Manuel Patisthan Gómez y Otros.

Expediente 290/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
290/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
08/03/2017

Partes del expediente

  • Manuel Patisthan Gómez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez de Paz y Conciliación Indígena de San Juan Chamula, Chiapas. 2. Presidente de Bienes Comunales de San Juan Chamula, Chiapas. 3. Presidente del Consejo Municipal de San Juan Chamula, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 290/2017-2-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En la especie se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 3° y 5°, fracción I, de dicho ordenamiento, aplicado a contrario sensu, cuyo contenido establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito de forma impresa o electrónicamente." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". Cabe señalar que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de conformidad con el artículo 107, fracción I, Constitucional, en relación con el numeral 5 de la Ley de la Materia, esto es, debe ser aquél a quien afecte en su esfera de derechos el acto de autoridad, quien presente la demanda de amparo en calidad de promovente, dado que es la única forma de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional. Ahora bien, de la revisión de la demanda de amparo, se advierte que no obran plasmadas las firmas de los quejosos Manuel Patisthan Gómez y Manuela Patisthan Gómez, por ende, ante la falta de ese signo gráfico de manera autógrafa, no se puede determinar la autoría del documento, de acuerdo con el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Esto es, si no aparecen en la demanda las firmas originales de dichos promoventes, es evidente que en ninguna forma manifiestan su voluntad para accionar a la autoridad judicial a fin de que se analice su solicitud de amparo, presupuesto que resulta indispensable para la procedencia del juicio de amparo, puesto que en la demanda es precisamente en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que su solicitud sea eficaz. En consecuencia, con fundamento en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio únicamente por cuanto hace a***, ante su manifiesta y notoria improcedencia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, Volumen 181-186, Quinta Parte, Séptima Época, Materia Común, de Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." De igual manera, es aplicable por analogía y en lo conducente, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 38, Volumen 81, Sexta parte, Séptima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "FIRMA EN LOS ESCRITOS Y PROMOCIONES. DEBE SER AUTÓGRAFA. Si en el escrito en que se promueve en recurso se presenta en la última hoja copia fotostática, en la que al calce se encuentra la firma del escrito del que provino, debe considerarse como un simple papel en el que no se incorporó expresión de voluntad, por no aparecer la firma autógrafa del promovente, pues la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos por escrito se requiere." También es aplicable la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 315, Tomo X, Octubre de 1992, Octava Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." De igual manera, cobra aplicación la tesis VI.1o.151 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 303, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Sustenta lo anterior por analogía, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 119, Volumen 187-192, Sexta Parte, Séptima Época, Materia común, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "PROMOCIONES SIN FIRMA. Las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse el mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar el mismo conducentemente." Por otra parte, por cuanto hace a la demanda de amparo promovida por el diverso quejoso David Patisthan Patisthan, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso particular se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.; (.)" De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, es menester señalar que en el presente asunto la parte quejosa señaló como acto de molestia el despojo de su terreno ubicado en Paraje Rural Bautista Grande, del municipio de San Juan Chamula, por parte de las responsables, y en el capítulo de antecedentes señaló lo siguiente: "ANTECEDENTES: A).