Manuel Octavio Encinas Trujillo
Expediente 642/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
- Manuel Octavio Encinas Trujillo
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juzgado uno de registro de juicios de amparo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que establece el tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por el coordinador jurídico de la subdirección de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a través del cual desahoga el requerimiento formulado en el sumario, para tal efecto acompaña copia certificada de las constancias con las que acredita que entregó a la parte quejosa la totalidad del medicamento prescrito en la receta 2678215, cuya omisión en surtirla reclamó en esta instancia. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del contenido de la documentales remitidas en copia certificada por la citada responsable, y las existentes en autos, aportadas por las responsables con anterioridad, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia en trato, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.", Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo al contenido de la demanda y demás constancias existentes en autos, es precisa que el reclamo constitucional se hizo consistir en la omisión de las responsables de surtir el medicamento prescrito en la receta médica 2678215, para el tratamiento de los padecimientos de diabetes, hipertensión y epilepsia, y, en específico, el quejoso reclamó la omisión de parte de las responsables de suministrarle los siguientes medicamentos: "Candesartan Cilexetilo + Hidroclorotiazida tab; Insulina Glarigina caja c/5 cartuchos de 3 ml dis; Glimepirida tabletas c/30 4 mg y Levetiracetam tabletas 500 mg, caja con 60". Lo anterior, resultó cierto, pues conforme al contenido de las actuaciones existentes en los presentes autos, y las documentales aportadas por las responsables, a las cuales se les otorgó plena validez probatoria, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se evidencia que hasta el día de la presentación de la demanda, ésto es, al diecisiete de mayo en curso, no le habían surtido el medicamento indicado descrito en la demanda de amparo y que refirió se le prescribió mediante receta 2678215; de modo que se tiene por cierto el reclamo del quejoso. No obstante lo anterior, mediante oficio agregado por acuerdo de veinticuatro de mayo de este año, la autoridad responsable subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, quien rindió por sí, y en representación del encargado del despacho de Medicamentos y Suministros, así como por el encargado de la Farmacia número Dos y por el propio instituto responsable, hizo patente que el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se efectuó la entrega del medicamento, cuya omisión en suministrarle reclamó el quejoso, con excepción de los medicamentos insulina glargina cartuchos con 3 ml levetiracetam, pues el instituto no contaba con inventario de dichos fármacos; asimismo, en el oficio que se agrega, el coordinador Jurídico de la Subdirección de Servicios Administrativos responsable, acreditó que el veintisiete de este mes, se hizo entrega de las medicinas que se faltaba surtir; lo anterior, ocurrió por conducto de quien se identificó como esposa del aquí quejoso, con lo que se evidencia que han cesado los actos reclamados. Es así, pues con el actuar de las autoridades responsables, se restituyó a la parte agraviada en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, ya que si bien, en el particular el perjuicio que el acto reclamado le ocasionaba al impetrante fue en específico la omisión de surtir el medicamento señalado con antelación y durante el sumario constitucional le fue suministrado; por tanto, tal actuar de las responsables torna improcedente el estudio del reclamo opuesto en esta vía constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta y dos minutos del veintiuno de junio del año en curso). En tal virtud, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Razón actuarial. Vista la razón de cuenta firmada por los actuarios adscritos a este juzgado, mediante la cual, por los motivos que exponen, expresan la imposibilidad que tuvieron para emplazar al tercero interesado ejido "Trece de Julio", por conducto de sus legítimos representantes; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su interés conviniera. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no ha sido posible llamar a juicio al tercero interesado en mención, no obstante que este juzgado ha efectuado de manera infructuosa diversas actuaciones tendentes a tal efecto; y, atento a la actuación de los fedatarios de este órgano, contenida en la razón de cuenta, de la que se desprende que al intentar el emplazamiento en trato, fueron enterados que el ejido "Trece de Julio", ya no existe como tal; además, considerando que este juzgador en distintas ocasiones, de manera oficiosa, y a solicitud de la parte quejosa, ha requerido a dependencias agrarias, con la finalidad de llevar a cabo la diligencia que nos ocupa, sin que, de manera concreta se haya obtenido información en torno a la existencia o extinción del mencionado ejido. Ahora, atento a que la parte quejosa ha formulado solicitud consistente en que este órgano provea lo necesario para que se lleve a cabo la elección de los integrantes del comisariado ejidal en el ejido "Trece de Julio", municipio de Guaymas, Sonora, pidiendo se ordene a la Delegación o representación en Sonora de la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea ejidal, para que se realice la elección correspondiente y se nombre comisariado ejidal, respecto de lo cual este juzgador se ha reservado proveer sobre tal petición; por tanto, en torno a ello, dígase al quejoso que este órgano, es un tribunal de estudio de constitucionalidad en relación con actos de autoridades, y