Manuel Oceguera Villa
Expediente 1165/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1165/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 10/02/2022
Partes del expediente
- Manuel Oceguera Villa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, es susceptible de depuración, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el trece de noviembre del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE".
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las diez horas con cuarenta minutos del trece de noviembre de dos mil veinte, Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Ana Cecilia Morales Ahumada, Secretaria con quien actúa, declara abierta la audiencia constitucional señalada para esta hora y fecha en el juicio de amparo 1165/2019-IV, sin la comparecencia personal de las partes. Acto seguido, se da cuenta al Juez, con el escrito presentado por Jesús Evelia Hernández Hernández, autorizada de la parte quejosa, registrado bajo folio 11172. Conste. A lo que el Juez acuerda: agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, presentado por Jesús Evelia Hernández Hernández, autorizada de la parte quejosa y, en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a tener al quejoso Manuel Oceguera Villa por desistido del presente juicio de amparo, ya que la autorización con la que cuenta en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, no le confiere la facultad para desistirse en representación del quejoso de mérito. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 188/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos once del tomo XXI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta octubre de dos mil siete, registro 171236, de rubro siguiente: "AUTORIZADO "EN TÉRMINOS AMPLIOS" PARA OÍR NOTIFICACIONES. NO TIENE FACULTADES PARA DESISTIR DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS." No obstante lo anterior, se tienen por hechas las manifestaciones que refiere, en vía de alegatos, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. A continuación, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda y documentales anexas; b) informes justificados rendidos por las autoridades responsables y documentales anexas; c) constancia de emplazamiento de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; d) documentales exhibidas por las autoridades adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, relativas a los pagos realizados a favor del quejoso; y, e) constancias de notificación a las partes, respecto del proveído de catorce de octubre del presente año, en el que se reanudó el procedimiento. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias. Enseguida, se declara abierto el periodo probatorio en el que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas relacionadas con anterioridad, en virtud de que no requieren de preparación para tal efecto, las que se tomarán en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente en este asunto; sin pruebas pendientes por proveer o desahogar, se declara cerrado este periodo y abierto el de alegatos en el que se tienen por reproducidos los formulados por la parte quejosa. Concluidas las etapas que anteceden, se levanta la presente acta para constancia, procediendo el Titular a dictar la resolución correspondiente. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1165/2019-IV, promovido por Manuel Oceguera Villa, por su propio derecho, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y de otra autoridad. R E S U L T A N D O Primero. Por escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, recibido el mismo día en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Manuel Oceguera Villa, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que, previa aclaración de su denominación, a continuación se precisan: Autoridades responsables Director General y Director de Pensiones y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Actos reclamados "1. EL RETRASO INJUSTIFICADO DEL PAGO DE LA PENSIÓN MENSUAL, AL NO TOMAR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, LAS MEDIDAS PRESUPUESTALES SUFICIENTES PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE TUTELA LOS DERECHOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PAGOS MENSUALES QUE COMO JUBILADO TENGO DERECHO Y QUE DEBERÍA RECIBIR EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA POR DEPÓSITO EN LA CUENTA NÚMERO 1532034487 BBVA BANCOMER, DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, los últimos días de cada mes ya que con estos actos se violan en mi perjuicio lo dispuesto en los artículos 1ro., 14 y 16 constitucionales así como el artículo 17 inciso (sic) 1ro. y 2do. de la Declaración de Derechos Humanos. 2. EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL QUE SE ME DEBIÓ PAGAR LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 Y EL PAGO DE AGUINALDO EN DOS EXHIBICIONES; UNA EN LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y LA SEGUNDA EN ENERO DEL 2020, esto último, debido a que TENGO EL TEMOR FUNDADO, en base a los acontecimientos recientes de que sean omisos en la obligación que tienen las autoridades responsables con el suscrito." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben ni se sintetizan, al no existir disposición legal que obligue a este órgano jurisdiccional a realizar dicha transcripción. Tercero. Mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 1165/2019-IV; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que en derecho le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. En términos de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como medida de contingencia ante el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, los plazos y términos del presente asunto fueron suspendidos, a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte. El catorce de octubre del año en curso, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó reanudar el procedimiento en este juicio, lo que se comunicó personalmente a la totalidad de las partes. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que sustancialmente los actos que se combaten en esta vía constitucional, consisten en: 1. El retraso en el pago de su pensión jubilatoria durante los meses de septiembre y octubre de dos mil diecinueve. 2. La falta de pago oportuno del concepto "pago especial" que debió realizarse en los últimos días de octubre de dos mil diecinueve. 3. La posible falta de pago oportuno del aguinaldo, que debe realizarse en dos exhibiciones, a saber, en la primera semana de diciembre de dos mil diecinueve y en el mes de enero de dos mil veinte. Tercero. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Director General y Director de Pensiones y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, consistente en la posible falta de pago oportuno del aguinaldo, que debe realizarse en dos exhibiciones, a saber, en la primera semana de diciembre de dos mil diecinueve y en el mes de enero de dos mil veinte, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que se ofreciera prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa. Esto es así, porque la parte quejosa ofreció como pruebas de su parte, los siguientes documentos: 1. Copia simple del oficio de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se comunica al quejoso el otorgamiento del beneficio de jubilación. Probanza que, concatenada con las diversas documentales exhibidas por las autoridades responsables, relativas al pago de la pensión realizado al quejoso, adquiere valor probatorio indiciario en términos de los artículos 197 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y logra demostrar que, actualmente, el promovente goza del beneficio de jubilación. 2. Original de los talones de pago a nombre del quejoso con folios 53410 y 59245, de veintinueve de agosto y veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente. Documentales que, al no haber sido objetadas y, por el contrario, estar corroboradas con las documentales exhibidas por las autoridades responsables, adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y son aptas para demostrar el monto que se cubre al quejoso, por concepto de "pensión". 3. Impresión del comunicado de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Documento que, concatenado con el diverso exhibido en copia certificada por el Instituto responsable, adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y es apta para acreditar la existencia del comunicado de referencia. 4. Impresión de una porción de, al parecer, una nota publicada en la dirección de internet saidbetanzos.com, titulada "Pensionados y Jubilados de BC no recibirán pago porque no hay dinero". Probanza que, en principio, al no existir certeza de que se encuentra completa, además de no obrar certificación o manifestación sobre su origen o su fuente, no es posible verificar su autenticidad, por lo que únicamente adquiere valor indiciario en términos de los artículos 197 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y sólo logra demostrar que, en su caso, se llevó a cabo dicha publicación, empero no demuestra la veracidad de los hechos a que se refiere dicha nota. En lo conducente, ilustra la postura que antecede, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, publicada en la página quinientos diez, tomo XII, Semanario Judicial de la Federación de agosto de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, registro 215573, que señala: "PERIÓDICOS. VALOR PROBATORIO DE LAS NOTAS DE LOS. Las publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que en su oportunidad se llevaron al cabo las propias publicaciones, con diversos reportajes y fotografías, pero de ninguna manera demuestran la veracidad de los hechos a que las citadas publicaciones se refieren. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. Amparo directo 436/92. Rafael Escobar Angles. 2 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Rodríguez Bastar. Secretario: José Rivera Hernández. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tercera parte, Volúmenes 145-150, Pág. 192." De igual forma, se cita la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página doscientos setenta y cuatro, tomo VIII, Semanario Judicial de la Federación de diciembre de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, registro 221138, de contenido siguiente: "PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. INFORMACIONES PERIODÍSTICAS, VALOR DE LAS. La información contenida en un ejemplar de un periódico con circulación en el Estado únicamente sirve para demostrar que lo que dice la nota se publicó en ese medio masivo de comunicación, pero no que lo publicado sea verídico. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Incidente en revisión 44/91. Ignacio Lozano Villaseñor y otros. 