- El suscrito DAVID PATISTHAN PAISTHAN, argumento que también mi tia la señora GUADALUPE PATISTHAN GOMEZ ella falleció en el año 2006, y era hermana de mis tíos los señores MANUEL PATISTHAN GOMEZ Y MANUELA PATISTHAN, tuvimos la posesión pacífica y continua del terreno que se encuentra ubicado en el ejido BAUTISTA GRANDE, del Municipio de San Juan Channula, Chiapas, México. Por más de 50 años de generación en generación mi bisabuelo lo heredo por usos y costumbres a través de las autoridades comunales a mi abuela ***. Quien vivió en el terreno hasta el día de su muerte y para aseverar mi dicho presento a la presente el acta de defunción y su credencial de elector de mi abuela donde se puede corroborar mediante datos registrales que mi abuela ***vivía en el ejido BAUTISTA GRANDE. Y después tanto mis tíos como yo tuvimos la posesión pacífica y continua del terreno ubicado en Bautista Grande. Del cual anexamos nuestras actas de nacimiento como copia de la credencial de elector donde demostramos que somos parientes directos de la señora ***y originarios del paraje Bautista Grande. El terreno ubicado en el paraje BAUTISTA GRANDE que es regido por BIENES COMUNALES DE SAN JUAN CHAMULA, CHIAPAS, Y tiene las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: Mide 33 mts 54 cm. Colinda con propiedad de MIGUEL HERNANDEZ SHILON. AL SUR: 22 mts 93 cm. Colinda con propiedad de *** AL ESTE : 70 mts 65 cm. Colindad con servidumbre de paso AL OESTE: 72 mts 57 cm. Colindad con propiedad de LUCAS HERNADEZ CHIAPANECO Presentamos a la presente un plano del terreno c)Pero es el caso que el día 22 de diciembre de 2016, siendo las cinco de la mañana llegaron policías Municipales de San Juan Chamula Chiapas, a nuestras casas y se metieron y nos llevaron a la cárcel clandestina que tienen en la cabecera Municipal de San Juan Chamula, Chiapas. Nos golpearon e insultaron y no sabíamos porque de esta agresión, fue que hasta las once de la mañana nos trasladaron a las oficinas del juez de paz y conciliación donde también se encontraba el Presidente de Bienes comunales y nos dijeron tanto a mi como a mis tíos que si nos aparecíamos en el terreno de Bautista Grande tendríamos grandes consecuencias toda vez que la señora ***era y es la nueva dueña pues ésta persona había comprado el terreno en cuestión con la señora ***y estando presente la señora *** de apellidos ya referidos dijo que ella no lo había vendido y nunca dijo que era la dueña y que nosotros éramos dueños por lo que nuestra abuela ***era dueña y vivía en ese terreno, nosotros argumentamos al Presidente de Bienes Comunales que obrara conforme al reglamento de nuestro paraje y que actuara conforme a derecho, tanto el Presidente de Bienes comunales como el Juez de Paz y Conciliación estuvieron más a favor de la señora *** disque era la dueña y no tenía ningún documento. Nos sacaron a empujones de la oficina y amenazados que si poníamos un pie en el terreno nos meterían a la cárcel para siempre."SIC (lo subrayado es propio) De lo anterior, se evidencia que en el caso, el promovente tuvo conocimiento del acto que reputa violatorio de derechos fundamentales desde la fecha en que confiesa fue despojado del aludido terreno, pues, como ya se dijo, en el capítulo de hechos respectivo, en el inciso c) refiere bajo protesta de decir verdad que el día veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, fue despojado del terreno que aduce es de su propiedad, y posteriormente llevado ante el Juez de Paz y Conciliación Indígena, en el que en esencia tuvo conocimiento de que no se le permitiría ingresar a dicha propiedad; de ahí que se sostenga que la demanda de amparo de que se trata se presentó de forma extemporánea. En efecto, la manifestación del quejoso en el capítulo de hechos del acto reclamado de la demanda de amparo, constituye una confesión que prueba plenamente en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe". Por tanto, lo anterior, es suficiente para acreditar que el quejoso tuvo conocimiento de la privación que reclama, desde el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, en el que refiere fue despojado del aludido terreno, y le fue prohibido ingresar al mismo. Por consiguiente, si presentó la demanda de amparo hasta el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo. Es así, pues desde el día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo (veintisiete de febrero de dos mil diecisiete), transcurrió en exceso el aludido término de quince días. Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama; sin embargo, al no hacerlo la misma resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece en la página 652, Primera Parte, precedentes, del Apéndice en consulta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. DOMICILIO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase notificaciones, las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional. asimismo, con fundamento en el artículo 12, último párrafo, y 24 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos restringidos a ***, toda vez que no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente, proporcionando el número de registro único, o bien el número de cédula profesional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente

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