De igual manera el tercero y cuarto de los requisitos a verificar se colmaron porque de la razón actuarial de la citada cédula, se hizo mención de que a la persona con la que se entendió la diligencia de emplazamiento se le entregó la citada cédula de notificación acompañada de la solicitud de divorcio, propuesta del convenio y demás documentos anexos debidamente sellados y cotejados; a quien además se le hizo del conocimiento las medidas provisionales decretadas y el término que tenía para producir la contestación a la demanda, así como su conformidad con el convenio exhibido, o en su caso, la presentación de su contrapropuesta, en la inteligencia que de no hacerlo así, se le tendría por conforme con las prestaciones establecidas en el convenio propuesto; de igual forma se le previno para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, y la consecuencia de no hacerlo; documentos que recibió de conformidad pero que se negó a firmar por considerarlo innecesario y que entregaría a su hermano. En efecto, basta con que el fedatario asiente en el acta que la persona notificada no puede firmar o no quiso hacerlo, para que se colme el aludido requisito, sin necesidad de verificar la autenticidad de su dicho, ni el motivo aducido para no poder, no querer o no saber hacerlo, ya que a esto no lo obliga el citado artículo 162 del Código Procesal de la Entidad. Se concluye, el emplazamiento que se reclama cumplió en su integridad con los requisitos antes precisados, sin que se advierta prueba alguna que pudiera desvirtuarlo, ni dentro de las constancias del expediente natural que se adjuntaron al informe justificado, ni en el presente juicio de amparo, lo cual demuestra la constitucionalidad del acto reclamado. En ese contexto, resulta procedente estimar que el referido llamamiento a juicio que a su vez motiva los diversos actos subsecuentes, no es violatorio de las garantías de audiencia, seguridad jurídica y debido proceso legal previsto en el artículo 14 Constitucional, siendo en ese sentido infundado el argumento que sostiene tal aserto; por ello, al gozar de fe pública el funcionario judicial que llevó a cabo la citada diligencia de emplazamiento, resulta indiscutible que cada uno de los datos que se encuentran asentados de manera circunstanciada en la razón de la cédula de notificación, deben considerarse ciertos y con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que puede ser localizable en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, de rubro y texto siguientes: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Asimismo, tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia IV.20. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 1, Mayo de 1995, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." En consecuencia, al resultar infundado el concepto de violación, sin que se advierta queja deficiente que cumplir, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado respecto de la diligencia de emplazamiento realizada en el juicio de divorcio incausado número 782-1/2016, al quejoso Manuel Pineda Luna, (parte demandada); negativa que se hace extensiva a las actuaciones posteriores al emplazamiento de mérito, porque la parte quejosa no los combatió por vicios propios, sino como consecuencia de la diligencia de referencia; de modo que quedan convalidadas las subsecuentes actuaciones respecto de las cuales el quejoso no formuló motivo de disenso alguno. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Manuel Pineda Luna, contra las autoridades y actos precisados en el considerado tercero, por los motivos expresados en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el siete de marzo de dos mil diecisiete, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe. LO QUE NOTIFICO POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; diez de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que realiza en relación con los actos que aquí se reclaman, y con ellas dese cuenta en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; a nueve de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de veintiséis de enero del año en curso, se tuvieron por recibidos los informes justificados del Titular y del Secretario Actuario, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residentes en esta ciudad, los cuales no fueron conocidos con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que realiza en relación con los actos que aquí se reclaman, y con ellas dése cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte, las documentales que al efecto exhibe, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, sin que haya lugar a requerir al Instituto Nacional Electoral y a la Comisión Federal de Electricidad, toda vez que no se está en el supuesto a que se refieren los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, ya que corresponde a las partes solicitar a los funcionarios y autoridades las documentales que pretendan ofrece como pruebas, de ahí que sea el oferente de la prueba quien deba gestionarla, y sólo en caso de que se negaren a expedírsela, si este Juzgado lo estima necesario lo requerirá para tales efectos, acreditando previamente la petición realizada, con lo cual no se le deja en estado de indefensión. Es aplicable al caso la jurisprudencia en materia común la tesis aislada IV.1o.C.33 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Novena época, visible en la página 2683, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI de julio de 2007, Novena Época del rubro siguiente: "PRUEBA "DOCUMENTAL VÍA INFORME" EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO PUEDE SOLICITARLA CON LA SIMPLE MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE, SI CORRESPONDE A ÉSTE LA OBLIGACIÓN DE GESTIONAR Y REQUERIRLA DIRECTAMENTE A LA AUTORIDAD, Y SÓLO EN CASO DE NEGATIVA INTERVENIR PARA QUE SE LE EXPIDA. El artículo 152, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone que los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que las partes del juicio de garantías les soliciten para ofrecerlos como prueba en la audiencia constitucional y en caso de negativa serán requeridos por el Juez de Distrito. En esa tesitura, si en el juicio de garantías una de las partes ofrece como prueba la "documental vía informe" de determinada autoridad, al margen de su denominación, dicha probanza constituye una prueba documental al tener como objetivo obtener información, pues de qué otra manera tendría que rendirse por la autoridad a quien se le solicita para hacer constar su existencia o inexistencia y, en su caso, otorgar la copia que avale su contenido. Consecuentemente, el Juez de Distrito no puede solicitar a la autoridad el informe pretendido con la simple manifestación del oferente, ya que al juzgador no le corresponde procurar las pruebas de las partes, sino que a éstas les incumbe la obligación de gestionar y requerir directamente ante la autoridad la información respectiva y sólo en caso de negativa el juzgador de amparo puede intervenir para que se le otorgue en aras de respetar el espíritu del citado precepto." Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entro en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese.

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