Manuel Montiel Durán

Expediente 789/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
789/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • Manuel Montiel Durán

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Firme desechamiento. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el acuerdo dictado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No se aperturó. Valoración documental. Este expediente es destruible, conforme a los artículos 14 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Carátula. Se ordena que la carátula de expediente físico contenga mediante sello, la anotación de "destruible", acorde con lo que establece el artículo 34 del Acuerdo General recién invocado. Certificación de incorporación de la totalidad de las constancias recibidas de manera física al expediente electrónico. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con el artículo 9 del mencionado Acuerdo General, todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran debidamente digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico en su totalidad; exceptuadas, las constancias y documentos electrónicos de conformidad con los fundamentos antes mencionados, y artículo 22, párrafo sexto, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, en cumplimiento de los parámetros institucionales más recientes en materia de gestión documental; lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 9, del citado Acuerdo General, se ordena su archivo como asunto total y definitivamente concluido, aunque deberá resguardarse en el "archivo de trámite" de este Juzgado de Distrito por un plazo de tres años, contados a partir de la presente fecha; de igual manera, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por conducto de su apoderado legal José Alberto Fernández Torres, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de control electrónico de este juzgado con el número 789/2023. Improcedencia. Una vez analizada en forma íntegra el escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; lo "indudable" consiste en la certeza y plena convicción de algún hecho, lo que no puede dudarse por lo claro y evidente; de esta manera, motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías es el que está plenamente demostrado, advertida de manera patente y clara de la de demanda de amparo, o de los documentos anexos a esa promoción, de tal suerte que no sería posible concluir en sentido contrario aun con los elementos que se pudieran obtener de tramitarse el juicio constitucional. ***** Ahora bien, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, mismos que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.--- (.)" El primero de los artículos precitados, dispone que el juicio de amparo deviene improcedente, además de las diversas hipótesis establecidas en el mismo, en los demás casos en que así resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. ***** Asimismo, el segundo de los preceptos legales trascritos, es claro al establecer cuándo se está ante actos cuyos efectos son de imposible reparación, al disponer que por éstos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo respecto el significado jurídico de imposible reparación desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo iniciados con posterioridad al tres de abril de dos mil trece debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de derechos sustantivos como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no afecten derechos sustantivos, pues solo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación. De tal manera, el juicio de constitucional no es procedente contra actos que sólo involucren derechos procesales, pues con ello no se inmiscuyen derechos sustantivos, como pudiera ser la vida, propiedad, posesión, etcétera; sin que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo sea válido acudir al concepto de violación procesal que produce afectación en grado predominante o superior, como sucedía conforme la abrogada Ley de Amparo. ****** En resumen, tenemos que el juicio de amparo es improcedente contra actos que involucran derechos procesales, no sustantivos, por más que la trasgresión sea predominante o superior. Ahora, tratándose de actos omisivos atribuidos a autoridades jurisdiccionales, como el caso que nos ocupa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando el quejoso se duele precisamente de ese tipo de actos, éstos no pueden considerarse de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, dado que no se trata de alguna omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste donde el quejoso es parte; por lo que en ese supuesto, no se actualiza una excepción para acudir al juicio de amparo, salvo de que se advierta abierta dilación al procedimiento. ****** En ese orden de ideas, conviene establecer que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también determinó en torno a ese tema, que la abierta o excesiva dilación en la impartición de justicia a que se hizo referencia en la jurisprudencia reproducida con antelación, acontece cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales en el dictado de los proveídos, resoluciones o realización de las diligencias relativas, ello si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. ****** Así podemos considerar que para el asunto que nos ocupa, una abierta dilación en el procedimiento génesis acaecerá cuando trascurran más de cuarenta y cinco días naturales en dictarse o cumplirse las determinaciones o diligencias correspondientes, por ser un tiempo máximo promedio que estimó el legislador en que puede permanecer inactivo el procedimiento, sin que la autoridad correspondiente realice una actuación y sin sanción para las partes; lo cual, a juicio de quien ahora resuelve, objetivamente resulta ser un término prudente. Establecido lo anterior, antes de continuar conviene precisar que para efecto de determinar la certeza o no del acto de autoridad en el juicio de amparo, debe atenderse a la fecha de presentación de la demanda, sin que en la sentencia pueda ocuparse de actos posteriores. ***** En ese sentido, es necesario resaltar que la demanda que ahora se resuelve, fue presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veinte de junio de dos mil veintitrés. Por consiguiente, para efecto del análisis de la causal de improcedencia invocada por este Juzgado Federal, se tomará en cuenta la data antes precisada. Así, tenemos que en el caso particular la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable de no respetar los plazos y términos establecidos en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, en el juicio laboral 1059/2021-I, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California; concretamente, porque a la fecha de presentación del amparo que nos ocupa no ha emitido el laudo correspondiente dentro del juicio natural, no obstante de haber cerrado instrucción en treinta de marzo de la presente anualidad, como lo demuestra con la copia que anexa a su demanda relativa a dicho auto. ***** Antes de continuar, quien ahora resuelve estima pertinente establecer que los artículos 130, 132 134 y 135, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, establecen: "ARTÍCULO 130.