Manuel Patiño López
Expediente 851/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 851/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 21/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Manuel Patiño López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio signado por la Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, mediante el cual acusa recibo del oficio 20193/2017 del índice de este Juzgado, por el que se le notificó el proveído de uno de diciembre del presente año, por el que se declaró que causo ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de ocho de noviembre de la presente anualidad, en el que este tribunal sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSÓ EJECUTORIA. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, así como el original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, serán susceptibles de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones II y III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio y se negó la suspensión provisional y definitiva; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención del tomo de prueba formado con copia certificada del juicio ejecutivo mercantil M-05/2017 que remitió la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con sede en Comonfort, Guanajuato, al rendir su informe justificado, devuélvasele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con sede en Comonfort, Guanajuato; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le formuló en proveído de once de octubre pasado, lo que hace informando que quedó firme por ministerio de ley el auto de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil ********* de su estadística, por el que tuvo a la parte actora desistiéndose de la instancia, y por tanto, ordenó levantar el embargo practicado el dieciocho de agosto del año en curso, en el que aduce el ahora quejoso se secuestraron bienes de su propiedad. Ahora bien, visto el estado de autos, específicamente los informes justificados rendidos por los Jueces Menor Mixto y el de Partido Especializado en Materia Familiar, ambos con residencia en Comonfort, Guanajuato, se observa que ante el primero se radicó el juicio ejecutivo mercantil********* y ante el segundo el diverso **********, ambos promovidos en contra de *********** en su carácter de deudor principal, así como de *********, como avales; expedientes en los cuales mediante diligencias de dieciocho de agosto de la presente anualidad, se embargaron bienes muebles, que aduce el quejoso son de su propiedad, en el domicilio ubicado en calle ********** de esta ciudad. Diligencia que fue practicada por personal de los Juzgados Tercero Menor Civil y Segundo Civil de Partido, de esta ciudad, dentro de los exhortos **********, respectivamente. Atendiendo a lo expuesto, procede efectuar la separación de juicios. Para una mejor comprensión de lo que a continuación se proveerá, es necesario establecer que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES El Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar. El Juez Menor Mixto. Ambos con sede en Comonfort, Guanajuato El Juez Tercero Menor Civil. El Juez Segundo Civil de Partido. Director de la Oficina Central de Acuarios y Oficialía de Partes Común. Todos con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "De la ORDENADORA se reclama Las resoluciones judiciales que aprueban la razón de citatorio, la diligencia de oposición la de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, y de manera general todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias derivadas que lleguen a dictar las responsable y que afecten los bienes muebles que son de mi propiedad. La inminente desposesión de los bienes muebles embargados que lleguen a dictarse como consecuencia del cambio de depositario. De las EJECUTORA se reclama La ejecutora de los actos que se reclaman a la ordenadora; La omisión y/o ilegalidad del cercioramiento del domicilio de la persona buscada (Eddie Patiño López.) La ilegal intromisión en mi domicilio ubicado en calle Paseo de San Nicolás de la Parra número 130, colonia Ejidal de esta ciudad, llevada a cabo el 18 de agosto de 2017. El señalamiento y embargo de bienes de mi propiedad, derivado del cumplimiento de las órdenes de embargo dictadas en el juicios ejecutivos mercantil *********, radicado en el Juzgado Civil de Partido Único especializado en materia familiar de la mismo ciudad; así como en el juicio ejecutivo mercantil *********, del índice del Juzgado Único Menor Mixto de la citada ciudad. La falsedad en las anotaciones realizadas en las diligencias de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de fechas 18 de agosto de 2017." Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 17 de la Carta Magna establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Dicho numeral reconoce como derecho fundamental de las personas la impartición de justicia de manera pronta, completa e imparcial, atendiendo a los plazos y términos que fijen las leyes. En ese sentido, si bien es cierto la separación de juicios no está regulada en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, atendiendo al precepto constitucional citado, así como a la interpretación armónica de la legislación de amparo mencionada, el suscrito juzgador considera que es procedente dicha separación, cuando se advierta que en un mismo juicio de amparo se reclamen actos provenientes de diversos juicios, siempre y cuando éstos tengan existencia autónoma y no dependan entre sí, para evitar el dictado de una sentencia incongruente consigo misma, con la consecuente problemática que implicaría su cumplimiento, así como la tramitación y resolución de una eventual revisión, máxime que puede darse el caso de tramitación en un mismo expediente de actos de diversas materias (lo cual implicaría que la revisión la conocieran Tribunales Colegiados de distinta especialización). Atento a los razonamientos antes expuestos, así como a los criterios citados, este juzgador federal advierte que los actos reclamados están desvinculados entre sí, toda vez que las autoridades responsables Jueces Menor Mixto y el de Partido Especializado en Materia Familiar, ambos con residencia en Comonfort, Guanajuato, al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la certeza de los actos que se les reclamaron, y derivado de ello remitieron, copia certificada de los juicios ejecutivos mercantiles *********, respectivamente, que sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió ********, ambos juicios, en contra de ********* en su carácter de deudor principal, así como de *********, como avales; expedientes en los cuales mediante diligencias de dieciocho de agosto de la presente anualidad, ejecutadas vía exhorto, se embargaron bienes muebles que aduce el quejoso son de su propiedad, en el domicilio ubicado en ********, de esta ciudad. Por tanto, de los datos antes expuestos se advierte que los referidos procedimientos están completamente desvinculados entre sí, ya que provienen de diversos hechos, por lo que los actos reclamados no se aprecian como consecuencia uno de otro o que emerjan de un mismo procedimiento o actuación, lo que los hace ser autónomos e independientes. En tales circunstancias, al resultar necesaria la tramitación y estudio en forma separada de los actos reclamados, se decreta la separación de la afectación que reclama la parte quejosa respecto de los referidos juicios ejecutivos mercantiles *********, para que se tramiten por cuerda separada. En esas condiciones, se ordena: Obtener copia certificada de la demanda presentada por la parte quejosa y de los informes justificados rendidos por el Juez Menor Mixto de Comonfort, Guanajuato, así como por el Juez Tercero Menor Civil y el Director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, ambos de esta ciudad, así como anexar las constancias que remitieron como complemento de su informe, previa certificación de desglose que en su lugar se deje, y remitir el tomo de pruebas que se formó con la copia certificada del juicio M-0163/2017 que envió el juez mencionada en primer término, para la formación del nuevo juicio de amparo. Una vez hecho lo anterior, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito, con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, para los efectos de registro correspondiente de la demanda de que se trata, se sirva turnarla a este órgano jurisdiccional para su tramite correspondiente y haga las anotaciones respectivas a fin de nivelar las cargas de trabajo, únicamente en lo relativo al acto reclamado que la parte quejosa señaló como: el embargo de bienes muebles practicado dentro del juicio ejecutivo mercantil M-0163/2017 del índice del Juzgado Menor Mixto de Comonfort, Guanajuato. En tales condiciones, en el presente expediente se conocerá del juicio de amparo promovido por el aquí quejoso en contra del acto reclamado a la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con sede en Comonfort, Guanajuato, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil *********, que promovió *********, endosataria en procuración de*********, en contra de Jorge Alberto Campos Castorena en su carácter de deudor principal, así como de *********, como avales. En ese sentido, respecto del citado juicio que nos ocupa y a efecto de evitar mayores dilaciones en el trámite del presente, de las constancias que remitió la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con sede en Comonfort, Guanajuato, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir cuando la actuación ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Tal causa de improcedencia se actualiza, por la imposibilidad que surge de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o cuando el acto reclamado sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Con base a lo anterior, se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: El impetrante ********, se ostenta como tercero extraño en sentido estricto al juicio ejecutivo mercantil M********* de la estadística del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en Comonfort, Guanajuato, y señaló como acto reclamado: El embargo practicado el dieciocho de agosto de la presente anualidad, en el inmueble ubicado en calle Paseo de San Nicolás de la Parra, número ciento treinta, colonia Ejidal, de esta ciudad, que recayó sobre bienes muebles que aduce son de su propiedad. De acuerdo con las constancias que remitió la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en Comonfort, Guanajuato, se desprende que: Emitió el auto de veintinueve de septiembre del presente año, en el cual tuvo a la parte actora desistiéndose de la instancia, ordenó levantar el embargo practicado el dieciocho de agosto del año en curso, llevado a cabo en el inmueble descrito en párrafos precedentes, en el que aduce el ahora quejoso se embargaron bienes de su propiedad, y ordenó archivar el asunto como asunto