Manuel Oceguera Villa

Expediente 1249/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1249/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
06/11/2019

Partes del expediente

  • Manuel Oceguera Villa
  • Director del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California (Issstecali)

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Solicitud de devolución. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado el quejoso, y en atención a su contenido, dígasele que respecto a su petición de devolución de los documentos que exhibió en el presente juicio, se realizará, hasta en tanto se dé por concluido el presente juicio de amparo; lo anterior, con fundamento en los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Manuel Oceguera Villa; y en atención a su solicitud de ampliar su escrito inicial de demanda, indíquesele que al haberse actualizado una causal de improcedencia de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; esa circunstancia llevó a desechar la demanda inicial, mediante proveído de treinta de octubre de dos mil diecinueve. En tal virtud, la suscrita está impedida para actuar de alguna forma en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Cumplimiento de prevención. Visto el escrito de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda; atento a su contenido, se tiene a la parte quejosa dando cumplimiento en sus términos al requerimiento formulado mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Desechamiento de la demanda. Previo a emitir el pronunciamiento correspondiente en cuanto a la admisión o desechamiento de la demanda que nos ocupa, cabe destacar los actos que la parte quejosa atribuye a las autoridades. Lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda y su escrito aclaratorio como un todo, por lo que del análisis integral de estos, se aprecia sustancialmente que el acto reclamado en esta vía consiste en: La omisión y retraso injustificado del pago de la pensión mensual, correspondiente al periodo de octubre de dos mil diecinueve, y los meses subsecuentes, así como, del pago de la prima vacacional, que se realiza en dos exhibiciones, la primera en la primer semana de diciembre de dos mil diecinueve, y la segunda en enero de dos mil veinte. Sentado lo anterior, es necesario tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo confiere facultad al juez de distrito que conozca de una demanda de amparo, para desecharla de plano si de su examen se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En efecto, el precepto en mención es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo sólo deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y, b) Que ese motivo sea manifiesto e indudable. El Máximo Tribunal del País ha establecido en reiteradas ocasiones, que las características destacadas en el anotado inciso b) se actualizan cuando de la simple lectura de la demanda aparece comprendido alguno de los supuestos de improcedencia que señala el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien, la demanda misma no encuadra en las hipótesis de procedencia que el artículo 107 de dicha legislación prevé. En esa tesitura, es claro que a la decisión de desechar una demanda de amparo, debe antecederle un examen acucioso de todos sus componentes, que finalmente provoque plena convicción de que aún ordenando la substanciación del juicio, sería imposible arribar a una conclusión diversa. Y es que basta con tener en cuenta que precisamente, en términos específicos, lo manifiesto radica en que la improcedencia se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, en virtud de que, por ejemplo, los hechos en que se apoya la improcedencia hayan sido manifestados claramente, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para concluir en la improcedencia del juicio ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Con base en este marco normativo, quien aquí resuelve determina que en el caso a estudio, se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia previsto por la Ley de Amparo en su artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y último párrafo, y 75, del mismo ordenamiento, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]" De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se obtiene que el juicio de amparo procede contra leyes o actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos; es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, postura que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Por este motivo, es necesario también señalar que al precisar el concepto de acto futuro e incierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, y que no encajan en esa categoría los actos respecto de los que se tiene la certidumbre de que se ejecutarán de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condiciona; es decir, que no pueden estimarse como tales aquéllos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, los que aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos relacionados con su ejecución, y que respecto de los actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización. Para mayor eficacia en la solución del presente asunto, no se debe pasar por alto que el artículo 5º de la Ley de Amparo, igualmente condiciona la promoción del juicio protector a la circunstancia de que el acto reclamado perjudique o agravie al peticionario. En torno de las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. En esas condiciones, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. Así, debe considerarse que el agravio es inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique a la parte quejosa. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal no da lugar a la promoción del juicio de amparo indirecto. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se puede advertir que existen actos futuros e inciertos y actos futuros pero inminentes. En los primeros, su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio, que el artículo 5º de la ley en cita exige como condición para que pueda promoverse el juicio. En cambio, respecto de los actos citados en segundo lugar, por su calidad de inminentes, prevalece la certeza de que se realizarán, ya sea de inmediato o cumplidas ciertas condiciones, y debido a la plena convicción de que habrán de realizarse en tiempo cercano, es procedente contra ellos el juicio de amparo. Es aplicable al caso, la tesis aislada XX.308 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en su anterior integración, que establece: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Igualmente sirve de apoyo, la tesis aislada I.7o.A.24 K (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO. NO OPERA RESPECTO DE ACTOS FUTUROS, PROBABLES, REMOTOS O DE REALIZACIÓN INCIERTA. La referida presunción, establecida en el artículo 117, cuarto párrafo, de la ley de la materia, no opera tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que, en primer lugar, si se presume cierto el acto por falta del informe justificado, aquél se desnaturalizaría (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo procedente un juicio que, dada la naturaleza del acto reclamado, es improcedente y, en segundo lugar, porque esa misma naturaleza actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza. Así, para determinar lo conducente, el juzgador de amparo debe realizar el siguiente ejercicio: cerciorarse de que no exista informe justificado; ante su inexistencia, no debe, ipso facto, declarar la presunción indicada, pues antes debe analizar si está o no destruida por prueba en contrario. Para este efecto, debe estudiar integralmente la demanda, sus anexos y demás constancias de autos y, si de ese estudio advierte la confesión del quejoso en el sentido de que el acto es futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces concluirá, y así deberá plasmarlo en la sentencia, que la presunción de certeza está desvirtuada por confesión del propio particular, pues sería contrario a las reglas de la lógica y al raciocinio que, ante la falta de informe, se tenga por cierto un acto que no se tiene convicción de que lo sea y luego analizar si es o no inconstitucional en sí mismo." Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa reclama la omisión y retraso en el pago de su pensión por jubilación y prima vacacional, que pudiere realizarse por parte de las autoridades señaladas como responsables, a partir de periodos que aún no se cumplen, como lo es octubre, y diciembre de dos mil diecinueve, así como enero de dos mil veinte. En efecto, el quejoso sostiene que en los pagos correspondientes al mes de diciembre de dos mil dieciocho, y julio de dos mil diecinueve, las responsables fueron omisas y retrasaron los pagos correspondientes, ya que aunque después le fueron cubiertos, el pago no se realizó en tiempo y forma, y que de ahí, nace su incertidumbre respecto de los pagos futuros de octubre y diciembre de este año, y enero del próximo. Con lo hasta aquí expuesto, resulta patente que los actos que se reclaman son futuros, porque -según lo refiere la parte quejosa- aún no se han concretado, y de realización incierta, pues no existe dato alguno que permita concluir con certeza clara y fundada que se realizarán y menos aun próximamente, dado que del resto de los meses que contiene el año, el quejoso no manifestó alguna omisión o retraso de pago, como la que aseveró respecto de diciembre de dos mil dieciocho y junio de dos mil diecinueve. Entonces, tomando en consideración que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la justicia federal, a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, ya que estimar lo contrario implicaría permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos, es claro que, en el particular, se reclaman actos futuros remotos. En estas condiciones, al actualizarse el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º fracción I y 75 todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, en términos del numeral 113 del propio ordenamiento legal. No está de más decir, que aún y cuando se diera otra óptica a la aquí planteada, en cuanto al reclamo de la parte quejosa, de cualquier manera, el presente juicio sería igualmente improcedente. En efecto, aunque la litis constitucional no fuera fijada o establecida a la luz de la omisión en el pago de los meses de octubre, y siguientes de este año, sino en función de la falta de cubrir el pago en tiempo por lo que hace a periodos anteriores, como los meses de enero a septiembre de este año, de cualquier manera, dicha omisión participa de la naturaleza de un acto consumado de manera irreparable, por virtud de que el propio quejoso confiesa que aunque tardíamente, pero recibió los pagos correspondientes; de suerte que no habría lugar, ni siquiera bajo ese supuesto, a estimar procedente este juicio, porque el pago efectuado, consumó irremediablemente su dilación en los meses previos. El desechamiento aquí contenido guarda congruencia incluso con el artículo 17 Constitucional al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que los promoventes tengan conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en dicho mandato Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VII.2o.C. J/23 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de epígrafe y texto siguientes: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Se toma conocimiento de la información remitida por la autoridad responsable y se le requiere información relativa Notifíquese en términos de ley.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano