Manuel Oliva Romano
Expediente 328/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 328/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Manuel Oliva Romano
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico y por ende destruible.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por Manuel Oliva Romano por su propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, por violación a los artículos 14, 16 19, 20, 23 y 133 de la Constitución Política Mexicana; al respecto, el Juez acuerda: El artículo 112, de la Ley de Amparo dispone: que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y toda vez que el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que el quejoso señala como acto reclamado: "La Resolución de Segunda Instancia, mediante la cual se confirma el Auto de Formal prisión, en el que la se tiene como formalmente preso al hoy quejoso, por la supuesta comisión del delito de HOMICIDIO CULPOSO en agravio de J. Guadalupe Cid Carrera, el Dr. Manuel Oliva Romano, el cual se dictó con fecha 02 de junio del 2016, en el Toca A.P. número de expediente 154/2016, y notificado el 07 de junio del 2016.". Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción X y 113, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de la demanda de amparo de cuenta, se advierte que el quejoso Manuel Oliva Romano, acude a la presente instancia constitucional doliéndose de actos realizados por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, que hizo consistir en: "La Resolución de Segunda Instancia, mediante la cual se confirma el Auto de Formal Prisión, en el que la se tiene como formalmente preso al hoy quejoso, por la supuesta comisión del delito de HOMICIDIO CULPOSO en agravio de J. Guadalupe Cid Carrera, al Dr. Manuel Oliva Romano, el cual se dictó con fecha 02 de junio del 2016, en el Toca A.P. número de expediente 154/2016, y notificado el 07 de junio del 2016.". Actos que considera violatorios de las garantías constitucionales tuteladas por los artículos 14, 16, 19, 20, 23 y 133 de la Constitución Política Mexicana. Ahora bien, de la certificación asentada al inicio de la presente determinación, se advierte que el quejoso Manuel Oliva Romano, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, del que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, consistentes en: "la sentencia dictada dentro del Toca de apelación marcado con el número A.P. 154/2016 de fecha dos de junio del año dos mil dieciséis (2016), la cual fuera dictada mediante lista de fecha tres (3) de junio del año dos mil dieciséis (2016)"; juicio de amparo que fue admitido a trámite por auto de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, registrándose bajo el folio 315/2016-I, habiéndose solicitado informe justificado a la autoridad responsable, ordenándose el emplazamiento de la parte tercero interesada y, en el que fueron fijadas las diez horas con cincuenta minutos del diecinueve de julio de dos mil dieciséis, para el verificativo de la audiencia constitucional. Así es, de la lectura íntegra de la demanda que originó el mencionado juicio de amparo, se advierte que al también aquí quejoso Manuel Oliva Romano, el tres de abril de dos mil dieciséis, le fue dictado auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Homicidio culposo, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de J. Guadalupe Cid Cabrera; que inconforme con ello, interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas el dos de junio de dos mil dieciséis, dentro del toca de apelación penal 154/2016, y confirmó el auto de formal prisión impugnado. Lo que constituye el acto reclamado en dicho juicio de amparo, por considerarlo violatorio de los artículos 1, 8, 12, 14 y 16 Constitucionales. Cabe precisar que el referido expediente se toma como elemento de prueba, sin necesidad que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes; ya que el mismo constituye un hecho notorio que motiva a esta autoridad federal a introducirlo como elemento de prueba respecto de la demanda de amparo que ahora promueve el referido quejoso Manuel Oliva Romano, pues la improcedencia del juicio constitucional es cuestión de orden público, y el suscrito puede tomar en cuenta, de oficio, los elementos probatorios a su alcance. Al respecto, es aplicable en lo conducente el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en la jurisprudencia XXII. J/12, publicada en la página doscientos noventa y cinco, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 199531, del tenor: "HECHO NOTORIO, LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2 XXII.J/1265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO, sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento original que obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". En consecuencia, es evidente que al promover el quejoso Manuel Oliva Romano el juicio de amparo 315/2016-II, del índice de este juzgado, contra la misma autoridad responsable que ahora señala en su demanda de cuenta (Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas), por el mismo acto reclamado (resolución de dos de junio de dos mil dieciséis, emitida en el toca de apelación penal 154/2016, que confirmó el auto de formal prisión dictado contra el quejoso, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de homicidio culposo en agravio de quien en vida respondiera al nombre de J. Guadalupe Cid Carrera), mismo que se encuentra en trámite, de acuerdo a lo asentado en la certificación de cuenta, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Se afirma lo anterior, toda vez que el acto reclamado a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, es materia de otro juicio de garantías (315/2016-I), el cual se encuentra en trámite, puesto que por auto de auto de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, fue admitido a trámite, solicitándose informe justificado a la autoridad responsable, ordenándose el emplazamiento de la parte tercero interesada y, fueron fijadas las diez horas con cincuenta minutos del diecinueve de julio de dos mil dieciséis, para el verificativo de la audiencia constitucional en dicho juicio, por lo que se reúnen los extremos del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que se trata de dos juicios de garantías promovidos por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; uno de los cuales se encuentra en trámite, de acuerdo a los razonamientos expuestos con antelación. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), publicada en la página doscientos sesenta y cinco del Libro 5, abril de dos mil catorce, Tomo I, materia común, Décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2006145, del tenor: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia destacada y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Manuel Oliva Romano, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Como lo solicita el promovente, téngase por autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Víctor Manuel Cuevas Maldonado, Elia Castruita Cruz y Enrique González Sánchez; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en Avenida Universidad número 262-A, interior cinco, Colonia La Loma, en Zacatecas, capital.
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