concluido; proveído que, de conformidad con lo informado por la juez mencionada mediante oficio 2181/2017, que se tuvo por recibido en esta data, quedó firme por ministerio de ley. Por tanto, es evidente que la omisión que se tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado; puesto que la responsable dentro del expediente ********, dictó un auto por medio del cual ordenó levantar el embargo practicado el dieciocho de agosto del año en curso, llevado a cabo en el inmueble ubicado en calle ********** de esta ciudad, sobre bienes muebles que aduce el quejoso son de su propiedad, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio signado por la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con sede en Comonfort, Guanajuato; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le formuló en proveído de once de octubre pasado, lo que hace informando que quedó firme por ministerio de ley el auto de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil ********* de su estadística, por el que tuvo a la parte actora desistiéndose de la instancia, y por tanto, ordenó levantar el embargo practicado el dieciocho de agosto del año en curso, en el que aduce el ahora quejoso se secuestraron bienes de su propiedad. Ahora bien, visto el estado de autos, específicamente los informes justificados rendidos por los Jueces Menor Mixto y el de Partido Especializado en Materia Familiar, ambos con residencia en Comonfort, Guanajuato, se observa que ante el primero se radicó el juicio ejecutivo mercantil********* y ante el segundo el diverso **********, ambos promovidos en contra de *********** en su carácter de deudor principal, así como de *********, como avales; expedientes en los cuales mediante diligencias de dieciocho de agosto de la presente anualidad, se embargaron bienes muebles, que aduce el quejoso son de su propiedad, en el domicilio ubicado en calle ********** de esta ciudad. Diligencia que fue practicada por personal de los Juzgados Tercero Menor Civil y Segundo Civil de Partido, de esta ciudad, dentro de los exhortos **********, respectivamente. Atendiendo a lo expuesto, procede efectuar la separación de juicios. Para una mejor comprensión de lo que a continuación se proveerá, es necesario establecer que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES El Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar. El Juez Menor Mixto. Ambos con sede en Comonfort, Guanajuato El Juez Tercero Menor Civil. El Juez Segundo Civil de Partido. Director de la Oficina Central de Acuarios y Oficialía de Partes Común. Todos con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "De la ORDENADORA se reclama Las resoluciones judiciales que aprueban la razón de citatorio, la diligencia de oposición la de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, y de manera general todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias derivadas que lleguen a dictar las responsable y que afecten los bienes muebles que son de mi propiedad. La inminente desposesión de los bienes muebles embargados que lleguen a dictarse como consecuencia del cambio de depositario. De las EJECUTORA se reclama La ejecutora de los actos que se reclaman a la ordenadora; La omisión y/o ilegalidad del cercioramiento del domicilio de la persona buscada (Eddie Patiño López.) La ilegal intromisión en mi domicilio ubicado en calle Paseo de San Nicolás de la Parra número 130, colonia Ejidal de esta ciudad, llevada a cabo el 18 de agosto de 2017. El señalamiento y embargo de bienes de mi propiedad, derivado del cumplimiento de las órdenes de embargo dictadas en el juicios ejecutivos mercantil *********, radicado en el Juzgado Civil de Partido Único especializado en materia familiar de la mismo ciudad; así como en el juicio ejecutivo mercantil *********, del índice del Juzgado Único Menor Mixto de la citada ciudad. La falsedad en las anotaciones realizadas en las diligencias de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de fechas 18 de agosto de 2017." Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 17 de la Carta Magna establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Dicho numeral reconoce como derecho fundamental de las personas la impartición de justicia de manera pronta, completa e imparcial, atendiendo a los plazos y términos que fijen las leyes. En ese sentido, si bien es cierto la separación de juicios no está regulada en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, atendiendo al precepto constitucional citado, así como a la interpretación armónica de la legislación de amparo mencionada, el suscrito juzgador considera que es procedente dicha separación, cuando se advierta que en un mismo juicio de amparo se reclamen actos provenientes de diversos juicios, siempre y cuando éstos tengan existencia autónoma y no dependan entre sí, para evitar el dictado de una sentencia incongruente consigo misma, con la consecuente problemática que implicaría su cumplimiento, así como la tramitación y resolución de una eventual revisión, máxime que puede darse el caso de tramitación en un mismo expediente de actos de diversas materias (lo cual implicaría que la revisión la conocieran Tribunales Colegiados de distinta especialización). Atento a los razonamientos antes expuestos, así como a los criterios citados, este juzgador federal advierte que los actos reclamados están desvinculados entre sí, toda vez que las autoridades responsables Jueces Menor Mixto y el de Partido Especializado