que no cuenta con atribuciones para preconstituir derechos en la forma que pretende el quejoso, pues de conceder tal evento, se estaría sustituyendo atribuciones propias de autoridades administrativas diversas, o de autoridades jurisdiccionales, sin que se haya dirimido tal aspecto en una sentencia constitucional emitida por este juzgador. No obstante lo anterior, y a fin de agotar lo estatuido en el artículo 27 fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Delegación en Sonora del Registro Agrario Nacional y a la Procuraduría Agraria, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, expresen a este juzgado si en esas dependencias el ejido Trece de Julio, municipio de Guaymas, Sonora, tiene reconocido actualmente tal carácter de ejido, o bien, si cuentan con información relativa a la extinción del mismo; y, en su caso, comuniquen cualquier elemento o dato que proporcione información relativa a la situación actual de dicho ejido o terrenos que lo constituyen o constituyeron. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del plazo decretado, salvo causa justificada (acreditada), conforme lo dispuesto en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, se impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado de autos y la certificación que antecede de los que se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy en virtud de que no se ha efectuado el emplazamiento al ejido tercero interesado; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 1. Radicación. Visto el escrito de demanda con el que se da cuenta; fórmese expediente y regístrese bajo el número de expediente 642/2022 A-I, en el libro uno de juzgado de registro de juicio de amparo. 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Manuel Octavio Encinas Trujillo, por su propio derecho, contra actos de la Subdirección de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. 3. Suspensión de plano. Teniendo en consideración que del estudio integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama de las responsables la omisión de suministrar el medicamento que requiere para controlar los padecimientos de diabetes, hipertensión y epilepsia, que se traduce en omisión de surtirle los medicamentos denominados "Candesartan Cilexetilo + Hidroclorotiazida tab, Insulina Glarigina caja c/5 cartuchos de 3 ml dis; Glimepirida tabletas c/30 4 mg y Levetiracetam tabletas 500 mg, caja con 60"; los cuales le fueron ordenados mediante receta vale pendiente 2678215, ello, en razón de que el padecimiento que le fue diagnosticado es diabetes, hipertensión y epilepsia; en consecuencia, se provee lo siguiente: En términos de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para que cese el acto omisivo reclamado, o cualquier otro que atente contra su salud o restablecimiento de ésta; lo que se traduce en que las autoridades responsables le proporcionen de inmediato el tratamiento integral adecuado en relación con su padecimiento y que le suministren el servicio y el medicamento necesario adecuado a la enfermedad que padece. Por lo que, las responsables dentro de su respectivo marco de atribuciones, deberán adoptar las medidas pertinentes para que el aquí quejoso pueda contar con los tratamientos que requiera; lo anterior, a fin de garantizarle el derecho a la salud al más alto nivel posible y proporcionarle un servicio con atención y calidad, en el centro hospitalario que se atiende el impetrante. Significando lo anterior, que las autoridades responsables de inmediato deberán cumplir debidamente con la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud del agraviado; esto es, actuar con la diligencia que requiere la atención médica del quejoso, y deberán llevar a cabo todas las medidas que estén a su alcance para garantizar el acceso pleno al derecho a la salud que se tilda como conflagrado. Lo anterior, a fin de procurar en todo momento la salvaguarda de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, que por la naturaleza del reclamo incluye el derecho de acceso a la atención médica integral de la salud, en casos urgentes (como el servicio médico que refiere requerir el quejoso), por lo que las autoridades responsables deberán proporcionarle al directamente agraviado el tratamiento y medicamento adecuado a su padecimiento, en la forma expuesta con antelación. En virtud de lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 158, en relación con el diverso 262, ambos de la Ley de Amparo, gírense oficios, que deberán entregarse de manera inmediata a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del término de ocho horas, informen sobre el cumplimiento dado a la citada medida cautelar, debiendo agregar a su informe copia certificada de las constancias correspondientes; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, su conducta equivaldrá a la comisión del delito previsto en el citado artículo 262 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se comisiona al actuario judicial adscrito, a fin que se constituya ante las responsables y las requiera, para que con base en la suspensión de plano decretada, se brinde el servicio médico requerido para el bienestar de la salud del impetrante. Además, deberá apercibir a las autoridades correspondientes que de persistir en la actitud omisa que delata el quejoso, se procederá a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación, con tales hechos constitutivos de delito. Para otorgar de oficio y de plano esta medida cautelar se tiene en consideración, sustancialmente, que el párrafo tercero, del artículo 4º Constitucional, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, los servicios de salud, a los que alude el precepto antes citado, deben entenderse como una responsabilidad social para el Estado Mexicano, precisamente porque además de ser un derecho fundamental del ser humano, la ley de la materia establece las