Manuel Olivares Becerra
Expediente 585/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Manuel Olivares Becerra
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. SE DA CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que obran en un tomo de pruebas por separado, las documentales que remitió la autoridad señalada como responsable Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Atento a ello, y toda vez que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, hágase devolución de dichas constancias a la autoridad en cita; para los efectos legales procedentes. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que les fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el dieciocho de febrero de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a SILVIA CONTRERAS ALIPIO, para el efecto de que el Juez Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ? "Deje insubsistente la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada con motivo del incidente de ampliación de planilla de liquidación promovido por la parte actora mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve en el juicio ejecutivo mercantil 757/2015 de su índice; ? En su lugar, dicte una nueva resolución en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo; y, ? Siguiendo los lineamientos establecidos en esta resolución, con plenitud de jurisdicción, dicte otra que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero purgando los vicios formales que aquella presenta, según proceda, esto es, analice en forma congruente y exhaustiva los argumentos vertidos por la parte demandada e incidentada en el escrito de contestación presentado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, así como los documentos que adjuntó al mismo a efecto de demostrar sus aseveraciones, para lo cual deberá tomar en consideración la totalidad de las constancias relevantes sobre ese tópico que obran en el juicio de origen y especialmente aquéllas que guarden relación directa con los descuentos realizados, en estricto apego a los principios fundamentación y motivación; hecho lo anterior, resuelva lo que conforme a derecho estime conducente en torno a la incidencia planteada". ???????? Trámites para cumplir con el fallo protector Así, en proveído de doce de marzo de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que la autoridad responsable no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Previo requerimiento, por oficio presentado el veintiocho de septiembre de dos mil diecinueve, el juez responsable allegó copia certificada de la interlocutoria dictada el tres de agosto de dos mil veinte, dentro de la planilla de liquidación relativa al juicio ejecutivo mercantil número 757/2015; y de la cual, se advierte que para cumplir con la sentencia de amparo, se realizó lo siguiente: 1. Se dejó insubsistente la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de ampliación de planilla de liquidación derivado del juicio mercantil en cita. 2. Luego, se advierte que reiteró las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo. 3. Posteriormente, con la plenitud de jurisdicción que le fue reservada, procedió analizar en forma congruente y exhaustiva los argumentos vertidos por la parte demandada e incidentada en el escrito de contestación presentado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, así como los documentos que adjuntó al mismo a efecto de demostrar sus aseveraciones. De esa forma, respecto a la manifestación de que la surte principal en el juicio de origen, ya había sido cubierta, le señaló que dicha consignación no fue tomada como pago a la suerte principal, puesto que se dio vista a la parte actora para que manifestara si aceptada la citada consignación en concepto de suerte principal, pero que la misma al desahogar la vista, manifestó que la aceptaba como aplicación a los intereses moratorios, a lo que, se había dicho que no había lugar, pero que ello no implicaba que se hubiera aceptado como pago a la suerte principal, por ser clara la oposición a ello y que al no existir un consenso de voluntades entre las partes sobre la aplicación de la cantidad consignada, debía aplicarse en primer término al pago de los intereses devengados y no cubiertos, y si sobrare a capital, de conformidad con el artículo 364 del Código de Comercio. En lo referente a la manifestación de la incidentada y aquí quejosa, en el sentido de que se debía considerar que se le están efectuando descuentos, que en el mes de julio de dos mil dieciocho, se le descontaron $12,087.53 doce mil ochenta y siete pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional, le indicó el juez responsable que esa cantidad ya se había determinado en el juicio, que fue indebidamente descontada por la patronal, puesto que no había sido el juzgado el que ordenara su descuento, pues en esa fecha debió descontársele una cantidad menor, la cual fue la que se le tomó en cuenta por el juzgado de origen, requiriendo a la parte actora para que le devolviera la diferencia, importe que el veinte de febrero de dos mil veinte, le fue consignado por la accionante y recibida de conformidad por la demandada el dos de marzo de este año. En otra de las manifestaciones, le señaló que se le estaban efectuando descuentos por la cantidad de $5,757.84 cinco mil setecientos cincuenta y siete pesos con ochenta y cuatro centavos, acreditando los mismos con catorce recibos de nómina; y en ese sentido, el juez responsable le contestó que si bien dichos documentos adquieren valor probatorio, con ellos no probaba que se haya cubierto la suma que por concepto de intereses moratorios se aprobó en ese plantilla, así como tampoco lo condenado en sentencia definitiva por concepto de suerte principal e intereses moratorios, ni las sumas que se han generado con motivo de intereses moratorios, ya que en el expediente de origen no obraba constancia de que se hubiere ordenado descuentos a la demandada, aquí incidentada, por el monto señalado; por lo que resultaba claro, que los descuentos del referido importe que se apreciaban en los documentos exhibidos, no tenían relación con el juicio de origen; aunado a que, existía manifestación en el juicio natural, tanto de la accionante como de la demandada, de que en el Juzgado Segundo Menor Civil de este Distrito Judicial, se tramitaba diverso juicio ejecutivo mercantil en el que promueven las mismas partes que en el juicio de origen, además de que con fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, la incidentada presentó un escrito al que adjuntó once copias de recibos de nómina, de los que se advirtió que desde el mes de marzo de dos mil dieciocho, se le han realizados descuentos, rubro en el que aparece el nombre de Magdalena Leticia Rangel Ortiz, fecha anterior en la que aún no se realizaban los descuentos ordenados en el juicio mercantil de origen y que el monto mensual que se le descuenta es la suma de las cantidades que se le descontaban de manera quincenal antes de su jubilación, lo que explica porque a partir de que se jubiló, los pagos se hacen de manera mensual, lo cual también se corroboró con la información proporcionada por el Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Regional Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues a petición de la propia demandada se solicitó información desde cuando iniciaron los descuentos y el monto acumulado de los mismos. 