Manuel Nicolas Pérez Cabrera

Expediente 650/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
650/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
25/07/2023

Partes del expediente

  • Manuel Nicolas Pérez Cabrera

Actuaciones

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por **********. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al veintiocho de julio de dos mil veintitrés. En atención a que SE DESECHO la demanda que originó el presente juicio de amparo, es de señalarse que, con fundamento en los artículos 14 fracción III y 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es DESTRUIBLE, por lo que de conformidad con lo establecido en el último numeral invocado, consérvese en el archivo de este juzgado federal durante tres años, y después de ese lapso, procédase a su destrucción. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por la parte promovente, se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a cinco de julio de dos mil veintitrés. CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a sus autos el escrito presentado por ****, por propio, por medio del cual en cumplimiento a la prevención formulada, desahoga el requerimiento realizado en auto de doce de junio dos mil veintitrés, por lo que se provee lo que en derecho proceda en relación a la demanda de amparo. PERSONALIDAD La demanda la promueve ****, por propio derecho, promoviendo juicio de amparo indirecto contra los actos que reclama del Juez Vigésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México. FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil 1220/2018, seguido por ****, contra **** (aquí quejoso), que no admite a trámite el recurso de revocación interpuesto por el promovente del amparo contra el diverso de veintiocho de abril del año en curso, que no admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones contra las actuaciones a partir del veintiuno de febrero de dos mil tres -las que son anteriores a la sentencia definitiva de veinticuatro de febrero de dos mil quince-. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Asimismo, de la demanda de garantías, escritos aclaratorios y anexos que exhibe, se advierten como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes: 1. En los autos del juicio ordinario civil 1220/2018, -radicado en el Juzgado Vigésimo Segundo de lo Civil en la Ciudad de México, seguido por ****, contra de **** e ****, se ha tratado de ejecutar la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca de apelación 2144/2010/1, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Tercer tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo número 824/2017, de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en donde se condenó a los demandados **** y subsidiariamente al **** por conducto de quien legalmente la representa pagar a la actora ****, la cantidad de $2,685,020.64 (dos millones seiscientos ochenta y cinco mil veinte pesos 64/100 moneda nacional), por concepto de indemnización por daño moral y la cantidad de $2,268,384.80 (dos millones doscientos sesenta y ocho mil trescientos ochenta y cuatro pesos 80/100 moneda nacional), por concepto de gastos y ganancias. 2. Seguida la secuela procesal, a razón de lo dicho propiamente por la parte quejosa el último auto dictado en la etapa de ejecución de sentencia es el de quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual el juez responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso contra el auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, auto en el que no se acordó de conformidad tramitar el incidente de nulidad de actuaciones, promovido por el aquí quejoso, demandado en el juicio de origen, a partir del día veintiuno de febrero y catorce de marzo de dos mil tres, bajo el argumento que posterior a dichas actuaciones en veinticuatro de febrero de dos mil quince se dictó sentencia definitiva en el juicio primigenio la cual fue modificada mediante sentencia de tres de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, argumentando que de admitir dicho incidente se estaría trasgrediendo la autoridad de la cosa juzgada. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA De la demanda de garantías se advierte que los actos reclamados no constituyen la última actuación en la etapa de ejecución, y por tanto, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al 107, fracción IV, párrafo segunda, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Ahora bien, el precepto legal transcrito en último término, sienta la base de la procedencia del juicio de amparo, al establecer los casos en los cuales son reclamables los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según se trate de aquellos dictados dentro de juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, como en la especie ocurre con el acto reclamado. Para los actos dentro de juicio, las normas transcritas establecen como regla general la procedencia del juicio de amparo en la vía directa contra la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, por violaciones cometidas en éstos o durante la tramitación del mismo; y como regla de excepción, la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta cuando se trate de actos de imposible reparación. Para los actos fuera de juicio no se previenen reglas específicas. Para los actos después de concluido el juicio, se dispone que tratándose de ejecución de sentencias, únicamente será reclamable la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y que en el supuesto de remates, sólo podrá impugnarse la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, para la aplicación al caso concreto de estas reglas de procedencia depende de precisar, primero, si el acto reclamado proviene o no de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y, segundo, de ser así, si tal acto se produce dentro de juicio, fuera de juicio o después de su conclusión, para lo cual es importante señalar que en esta vía se reclama el auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil 1220/2018, seguido por ****, contra **** (aquí quejoso), que no admite a trámite el recurso de revocación interpuesto por el promovente del amparo contra el diverso de veintiocho de abril del año en curso, que no admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones