Manuel Pedro Murillo Méndez y Otros.
Expediente 481/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 481/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Manuel Pedro Murillo Méndez
- Manuel Pedro Murillo Méndez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que en este incidente de suspensión, se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia por la que se sobreseyó en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se sobreseyó en el juicio, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 481/2020, promovido por ****, en contra de los actos de la autoridad que se menciona más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del quejoso **, la autoridad responsable Jueces del Tribunal de Juicio Oral en Material Penal, en la Región de la Mixteca, Oaxaca, han sido omisos en darle trámite al recurso de casación que promovió en contra de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la causa penal ** de su índice. Por ello, considera que se viola en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO *** presentó un escrito el veintiséis de agosto de dos mil veinte, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los Jueces del Tribunal de Juicio Oral en Material Penal, en la Región de la Mixteca, Oaxaca, de quienes reclama un acto que más adelante se precisará. Dicha demanda se admitió a trámite el veintisiete de agosto de dos mil veinte, y se registró bajo el progresivo 481/2020, asimismo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado. La audiencia constitucional se llevó a cabo, en la presente data, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y la autoridad de quien reclama una omisión tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo al tratarse precisamente, de una omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica de **, que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el aquí quejoso reclama de los Jueces del Tribunal de Juicio Oral en Material Penal, en la Región de la Mixteca, Oaxaca, la omisión de darle trámite al recurso de casación que promovió en contra de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la causa penal **** de su índice. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informe justificado la Jueza Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Región Mixteca, aceptó la existencia del acto reclamado, manifestando lo siguiente: "Se acepta el acto reclamado, toda vez que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en los registros con que cuenta este Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Región Mixteca, informo que dentro de la Causa Penal ***, con fecha veintiocho de febrero del año en curso, se dictó sentencia en contra del sentenciado **, como responsable del delito de equiparado a la violación agravada, cometido en agravio de una menor edad, de igual forma con fecha doce de marzo del año dos mil veinte, se le tuvo por recibido escrito del sentenciado ***, en donde interpone el recurso de casación, en contra de la sentencia de fecha veintiocho de enero del año en curso, y mediante acuerdo de fecha diecisiete de marzo se ordenó emplazar con el citado recurso al Agente del Ministerio Público, así como a la víctima indirecta y a la defensa del imputado, para que en el plazo de tres días den contestación al mismo y si a sus intereses consideraran conveniente hagan valer la adhesión, en términos de los numerales 420 y 435 del Código Procesal Penal y siendo que hasta este momento no ha transcurrido el citado plazo, esto en atención a que la circular PJEO/CJ/SE/13/2020, de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, suscrita y firmada por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.". Para acreditar su dicho, remitió copia certificada de diversas constancias que integran el trámite del recurso de casación promovido dentro del expediente 325/2015, a cuyas constancias se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por los artículos 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, acorde con el precepto 2° de la Ley de Amparo. Lo anterior acredita la existencia del recurso de casación promovido por el quejoso ante la autoridad señalada responsable. PROCEDENCIA Como el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, éstos deben ser analizados previamente al estudio de fondo, incluso hasta de oficio. En la especie, se advierte que en el acto consistente en la omisión de dar trámite al recurso de casación promovido dentro de la causa penal *** del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Región Mixteca, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque han cesado en los efectos de dicho acto. A fin de evidenciar lo anterior, se considera oportuno precisar el normativo que contiene la hipótesis materia de estudio en el presente asunto, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del precepto legal y criterio invocado se obtiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca; cuestión que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto impugnado; o, también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica con la cual destruye en forma definitiva la que dio motivo al amparo. En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se requiere lo siguiente: La existencia de un acto de autoridad, el cual el impetrante de amparo estime lesivo de sus garantías; y, en razón de ello, se motive la promoción de la demanda de amparo. Un diverso acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma terminante, al acto reclamado, retrotrayendo las cosas al estado que tenían hasta antes de la promoción de la demanda de garantías. Ahora bien, como se anticipó, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se ordenó emplazar a las partes, con motivo del citado recurso, esto es, al agente del Ministerio Público, la víctima indirecta y a la defensa del imputado, a fin de que en el plazo de tres días dieran contestación al mismo y si a sus intereses consideraran conveniente, hicieran valer la adhesión, en términos de los numerales 420 y 435 del Código Procesal Penal, cuya omisión precisamente se dolía el peticionario del amparo. Lo anterior da pauta al suscrito para estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la omisión que le fue reprochada a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional, cesó en sus efectos. En el sumario, como se especificó, el quejoso reclamó la omisión por parte del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Región Mixteca, para dar trámite al recurso de casación promovido dentro de la causa penal ** de su índice; sin embargo, al momento de rendir informe la Jueza Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Región Mixteca, manifestó que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se emitió un acuerdo en el que se ordenó dar vista al agente del Ministerio Público, la víctima indirecta y a la defensa del imputado, dentro del citado expediente, como consecuencia del trámite al recurso de casacón, materia de la omisión en estudio, tal y como se acredita con las documentales que en copia certificada exhibió la responsable. Por lo anterior, es evidente que en esta instancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que al quedar demostrado el procedimiento efectuado dentro de la causa penal 325/2015, conforme al recurso de casación promovido por el aquí quejoso, con dicho trámite se destruyeron los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si tales omisiones no hubieran invadido la esfera jurídica de la particular. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." DECISIÓN En consecuencia, como no existe prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede en este asunto es el sobreseimiento. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ** contra el acto reclamado a los Jueces del Tribunal de Juicio Oral en Material Penal, en la Región de la Mixteca, Oaxaca, por los motivos que se precisan en el apartado VII de esta sentencia. Notifíquese.
