Manuel Pérez Hernández y Otros.

Expediente 1588/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1588/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
14/12/2016

Partes del expediente

  • Manuel Pérez Hernández y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Oaxaca,catorce de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con el que devuelve los autos originales de este juicio, y remite copia certificada de la resolución emitida en la queja 293/2016; acúsese recibo. Toda vez que el referido Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso de queja, interpuesto por la parte quejosa, contra el auto que desechó la demanda, comuníquese lo anterior a esta última. Por otro lado, glósense únicamente los acuerdos o constancias que obren en el cuaderno de antecedentes, a partir de la remisión de los autos originales. En esas condiciones, con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por el que acusa recibo del diverso 57733/2016, del índice de este órgano jurisdiccional, y comunica que se admitió el recurso de impugnación interpuesto por la parte quejosa, contra el auto que desechó la demanda de amparo, y quedó radicado bajo el número 293/2016, de su índice. Por otra parte, mediante oficio que se gire a la Superioridad, infórmesele que en los controles de expedientes de este Juzgado, no existe registrada alguna resolución en materia de amparo contra el acto reclamado en estos autos, ni tiene antecedente o asuntos relacionados, diversa a la que constituye el auto recurrido, como se advierte de la certificación de cuenta; para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    MESA IV B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de octubre de dos mil dieciséis. Con el escrito de cuenta, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer el quejoso...., contra el auto que desechó la demanda de amparo. Una vez notificada la parte recurrente, -dada la naturaleza del auto impugnado, remítase el original del escrito de cuenta, la copia para el fiscal Federal adscrito al ad quem, los autos originales, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Tercer Circuito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación del referido recurso. No obsta que la parte impugnante omitió señalar constancias para el testimonio relativo, -como lo dispone el artículo 100 de la Ley de Amparo-; tal aspecto deviene innecesario porque en el párrafo anterior se ordenó enviar los autos originales. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico.

  4. Principal

    MESA IV B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio PJEO/CJ/SE/6244/2016 suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura Federal, al que acompaña un escrito y una demanda de amparo signados por Manuel Pérez Hernández; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1588/2016; acúsese recibo. Analizada la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la demanda fue recibida en este juzgado de manera extemporánea, esto es, fuera del plazo legal genérico previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues el quejoso reclama la resolución de cuatro de agosto del año en curso, dictada en el recurso de revisión RR-02/2016 por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, que confirmó la diversa resolución de veinticinco de septiembre de dos mil quince, emitida en el instructivo de responsabilidad 667/2014 seguido en su contra por la Visitadora General del aludido órgano colegiado y por medio de la cual se le impuso una sanción consistente en suspensión de diez días sin goce de sueldo en el cargo de Secretario de Juzgado, con motivos de hechos acontecidos durante la temporalidad en la que se le autorizó como encargado del despacho, con facultades para dictar sentencias, del Juzgado Primero Penal de Tlacolula, Oaxaca. Resolución reclamada, que según la certificación de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Judicatura del Estado de Oaxaca, que se asentó en la demanda, fue notificada al quejoso el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Luego, que tal notificación surtió efectos al día hábil siguiente, por lo que el término de quince días para la promoción del juicio de amparo inició veintitrés de agosto de dos mil dieciséis y feneció el doce de septiembre del año en curso, al descontar los días veintisiete y veintiocho de agosto, tres, cuatro, diez y once de septiembre por haber sido inhábiles. En consecuencia, si la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad hasta el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, es inconcuso que esto aconteció vencido el plazo legal genérico previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues como se indicó feneció el doce anterior. Lo anterior, corrobora la actualización de la causal de improcedencia invocada, ya que en las condiciones apuntadas, el acto reclamado debe considerarse consentido de manera tácita. Sin que en el caso, nos encontremos en alguno de los casos de excepción previstos por las fracciones del aludido artículo 17 de la ley de la materia, toda