contra las actuaciones a partir del veintiuno de febrero de dos mil tres -las que son anteriores a la sentencia definitiva de veinticuatro de febrero de dos mil quince. De lo anterior, se advierte que la tramitación del referido juicio, está encomendada a un órgano jurisdiccional, y por tanto, el citado acto reclamado proviene indudablemente de un tribunal judicial y que, por lo mismo, se encuentra regido por las normas de procedencia del juicio de amparo antes transcritas. Tratándose, por lo tanto, de un acto proveniente de un tribunal judicial, se debe precisar si el mismo se produce dentro de un juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, y para ello, basta observar que como ha quedado señalado, el acto reclamado en la presente instancia constitucional deriva de la ejecución de la sentencia definitiva. Sentado lo anterior, resulta claro que el acto materia de estudio no es de aquéllos dictados fuera de juicio, a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley en cita. El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos dictados en el procedimiento de ejecución, resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, siendo ésta como ha quedado establecido, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo anterior, debe concluirse que el acto reclamado, se produjo después de concluido el juicio, y en el procedimiento de ejecución de sentencia, y no constituyen el último acto emitido en dicho procedimiento, pues éste será aquél en el que se reconozca el cumplimiento de lo resuelto en la sentencia definitiva; de ahí que al no cumplir con esos requisitos, el acto que por esta vía se reclama no satisface los supuestos de procedencia que establece el artículo 107, fracción IV, de la ley de Amparo. No pasa inadvertido para este juzgador el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J 108 2010 de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE" -visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6-; sin embargo, este juzgador, estima, que el acto reclamado, emitido en el procedimiento de ejecución, no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural, pues la ejecución ordenada deriva directamente de la sentencia firme que constituye cosa juzgada. En efecto, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado que existen actos emitidos en ejecución de sentencia, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata. En síntesis, los actos dictados en ejecución de sentencia pueden reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente) o, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (regla general). Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior (segunda regla de excepción). Ahora bien, la fracción IV, del artículo 107 del repetido ordenamiento, establece diversas restricciones con relación a la impugnación de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, tales como reservar la promoción del juicio de amparo exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo cual opera, incluso, en materia de procedimientos de extinción de dominio; o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. De modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo que en el caso a estudio acontece, ya que el acto reclamado se dictó en la ejecución de sentencia, el cual va encaminado a ejecutar directamente la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen; es decir, no es ajeno a la cosa juzgada y el acto reclamado, como ya se dijo, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la Jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ULTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA DE LA DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual manera, es aplicable la Tesis Aislada de la Décima Época, con número de registro 2009245, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Tomo III, Mayo de 2015, página 2334 de rubro y texto siguiente "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. LA APROBACIÓN O RECONOCIMIENTO RESPECTO DE SU CUMPLIMIENTO TOTAL A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, PUEDE SER EXPRESO O TÁCITO (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 32/2001). La fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, exige como presupuesto de procedencia para la impugnación en amparo indirecto de los actos de ejecución de sentencia, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento "entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento" o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Este significado legislativo es el mismo que diera también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis P. LVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997, página 16, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.". Asimismo, al emitir la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de idéntico rubro, se advierte que el Máximo Tribunal de la Nación lo hizo retomando y reiterando lo determinado en la tesis citada en primer lugar, esto es, que por "última resolución" debía entenderse "aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento", añadiendo únicamente que esa aprobación o reconocimiento podía darse de manera expresa o tácita. En consecuencia, por igualdad de razón, la misma interpretación debe darse a la referida fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, pues la definición que el legislador previó para la expresión "última resolución" en esta norma, es la misma que analizó y dotó de alcance y contenido el Alto Tribunal en las aludidas tesis, esto es, que la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de la sentencia de amparo indirecto puede ser expreso o tácito." Asimismo, es aplicable a lo anterior la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1331, con registro digital 178405, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona respecto de los actos indicados, por lo que SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente, la demanda de garantías, promovida por ****, por propio derecho. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el ocursante tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se reitera a las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por lista al quejoso.

  3. Principal

    México, Ciudad de México, a veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los dos escritos presentados por el quejoso *****, el primero de ellos, mediante el cual, pretende desahogar la prevención formulada en proveído de doce de junio del año en curso; al tenor de las manifestaciones que vierte; sin embargo, no ha lugar a tener por desahogada la prevención formulada, en virtud que no satisface dichos requerimientos, puesto que se le solicitó realizara entre otras cosas lo siguiente: "1. Atento a lo que establece el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, narre de manera sucinta, clara y cronológicamente los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del juicio primigenio en la etapa de ejecución, hasta llegar al acto reclamado. 2.- Precise el estado procesal que guarda actualmente la etapa de ejecución. (.)." En virtud de que la prevención marcada con el número 1, la pretende desahogar en el mismo sentido y alcances que los realiza en su escrito inicial y que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que solo tiene conocimiento que se le ha estado requiriendo al apoderado legal del ISSSTE en vía de ejecución, sin embargo dicha, información es necesaria para que este Juzgado de Distrito esté en aptitud de precisar con exactitud la litis constitucional, de conocer el origen de los actos reclamados, así como de llamar a la presente instancia a quien pudiera tener interés contrario al de la quejosa, como le fue indicado en el punto 3 de la prevención, mismo que tampoco desahoga, resultando insuficiente la manifestación que realiza en el sentido de que los desconoce, debido a que la ser parte en el juicio de origen, tiene acceso a dichos autos, y por tanto a los datos que al respecto le fueron solicitados. Ello, toda vez que la parte solicitante de amparo no se encuentra impedido para consultar los autos, dado que, como lo informó es parte en el juicio de origen, por lo puede acudir a consultar el expediente de origen y desahogar la prevención en los términos antes indicados, lo anterior para dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 112, 114 fracción I y II, con relación al 108, fracciones II y V de la Ley de Amparo. Pues, resulta insuficiente para estimar por satisfecho el requerimiento señalado en los puntos de prevención citados, puesto que no satisface los requerimientos solicitados. En tales condiciones, conforme a la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de la parte quejosa que aún le queda un día, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente auto, para llevar a cabo el desahogo de la prevención formulada. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la Jurisprudencia -por contradicción de tesis- 1a./J. 39/2012 (10a.), registro 2000702, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, Tomo 1, Libro VIII, Mayo de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Atendiendo al segundo escrito presentado por la parte quejosa, por propio derecho, se tiene por Autorizado en términos del último párrafo del artículo 12 de la Ley de la materia, a la persona que menciona para esos efectos. Por otra parte, glósese para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, obtenido vía electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el cual acusa recibo del exhorto número de orden 194/2023, origen 193/2023 del índice de este juzgado; asimismo, informa que procedió a su diligenciación. Como de los autos se advierte que el quejoso por conducto de su autorizado ****** ya ocurrió al recinto que ocupa este juzgado a notificarse del auto de doce de junio del presente año, motivo del exhorto de cuenta, lo anterior hágasele del conocimiento vía interconexión al homólogo oficiante para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que el quejoso no ha señalado domicilio en esta ciudad, tal como se le apercibió en proveído de doce de junio de dos mil veintitrés, se ordena notificarle el presente, así como las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este juzgado. Lo anterior en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE por lista al quejoso y vía interconexión al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl

  4. Principal

    México, Ciudad de México, a doce de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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