en Materia Familiar, ambos con residencia en Comonfort, Guanajuato, al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la certeza de los actos que se les reclamaron, y derivado de ello remitieron, copia certificada de los juicios ejecutivos mercantiles *********, respectivamente, que sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió ********, ambos juicios, en contra de ********* en su carácter de deudor principal, así como de *********, como avales; expedientes en los cuales mediante diligencias de dieciocho de agosto de la presente anualidad, ejecutadas vía exhorto, se embargaron bienes muebles que aduce el quejoso son de su propiedad, en el domicilio ubicado en ********, de esta ciudad. Por tanto, de los datos antes expuestos se advierte que los referidos procedimientos están completamente desvinculados entre sí, ya que provienen de diversos hechos, por lo que los actos reclamados no se aprecian como consecuencia uno de otro o que emerjan de un mismo procedimiento o actuación, lo que los hace ser autónomos e independientes. En tales circunstancias, al resultar necesaria la tramitación y estudio en forma separada de los actos reclamados, se decreta la separación de la afectación que reclama la parte quejosa respecto de los referidos juicios ejecutivos mercantiles *********, para que se tramiten por cuerda separada. En esas condiciones, se ordena: Obtener copia certificada de la demanda presentada por la parte quejosa y de los informes justificados rendidos por el Juez Menor Mixto de Comonfort, Guanajuato, así como por el Juez Tercero Menor Civil y el Director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, ambos de esta ciudad, así como anexar las constancias que remitieron como complemento de su informe, previa certificación de desglose que en su lugar se deje, y remitir el tomo de pruebas que se formó con la copia certificada del juicio M-0163/2017 que envió el juez mencionada en primer término, para la formación del nuevo juicio de amparo. Una vez hecho lo anterior, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito, con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, para los efectos de registro correspondiente de la demanda de que se trata, se sirva turnarla a este órgano jurisdiccional para su tramite correspondiente y haga las anotaciones respectivas a fin de nivelar las cargas de trabajo, únicamente en lo relativo al acto reclamado que la parte quejosa señaló como: el embargo de bienes muebles practicado dentro del juicio ejecutivo mercantil M-0163/2017 del índice del Juzgado Menor Mixto de Comonfort, Guanajuato. En tales condiciones, en el presente expediente se conocerá del juicio de amparo promovido por el aquí quejoso en contra del acto reclamado a la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con sede en Comonfort, Guanajuato, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil *********, que promovió *********, endosataria en procuración de*********, en contra de Jorge Alberto Campos Castorena en su carácter de deudor principal, así como de *********, como avales. En ese sentido, respecto del citado juicio que nos ocupa y a efecto de evitar mayores dilaciones en el trámite del presente, de las constancias que remitió la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con sede en Comonfort, Guanajuato, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir cuando la actuación ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Tal causa de improcedencia se actualiza, por la imposibilidad que surge de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o cuando el acto reclamado sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Con base a lo anterior, se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: El impetrante ********, se ostenta como tercero extraño en sentido estricto al juicio ejecutivo mercantil M********* de la estadística del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en Comonfort, Guanajuato, y señaló como acto reclamado: El embargo practicado el dieciocho de agosto de la presente anualidad, en el inmueble ubicado en calle Paseo de San Nicolás de la Parra, número ciento treinta, colonia Ejidal, de esta ciudad, que recayó sobre bienes muebles que aduce son de su propiedad. De acuerdo con las constancias que remitió la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en Comonfort, Guanajuato, se desprende que: Emitió el auto de veintinueve de septiembre del presente año, en el cual tuvo a la parte actora desistiéndose de la instancia, ordenó levantar el embargo practicado el dieciocho de agosto del año en curso, llevado a cabo en el inmueble descrito en párrafos precedentes, en el que aduce el ahora quejoso se embargaron bienes de su propiedad, y ordenó archivar el asunto como asunto concluido; proveído que, de conformidad con lo informado por la juez mencionada mediante oficio 2181/2017, que se tuvo por recibido en esta data, quedó firme por ministerio de ley. Por tanto, es evidente que la omisión que se tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado; puesto que la responsable dentro del expediente ********, dictó un auto por medio del cual ordenó levantar el embargo practicado el dieciocho de agosto del año en curso, llevado a cabo en el inmueble ubicado en calle ********** de esta ciudad, sobre bienes muebles que aduce el quejoso son de su propiedad, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
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