MANUEL OCTAVIO ACUÑA BARRENECHEA y Otros.
Expediente 380/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ana Itza Jimenez Jimenez
- MANUEL OCTAVIO ACUÑA BARRENECHEA y Otros.
- ANA ITZA JIMENEZ JIMENEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio II.4517/2016 signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual comunica a este juzgado Federal, que por auto dictado por el Presidente de ese órgano colegiado el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes; quedando registrado en el libro de gobierno con el número 26/2016 del citado Tribunal; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Ana Itza Jiménez Jiménez, defensora particular de la parte quejosa y, en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de inconformidad en contra del auto de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Ahora bien, con fundamento en los artículos 201, fracción I, 202 y 203 de la Ley de Amparo vigente y, de conformidad con lo dispuesto los puntos cuarto, fracción IV y octavo, fracción I del Acuerdo General 5/2013 del Pleno del Máximo Tribunal del País (modificado mediante instrumento normativo aprobado por dicho Tribunal el nueve de septiembre de dos mil trece, que aparece publicado en el Diario oficial de la Federación el diecisiete de septiembre del referido año), del que se desprende que el aludido medio de impugnación corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, remítanse dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este proveído a todas las partes, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, el presente juicio de amparo, junto con el escrito de agravios de cuenta y copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de su adscripción, para lo que tenga a bien de resolver. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de doce de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la defensora particular de la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el ocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 165 a 176), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Manuel Octavio Acuña Barrenechea, para el efecto de que la fiscal responsable realizara lo siguiente: Deje sin efectos el acuerdo que dictó el dos de febrero de dos mil dieciséis, dentro de la averiguación previa 150/2014/DMZN-I. Dicte un nuevo acuerdo en el que purgue los vicios formales destacados, siguiendo los lineamientos precisados en la presente resolución, y con plenitud de jurisdicción, bajo su más estricta responsabilidad, resuelva lo procedente respecto a la prescripción de la acción penal en forma congruente con lo planteado por la inculpado Manuel Octavio Acuña Barrenechea al rendir su declaración ministerial por escrito el seis de julio de dos mil quince (fojas 1571 a 1587 del tomo IV de pruebas), en el sentido de que había operado la prescripción del derecho de la ofendida para presentar querella, dado el tiempo que había transcurrido entre la fecha de comisión de los hechos posiblemente delictivos y aquella en la que se hizo saber la noticia criminal al ministerio público, es decir, en la que se presentó la querella. En relación a los anteriores efectos, cabe precisar, que si al momento de pronunciarse sobre la prescripción planteada, el representante social no cuenta con elementos suficientes para determinar el delito, o existe la posibilidad de que pueda ser uno diverso, o bien no exista certeza sobre el imputado, entonces así lo debe explicar para cumplir con el requisito de fundamentación y motivación; además, se insiste, esa decisión debe ser acorde con lo que fue planteado por el impetrante al comparecer a rendir su declaración ministerial, en el sentido de que la acción penal persecutoria había prescrito porque habían transcurrido más de dos años desde la fecha en que acontecieron los hechos posiblemente delictuosos y aquella en la que se presentó la querella." (fojas 175 y 175 vuelta). Sentencia de amparo que el ocho de agosto de dos mil dieciséis, causó ejecutoria por lo que se solicitó el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 254 a 257). Ahora bien, mediante oficio 849/2016 de diez de agosto de dos mil dieciséis (fojas 262 a 346), la autoridad Agente del Ministerio Público en funciones del titular adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público, Zona Metropolitana Norte, Primera Mesa de Trámite, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, así como de diversas constancias dictadas en los autos de la averiguación previa 150/2014/DMZN-I de su índice, en la cual, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de dos de febrero de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, pronunció una nueva resolución en la que resolvió lo procedente respecto a la prescripción de la acción penal planteada por el inculpado Manuel Octavio Acuña Barrenechea al rendir su declaración ministerial por escrito de seis de julio de dos mil quince, de manera fundada y motivada. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. En la resolución de diez de agosto de dos mil dieciséis, el fiscal responsable estableció que no opera la prescripción de la acción penal planteada por la parte quejosa, dado el tiempo transcurrido entre la fecha de comisión de los hechos posiblemente delictivos y aquella en la que se hizo saber la noticia criminal al ministerio público, es decir, en que presentó la querella; asimismo, refiere que la parte agraviada aún está en tiempo y forma legal de ejercer su derecho de querella en términos del diverso numeral 135 del mismo código, y según se advierte de constancias, existe sentencia ejecutoriada dentro del expediente 1023/2011 del índice del Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente, del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León (foja 275), por lo que la prescripción para el agraviado empezó a correr a partir de la sentencia de dicho juicio mercantil; por lo que no ha operado la prescripción para querellarse respecto del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV y 404, fracción IX del Código Penal del Estado de Puebla; aunado a que refiere que la conducta del quejoso ha sido continua y permanente, pues aún subsisten los embargos realizados con motivo de los juicios simulados tanto por el quejoso como sus familiares (foja 267). Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de la defensora particular del quejoso con el que se da cuanta, mediante el cual desahoga la vista del proveído de doce de agosto de dos mil dieciséis, y refiere que la sentencia de amparo no está cumplida, ya que reitera ha operado la prescripción de la acción penal en la averiguación previa 150/2014/DMZN-I, que es inaplicable el artículo 135 del mismo código por las consideraciones que menciona en su ocurso de cuenta. Atento lo anterior, hágase saber a la ocursante que sus manifestaciones son infundadas, ya que en la sentencia de amparo de ocho de julio de dos mil dieciséis, se concedió la protección constitucional al quejoso por vicios formales, es decir, por falta de fundamentación y motivación en que incurrió el fiscal responsable, y sus manifestaciones que vierte en su ocurso de cuenta se refiere a cuestiones de fondo del acto reclamado, lo cual no es materia del presente sumario constitucional; sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Directora General Jurídica, Consultiva y de Estudios Legislativos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, por medio del cual y en cumplimiento al auto de ocho de agosto del actual, informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titula de la Primera Mesa de Trámite de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Norte; de lo anterior queda enterada esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar.
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