bases y modalidades para su aplicación en el ámbito público, social y privado. Así, el derecho a la salud debe interpretarse atendiendo al principio pro persona, como aquel que la institución de seguridad social debe proporcionar hasta que se encuentre totalmente recuperado el asegurado o sus beneficiarios de las causas por las que hubieren solicitado sus servicios. En estas condiciones, si algún sujeto (asegurado o beneficiario) acude a solicitar atención médica y ésta se prolonga, no debe dejar de proporcionarse el servicio, en razón de que se atentaría contra el derecho a la salud, entendido como un estado de completo bienestar físico y mental, que se encuentra regulado, a nivel interno, también en los preceptos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" -instrumentos internacionales de los que México forma parte-, sin que deba limitarse a la salud física del individuo, sino que atento a la propia naturaleza humana, se traduce en un estado de bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, cuyo pleno disfrute constituye una condición para gozar de los demás derechos. En esa virtud, en aras de privilegiar el derecho a la salud contemplado en el numeral 4º Constitucional, las autoridades responsables deberán ordenar, proporcionar y suministrar, de manera inmediata e incondicional el tratamiento y cuidado que resulte indispensable para salvaguardar la integridad física del solicitante del amparo, en razón de sus padecimientos. Resulta aplicable la tesis aislada P. XIX/2000, que se encuentra visible en la página 112, tomo XI, marzo de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es de rubro y texto que se transcriben: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentesen: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos." deberán canalizarlo a la institución de salud con la que eventualmente tenga algún convenio, o bien, a cualquiera de los institutos de salud pública gratuita brindada por el Estado. El sentido y alcance de la suspensión del acto reclamado está perfilado por los criterios jurídicos que orientan las tesis de rubros: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL SERVICIO MÉDICO QUE SE SUMINISTRABA A QUIEN FUE DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO ACTIVO COMO MILITAR Y A SUS DERECHOHABIENTES."; Cabe destacar que la atención médica que se brinde al agraviado debe ser acorde a lo que haya determinado el médico adscrito al instituto responsable en función de los padecimientos que se encuentran efectivamente diagnosticados a la parte quejosa. 4.- Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cincuenta y dos minutos del veintiuno de junio de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 5. Informes. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables rindan su informe justificado, lo que deberán hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Al efecto, se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que hagan llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 6. Apercibimiento a las autoridades responsables. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse cierto el acto que se les reclama, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 7. Requerimiento a las autoridades. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir su informe con justificación, comuniquen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos combatidos, así lo hagan saber a este juzgado; apercibidas que de no hacerlo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida de actualización. 8. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 9. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 10. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. 11. Emplazamiento. Dada la naturaleza del acto reclamado se considera que no existe tercero interesado. 12. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que proporcione una dirección de correo electrónico y número telefónico. 13. Incidente de suspensión. Sin tramitarse el incidente de suspensión en virtud de haberse concedido la suspensión de plano, en relación con los actos que constituyen el reclamo de la quejosa. 14. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que anexa; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. En atención a la solicitud, de que se requiera a los Juzgados Tercero y Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, residentes en esta ciudad, por las constancias de los juicios de amparo que refiere, dígasele que se acordará lo conducente en el momento procesal oportuno y en caso de ser necesaria. 15. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado; al igual que las personas que menciona para ese único efecto. 16. Acceso al expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "MEC88" el acceso al expediente electrónico para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónica. 17. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 18. Comunicación a las responsables de cuales resoluciones se les notificarán por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, registro 2002576, cuyo rubro se cita "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 19. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 20. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 21. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaría encargada del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 22. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 23. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. 24. Copias certificadas. Expídase a la parte promovente, copia certificada del presente acuerdo, previa razón de recibo que se deje en autos, quedando autorizados para recibirla cualquiera de los profesionistas que autoriza en su ocurso. Notifíquese; y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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