- Transcurrido el término para la presentación de los alegatos, de oficio se declarara cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes se formulará un dictamen que deberá contener: (.)" "ARTICULO 132.- El presidente citará para la audiencia de discusión y votación que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que sean entregadas a los representantes las copias del dictamen." "ARTÍCULO 134.- Todos los términos correrán a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haga el emplazamiento citación o notificación y se contaran en ellos el día del vencimiento. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones ante el tribunal, salvo disposición en contraria. Tratándose de conflictos de huelga todos los días son hábiles." "ARTÍCULO 135.- Las actuaciones en el tribunal deben de practicarse en días y horas hábiles bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año con excepción de los días de vacaciones concedidas al tribunal, los feriados, los sábados y domingos y los de descanso obligatorio." (Lo resaltado es nuestro) De lo anterior se colige que, al declarar cerrada la instrucción conforme al artículo 130 de la ley en comento, se procederá a formular dictamen dentro de los diez días posteriores; y por consiguiente, el presidente citara para la audiencia de discusión y votación dentro de los diez días siguientes a que sean entregadas las copias del dictamen correspondiente a todos los representantes. Por ende, en términos generales debió emitirse el laudo correspondiente a más tardar el ocho de mayo de dos mil veintitrés, data en la que se vencieron los plazos establecidos por el artículo 130 de la ley en cita, ello tomando en consideración los días inhábiles acaecidos para la autoridad responsable, siendo estos los siguientes: del tres al siete de abril, uno, y cinco de mayo, todos de dos mil veintitrés. De manera que el incumplimiento al plazo de referencia (cuarenta y cinco días naturales), inició a partir del nueve de mayo del presente año. Ahora, si la demanda de amparo de estudio se presentó el día veinte de junio del año en curso, claramente podemos colegir que entre la data del nueve de mayo de dos mil veintitrés, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, trascurrieron solo cuarenta y tres días naturales completos, contando incluso el día inhábil, diez de mayo de ese año y, los sábados y domingos. Lo anterior es así, dado que no debe soslayarse que la autoridad señalada como responsable cerró instrucción en el juico génesis el treinta de marzo de dos mil veintitrés; que aquella contó con un término de dentro de los diez días, a efecto de formular por escrito el dictamen correspondiente; y posteriormente, el Presidente del Tribunal debió citar a los representantes para la audiencia de discusión y votación dentro de los diez días siguientes, ello, en términos de lo dispuesto en los numerales 130 y 132 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California. Por tanto, el plazo máximo para considerar actualizada una abierta dilación, para el caso particular, es de cuarenta y cinco días, según lo razonado en párrafos superiores. De manera que la omisión de análisis no es de imposible reparación, en la medida que no afecta de facto derechos sustantivos, virtud que según lo evidenciado, en el caso no trascurrió el plazo señalado para estimar acontecida una abierta dilación. Conclusión. En congruencia con lo anterior y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano el presente juicio de amparo, al surtirse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia de aplicación con carácter obligatorio que a continuación se cita: *****Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Autorizados. Se tiene como autorizada hasta en este momento en términos del artículo 12 de Ley de Amparo a ******; al no haberse encontrado registrada su cedula profesional en el sistema de referencia; por último, igualmente téngase a José Alberto Fernández Rocha, autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo la parte quejosa. Se autoriza consultar electrónicamente. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en los diversos 35, 39, 55, se autoriza el acceso al presente expediente electrónico para consultarlo electrónicamente a ******, con nombre de usuario *****. Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del Actuario Judicial adscrito, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que los nombres de usuarios con los que se registraron dichos autorizados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, estén plasmados en forma clara y precisa, esto es, tal y como deben escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Correo electrónico y número telefónico. De igual forma, téngase a la parte quejosa el correo electrónico que señala en su escrito. Lo anterior, única y exclusivamente con el fin de establecer contacto con personal de este órgano jurisdiccional, no así para recibir notificaciones por dichos medios de comunicación privada. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Consulta al expediente. En estricto acatamiento y con sustento en el artículo 261 y Considerando Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, quienes acudan presencialmente al recinto oficial de este órgano jurisdiccional, podrán consultar el presente juicio únicamente desde el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de contar con un expediente físico en sus manos. Juicio en línea. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en el presente asunto, constituye el eje rector de la actividad del presente juicio el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con sustento en las bases establecidas en el invocado dispositivo; por lo que, en caso de que el asunto se promueva como "juicio en línea", las partes deberán continuar la tramitación mediante el referido esquema. Libros de control electrónicos. Con sustento en lo previsto en el Título Tercero, Capítulo Primero, inherente a las disposiciones generales de "Libros de Control Electrónico" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se ordena a la Oficial encargada el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, mantenga totalmente actualizados los rubros requeridos en los libros electrónicos de registro, especificados en el módulo "Libros de Control", del invocado Acuerdo General. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese y personalmente a la parte promovente.

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