vez que no se reclamó: una norma autoaplicativa; algún procedimiento de extradición; la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es óbice a lo anterior, que la demanda de amparo indirecto se haya presentado ante la responsable el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, según se advierte del sello que obra impreso en el anverso del escrito de presentación y de la certificación que calza la demanda, pues se estima que tal circunstancia no interrumpió el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ello, pues en el caso no existió error en la vía porque se la demanda de amparo se advierte que la intención del promovente era interponer amparo biinstancial en contra del aludido acto reclamado, pues: a) La demanda se dirigió al "CIUDADANO JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, EN TURNO", quien en términos del artículo 35 de la Ley de Amparo, conoce sólo del amparo indirecto. b) La demanda cumple con los requisitos previstos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, -incluyendo en el de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad que diferencia sustancialmente las demandas de amparo directo e indirecto-, con excepción del relativo a la fracción VII por no serle aplicable (no obstante que se advierta error en la cita del precepto, pues aunque se asentó "170", lo cierto es que se cumplieron con los aludidos requisitos y el invocado no prevé requisito alguno de demanda). c) Se solicitó la suspensión del acto reclamado, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, relativo la medida cautelar de suspensión en amparo indirecto. d) El acto reclamado, es impugnable en amparo indirecto en términos del artículo 107, facción III, inciso a), pues constituye la resolución definitiva dictada en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (y por exclusión no se trata de una sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin a algún juicio, dictada por un tribunal). Circunstancias que corroboran que la intención del promovente fue la de interponer el amparo indirecto competencia de los Juzgados de Distrito, lo que hace desestimar la posibilidad de que su intención haya sido formular demanda de amparo directo, por lo que no podemos considerar que en su solicitud erró en la vía, ante su desconocimiento (máxime que conforme a los antecedentes de la demanda debe considerársele perito en derecho). Así, al no existir error en la vía, la presentación de su demanda ante la autoridad responsable no actualizó la interrupción del plazo previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. En efecto, de los artículos 20, 21, 23, 33,34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 107, 110, 112, 170 y 176, se advierte que la demanda de amparo indirecto se presenta ante el Juez de Distrito competente, y la demanda de amparo directo ante la autoridad responsable, quien la tramitará y en su oportunidad remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito competente para que se avoque a su conocimiento. Ahora bien, el artículo 179 invocado establece que la presentación de la demanda de amparo directo ante autoridad distinta a la responsable no interrumpirá los plazos que para su promoción establece la Ley. Criterio que se puede aplicar por analogía al trámite del amparo indirecto, pues no existe precepto alguno donde se autorice que las demandas de ese amparo biinstancial se presenten por conducto de funcionario diverso a dicho juzgador, incluyendo a la autoridad responsable del acto reclamado. Si bien es verdad que diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación indican que, el error por desconocimiento de la vía al presentar una demanda de amparo no debe dejar en estado de indefensión al quejoso, por lo que en caso de que la demanda llegue de manera extemporánea al órgano competente para resolver el asunto, la fecha que se debe tomar en cuenta para analizar la oportunidad del juicio será aquella en la que se promovió originalmente, no obstante que haya sido ante autoridad incompetente. Ello, porque los supuestos de los artículos 45 y 47 de la Ley de Amparo han sido interpretados como casos en los que se presume que hubo por parte del quejoso un error derivado de una verdadera duda o desconocimiento en torno al ejercicio de la vía procedente para reclamar un acto de autoridad. Sin embargo, también es verdad que de esos criterios se destaca que dicha determinación solamente es aplicable en aquellos casos en los que existía convicción del quejoso en promover juicio de amparo en la forma en la que se presentó, ello, por un error involuntario derivado del desconocimiento de la vía procedente (amparo directo o indirecto). Esto es, se trata de supuestos en los que, en virtud de haber cometido un error de buena fe procesal se ha determinado que dicha equivocación no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso, lo que no acontece si no desconociendo la vía procedente (amparo directo o indirecto) incurre en error sólo en la presentación de su demanda ante la autoridad equivoca. De ahí que no es dable considerar