3 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretario. José Juan García Barrera." En ese tenor, aun valoradas en su conjunto, las citadas probanzas resultan insuficientes para demostrar la existencia del acto reclamado a las autoridades responsables, pues -como se anticipó- sólo acreditan que el quejoso tiene derecho al pago de una pensión, los pagos que se le han realizado, la existencia del comunicado emitido por personal del Instituto señalado como autoridad responsable, pero en modo alguno prueban que las responsables se abstendrán de pagar en forma oportuna el concepto de "aguinaldo" que aduce el promovente. Más aun, este órgano jurisdiccional advierte que el acto impugnado en esta vía constitucional, constituye un acto futuro de realización incierta, ya que -como se indicó- no obra constancia alguna que demuestre, de manera fehaciente, que las autoridades responsables necesariamente llevarán a cabo la conducta que se les atribuye, esto es, que en diciembre de dos mil diecinueve y enero de dos mil veinte, dejarían de cubrir a la parte quejosa el concepto denominado "aguinaldo". En tales condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades responsables Director General y Director de Pensiones y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, consistente en la posible falta de pago oportuno del aguinaldo, que debe realizarse en dos exhibiciones, a saber, en la primera semana de diciembre de dos mil diecinueve y en el mes de enero de dos mil veinte, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Cuarto. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Director General y Director de Pensiones y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, consistentes en el retraso en el pago de la pensión jubilatoria del quejoso durante los meses de septiembre y octubre de dos mil diecinueve; y, la falta de pago oportuno del concepto "pago especial" que debió realizarse en los últimos días de octubre de dos mil diecinueve, ya que así se desprende de la información proporcionada por dichas autoridades, en las que reconocieron que los pagos aludidos se realizan conforme a la "disponibilidad presupuestal y liquidez de recursos económicos" del citado Instituto. Quinto. No obstante la existencia de los actos reclamados, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos, por las consideraciones siguientes. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, el quejoso reclama el retraso en el pago de la pensión jubilatoria del quejoso durante los meses de septiembre y octubre de dos mil diecinueve; y, la falta de pago oportuno del concepto "pago especial" que debió realizarse en los últimos días de octubre de dos mil diecinueve. Luego, de las constancias que obran en autos, consistentes en copia certificada del oficio SGPES/136/2020, de dieciséis de enero de dos mil veinte, suscrito por el Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; original del oficio SGPES/335/2020, emitido por el Subdirector aludido; y, copia certificada de la relación de firmas correspondiente a la nómina de burocracia de los meses de septiembre y octubre de dos mil diecinueve y de las constancias de transferencia correspondientes a los meses aludidos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que a la fecha ya fueron cubiertos los importes que aduce el quejoso. Por tanto, si -como se anticipó- el reclamo del promovente consiste en la falta de pago oportuno de la pensión correspondiente a los meses de septiembre y octubre de dos mil diecinueve, así como de la prestación denominada "pago especial" y, a la fecha, dichas prestaciones ya fueron cubiertas, debe concluirse que han cesado los efectos del acto que se atribuye a las autoridades responsables, pues se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Circunstancia que incluso fue reconocida por la autorizada legal de la parte quejosa, en el escrito que hoy se agrega, en el que expresamente manifestó que a la fecha han "cesado los efectos de los actos reclamados que reclame de las autoridades responsables". En tales condiciones, ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del actos reclamados a las autoridades responsables Director General y Director de Pensiones y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, consistentes en el retraso en el pago de la pensión jubilatoria del quejoso durante los meses de septiembre y octubre de dos mil diecinueve; y, la falta de pago oportuno del concepto "pago especial" que debió realizarse en los últimos días de octubre de dos mil diecinueve. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Manuel Oceguera Villa, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en los considerandos tercero y quinto de este fallo, por las razones ahí expuestas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Ana Cecilia Morales Ahumada, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/Acma
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 9,923 expedientes
- Manuel Medina Real997/2017
- Manuel Melecio Angulo431/2021
- Manuel Méndez Balcón877/2021
- Manuel Meraz Vaca414/2019
- Manuel Miguel Montes1607/2017
- MANUEL OCEGUERA VILLA y Otros.497/2022
- Manuel Ochoa Portillo1583/2017
- Manuel Osvaldo Castillo Hernández O Osvaldo Castillo Hernández987/2015
- Manuel Pedro Álvarez Casal240/2018
- Manuel Pérez Rodríguez Y/O Víctor Pérez1084/2018
- Manuel Pizeno Delgado700/2018
- Manuel Ramírez González934/2019