Manuel Oliva Romano

Expediente 485/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
485/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
29/06/2015

Partes del expediente

  • Manuel Oliva Romano
  • H. Segunda Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    El veintinueve de junio de dos mil quince, el Secretario de Juzgado licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez, con la razón actuarial que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de junio de dos mil quince. Vista la razón actuarial de veintiséis de junio de dos mil quince, asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, en el sentido de que no le fue posible notificar la sentencia de veinticinco de junio del año en curso, al tercero interesado Juan José Saldivar Montalvo, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones a nombre de éste, no obstante haber sido legalmente notificado y requerido para que lo señalara; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de abril de dos mil quince (fojas 17 a 19), y se ordena se practique al tercero interesado en comento, la notificación de la referida resolución, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a MANUEL OLIVA ROMANO, contra los actos reclamados a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, por los motivos expuestos en el considerando V de esta resolución."

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 485/2015; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el seis de abril de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y remitida en esa propia fecha a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, MANUEL OLIVA ROMANO, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Es la H. Segunda Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas IV. ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad se reclama: 1. La resolución dictada dentro de los autos del Toca de Apelación Oral marcado con el número A.P.O. NÚMERO 10/2015 de fecha seis (6) de marzo del año dos mil quince (2015), la cual es totalmente ilegal y contraria a derecho, la cual fue dictada dentro del recurso de apelación interpuesto por el suscrito MANUEL OLIVA ROMANO en contra de la resolución pronunciada el día veintitrés (23) de enero del año dos mil quince (2015) por la licenciada RUTH LUCIO SÁNCHEZ Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital dentro de la causa penal número 02/2015 que dejó sin efecto la determinación ministerial de abstenerse a continuar con la investigación de la carpeta número 1481/2013 instaurada por hechos señalados en la ley como delito de HOMICIDIO CULPOSO CON LA AGRAVANTE DE RESPONSABILIDAD MEDICA cometido en perjuicio de RUBÉN SALDIVAR MONTALVO. SEGUNDO. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. La parte quejosa manifestó que el acto reclamado resultaba violatorio de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En siete de abril de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda, se registró en el libro de Gobierno con el número 485/2015, se solicitó el informe con justificación, se otorgó la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar al tercero interesado y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; vigente 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que se ejecutaron en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La resolución dictada el seis de marzo del dos mil quince, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, dentro del Toca Penal Oral 10/2015, en la cual declaró inadmisible el recurso de apelación intentado por el imputado Manuel Oliva Romano y su defensor particular contra la resolución pronunciada el veintitrés de enero de dos mil quince, en la causa penal número 02/2015, en la que se dejó sin efecto la determinación ministerial de abstenerse de continuar con la investigación en la carpeta número 1481/2015, instaurada por hechos que la ley señala como delito de Homicidio Culposo con la agravante de responsabilidad médica cometido en perjuicio de Rubén Saldivar Montalvo. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS.." II.2.1. Certeza: La Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye. Es aplicable a lo anterior la tesis del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, la certeza de dicho acto se corrobora con el original del Toca Penal Oral número 10/2014, que contiene la resolución de seis de marzo de dos mil quince, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de veintitrés de enero de dos mil quince, remitidas por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, responsable, en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la nueva Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecido lo anterior, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro es del tenor literal: "IMPROCEDENCIA.." En el caso concreto, las partes no invocaron causales de improcedencia ni este Juzgado de Distrito advierte oficiosamente que se actualice alguna. IV. Litis Constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Por ende, a continuación se procederá al examen de los conceptos de violación planteados por el quejoso, los que no se transcribirán porque para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo es innecesaria su reproducción, como se obtiene de la siguiente jurisprudencia: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Los conceptos de violación, en su parte substancial sostienen lo siguiente: a) Que le causa perjuicio la resolución reclamada, toda vez que, la autoridad responsable dejó de aplicar el artículo 250 en relación con el artículo 450, ambos del Código Procesal Penal vigente en el Estado de Zacatecas, además de que no se encuentra debidamente fundada ni motivada. Que el precepto citado en segundo término, en su primer párrafo, establece cuatro supuestos legales en que procede el recurso de apelación contra las resoluciones dictadas en las etapas preliminar e intermedia, siempre que sean declaradas apelables, causen agravio irreparable, pongan fin a la acción o imposibiliten