Manuel Olea Villanueva
Expediente 637/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Manuel Olea Villanueva
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la copia de conocimiento de cuenta, suscrita aparentemente por el Subdirector de Relaciones Laborales y dirigida a la Directora de Amparos de la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, ambos de la Fiscalía General de la Ciudad de México, de la que se desprende que la autoridad firmante solicita el oficio por el que se indique que se han agotado la totalidad de los medio de impugnación en el presente juicio. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, sin que se realice mayor pronunciamiento en virtud de que transcurre le plazo concedido en auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
En esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa el auto de once de abril de dos mil veintitrés, mismo que indica: Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa mediante el cual ofrece prueba pericial en materia topográfica. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa, por no resultar idónea para demostrar lo pretendido, toda vez que no se requieren conocimientos técnicos o científicos específicos para cumplir su objeto. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.41/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, abril de 2001, página 157, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez". Ello es así, pues en el juicio de amparo, la prueba pericial tiene por objeto auxiliar al juzgador, ilustrándolo en temas y conocimientos técnicos, científicos o tecnológicos, necesarios y relevantes para resolver en su contexto la cuestión efectivamente planteada, mas no sobre aspectos jurídicos. Bajo esa tesitura, si para resolver la controversia suscitada se requieren conocimientos que generalmente escapan a la cultura común del juzgador, ya sea por referirse a cuestiones en las que es necesaria la aplicación de conocimientos técnicos o científicos propios de un especialista, es necesario que se auxilie de dicho especialista para que lo ilustre en el tema materia de la controversia; lo anterior para que esté en aptitud de apreciarla adecuadamente. Al tenor de esas ideas, la prueba pericial en el juicio de amparo solamente es idónea si tiene por objeto demostrar un hecho para el que se requieren conocimientos técnicos o científicos específicos que escapan a la comprensión común de las personas, entre las que se encuentra el propio juzgador; sin embargo, esas pruebas no son idóneas para dilucidar un punto que puede advertirse a través de los sentidos. En ese contexto, para determinar si las pruebas periciales ofrecidas son pertinentes e idóneas, es importante precisar el objeto para el que se ofreció. En el escrito en que se ofreció la pericial en materia de topografía, la parte quejosa refiere que dicha prueba tiene por objeto ubicar a la perfección el trazo del gasoducto, así como todos sus ramales, cuyo objeto es el transporte, suministro, distribución, venta, comercialización y/o expendio al público de gas natural en Morelia, Michoacán. A partir de lo expuesto, este juzgador concluye que la prueba pericial en materia de topografía ofrecida no resulta idónea, en virtud de que en el presente juicio de amparo se reclama la legalidad de lo actuado en el expediente administrativo ASEA/UAJ/DGCT/2C.16/105/2021. Así, en el caso se considera que para realizar el análisis de constitucionalidad de las disposiciones de carácter general impugnadas, no se requieren conocimientos técnicos o científicos específicos, pues basta con realizar el estudio de las normas tildadas de inconstitucionales a la luz de las disposiciones de la Carta Magna que se consideran trasgredidas. Notifíquese
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta del Director General de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio del cual informa que se encuentra realizando las gestiones pertinentes para obtener la Cuenta por Liquidar Certificada a favor de la parte quejosa, remitiendo copia certificada de las documentales de las que se desprende dicha información. En mérito de lo informado, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en su carácter de autoridad vinculada en esta etapa de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para que en el plazo de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acredite con copia certificada de las constancias que estime pertinentes, haber solicitado a la Dirección General de Servicios Legales el formato de Visto Bueno, a fin de que el Director General de Recursos Financieros pueda gestionar la afectación presupuestaria correspondiente ante la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Se apercibe a la autoridad requerida que en caso de no cumplir con el mandato de este órgano jurisdiccional sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 258 en relación con el diverso 192, ambos de la ley de la materia; además de que se remitirán los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para que determine la procedencia de la aplicación de la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal y se enviarán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para tal efecto. Notifíquese.
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