4. Establecido lo anterior, concluyó que era improcedente considerar que se aplicaran en esa planilla el acumulado de los descuentos que se le practican de manera mensual; y que la objeción que hace a su contraria respecto a los documentos valorados, no prueba lo pretendido por el oferente, por lo que no era posible tomar en cuenta los descuentos que refiere se le han venido realizando y por ello, declaró parcialmente procedente la planilla de liquidación por la parte actora. Con la anterior sentencia interlocutoria, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo hasta aquí expuesto, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada con motivo del incidente de ampliación de planilla de liquidación promovido por la parte actora dentro del juicio ejecutivo mercantil 757/2015 del juzgado Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia; y en su lugar, con fecha tres de agosto de dos mil veinte, dictó una nueva en la que reiteró las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo y siguiendo los lineamientos que le fueron marcados, y analizó en forma congruente y exhaustiva los argumentos vertidos por la parte demandada e incidentada en el escrito de contestación presentado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, así como los documentos que adjuntó al mismo a efecto, según se advierte de lo reseñado en este propio acuerdo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veinte. SE TIENE POR NO PRESENTADA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que ha fenecido el término de cinco días concedido al quejoso Manuel Olivares Becerra, para dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintinueve de septiembre del año en curso, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído y, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.Mgm
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veinte. SE RECIBE OFICIO Y DEMANDA POR INCOMPETENCIA. Se tiene por recibido el oficio de cuenta número 2397/2020 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en esta ciudad, a través del cual inserta el proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, dictado en el amparo directo civil 390/2020, escrito original y copias de traslado de la demanda de garantías promovida por quien se ostenta como apoderado de Manuel Olivares Becerra, contra la resolución de trece de julio pasado, dictada en el toca I-129/2020; el oficio que contiene el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, así como un tomo de pruebas relativo al expediente de origen del acto reclamado. Ahora, como del oficio de cuenta se desprende que la autoridad oficiante, declaró carecer de competencia legal, para conocer de la demanda de garantías planteada por quien se ostenta como apoderado de Manuel Olivares Becerra, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se provee: ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. Con apoyo en los artículos 38 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por quien se ostenta como el apoderado de Manuel Olivares Becerra, contra el acto reclamado al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECONOCE CARÁCTER. Con apoyo en el artículo 11 de la Ley de Amparo y en términos de las constancias relativas al toca I-129/2020, que remitió la autoridad responsable como sustento de su informe justificado, se reconoce a Ricardo Gómez el carácter de apoderado de Manuel Olivares Becerra, con el que comparece a gestionar a este medio de control constitucional. PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el artículo 114, fracción III, en relación con el diverso 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificado de este auto, precise lo siguiente: 1.- En la presente demanda de amparo el quejoso es omiso en realizar bajo protesta de decir verdad, la narración respectiva de los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, requisito formal que es indispensable de conformidad con el artículo 108, fracción V, de la Ley de la Materia; por lo que en ese aspecto, se le requiere para que bajo protesta de decir verdad, manifieste a este órgano jurisdiccional los hechos en los que motive el acto que ahora reclama a la autoridad señalada como responsable. 2.- Para que del escrito aclaratorio acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se requieren una para las autoridades responsables, y una más para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido y datos de localización siguientes: Época: Décima Época Registro: 2010471 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 64/2015 (10a.) Página: 713 "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable. Contradicción de tesis 5/2015. Suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región. 2 de septiembre de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Ricardo Antonio Silva Díaz. Tesis y/o criterios contendientes: El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver la improcedencia 70/2011, con la tesis aislada II.2o.C.116 K, de rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES INNECESARIO EXIGIRLA SI EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A LA VISTA LOS AUTOS DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 1563, registro digital: 161785. El Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 988/2014 (cuaderno auxiliar 306/2014), sostuvo que en términos de los artículos 112, primer párrafo y 114, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, el juez de distrito que recibe la demanda de amparo remitida por virtud del auto de incompetencia legal dictado por el tribunal colegiado de circuito a quien se le interpuso incorrectamente en vía de amparo directo, debe ordenar regularizar el procedimiento, requiriendo al quejoso para que bajo protesta de decir verdad manifieste cuáles son los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Tesis de jurisprudencia 64/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." El criterio jurisprudencial que se cita, se invoca aún y cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Se apercibe al promovente del amparo, que para el caso de no cumplir con lo requerido en los puntos 1 y 2, dentro del término que se le concede, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. SE RESERVA DE PROVEER Por otra parte, respecto del informe justificado y el tomo de pruebas que se remitieron por la autoridad señalada como responsable, resérvese de proveer, hasta en tanto la parte quejosa dé cumplimiento a las prevenciones formuladas con antelación. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. SEÑALA AUTORIZADOS Asimismo, se le tiene señalando como autorizados para oír y recibir notificaciones, a las personas que menciona en su escrito de cuenta, sin las amplias facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no habérselos conferido expresamente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.-
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