aplicar e interpretar correctamente por la autoridad responsable. b) Que la resolución dictada por el juez dentro del incidente de impugnación de determinación de abstención de investigación se encuentra en uno de estos supuestos, ya que la resolución causa agravio irreparable al quejoso, pues la determinación del juez reabre y obliga al ministerio público a dejar sin efecto la abstención de investigación. c) Que al ser la resolución impugnada una que pone fin al procedimiento, si es procedente la apelación. d) Que le causa agravio la resolución de la Sala responsable toda vez que la resolución del juez es recurrible al causarle un agravio irreparable. e) Que la Sala responsable no estudió todos los agravios que le fueron formulados por el quejoso. V. El estudio del acto reclamado y de los conceptos de violación permite considerar lo siguiente. Los conceptos de violación son infundados, el quejoso primordialmente se duele de que la resolución reclamada, esto es, la emitida el seis de marzo del dos mil quince, dentro del expediente T.P.O. 10/2015, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, no se encuentra debidamente fundada ni motivada. Ahora bien, los artículos 14, párrafo segundo y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: "Artículo 14. . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. .". En lo que interesa, el primero de los citados numerales estatuye, además del derecho de adecuada defensa, el de legalidad, principio jurídico que se traduce en que la autoridad tiene obligación de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades, así como las atribuciones que la propia ley le confiere. En ese orden, al expedir cualquier mandamiento que afecte la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a las disposiciones legales que regulan sus procedimientos y decisiones, de manera que el gobernado esté cierto de que las determinaciones emitidas por la autoridad cumplen con el postulado constitucional de legalidad. Por otro lado, el artículo 16 constitucional reconoce, entre otros derechos básicos, el de seguridad jurídica, cuya finalidad radica en proteger las prerrogativas básicas de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas en la ley. Es ilustrativa del particular la tesis que puede ser consultada en la página 263, del Tomo XI, Enero de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad". Ahora, de las constancias que integran el Toca A.P.O. 10/2015, del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, se desprenden lo siguiente: El veintinueve de enero del dos mil quince, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, dictó proveído en el cual tuvo por presentado el recurso de apelación de Manuel Oliva Romano y al licenciado Ismael Martínez Araiza, imputado y defensor particular (foja 19 del Toca A.P.O. 10/2015). Mediante escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil catorce, Juan José Saldívar Montalvo y/o lic. Jorge Armando Villalobos Sánchez, interpusieron incidente de impugnación contra la determinación de abstención de investigación (foja 29 del Toca A.P.O. 10/2015). El seis de enero de dos mil quince, el Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral, tuvo por recibido el escrito signado por Juan José Saldívar Montalvo, y a fin de fijar la audiencia a que se refiere el artículo 250 del Código Procesal penal ordenó requerir a la licenciada Yaneth Lumbreras Cardona, Agente del Ministerio Público a fin de que informar si los imputados tuvieron intervención en la investigación, en caso afirmativo nombre y domicilio así como el de su defensa (foja 31 del Toca A.P.O. 10/2015). Por oficio 607 presentado el trece de enero del año en curso, la licenciada Yaneth Lumbreras Cardona, Agente del Ministerio Público rindió la información que le fue solicitada (foja 33 del Toca A.P.O. 10/2015). El veintitrés de enero del dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de impugnación de determinación ministerial en la cual se dictó la resolución correspondiente por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital en la que dejó sin efecto la resolución ministerial de diez de diciembre del dos mil catorce y ordenó al Agente del Ministerio Público continuar con la investigación (foja 51, 53 a 57 del Toca A.P.O. 10/2015). Inconforme con esa determinación el imputado y su defensor particular interpusieron recurso de apelación, por lo que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, y el seis de marzo de dos mil quince, dictó resolución en la cual declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el imputado (fojas 71 a 74 del Toca A.P.O. 10/2015). Resolución que constituye el acto reclamado en este expediente de amparo. Ahora bien, en caso, el quejoso se duele de la determinación de seis de marzo de dos mil quince, emitida por la Segunda Sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, quien determinó que la resolución dictada el veintitrés de enero de dos mil quince, por la Jueza de Garantías y Tribunal de Juicio Oral, no es apelable. Es correcta la determinación de la sala responsable por lo siguiente, veamos: Los artículos 250 y 450 del Código Procesal Penal del Estado de Zacatecas, establecen: Artículo 250.- Las decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, de abstenerse de investigar y de no ejercicio de la acción penal, así como de otras omisiones durante la investigación, en los casos en que no esté satisfecha la reparación del daño, podrán ser impugnadas por la víctima ante el Juez de Garantía, en vía incidental en un plazo de cinco días. En este caso, el Juez convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. El Juez podrá dejar sin efecto la decisión del Ministerio Público y ordenarle reabrir la investigación o continuar con la persecución penal, sólo cuando considere que no se está en presencia de los supuestos que la ley establece para disponer alguna de las decisiones mencionadas en el párrafo anterior. Artículo 450.