que dicha interpretación jurisprudencial pueda extenderse a supuestos diversos, ya que, como se ha señalado, la Ley de Amparo no permite que la presentación equívoca de una demanda formulada en la vía correcta interrumpa el plazo para la promoción del juicio de amparo. Por tanto, si en el caso la demanda de amparo la formuló el quejoso como amparo biistancial pues se dirigió al Juez de Distrito en turno (quien no es competente para tramitar ni resolver el amparo directo), esa vía atendiendo al acto reclamado correcta, y además cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo para su conformación, es indudable que la debió presentar directamente ante el Juez de Distrito al que la dirigió, ya que no existe precepto legal que permita que las demandas de amparo indirecto se presenten por medio de la autoridad responsable. Luego, que si no existió error en la vía de la petición de amparo, sino error en la presentación de la demanda ante autoridad no autorizada para ello, es que el computo del plazo debe establecerse a la fecha en que se recibió el líbelo inicial ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad. Sirven de apoyo, por las razones que la sustentan y analogía, las tesis siguientes: RECURSO DE QUEJA. CUANDO LA LEY ORDENA INTERPONERLO DIRECTAMENTE ANTE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SU PRESENTACIÓN ANTE EL JUEZ DE DISTRITO NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN (INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA). De la interpretación gramatical y sistemática de los artículos 95, 98 y 99 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que en los supuestos en los cuales se exige interponer directamente el recurso de queja ante el Tribunal Colegiado de Circuito, su presentación ante el Juez de Distrito o ante la autoridad responsable emisora del acto impugnado no interrumpe el plazo para interponerlo, sino que éste continúa su curso; por tanto, si dicho plazo se agota para cuando el recurso es recibido por el Tribunal Colegiado de Circuito, su interposición es extemporánea. Lo anterior es así, pues la presentación ante una autoridad distinta de la prevista en la ley no es un error subsanable, ya que implica el incumplimiento de una carga procesal establecida para la interposición del recurso de queja, cuya consecuencia debe soportar la recurrente. Además, dicha carga, por sí sola, no puede estimarse violatoria de los derechos fundamentales de acceso a la jurisdicción o a un recurso efectivo, establecidos, respectivamente, en los artículos 8, numeral 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues todo proceso requiere de formalidades para garantizar el acceso a la jurisdicción; además, el requisito de presentación directa del recurso ante un Tribunal Colegiado de Circuito tampoco podría estimarse como innecesario o irracional o que constituya una traba, en contravención a los mencionados derechos fundamentales, si se considera que su previsión se justifica en la forma en que está regulado el trámite del recurso, según el cual, se precisa como primer paso que el Tribunal Colegiado de Circuito lo reciba, para estar en condiciones de requerir al Juez de Distrito o a la autoridad contra la cual se interpone, un informe con justificación sobre la materia de la queja, en tres días, transcurridos los cuales, con informe o sin él, se da vista al Ministerio Público por igual término, para finalmente, dictar la resolución correspondiente. [Época: Décima Época, Registro: 2010412, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 24/2015 (10a.), Página: 799] REVISIÓN, LA INTERPOSICIÓN DE ESE RECURSO ANTE AUTORIDAD DISTINTA A LA QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO INTERRUMPE EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio que aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 69, tesis P. XLVIII/98, de rubro: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO.", en el sentido de que tales órganos jurisdiccionales deben corregir el error en la cita del número de expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que a través de su corrección permita la procedencia del juicio o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, en los casos en que se interpongan en la forma y dentro de los plazos que establece la propia ley en cada caso concreto. No obstante lo anterior, deben diferenciarse los errores de poca importancia, que pueden corregirse, de los que no lo son, por interferir en la procedencia del medio de impugnación. Así, puede establecerse que cuando el juzgador de amparo advierta un error numérico o alguno análogo, que no implique el desacato de las disposiciones legales que rigen la procedencia de la vía, deberá corregirlo, aplicando analógicamente el artículo 79 de la Ley de Amparo; pero este criterio no será aplicable cuando se trate de errores que, contraviniendo las disposiciones de la ley de la materia, repercutan en la procedencia del medio de defensa, como en el caso en que se presente un recurso de revisión ante un órgano jurisdiccional o autoridad distintos de aquel que dictó la sentencia recurrida, pues conforme al artículo 86 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión debe interponerse por conducto del Juez de Distrito, de la autoridad que conozca del juicio o del Tribunal Colegiado de Circuito que dictó la resolución impugnada, sin que su interposición ante autoridad distinta interrumpa el plazo de diez días que concede la ley para hacerlo valer; esto es, el referido plazo debe computarse desde el día siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución recurrida, hasta el día en que el recurso se presentó ante el órgano que resolvió el juicio de amparo en primera instancia. [Época: Novena Época, Registro: 191704, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Junio de 2000, Materia(s): Común, Tesis: P. LXXV/2000, Página: 43] DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA ANTE AUTORIDAD INCOMPETENTE. PRESUPUESTOS PARA DETERMINAR SI SU PRESENTACION SE DA DENTRO DEL TERMINO LEGAL. De acuerdo con la regla general establecida en los artículos 21, 114 y 163 de la Ley de Amparo, el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, directamente ante el Juez de Distrito en turno y cumpliendo con los requisitos del artículo 116 del ordenamiento legal antes citado si se trata de amparo indirecto, o por conducto de la autoridad responsable, dirigida al Tribunal Colegiado en turno y observando los requisitos del artículo 166 de la ley en comento si es amparo directo. Ahora bien, tratándose de la demanda de amparo indirecto deben distinguirse dos situaciones: 1a. Si la demanda de amparo se formula por el quejoso como amparo indirecto pues se dirige al Juez de Distrito en turno y se cumple para su conformación con los requisitos exigidos por el artículo 116 de la Ley de Amparo, es indudable que se debe presentar en forma directa ante el Juez de Distrito correspondiente, ya que no existe precepto legal que permita que las demandas de amparo indirecto se presenten por medio de la autoridad responsable. 2a. Caso distinto es cuando al promoverse el amparo, la demanda se elabora como amparo directo, porque se dirige a la autoridad competente para conocer de este tipo de juicios es decir, los Tribunales Colegiados de Circuito, y se cumple con los requisitos que respecto de las demandas de amparo directo establece el artículo 166 de la Ley de Amparo. En este caso, cuando el quejoso cree que el acto reclamado es impugnable a través del juicio de amparo directo, y así elabora la demanda, la presentación de la misma ante la autoridad responsable es correcta, por así permitirlo el artículo 163 del ordenamiento legal antes citado, presentación que interrumpe el término de quince días señalado en el artículo 21 de la Ley de Amparo y es la que debe tomarse en consideración para determinar si la demanda de amparo fue presentada dentro del término legal. Es decir, no puede considerarse que una demanda de amparo indirecto ha sido presentada extemporáneamente cuando se entrega a la autoridad responsable, si la demanda de amparo se elabora como si fuera de amparo directo, aun cuando después la autoridad de amparo que conozca de la misma determine su incompetencia, por tratarse en realidad de un amparo indirecto, y lo remita al Juez de Distrito correspondiente, pues hay que tener en cuenta que la intención del promovente fue interponer un juicio de amparo directo, y por tal situación presentó su demanda de amparo ante la autoridad responsable, caso en el cual la demanda de amparo presentada oportunamente como amparo directo ante la autoridad responsable no pierde su fecha legal de presentación, aun cuando en la fecha en que llegue ante el Tribunal de amparo correspondiente haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. [Época: Octava Época, Registro: 209266, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Febrero de 1995, Materia(s): Común, Tesis: I.8o.C.13 K, Página: 149] DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACION DE LA, ANTE AUTORIDAD INCOMPETENTE. CASO EN QUE NO PROCEDE SU DESECHAMIENTO. El hecho de que una demanda de amparo indirecto se interponga ante una autoridad que carece de competencia legal para recibirla, no es suficiente para desecharla, si la remisión que hace dicha autoridad al Juez Federal se encuentra dentro del término que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, resultando irrelevante el conducto por el cual se presentó ante el Juzgado de Distrito. [Época: Octava Época, Registro: 231254, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, Materia(s): Común, Tesis:, Página: 246] Por tales consideraciones, debe considerarse la extemporánea la demanda, lo que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda. En otro orden, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el que precisa, y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica por no encontrarse registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y ser el presente asunto de naturaleza administrativa. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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