- Incidental
RESOLUCIÓN Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 481/2020, promovido por********************, contra del acto reclamado a las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, las autoridades señaladas como responsables han sido omisas en darle trámite al recurso de casación que promovió en contra de la sentencia pronunciada el veintiocho de febrero de dos mil veinte. Por ello, estima que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida en este órgano jurisdiccional el veintiséis de agosto de dos mil veinte. La parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: (AUTORIDADES RESPONSABLES) Jueces del Tribunal de Juicio Oral en Material Penal, en la Región de la Mixteca, Oaxaca. (ACTO RECLAMADO) La falta de trámite al recurso de casación que promovió en contra de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 481/2020 y fue admitida el veintisiete de agosto de dos mil veinte. En el mismo acuerdo se ordenó tramitar -por duplicado y por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se concedió la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 146 de la Ley de Amparo establece que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener, entre otras cosas, la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso concreto, la pretensión del quejoso es reclamar expresamente la falta de trámite al recurso de casación que promovió en contra de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado, queda demostrada con el informe previo que rindió la Jueza Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento del circuito Judicial de la Región Mixteca, al manifestar lo siguiente: "Se acepta el acto reclamado, toda vez que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en los registros con que cuenta este Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Región Mixteca, informo que dentro de la Causa Penal ********************, con fecha veintiocho de febrero del año en curso, se dictó sentencia en contra del sentenciado ********************, como responsable del delito de equiparado a la violación agravada, cometido en agravio, de una menor edad, de igual forma con fecha doce de marzo del año dos mil veinte, se le tuvo por recibido escrito del sentenciado ********************, en donde interpone el recurso de casación, en contra de la sentencia de fecha veintiocho de enero del año en curso, y mediante acuerdo de fecha diecisiete de marzo se ordenó emplazar con el citado recurso al Agente del Ministerio Público, así como a la víctima indirecta y a la defensa del imputado, para que en el plazo de tres días den contestación al mismo y si a sus intereses consideraran conveniente hagan valer la adhesión, en términos de los numerales 420 y 435 del Código Procesal Penal y siendo que hasta este momento no ha transcurrido el citado plazo, esto en atención a que la circular PJEO/CJ/SE/13/2020, de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, suscrita y firmada por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Licenciado ********************, en cumplimiento a la sesión extraordinaria conjunta de esta propia fecha, llevada a cabo por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, siguiendo las recomendaciones adoptadas por el Gobierno Federal y Estatal frente a la pandemia del CORONAVIRUS COVID-19, establecidas para limitar los riesgos de contagio en los servidores públicos de la Institución, emitieron el acuerdo 02/2020." Ante la certeza del acto reclamado, se procede efectuar el análisis respecto de la procedencia o no de la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. VI. SE NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR DEFINITIVA. Ahora bien, el quejoso solicitó en su escrito de demanda, la suspensión de los actos recamados para el efecto de que se dé trámite al referido recurso de casación. En ese sentido, este juzgador reitera la decisión tomada en el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veinte, donde se negó la suspensión provisional, pues aún existen las mismas razones para negar la medida cautelar, pero ahora de forma definitiva, ya que los actos reclamados por el impetrante tienen el carácter de omisivos. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, se niega la suspensión definitiva solicitada, respecto al acto reclamado especificado en el apartado denominado Acto reclamado, porque tienen el carácter de omisivos, mismos que por su naturaleza no requieren de ejecución material alguna y por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a********************, por las razones expresadas en el apartado VI de esta resolución. Notifíquese.
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