- Sin perjuicio de otras disposiciones establecidas en este Código, el recurso de apelación procederá solamente contra las resoluciones dictadas por los jueces competentes en las etapas preliminar e intermedia, siempre que sean declaradas apelables, causen agravio irreparable, pongan fin a la acción o imposibiliten que ésta continúe. Serán apelables las siguientes resoluciones: I. Las que pongan fin al procedimiento, hagan imposible su prosecución o lo suspendan por más de treinta días; II. Las que se pronuncien sobre medidas cautelares; III. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión del proceso a prueba; IV. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado; V. El auto que resuelva sobre la vinculación del imputado a proceso; VI. La negativa de orden de aprehensión; VII. Las resoluciones denegatorias de prueba, dictadas hasta el auto de apertura a juicio oral; VIII. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; IX. Las que nieguen la posibilidad de celebrar mecanismos de conciliación, y X. Las demás que este Código señale. Así tenemos que, la determinación de veintitrés de enero de dos mil quince, dictada por la Jueza de Garantía y Tribunal de Juicio Oral de la Capital fue emitida dentro del incidente promovido por Juan José Saldívar Montalvo en su carácter de representante de la víctima contra la abstención de investigación decretada por el agente del ministerio público. El incidente citado fue promovido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250 del Código Procesal Penal vigente en el Estado de Zacatecas, antes transcrito, el cual señala además, "..En este caso, el Juez convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor." Al establecer el precepto mencionado que el juez convocará a una audiencia para decidir en definitiva, tal expresión debe interpretarse en el sentido de que no procederá recurso alguno contra esa determinación emitida por la Jueza de Garantía y Tribunal de Juicio Oral y el Agente investigador de los hechos que se consideren constitutivos de delito, deberá dejar sin efecto su determinación de abstención de investigar y continuar la indagatoria correspondiente. Así mismo, la determinación incidental en comento, si bien es verdad fue emitida dentro de la etapa preliminar, sin embargo, no pone fin al procedimiento, requisito este que establece el artículo 450, en su fracción I, del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, pues solo ocasiona que, como ya se precisó el agente del ministerio público continúe con la investigación correspondiente. Esto es, como correctamente lo determinó la Sala Penal responsable, el recurso de apelación interpuesto por el imputado Manuel Oliva Romano y su defensor particular licenciado Ismael Martínez Araiza, es improcedente contra la determinación de la Jueza de Garantía y Tribunal de Juicio Oral que revocó la resolución del ministerio público de abstención de investigación. De tal suerte que, contrariamente a lo argumentado por el quejoso, dicha determinación no le causa un agravio irreparable en su perjuicio pues el hecho de que el órgano técnico investigador continúe con la investigación de los hechos ante él denunciados no le causa un agravio irreparable si tomamos en consideración que el citado fiscal una vez obtenidos los datos de prueba correspondiente puede llegar a considerar que existen circunstancias para poder determinar nuevamente la abstención de investigación lo cual volvería a beneficiar al imputado y por ende no se le ocasionaría un agravio irreparable como lo menciona en sus conceptos de violación. Finalmente, por cuanto hace a la inconformidad del quejoso, en el sentido de que le causa perjuicio que la autoridad responsable no haya estudiado la totalidad de los agravios al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de la Jueza de garantía y Tribunal de Juicio Oral que resolvió el incidente promovido contra la abstención de investigar, fue correcta. Lo anterior se afirma, en virtud de que la responsable declaró inadmisible el recurso de apelación, por lo que, a nada práctico conduciría estudiar los demás agravios encaminados a demostrar la ilegalidad de la resolución impugnada, pues aun cuando resultaran fundados, como quiera que sea, al no ser apelable la resolución emitida por la Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral ningún efecto tendría el estudio de esos agravios En las condiciones apuntadas, dado que los conceptos de violación resultaron infundados, además de que la determinación reclamada emitida por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, se encuentra fundada, motivada y ajustada a los preceptos legales que norman su actividad, así como a las atribuciones que la propia ley le confiere, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a MANUEL OLIVA ROMANO, contra los actos reclamados a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, por los motivos expuestos en el considerando V de esta resolución. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo, el día de hoy veinticinco de junio de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE.

  4. Principal

    En quince de mayo de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un escrito con registro 8908.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de mayo de dos mil quince. Téngase por recibido el escrito signado por el licenciado Ismael Martínez Araiza en su carácter de autorizado del quejoso Manuel Oliva Romano, por el que solicita se le expida copia simple de la resolución dictada en el juicio de garantías en que se actúa; al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que el expediente correspondiente se encuentra con audiencia celebrada el día catorce de mayo del año en curso; sin que a la fecha haya dictado la sentencia respectiva; por tanto, una vez que se pronuncie y reiterada que sea su petición, se acordará lo que en derecho corresponda. Por último, con el comunicado de mérito fórmese el cuaderno relativo, y una vez que se emita el mencionado fallo, sin posterior acuerdo glósese al citado expediente.

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